Demoliciones israelíes de viviendas palestinas
Seguros en casa?
Demoliciones israelíes de viviendas palestinas
Las restricciones a que ésta sujeta la población palestina que vive bajo ocupación israelí en Jerusalén Oriental y el resto de Cisjordania a la hora de construir alguna estructura son tan estrictas, que constituyen una violación de su derecho a una vivienda adecuada. Tras declararlas “ilegales”, las autoridades israelíes ordenan la destrucción de las viviendas y demás estructuras construidas sin los permisos establecidos por ellas, que raras veces conceden a palestinos. Acompañados de agentes de seguridad, los equipos de demolición pueden presentarse entonces en cualquier momento, avisando con muy poca antelación a las familias afectadas y sin darles la oportunidad de sacar sus cosas del edificio.
En virtud de la legislación militar israelí aplicada a la población palestina en la mayor parte de Cisjordania, a las familias desalojadas no se les proporciona otra vivienda ni indemnización alguna. Por consiguiente, si no fuera por sus familiares y amigos y las organizaciones benéficas, quedarían sin hogar y sumidas en la miseria. Y a las familias palestinas de Jerusalén Oriental no les va mucho mejor con las autoridades civiles israelíes.
Rida Nimr y su esposo, Nimr Ali Nimr, estaban sentados junto a los escombros de su casa cuando la delegación de Amnistía Internacional llegó al barrio palestino de Jabal al Mukabbir, situado al sur de de la Ciudad Vieja de Jerusalén, el
Los niños estaban todavía durmiendo, cuando llegaron unos 30 agentes de policía y de las fuerzas especiales, acompañados de tres bulldozers conducidos por contratistas civiles. La policía acordonó en seguida la zona. El equipo de demolición no saco más que unos cuantos muebles de la casa antes de derribarla y no nos dejó sacar nada, salvo, tras suplicárselo, un ordenador portátil de nuestra hija Amal, que lo necesita para sus estudios universitarios.
La familia contó que en la demolición se había perdido dinero y documentos de identidad personales. Bajo los escombros se veían muebles rotos y otros utensilios domésticos. Aouni Nimr, de 24 años, y su esposa, Ayesha, que se habían casado sólo cuatro días antes de la demolición, perdieron muchos de sus regalos de boda, además del hogar donde acababan de comenzar su nueva vida juntos.
La familia Nimr dijo a Amnistía Internacional que habían construido su casa en 2000, pero que habían recibido en seguida una orden de demolición de las autoridades municipales de Jerusalén. En los años siguientes, lucharon contra la orden. Presentaron tres proyectos de construcción distintos e impugnaron la orden ante los tribunales israelíes. Las autoridades rechazaron los proyectos, los dos primeros por “razones de seguridad” y el tercero porque las autoridades municipales habían decidido declarar el terreno “zona verde”, lo que significaba que no podía construirse nada en él.
Seis meses después de la demolición, la extensa familia Nimr vivía todavía separada, con la mayoría de sus miembros repartidos en tres casas distintas de parientes y vecinos. Nimr Ali Nimr vivía aún en una rudimentaria choza construida en el lugar donde se había levantado su hogar. La familia continúa recibiendo del municipio multas de 1.500 shekeles (400 dólares estadounidenses) mensuales por haber construido “ilegalmente”.
Según
Información general
En 1967, al final de la denominada guerra de los Seis Días, Israel ocupó Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, zonas conocidas posteriormente como Territorios Palestinos Ocupados (TPO).
Inmediatamente después de la ocupación, Israel se anexionó ilegalmente más
El resto de Cisjordania y la Franja de Gaza estuvieron regidas por las autoridades militares israelíes desde 1967 hasta mediados de la década de 1990, cuando se modificaron las condiciones de la ocupación israelí en el contexto de los Acuerdos de Oslo. En virtud de éstos se estableció la Autoridad Palestina; se dividió Cisjordania en las zonas A, B y C, y se transfirió a la Autoridad Palestina la jurisdicción parcial de algunas zonas de los TPO, si bien la seguridad general continuó en manos israelíes. De acuerdo con los acuerdos de Oslo, el 17,7 por ciento de Cisjordania fue declarado zona A, en la que la Autoridad Palestina era responsable de los asuntos civiles y la seguridad. El 18,3 por ciento pasó a ser zona B, donde la Autoridad Palestina se ocupaba de los asuntos civiles y del orden público e Israel asumía la responsabilidad absoluta de la seguridad. El resto del territorio, más del 60 por ciento de su extensión total, sin incluir Jerusalén, quedó clasificado como zona C, en la que Israel tenía autoridad tanto sobre los asuntos civiles como en materia de seguridad.
