Colombia: Homicidio de otro defensor de los derechos humanos

Amnistía Internacional ha condenado hoy el homicidio del defensor de los derechos humanos Alexander Quintero, cometido el 23 de mayo en Santander de Quilichao, en la región suroccidental de Cauca, y ha pedido a las autoridades que se aseguren de que se investigan eficazmente los hechos y que garanticen de una vez por todas que los defensores y defensoras de derechos humanos pueden llevar a cabo su legítima labor sin temor.Alexander Quintero, que llevaba años haciendo campaña a favor de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la matanza paramilitar del Naya de 2001, en la que murieron más de 30 personas y más de 70 fueron víctimas de desaparición forzada, se dirigía a pie a su domicilio junto con su familia, en el centro de la ciudad cuando fue abatido a tiros por cuatro personas desconocidas que se desplazaban en motocicletas.Alexander Quintero, que era presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya y representaba a víctimas de los grupos paramilitares en el proceso de Justicia y Paz, había recibido reiteradas amenazas de muerte como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos.

Se está produciendo un aumento de las amenazas contra testigos, familias de víctimas, abogados, fiscales, jueces y defensores y defensoras de derechos humanos implicados en causas penales sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto del largo conflicto armado interno que afecta a Colombia, así como de homicidios de estas personas. En concreto, los defensores y defensoras de derechos humanos que hacen campaña por la verdad, la justicia y la reparación en el contexto del proceso de Justicia y Paz, como Alexander Quintero, y por la devolución de las tierras robadas por los grupos paramilitares, son especialmente vulnerables a los ataques. El 18 de mayo Rogelio Martínez, defensor de derechos humanos y activista de los derechos a la tierra, fue asesinado por disparos de unos agresores armados en San Onofre, en el departamento noroccidental de Sucre.Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad han amenazado y matado a lo largo de los años a innumerables miembros de las Juntas de Acción Comunal. Estas personas son representantes elegidos por los miembros de la comunidad local y actúan como portavoces y líderes de la comunidad, gestionan fondos estatales limitados para proyectos locales (cuyo control desean tener a menudo las diversas facciones) y suelen ser el primer punto de contacto para las víctimas de abusos contra los derechos humanos.Estas amenazas y homicidios, especialmente de quienes buscan justicia para abusos contra los derechos humanos, sólo servirán para reforzar los índices ya escandalosos de impunidad del país, y plantean serias dudas sobre las afirmaciones del gobierno de que se están haciendo avances significativos para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto.Amnistía Internacional pide una vez más a las autoridades colombianas que asuman con seriedad su responsabilidad de garantizar la protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos de modo que puedan realizar sus labores sin riesgos y sin temor, así como que abran una investigación inmediata e imparcial sobre este homicidio y garanticen que los responsables comparecen ante la justicia./FIN

Lunes, Mayo 31, 2010 , 10:21 pm clasificado como: Colombia, Derecho Humanitario Internacional, Impunidad, Libertad de Expresión, Paises Prioritarios, Temor por la seguridad.