Amnistía Internacional ha condenado hoy, 24 de noviembre de 2009, la creciente constante de homicidios ilegítimos, torturas y otros malos tratos, como la muerte por lapidación, la amputación y la flagelación, cometidos en público por los grupos armados de Al Shabaab en las zonas que están bajo su control.
Según los medios de comunicación, el 17 de noviembre, una mujer fue enterrada hasta la cintura y lapidada hasta la muerte en un pueblo próximo a Wajid, en la región de Bakool, mientras que el hombre acusado con ella de cometer “adulterio” recibía 100 latigazos. Los informes indican que tanto la muerte de la mujer como la flagelación fueron ordenadas por un “juez” que trabajaba para Al Shabaab.
Estos hechos se produjeron después de la muerte por lapidación de un hombre llamado Abas Hussein Abdirahman en la ciudad de Merka, controlada por Al Shabaab desde noviembre de 2008. Un portavoz de Al Shabaab declaró que la mujer acusada junto con Abas Hussein Abdirahman de “adulterio” sería también lapidada hasta la muerte cuando diera a luz. La información recibida por Amnistía Internacional indica que la mujer tiene 32 años, está embarazada de unos seis meses y vive en el distrito de Afgoye.
Amnistía Internacional insta a Al Shabaab a que no mate a esta mujer. Todas las facciones armadas y líderes religiosos asociados a Al Shabaab deben dejar inmediatamente de cometer o de ordenar homicidios ilegítimos, torturas y otros malos tratos en todas las zonas sometidas a su control. La muerte por lapidación es tanto un homicidio como un acto de tortura, y ambos crímenes están tipificados en el derecho internacional. Los grupos armados de oposición implicados en un conflicto armado interno, como Al Shabaab en Somalia, tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario, que prohíbe, entre otros actos, “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios” (artículo 3 común de los Convenios de Ginebra).
Los portavoces de Al Shabaab han declarado que estos actos se cometen con el fin de aplicar su propia interpretación de la ley islámica (shari’a) en las zonas bajo su control. Algunos de estos actos de tortura y homicidios han sido ordenados por “tribunales de Al Shabaab”, que parecen órganos cuasijudiciales encargados de impartir “justicia” en las zonas que controla Al Shabaab. Estos actos son contrarios al derecho internacional humanitario, que prohíbe “ las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido ” (artículo 3 común de los Convenios de Ginebra).
Poco se sabe de las actuaciones de los “tribunales de Al Shabaab”, dado que ningún observador independiente ha podido asistir a ellas. Sin embargo, no parece que las personas juzgadas en estos “tribunales” se beneficien de ninguna garantía del proceso debido, como la representación letrada o la posibilidad de apelación.
En octubre de 2008, miembros de Al Shabaab en Kismayo lapidaron hasta la muerte a una niña de 13 años que había sido violada por tres hombres. Al Shabaab dijo que la niña tenía más de veinte años y que había cometido “adulterio”. La ilegitimidad y arbitrariedad de estos “tribunales” y sus evidentes lazos con Al Shabaab hace que los civiles que viven bajo el control de Al Shabaab estén en grave peligro de ser víctimas de torturas y homicidios ilegítimos.
En los últimos meses, miembros de Al Shabaab han llevado a cabo también ejecuciones públicas de personas acusadas de colaborar con el Gobierno Federal de Transición. El 28 de septiembre, un escuadrón de fusilamiento de Al Shabaab fusiló a dos jóvenes en Masla, cerca del mercado de ganado del norte de Mogadiscio, delante de una multitud de residentes. Acusaban a los dos hombres, Hasan Moalim Abdulahi y Mohamed Ali Salad, de espiar para el gobierno de Estados Unidos, el Gobierno Federal de Transición y la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). El 25 de octubre fusilaron a otros dos jóvenes en Merka, alegando que habían “confesado” espiar contra ellos. Al parecer, ambos casos de homicidios ilegítimos se cometieron como represalia por el ataque de un helicóptero estadounidense realizado, según informes, el 14 de septiembre, en el que murió Saleh Ali Saleh Nabhan, presunto miembro de Al Shabaab y Al Qaeda.
