Índice AI: IOR 65/001/2010
26 de marzo de 2010
En vísperas de la cumbre de la Liga de los Estados Árabes, que se celebrará el 27 de marzo en Sirte, Libia, Amnistía Internacional pide a los Estados miembros de la Liga que se aseguren de que hacen del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario la piedra angular de sus debates, al tiempo que abordan los conflictos que aquejan a la región. Estos principios deben aplicarse igualmente en cualquier iniciativa emprendida para abordar los conflictos en Israel y los Territorios Ocupados, Sudán, Somalia y Yemen. En todos estos conflictos es la población civil la que continúa cargando con la peor parte, mientras los Estados miembros de la Liga no exigen responsabilidades a los perpetradores de abusos y permiten que consideraciones políticas se antepongan a sus obligaciones según el derecho internacional.
Amnistía Internacional insta asimismo a la Liga de los Estados Árabes a tomar medidas concretas que garanticen que los responsables de graves violaciones de derechos humanos respondan de sus actos y señalen claramente su intención de no perpetuar una cultura de la impunidad.
En Gaza y el sur de Israel, durante los 22 días transcurridos entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, unos 1.400 palestinos perdieron la vida y otros 5.000 resultaron heridos durante una ofensiva del ejército israelí. En ese mismo periodo murieron 13 israelíes, tres de ellos civiles, víctimas del lanzamiento indiscriminado de cohetes y bombas de mortero por grupos armados palestinos contra el sur de Israel. Al acabar el conflicto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargó a una misión de investigación, encabezada por el juez Richard Goldstone, la investigación de las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el conflicto. La misión, que publicó su informe en septiembre de 2009, concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los grupos armados palestinos habían cometido en Gaza y el sur de Israel crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional, posiblemente incluidos crímenes contra la humanidad. En respuesta a estas conclusiones, la Asamblea General de la ONU ha pedido a ambas partes que lleven a cabo investigaciones independientes y verosímiles sobre las presuntas violaciones que se ajusten a las normas internacionales.
Basándose en la información remitida a la ONU por ambas partes hasta la fecha y en otra información de dominio público, Amnistía Internacional considera que las medidas que hasta ahora han tomado las partes interesadas no se ajustan a los criterios de investigación exigidos por la Asamblea General de la ONU. Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el apoyo de la Liga de los Estados Árabes para que se realicen investigaciones independientes e imparciales sobre el conflicto, incluida la necesidad de que el Consejo de Seguridad remita la situación a la Corte Penal Internacional si Israel y Hamás resultan ser incapaces de investigar las presuntas violaciones cometidas por sus fuerzas de conformidad con los criterios exigidos por la Asamblea General de la ONU o no están dispuestas a hacerlo.
En Sudán, las elecciones presidenciales y legislativas previstas para abril de 2010 y el referéndum de enero de 2011 sobre la secesión del sur del país son momentos críticos que exigen una estrecha vigilancia de la situación de los derechos humanos en todo el país por parte de la Liga.
Este motivo de preocupación se agrava ante los informes que hubo en 2009 y a principios de 2010 sobre un drástico aumento del conflicto armado en el sur de Sudán. Según cálculos de la ONU, más de 2.500 personas murieron y 350.000 resultaron desplazadas debido al conflicto entre diferentes comunidades étnicas en el sur de Sudán. En la región de Darfur continuaron los ataques contra la población civil y más de 2,7 millones de personas siguen viviendo en campos para desplazados internos. En febrero de 2010, el gobierno reanudó las operaciones militares por tierra y aire en la región darfurí de Jebel Marra. La ofensiva, que duró más de un mes, al parecer provocó cientos de víctimas y desplazó a miles de personas. Sigue sin haber información precisa, ya que el gobierno se niega a permitir el acceso sin restricciones a la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID), así como a diversas agencias de la ONU y ONG humanitarias.