En 2005, Israel aplicó un plan de “desconexión” de la Franja de Gaza, por el que retiró de allí sus asentamientos, pero conservó el control del espacio aéreo, las aguas territoriales y las fronteras con Israel. Aunque éste no aplica ya allí ninguna política urbanística, desde 2005 las fuerzas israelíes han demolido miles de viviendas palestinas en el curso de incursiones militares, particularmente en las zonas próximas al perímetro de Gaza.
Permisos de construcción
Aunque el sistema jurídico aplicado a la población palestina de Jerusalén Oriental es distinto del impuesto a la del resto de Cisjordania, las pautas de la demolición de viviendas son similares, y a menudo también en Jerusalén Oriental se aplican con la justificación de la falta de permiso de construcción. En ambas zonas, a los palestinos les resulta sumamente difícil o prácticamente imposible conseguir el permiso de las autoridades israelíes. En Jerusalén Oriental, solicitar un permiso de construcción constituye un largo, caro y, a menudo, infructuoso proceso.
Basándose en la tasa de crecimiento demográfico, la ONU calcula que en Jerusalén Oriental la diferencia entre la necesidad palestina de viviendas y las construidas legalmente es de al menos 1.100 al año. En la zona C de Cisjordania, más del 94 por ciento de las solicitudes de permiso de construcción presentadas por palestinos a las autoridades israelíes entre 2000 y septiembre de 2007 se rechazaron.
Al denegar los permisos a la creciente población palestina de Jerusalén Oriental y Cisjordania, las autoridades israelíes la están empujando a una situación imposible: hagan lo que hagan, los palestinos están expuestos a perder su hogar. Al denegarles Israel, la potencia ocupante, el permiso para construir, muchos ven que no tienen más opción que construir las viviendas y otras estructuras sin autorización oficial, sabiendo que quizá pronto sean derribadas por los bulldozers israelíes sin que se les ofrezca ninguna reparación.
Incumplimiento israelí de las normas internacionales
El derecho a una vivienda adecuada es parte esencial del derecho a un nivel de vida digno. Cuando se hace valer, puede servir de base a una mejor realización de otros derechos, como el derecho a la familia, al trabajo y a la educación. Al mismo tiempo, el derecho a una vivienda adecuada puede verse amenazado o resultar imposible de alcanzar si no se respetan otros, como el derecho a la seguridad personal, a participar en procesos públicos de toma de decisiones y a no sufrir discriminación. Las violaciones del derecho a una vivienda adecuada que sufren los palestinos de los TPO son tanto un síntoma de las violaciones de derechos humanos en general de que son objeto como un obstáculo a su consecución de otros derechos humanos.
Sin embargo, como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Israel está obligado a cumplir sus disposiciones, que garantizan explícitamente el derecho a una vivienda adecuada sin discriminación. Su artículo 11.1 estipula:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
El derecho a una vivienda adecuada incluye la seguridad de tenencia, lo que supone que, en todo arreglo de vivienda, las personas sujetas a él deben gozar de protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. Los Estados Partes en el PIDESC están obligados a brindar esta protección. Todos los órganos de vigilancia del cumplimiento de los tratados de derechos humanos de la ONU han rechazo la afirmación israelí de que los convenios de derechos humanos de la ONU no se aplican a los TPO.
El Comité observa con preocupación que en los territorios palestinos ocupados son distintas las leyes, políticas y prácticas que se aplican a los palestinos, por una parte, y a los israelíes, por otra […]. El Comité reitera también su llamamiento al cese de la demolición de bienes árabes, en particular en Jerusalén oriental, y al respeto de los derechos de propiedad, sea cual sea el origen étnico o nacional del propietario.
Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial,
Como potencia ocupante, Israel está también obligado a cumplir en sus acciones en los TPO el cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, del que es signatario y cuyo artículo 53 prohíbe la destrucción de bienes no justificada por necesidades militares.
El cuarto Convenio de Ginebra prohíbe también el traslado de población civil de la potencia ocupante al territorio que ocupa (artículo 49). Sin embargo, desde el comienzo de la ocupación israelí en 1967 se han establecido en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, violando el derecho internacional e incumpliendo resoluciones de la ONU, 135 asentamientos israelíes reconocidos oficialmente y 99 “puestos de avanzada” (asentamientos no autorizados, pero patrocinados por el Estado y financiados por ministerios del gobierno). También en este caso, el argumento de Israel de que el cuarto Convenio de Ginebra no es aplicable a los TPO ha sido rechazado por los órganos internacionales más autorizados, como el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Internacional de Justicia. En relación con los asentamientos israelíes de los TPO, estos dos órganos han explicado además que su construcción viola el cuarto Convenio de Ginebra.
