Las autoridades indias deben tomar medidas en relación con las conclusiones fundamentales de un equipo oficial sobre los abusos contra los derechos humanos y las violaciones de la legislación sobre bosques cometidas por las empresas de Vedanta Resources en sus proyectos de minería de bauxita y refinería de alúmina en Orissa, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Según las conclusiones de este equipo oficial de tres miembros, publicadas el 12 de marzo de 2010 por el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente de India, documenta diversas violaciones de los derechos de comunidades indígenas así como infracciones de la legislación sobre bosques en relación con la refinería y el proyecto de minería de Vedanta.Amnistía Internacional considera que las conclusiones de la investigación constituyen un “acertado primer paso” y afirma que son un reflejo de las conclusiones de su informe Don’t Mine us out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India, publicado el mes pasado en Nueva Delhi. Encontrarán el informe íntegro, en inglés, en el sitio web de Amnistía Internacional, http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA20/001/2010/en; o el resumen ejecutivo en español en http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA20/004/2010.Las conclusiones del equipo oficial ponen de relieve la ausencia de estudios sobre el impacto medioambiental de la minería en la comunidad adivasi de los dongria kondh, que habita los montes Niyamgiri. En uno de los tres informes presentados, el equipo señala que “no es posible remediar ni compensar la alteración del hábitat y la forma de vida de este grupo tribal primitivo (PTG, por sus siglas en inglés), y puede dar lugar a su desaparición como tal”. Concluye además que las autoridades del estado en ningún momento establecieron un proceso para obtener el consentimiento informado de los dongria kondh por el proyecto de minería de bauxita ni garantizaron sus derechos en virtud de la legislación sobre parques forestales de India. Amnistía Internacional señala que, en virtud del derecho internacional, las autoridades indias están obligadas a respetar, proteger y realizar los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y territorios que ocupan tradicionalmente. La obligación de brindar protección exige que los Estados adopten medidas para que otros agentes, como las empresas, no vulneren ni cometan abusos contra los derechos humanos. Los miembros del equipo oficial, que visitaron dos de los ocho pueblos más cercanos a la refinería de alúmina situada en el vecino Lanjigarh, han documentado también abusos perpetrados contra las comunidades locales, como violaciones del derecho al agua, a la salud y al medio ambiente, así como la pérdida de medios de vida. El ministro de Bosques y Medio Ambiente, Jairam Ramesh, ha prometido adoptar medidas basadas en las conclusiones de la investigación. Tales medidas, afirma Amnistía Internacional, deben incluir una consulta completa con las comunidades locales sobre la expansión de la refinería y el proyecto de minería, que incluya la determinación de un proceso destinado a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los dongria kondh, y que se respete su decisión. Amnistía Internacional insiste en que, mientras no se resuelvan los problemas existentes, tanto los gobiernos nacional y estatal como Vedanta Resources deben comprometerse a no expandir la refinería ni seguir adelante con el proyecto de minería. Información complementariaLas actividades de minería en Niyamgiri estarían gestionadas por una empresa filial de Vedanta Resources –radicada en Reino Unido y que figura en el índice bursátil del Financial Times– y otra empresa, Orissa Mining Corporation, propiedad del gobierno de Orissa. La refinería de Lanjigarh está gestionada por Vedanta Aluminium Limited, otra filial de Vedanta Resources.El pasado mes de diciembre, ante la acumulación de protestas de comunidades locales y denuncias de abusos contra los derechos humanos, el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente constituyó un equipo oficial de tres miembros –un responsable de asuntos forestales, un ex responsable sobre fauna y flora y un experto jurídico independiente– para que visitara la zona. El 12 de marzo de 2010, el Comité Consultivo sobre Bosques del ministerio sometió a deliberación los tres informes presentados por el equipo y pidió explicaciones al gobierno de Orissa por las violaciones de derechos humanos cometidas.Aunque Vedanta Resources y el gobierno de Orissa niegan las acusaciones, varios inversores, entre ellos la Iglesia de Inglaterra, han vendido sus acciones de Vedanta Resources al conocer que Vedanta no respetaba los derechos humanos de las comunidades locales.FIN/

Jueves, Marzo 18, 2010 , 7:07 pm clasificado como: Derechos Humanos en Asia, Derechos Humanos y Empresas, Temor por la seguridad.