Tras la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional contra el presidente Al Bashir en marzo de 2009 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, el gobierno sudanés expulsó de Darfur a 13 organizaciones humanitarias internacionales y clausuró tres organizaciones nacionales humanitarias y de derechos humanos. La clausura de las ONG vino acompañada de una intensificación de la represión sobre los defensores de los derechos humanos en el país. Muchos de ellos tuvieron que huir de Sudán, y los que quedaron han sido silenciados por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional sudanés. En los últimos años, varios defensores de los derechos humanos han sido detenidos arbitrariamente y mantenidos en régimen de incomunicación; según los informes, algunos de ellos han sido torturados por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional, mientras que otros han sido intimidados de diversas formas, registrando sus casas, confiscando su material o limitando su libertad de circulación.
En diciembre de 2009, la Asamblea Nacional de Sudán aprobó una ley de reforma del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional. Sin embargo, con la nueva ley el Servicio mantiene sus facultades para registrar propiedades, confiscar bienes y arrestar y detener a personas durante hasta 45 días sin revisión judicial. La ley también proporciona al personal del Servicio inmunidad procesal por violaciones de derechos humanos cometidas en el ejercicio de su labor.
Para abordar las graves violaciones de derechos humanos que siguen produciéndose en Sudán, sus autores deben ser puestos a disposición judicial a todos los niveles y las personas sospechosas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad deben responder de sus actos. La Liga de los Estados Árabes debe, por tanto, revisar su postura de rechazo de la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional contra el presidente Al Bashir y cooperar con la Corte.
Amnistía Internacional pide a los Estados miembros de la Liga que:
Pidan al gobierno y a los grupos armados de oposición de Sudán que ordenen de inmediato a sus fuerzas que tomen todas las precauciones necesarias para evitar víctimas civiles y prohíban específicamente los ataques contra la población civil durante las operaciones militares en Jebel Marra y otras regiones de Darfur, y que permitan a la UNAMID y a las organizaciones humanitarias el acceso sin restricciones a la zona.
Se aseguren de que el mandato de la Misión de Observación Electoral de la Liga de los Estados Árabes incluye como elemento clave la vigilancia de los derechos humanos, y que la Liga informa inmediatamente de las violaciones de derechos humanos y las pone sin demora en conocimiento del gobierno de Sudán.
En Somalia, concretamente en torno a la capital, Mogadiscio, el actual conflicto armado tuvo como consecuencia en 2009 y comienzos de 2010 el desplazamiento de decenas de miles de personas. Durante este periodo, miles de civiles murieron o resultaron heridos a consecuencia del recrudecimiento de la violencia, a menudo debido a que las partes en conflicto no tomaron las precauciones necesarias para evitar víctimas civiles. En ocasiones se trató de ataques indiscriminados, desproporcionados o dirigidos directamente contra la población civil, violando con ello el derecho internacional humanitario. Quienes cometen violaciones del derecho internacional humanitario gozan de total impunidad a pesar de que el Gobierno Federal de Transición se ha comprometido a abordar los temas de justicia y reconciliación en aplicación del Acuerdo de Paz de Yibuti de 2008.
A Amnistía Internacional también le sigue preocupando la falta de observancia de las normas internacionales de derechos humanos y de una verdadera rendición de cuentas respecto a la ayuda militar y policial al Gobierno Federal de Transición. En abril de 2009, la Liga de los Estados Árabes entregó 18 millones de dólares estadounidenses para apoyar el sector de la seguridad en Somalia. Según el informe de marzo de 2010 del Grupo de Supervisión para Somalia, encargado de vigilar el embargo de armas impuesto por la ONU a Somalia, “la asistencia externa prestada al Gobierno Federal de Transición sigue creando, a efectos del embargo de armas general y completo, un importante resquicio que permite a los grupos armados de la oposición hacerse con armas, municiones, equipo y competencia”.