Jerusalén
Sólo el 13 por ciento del territorio ocupado de Jerusalén Oriental está clasificado por el municipio de Jerusalén como zona disponible para construcciones palestinas. Se trata de una superficie de sólo
En cambio, las autoridades israelíes permiten el establecimiento y la ampliación, en tierras palestinas ocupadas, de asentamientos ilegales para uso exclusivo de los israelíes. Alrededor del 35 por ciento de las tierras de Jerusalén Oriental han sido expropiadas para construir asentamientos ilegales, en los que viven ya 195.000 Israelíes. Mientras tanto se siguen dictando de manera habitual órdenes de demolición contra familias palestinas de la Ciudad Vieja de Jerusalén y de barrios vecinos, como Jabal al Mukabbir.
Restricciones en la zona C
En virtud de los Acuerdos de Oslo, las autoridades israelíes conservan el control civil y militar en la zona C, que constituye más del 60 por ciento de Cisjordania. Los 150.000 palestinos que se calcula que viven allí están sujetos a fuertes restricciones que les impiden en gran medida la construcción, así como la libertad de circulación. Especialmente en el valle del Jordán y en los montes del sur de Hebrón, millares de hectáreas (el 18 por ciento de Cisjordania) han sido declaradas “zonas militares cerradas”, en las que están prohibidas las edificaciones palestinas y la circulación de palestinos es muy limitada.
En la línea de fuego: el pueblo de Jiftlik
Situado en el centro del valle del Jordán, el pueblo de Jiftlik tiene unos 5.000 habitantes. Antes de que comenzara la ocupación israelí en 1967, tenía extensas tierras. Ahora, la mayor parte de éstas son “zona militar cerrada”, donde la construcción palestina está extremadamente restringida, aunque se han establecido tres asentamientos israelíes en las inmediaciones. En 2005, sin consultar con los habitantes de Jiftlik, las autoridades militares israelíes elaboraron un “plan de delineamiento” del pueblo, en el que se designaban las parcelas de tierra “aprobadas” donde podían vivir los palestinos. Quedaron fuera del plan alrededor del 40 por ciento de las viviendas. Incluso en zonas del pueblo incluidas en el “plan de delineamiento” se necesita permiso para construir nuevos edificios o ampliar los existentes. Este permiso es difícil de conseguir, y todo edificio levantado sin él puede ser demolido. Según los habitantes del pueblo, en los últimos años se han dictado órdenes de demolición contra decenas de viviendas, y se han demolido unos 30 edificios.
Pueblos del valle del Jordán
Las autoridades israelíes limitan estrictamente la construcción palestina en la zona del valle del Jordán y han demolido sistemáticamente tanto viviendas como rediles palestinos, dejando sin cobijo a los habitantes de las casas y dañando gravemente sus medios de vida. Desde 2005, las autoridades israelíes han aumentado las restricciones impuestas a la circulación de los palestinos entre el valle del Jordán y el resto de Cisjordania, y sólo a los que están registrados como residentes en el valle les permiten la entra en él en vehículos privados. Debido a estas limitaciones de la libertad de circulación y de la construcción, y a las reiteradas demoliciones que se llevan a cabo, las condiciones de vida de las comunidades palestinas del valle del Jordán son sumamente duras y difíciles de soportar.
Khirbet Tana: resistencia a la destrucción
Los jeeps del ejército llegaron a las seis de la mañana; la gente los vio en el valle y comenzó a sacar sus cosas de las casas. No nos dio tiempo a terminar de ordeñar a las ovejas. Lo demolieron todo. A las nueve y media ya habían terminado.
Testimonio de Raeda Nasasreh, de 24 años y madre de dos hijos, describiendo a Amnistía Internacional las demoliciones de Khirbet Tana en 2010
Khirbet Tana es un pueblo situado al oeste del valle del Jordán, cuya pequeña población se compone en gran medida de agricultores y pastores. A principios de la década de 1970, el ejército israelí declaró el lugar “zona militar cerrada”. A la vez que se denegaba a los palestinos residentes allí el permiso para construir, se establecieron los cercanos asentamientos israelíes de Mekhora e Itamar.
En julio de 2005, las autoridades israelíes demolieron la escuela de Khirbet Tana, así como varias viviendas, chozas para animales y cisternas de agua pertenecientes a palestinos. Los habitantes del pueblo reconstruyeron su comunidad. El
A pesar de las reiteradas demoliciones, la población de Khirbet Tana está decidida a continuar allí y ha comenzado de nuevo a reconstruir el pueblo. Um Fuad, de 76 años, contó a Amnistía Internacional:
Cuando llegaron los bulldozers yo estaba haciendo queso encima de la casa, y los soldados y los trabajadores se aglomeraron a mi alrededor. Sus jefes hacían fotos a todo. Les dije: “¿Que quieren? ¿Un poco de queso quizá? […] Entonces di a los del pueblo unos caramelos que tenía en un frasco diciendo: “Vamos a celebrarlo, porque vamos a construir.”
