ACCIÓN URGENTE

Una defensora de los derechos humanos mexicana, que critica abiertamente las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, fue acosada por soldados en su casa de Culiacán, estado de Sinaloa, en el norte de México. Un colega suyo resultó herido por los disparos de un hombre no identificado en agosto.

A primeras horas de la mañana del 12 de noviembre, más de 20 soldados se presentaron en casa de Mercedes Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense (FCS), una organización que trabaja para defender los derechos humanos en el estado de Sinaloa. Cuando ella acudió a la puerta, al menos cinco soldados la apuntaron con sus armas, mientras otros 20 aguardaban a lo largo de la calle. Le dijeron que tenían que comprobar su identidad y su dirección, y le preguntaron por miembros de su familia. Sin embargo, Mercedes Murillo cree que se trataba de un pretexto para acosarla, ya que los soldados aceptaron una simple tarjeta comercial como identificación válida. También le dijeron que estaban allí por orden de su general.

Como presidenta del FCS, Mercedes Murillo ha criticado repetidamente casos de abusos cometidos por soldados mexicanos. Su colega Salomón Monárrez recibió el 31 de agosto tres disparos de un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas. Resultó herido, pero se está recuperando. El hermano de Mercedes Murillo, Ricardo Murillo Monge, también miembro fundador del FCS, fue secuestrado y asesinado en septiembre de 2007. La investigación sobre estos dos ataques no ha dado ningún resultado. No se han ofrecido medidas de protección a los miembros del FCS.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• pidiendo a las autoridades que garanticen que se toman inmediatamente medidas continuadas y adecuadas para proteger a Mercedes Murillo y otros miembros del personal del Frente Cívico Sinaloense, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;
• instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata e independiente sobre el acoso a que un grupo de soldados sometió a Mercedes Murillo, y que los responsables comparezcan ante la justicia;
• recordando a las autoridades que la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo dichas actividades sin obstáculos ni temor a represalias.

 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2010 A: 

Lic. Fernando F. Gómez-Mont Urueta

Secretario de Gobernación

Secretaría de Gobernación 

Bucareli 99, 1er. piso,

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,

México D.F., C.P.06600, MÉXICO

Fax: +52 5550 93 34 14

Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Señor Secretario 

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza

Procuraduría General de la República

Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16

Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc

México D.F., C.P. 06500, MÉXICO 

Fax: +52 5553 46 09 08

Tratamiento: Señor Procurador General 

Lic. Jesús Alberto Aguilar Padilla

Gobernador del Estado de Sinaloa

Palacio de Gobierno

Av. Insurgentes, S/N 3er. Piso

Culiacán 80129,Sinaloa

MÉXICO

•  

  Fax: +52 6677 14 78 70

•  

  Correo-e.: gobernador@sinaloa.gob.mx

Tratamiento: Señor Gobernador 

COPIA A: Frente Cívico Sinaloense, Ángel Flores # 355 Pte. (interior) Col. Centro, Culiacán, Sinaloa. C. P. 80000, México  

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la primera actualización de AU 232/09 (AMR 41/045/2009). Más información: www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/045/2009/es 
 

ACCIÓN URGENTE

DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS ACOSADA POR SOLDADOS

INFORMACIÓN ADiCional

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de México se enfrentan a amenazas, ataques, cargos penales de motivación política y encarcelamiento por encabezar protestas o promover el respeto por los derechos humanos. El gobierno ha accedido a proporcionar a varios defensores y defensoras las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero algunos han informado de que no se ha proporcionado protección efectiva. No se han hecho esfuerzos sustanciales para investigar los casos de abusos contra quienes defienden los derechos humanos; la impunidad es la norma en estos casos, y deja abierta la posibilidad de nuevos ataques.

En los últimos tres años, la violencia relacionada con la delincuencia organizada ha aumentado sin parar en México: los medios de comunicación han informado de más de 14.000 homicidios relacionados con los cárteles de la droga. El gobierno del presidente Calderón ha tratado de combatir a los cárteles desplegando miles de agentes de la policía federal y más de 50.000 soldados en las zonas más afectadas. Sin embargo, esta medida no ha traído consigo una reducción de la violencia. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los informes de abusos a manos del ejército, incluidos homicidios ilegítimos, tortura, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios, se multiplicaron por seis entre 2006 y 2008. Estos casos son investigados y juzgados sistemáticamente por el sistema de justicia militar, que no garantiza una investigación imparcial e independiente, lo que da lugar a la impunidad para la gran mayoría de los responsables. A consecuencia de ello, a las víctimas y sus familiares se les niega un recurso efectivo a la justicia, y los miembros del ejército son conscientes de que es extremadamente improbable que rindan cuentas de sus actos. 

Miércoles, Noviembre 25, 2009 , 5:55 pm clasificado como: Acciones urgentes, Contra el terror, justicia, Defensores y defensoras de los Derechos Humanos, Derechos Humanos en Latinoamérica, Noticias de México, Temor por la seguridad, Trabajo por México, derechos económicos sociales y culturales.