Los grupos de Al Shabaab están aprovechando la crisis del Estado de derecho en el sur y el centro de Somalia. El país carece de un sistema de justicia efectivo desde que el Estado dejó de funcionar en 1991. Al Shabaab afirma que sus acciones tienen por objeto restablecer el orden público en Somalia, pero las acciones de los grupos de Al Shabaab y de otros grupos armados de la oposición aliados han tenido el efecto contrario, menoscabando seriamente la seguridad de la población civil. Estos grupos han realizado ataques indiscriminados y han atacado a sus oponentes desde zonas residenciales, como por ejemplo en Mogadiscio, poniendo así a los civiles en peligro de sufrir los efectos de los ataques. Además, han saqueado instalaciones y cerrado operaciones de organismos de ayuda humanitaria, contra las que han hecho declaraciones amenazantes, restringiendo así la ayuda humanitaria de la que dependen unos 3,7 millones de civiles. Asimismo, han intimidado a periodistas y a activistas de la sociedad civil que están informando sobre la terrible situación que viven los civiles en un país devastado por el conflicto.
Observadores somalíes e internacionales tienen sospechas fundadas de que detrás de algunos homicidios selectivos de periodistas y trabajadores de agencias humanitarias cometidos en los últimos tres años hay miembros de Al Shabaab y de grupos armados aliados. Desde el comienzo de 2007, al menos nueve periodistas han perdido la vida en estos homicidios selectivos. De ellos, siete murieron por disparos de pistoleros no identificados, lo que hace difícil determinar la identidad de los autores de estos homicidios. Sin embargo, en algunos casos, los periodistas habían recibido, antes de ser asesinados, amenazas de muerte de personas que decían pertenecer a Al Shabaab, y algunos de los homicidios fueron cometidos en zonas controladas por Al Shabaab, como el mercado de Bakara de Mogadiscio. Nadie ha rendido cuentas por de estos homicidios. Aunque los portavoces de Al Shabaab han negado su implicación en algunos de ellos, los líderes de la organización no han condenado públicamente los ataques contra periodistas ni han ordenado que cesen. No parece que los líderes de Al Shabaab hayan adoptado medidas para separar de sus fuerzas a personas sospechosas de haber cometido u ordenado estos crímenes.
Los miembros de Al Shabaab llevan a cabo, casi invariablemente, las ejecuciones, flagelaciones y amputaciones en público, invitando a presenciarlas a la población local. Esto indica una intención, so pretexto de mantener el orden público, de reafirmar su control sobre el territorio con exhibiciones públicas de crueldad y violencia destinadas a intimida a la población civil e inspirar temor.
La situación de los derechos humanos sigue deteriorándose en Somalia. Los civiles siguen perdiendo la vida y resultando heridos en ataques indiscriminados o directos de todos los bandos en conflicto y sufriendo desplazamientos forzados masivos. Además, se les niega el acceso a ayuda humanitaria esencial. También corren, cada vez con mayor frecuencia, el riesgo de ser ejecutados y sometidos a formas de tortura por miembros de grupos armados que reafirman su control sobre la población mostrando un total desprecio por la vida humana.
Información complementaria
Actualmente, Al Shabaab controla grandes áreas del sur y del centro de Somalia, incluidas ciudades importantes como Merka, Kismayo y Baidoa, así como algunos distritos de la capital, Mogadiscio. El Gobierno Federal de Transición de Somalia, respaldado por la comunidad internacional, ejerce su autoridad sólo en parte de la capital, es objeto de reiterados ataques de los grupos armados y no ha podido establecer un sistema de justicia nacional. Después de que el gobierno de Siad Barre fuera depuesto en 1991, era frecuente que los ancianos somalíes administraron “justicia” basándose en el derecho consuetudinario y en la shari’a (ley islámica), ante la inexistencia de un poder judicial del Estado que ejerciera sus funciones.
Los grupos armados de Al Shabaab proceden de la Unión de Tribunales Islámicos, movimiento que se hizo temporalmente con el control de Mogadiscio y de otras áreas del país en 2006. Algunos civiles atribuían a esta organización cierto grado de seguridad y orden en muchas zonas antes sometidas a la voluntad de grupos armados, milicias y jefes de clanes. La Unión fue derrotada militarmente por las tropas etíopes que intervinieron en Somalia a finales de 2006 para ayudar al Gobierno Federal de Transición. Durante estas operaciones militares, las tropas etíopes y las del Gobierno Federal de Transición cometieron numerosas violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
Después de que Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, ex líder de la Unión de Tribunales Islámicos, fuera designado presidente del Gobierno Federal de Transición en enero de 2009, el Parlamento Federal de Transición adoptó la shari’a como base para la legislación del país. Al Shabaab rechazó la adopción por el Gobierno Federal de la shari’a, alegando que el gobierno es un aliado de las naciones occidentales.
Jueves, Noviembre 26, 2009 , 8:23 pm clasificado como: Contra el terror, justicia, Contra la Pena de Muerte, Contra la Tortura, Derecho a un juicio justo, Derechos Humanos en África, Erradicar la violencia contra las mujeres, Temor por la seguridad, derechos económicos sociales y culturales, twitter. 
