Índice AI: ASA 13/003/2010
Amnistía Internacional condena la ejecución la semana pasada en Bangladesh de cinco hombres declarados culpables de matar al líder fundador del país, Sheij Mujibur Rahman.
Otros seis hombres condenados a muerte in absentia en el mismo caso viven fuera de Bangladesh, y el gobierno está intentando su extradición. Las citadas ejecuciones hacen sumamente improbable que estos seis hombres sean extraditados. El riesgo de que los ejecuten también a ellos es muy alto.
Las familias de los condenados viven además con miedo a sufrir ataques de activistas políticos del partido gobernante, la Liga Awami. Según información publicada por la agencia de noticias United News of Bangladesh (UNB), activistas de la Liga Awami encabezados por un dirigente local del partido atacaron el 31 de enero la vivienda de Aziz Pasha –uno de los 12 hombres condenados a muerte por matar a Sheij Mujibur Rahman– en el pueblo de Tetra, en Harirampur Upazila (Manikganj). Según el relato de testigos presenciales a periodistas de la agencia UNB, los agresores robaron los objetos de valor y prendieron fuego a la casa. Los informes indican que Aziz Pasha, condenado in absentia, murió fuera de Bangladesh pero su hermano vive en su casa. Amnistía Internacional pide al gobierno de la primera ministra, Sheija Hasina, que ponga en marcha una investigación imparcial e independiente sobre este ataque. El gobierno debe condenar públicamente semejantes ataques y llevar ante la justicia a todos los implicados.
Los cinco hombres ejecutados habían sido declarados culpables de asesinato por el Tribunal Supremo el 27 de enero y, según información publicada en medios de comunicación de Bangladesh, fueron ejecutados poco después de la medianoche del 28 de enero, cuando no habían transcurrido 24 horas de su condena.
Amnistía Internacional condena las ejecuciones de estos cinco hombres, que nunca debieron llevarse a cabo. Su precipitación suscita importantes dudas en cuanto al procedimiento y el momento de las ejecuciones. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Bangladesh que garantice la transparencia sobre su forma de proceder en este caso.
En Bangladesh es práctica común que el presidente estudie las peticiones de indulto y conmutación de la pena de muerte una vez agotados todos los recursos judiciales.
En esta ocasión, el presidente desestimó la petición de indulto de tres de los hombres antes de que el Tribunal Supremo hubiera examinado definitivamente sus sentencias.
La petición de indulto de otro de los condenados sí fue sometida a consideración tras el anuncio de la decisión final del Tribunal Supremo el 27 de enero, pero fue desestimada a las pocas horas de haber sido remitida al presidente. Los abogados del condenado afirman que la velocidad con que se tomó una decisión sobre su solicitud de indulto no tenía precedentes en el historial de Bangladesh relativo a casos de pena de muerte.
El quinto hombre ejecutado no había solicitado el indulto al presidente.
El Tribunal Supremo confirmó las condenas a muerte impuestas a los cinco el 27 de enero. Ya no quedaban recursos judiciales al alcance de los cinco ex miembros del ejército declarados culpables del homicidio. Sus abogados afirman que la ejecución de estos hombres cuando había transcurrido tan poco tiempo desde el examen judicial definitivo de sus sentencias no tiene precedentes en Bangladesh.
Sheij Mujibur Rahman y la mayoría de los miembros de su familia resultaron muertos cuando un grupo de militares irrumpió en su casa y abrió fuego contra ellos como parte de un intento de golpe de Estado el 15 de agosto de 1975.
El presidente en funciones, Kondaker Mushtaq Ahmed, que tomó posesión del cargo a la muerte de Sheij Mujobur Rahman, y su sucesor, el presidente Ziaur Rahman, habían garantizado inmunidad frente al procesamiento a los militares acusados. Sheija Hasina les levantó la inmunidad cuando asumió el cargo de primera ministra en 1996.
La matanza de Sheij Mujibur Rahman y su familia supuso la comisión de graves abusos contra los derechos humanos, y sus autores deben responder ante la justicia. Pero el propio acto de llevar a las personas ante un tribunal no debe constituir en sí mismo una violación de los derechos humanos de los acusados.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, con independencia de la naturaleza del crimen, las características de su autor y el método empleado por el Estado para matar al condenado. La pena de muerte viola el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la máxima expresión de castigo cruel, inhumano y degradante.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo electrónico en press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-
Martes, Febrero 2, 2010 , 7:43 pm clasificado como: Contra el terror, justicia, Contra la Pena de Muerte, Derechos Humanos en Asia, Temor por la seguridad. 
