ACCIÓN URGENTE

El ejército detuvo a tres personas en el norte de México, por razones poco claras, el 29 de diciembre. Se desconoce su suerte y paradero, y pueden haber sido víctimas de desaparición forzada. Defensores de los derechos humanos que trabajan en su favor también podrían estar en peligro, ya que otro activista que trabajaba sobre los abusos cometidos por el ejército fue asesinado el 3 de enero.

El 29 de diciembre, 10 soldados fueron vistos deteniendo a José Ángel Alvarado Herrera, que estaba visitando a unos familiares en su domicilio de la localidad de Buenaventura, estado de Chihuahua, y también a su prima, Nitza Paola Alvarado Espinoza. Aquel día los soldados detuvieron también a Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18 años, en su casa en Buenaventura. Nitza Paola Alvarado tiene parálisis parcial y necesita medicación regular. Los soldados no mostraron ninguna orden de detención y desde entonces no se ha vuelto a ver a ninguno de los tres.

Cuando sus familiares presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua en Buenaventura, un funcionario les dijo que el ejército había llevado a cabo una redada en la zona para detener a presuntos delincuentes, y que los tres estaban bajo la custodia del ejército. Sin embargo, un portavoz del Operativo Conjunto Chihuahua negó que estuvieran en manos del ejército.

Sus familiares pidieron ayuda a tres organizaciones de derechos: el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, ambos en la ciudad de Chihuahua, y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, con sede en Ciudad Juárez. Amnistía Internacional cree que los miembros de estas organizaciones también corren peligro de sufrir actos de intimidación y ataques, sobre todo desde que mataron a la activista de derechos humanos Josefina Reyes el 3 de enero (véase AU 01/10, AMR 41/005/2010).

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• instando a las autoridades a tomar medidas de inmediato para averiguar lo sucedido a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes;
• pidiéndoles que los acusen formalmente de algún delito reconocible o los pongan en libertad;
• instándoles a proteger a estas tres personas de torturas u otros malos tratos y a garantizar su acceso a familiares y representantes letrados independientes y a la asistencia médica que puedan necesitar, en particular Nitza Paola Alvarado;
• instándoles a ordenar una investigación civil imparcial sobre esta detención arbitraria;
• pidiéndoles garantías de que los miembros del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte reciben protección efectiva de inmediato, con arreglo a sus deseos.

 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE FEBRERO DE 2009 A: 

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont

Secretaría de Gobernación 

Bucareli 99, 1er. piso,

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,

México D.F., C.P.06600, MÉXICO

Fax: +52 55 5093 3414

Correo-e: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Señor Secretario/

Dear Minister  

Lic. Arturo Chávez Chávez

Procuraduría General de la República

Av. Paseo de la Reforma nº 211-213,

Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc

México D.F., C.P. 06500, MÉXICO 

Fax: +52 55 5346 0908

Correo-e: ofproc@pgr.gob.mx

Tratamiento: Dear Attorney General/

Señor Procurador General 

Gral. Guillermo Galván Galván

Secretaría de la Defensa Nacional 

Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, esq. Av. Industria Militar, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11640, MÉXICO

Fax: +52 55 53952935

Tratamiento: Señor Secretario/

Dear Minister

Envíen también copia al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Av. Juárez no. 4107/B, Chihuahua, Chih., México, Correo-e: cedehm@prodigy.net.mx, y a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
 

ACCIÓN URGENTE

el ejército detiene ilegítimamente a tres personas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Desde 2007 ha aumentado vertiginosamente en México la violencia vinculada al crimen organizado: los medios de comunicación han informado de más de 6.500 homicidios relacionados con los cárteles de la droga en 2009, la mayoría perpetrados en el estado de Chihuahua. El gobierno del presidente Calderón ha desplegado 50.000 militares para combatir la delincuencia organizada en las zonas más afectadas, sobre todo en Ciudad Juárez. Como consecuencia, han aumentado los informes sobre violaciones de derechos humanos –como desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos y tortura– cometidas por militares que llevaban a cabo operaciones policiales. En noviembre de 2009, Amnistía Internacional publicó el informe México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército, AMR 41/058/2009, en el que documentaba casos de desaparición forzada en Ciudad Juárez en los que el ejército sigue negando su implicación pese a que existen pruebas convincentes de lo contrario. Estos casos habitualmente son investigados y juzgados por el sistema militar de justicia, lo que no garantiza una investigación imparcial e independiente y genera impunidad para la inmensa mayoría de los perpetradores. Como consecuencia, las víctimas y sus familiares se ven privados de un recurso efectivo para obtener justicia, y los miembros del ejército son conscientes de que es sumamente improbable que los obliguen a rendir cuentas.

AU 09/10 Índice AI: AMR 41/006/2010 Fecha de emisión: 12 de enero de 2010

Viernes, Enero 15, 2010 , 4:57 pm clasificado como: Acciones urgentes, Contra el terror, justicia, Defensores y defensoras de los Derechos Humanos, Derechos Humanos en Latinoamérica, Noticias de México, Temor de tortura, Temor por la salud, Temor por la seguridad, Trabajo por México, twitter.