Las autoridades israelíes han dictado órdenes de demolición no sólo contra viviendas de comunidades palestinas, sino también contra escuelas, clínicas, carreteras, cisternas de agua, torres de alta tensión, cobertizos y establos.
Los jahalin: obligados a no quedarse en ninguna parte
Las autoridades israelíes obligaron a la tribu beduina de los jahalin a trasladarse de la zona de Tel Arad, en el Néguev, a Cisjordania, en la década de 1950. Tras ocupar Israel Cisjordania, el ejército israelí restringió los desplazamientos estacionales de la tribu, haciendo que le resultara imposible mantener su forma de vida tradicional. Debido a ello, los jahalin comenzaron a vivir en pequeños campamentos permanentes, lo que generó un persistente hostigamiento de los colonos israelíes y las autoridades militares, que afirman que sus tiendas de campaña y sus rudimentarios edificios son “ilegales”.
El clan de Abu Dahouk, compuesto de unas 30 familias, vive cerca de la comunidad de Arab al Jahalin, junto a la carretera que comunica Jerusalén con Jericó, a unos
A mediados de 2009, el clan de Abu Dahouk comenzó a construir una escuela local con ayuda de la organización no gubernamental italiana Vento di Terra. Los edificios básicos, levantados en un terreno de
Entonces, el 24 de junio, las autoridades militares israelíes ordenaron parar las obras. Sin embargo, la comunidad hizo caso omiso de ello, y a finales de agosto de 2009 comenzaron sus clases en la escuela primaria 75 niños y niñas jahalin locales. En febrero de 2010, la tribu jahalin elevó una petición al Tribunal Supremo de Israel para que se autorizara judicialmente a la escuela continuar funcionando. El 3 de marzo, el Tribunal determino que podía seguir abierta hasta el final del curso, el
ACTÚA YA
PIDE A LAS AUTORIDADES ISRAELÍES QUE PONGAN FIN A LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA DISCRIMINATORIAS
Insta al gobierno israelí a:
· Detener de inmediato todas las demoliciones en los TPO, incluido Jerusalén Oriental.
· Retirar a las autoridades israelíes la competencia respecto de las políticas y normativas de urbanización y construcción en los TPO para transferírsela a las comunidades locales palestinas.
· Detener de inmediato la construcción y ampliación de asentamientos israelíes e infraestructura conexa en los TPO como primera medida para sacar de éstos a la población civil israelí que vive en tales asentamientos.
Escribe a:
Primer ministro
Benjamin Netanyahu
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Kiryat Ben-Gurion
Hakirya
Jerusalem 91950
Israel
Fax:
Or
Alcalde de Jerusalén
Nir Barkat
Mayor of Jerusalem
Jerusalem Municipality
1 Safra Square
Jerusalem 91007
Israel
Fax:+972 2
Correo-e: lishka@jerusalem.muni.il
Pies de foto
Portada
Rida Nimr, sentada en medio de los escombros de su casa, en el barrio de Jabal al Mukabbir, situado al sur de la Ciudad Vieja de Jerusalén,
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Mapa de los Territorios Palestinos Ocupados (cortesía de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios), con indicaciones adicionales correspondientes a casos de Amnistía Internacional. © Amnistía Internacional
Nombres sobrescritos en el mapa: Al Hadidiya, Khirbet Tana, Escuela Jahalin, Jabal al Mukabbir, Tuwani]
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El ejército israelí demolió la vivienda de Mohammed Bani Odeh, en Al Hadidiya, junto con las de otras tres familias, el
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Un letrero del ejército israelí declara zona cerrada por razones militares una zona de población palestina del valle del Jordán, julio de 2009. © Amnistía Internacional
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Um Fuad,
La escuela de dos aulas de Khirbet Tana, demolida el
Los habitantes de Khirbet Tana se ganan el sustento con la cría de ovejas y cabras. Reconstruyeron sus rediles con trozos de metal recuperados tras la destrucción llevada a cabo por el ejército israelí el
Khirbet Tana poco después de ser destruido por segunda vez en enero de 2010. © EAPPI/Kerstin D.
Niños y niñas de la escuela de Al Khan al Ahmar, en el campamento beduino de los jahalin, abril de 2010. © Amnistía Internacional
Puerta de la escuela. © Amnistía Internacional
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En el asentamiento israelí ilegal de Maaleh Adumin, situado al este de Jerusalén, se sigue construyendo a pesar de los llamamientos de la comunidad internacional para que cese esta actividad, abril de 2010. © Amnistía Internacional
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Fadhel Raba, sentado junto a una cisterna de agua que corre el riego de ser destruida en el pueblo de Tuwani, en los montes del sur de Hebrón. El
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