Amnstía Internacional México -

Precupa a AI posible desalojo de comunidades en Brasil

Unas 150 familias, miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST) y de Vía Campesina, acampadas en una hacienda cercana a la localidad de Santa Teresa do Oeste, estado de Paraná, en el sur de Brasil, corren peligro de desalojo forzoso. La amenaza se deriva de la decisión judicial de admitir una petición de desalojo presentada por la empresa suiza Syngenta, propietaria de la hacienda. Aunque la petición se presentó en 2006, durante una ocupación diferente, los tribunales no han dictado una resolución hasta ahora, y han dictaminado que dicha resolución es aplicable también a este caso.

El estado de Paraná tiene un largo historial de violencia relacionada con el desalojo de familias sin tierra por parte de la policía y de milicias armadas ilegales que a menudo se hacen pasar por empresas de seguridad. En el caso más reciente, ocurrido el 21de octubre de 2007, 40 guardias de seguridad, muchos de ellos con armas de fuego, trataron de desalojar ilegalmente y con violencia a las familias sin tierra de la hacienda Syngenta. En el ataque murió –según la investigación policial, a manos de uno de los guardias de seguridad– el dirigente del MST Valmir Motta de Oliveira (conocido como Keno), y también murió el guardia de seguridad Fabio Ferreira. Otras ocho personas resultaron heridas, entre ellas Izabel Nascimento, miembro del MST, que cayó inconsciente a causa de un golpe y quedó en coma.

La investigación policial en torno al incidente halló indicios de que el propietario de NF Segurança –la empresa de seguridad contratada por Syngenta para proteger la hacienda– y organizaciones de hacendados locales habían aprovechado la operación del 21 de octubre para atacar y matar específicamente a determinados dirigentes del MST.

Los tribunales han dado al gobierno del estado un plazo de 15 días para desalojar a las familias. La urgencia de la orden merma la capacidad del gobierno de respetar los derechos que, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, amparan a las familias desalojadas. A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que la policía haga uso de fuerza excesiva para desalojar a las personas acampadas en la hacienda, como ya ha sucedido en desalojos anteriores.

Los desalojos no deben dejar a las personas sin hogar o expuestas a otras violaciones de derechos humanos, incluido el derecho al alimento y el agua. Las autoridades estatales y federales deben tomar todas las medidas oportunas para garantizar a las personas desalojadas una vivienda adecuada y acceso a tierras productivas.

Martes, Febrero 26, 2008 , 2:54 am clasificado como: derechos económicos sociales y culturales.