Amnistía Internacional pide a los Estados miembros de la Liga que:
Pongan fin a cualquier suministro de armas, material militar y de seguridad y ayuda económica para la compra de armas al Gobierno Federal de Transición hasta que existan mecanismos eficaces para evitar que esta ayuda material se emplee para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Se aseguren de que los Estados miembros respetan el embargo de armas impuesto por la ONU a Somalia, incluida la obligación de solicitar excepciones al Comité de Sanciones de la ONU por parte de las empresas privadas de seguridad para cualquier ayuda al Gobierno Federal de Transición somalí.
Exijan que una comisión de investigación independiente o un mecanismo similar investigue los graves abusos perpetrados contra la población civil por todas las partes en conflicto.
Yemen corre actualmente peligro de quedar atrapada en una espiral de deterioro de los derechos humanos a juzgar por las abrumadoras medidas tomadas por el gobierno en nombre del contraterrorismo y en respuesta a los abusos contra los derechos humanos cometidos por los grupos islamistas, el conflicto en la gobernación septentrional de Sa’da y los disturbios separatistas del sur.
Desde el presunto intento de derribar un avión sobre Detroit el pasado mes de diciembre por un ciudadano nigeriano que al parecer había recibido entrenamiento en Yemen, el gobierno ha intensificado aún más su batida contra presuntos miembros de Al Qaeda, con ataques en los que han muerto civiles.
En la gobernación de Sa’da, los combates entre las fuerzas gubernamentales y los huthis, combatientes armados pertenecientes a la minoría chií zaidí, que se reanudaron con nueva intensidad el pasado agosto, se caracterizaron por graves abusos perpetrados por ambos bandos antes del alto el fuego anunciado en febrero, y en la actualidad hay unas 250.000 personas víctimas de desplazamiento forzado. El ejército de Arabia Saudí lanzó ataques a lo largo de la frontera con Yemen, una región que al parecer no carecía de protección adecuada para la población civil. El gobierno yemení ha cerrado la zona, impidiendo que se informe del conflicto de manera independiente, y las agencias de ayuda se han enfrentado a constantes problemas tratando de que la población en riesgo acceda a la ayuda humanitaria.
Amnistía Internacional pide a los Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes que:
Insten a los gobiernos de Yemen y Arabia Saudí a que cumplan plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, también en el marco del derecho, las normas y las prácticas antiterroristas;
Se aseguren de que cualquier ayuda de carácter militar o de seguridad ofrecida a las autoridades yemeníes no se utiliza para perpetrar violaciones de derechos humanos o vulnerar el derecho internacional humanitario.
Amnistía Internacional señala que la próxima Cumbre de los Estados de la Liga Árabe, de por sí ensombrecida por el legado de impunidad, tendrá lugar sin que asista una delegación de alto nivel de Líbano debido a la presunta complicidad del gobierno libio en la desaparición forzada de un destacado clérigo chií, el imán Musa al-Sadr, desaparecido en 1978 junto con otros dos compañeros mientras se encontraban en Libia y cuyos casos siguen sin resolver más de 30 años después. Las autoridades libias niegan toda responsabilidad por estas desapariciones forzadas, pero nunca han llevado a cabo una investigación completa, independiente e imparcial sobre ellas y, en agosto de 2008, un juez de instrucción libanés emitió un acta de acusación formal y una orden de detención contra el dirigente libio Muamar al Gadafi y otras seis personas a quienes se responsabiliza de las desapariciones.
Documento público
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o escribiendo a press@amnesty.org.
Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-
Lunes, Marzo 29, 2010 , 4:36 pm clasificado como: Armas bajo control, Contra el terror, justicia, Derecho Humanitario Internacional, Derechos Humanos en Asia, Derechos Humanos en Israel, Palestina y los Territorios, Derechos Humanos en África, Organismos Inter Gubernamentales, Temor por la seguridad, derechos económicos sociales y culturales, intervención en crisis. 
