Colombia: Soldados declarados culpables de matar al esposo de una dirigente indígena

Un juez civil condenó el viernes a seis soldados del ejército y absolvió a otro del asesinato de Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena Aída Quilcué.

Amnistía Internacional ha recibido la noticia con satisfacción, pero ha pedido a las autoridades que determinen si los soldados del ejército actuaban obedeciendo órdenes superiores. Si así fuera, también se deberían investigar eficazmente las responsabilidades de quienes ocupaban los puestos superiores en la cadena de mando del ejército.

Edwin Legarda murió por disparos de soldados del ejército cuando se dirigía en automóvil a la ciudad de Popayán, departamento de Cauca, en el sur del país, en diciembre de 2008.

Iba allí a recoger a Aída Quilcué, entonces dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Ella acababa de regresar de una sesión sobre Colombia celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y afirma que la acción perpetrada contra su marido podía ir dirigida contra ella.

Los soldados habían asegurado que abrieron fuego contra el vehículo cuando Edwin Legarda, quien según los informes iba al volante, no se detuvo en un puesto de control a pesar de los avisos. Pero un testigo del homicidio afirmó que los soldados habían disparado indiscriminadamente contra el vehículo sin una advertencia previa para que se detuviese.

Aída Quilcué y otros dirigentes del CRIC han sido amenazados de muerte en reiteradas ocasiones en los últimos años y reciben protección por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2009 llegaron a amenazar a su hija de 12 años a punta de pistola.

La sentencia se pronunció la misma semana que el gobierno y el alto mando militar criticaron públicamente la declaración de culpabilidad y la condena de 30 años de cárcel dictadas por otro juez civil contra el coronel Alfonso Plazas Vega, ex alto oficial del ejército retirado, acusado de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el asedio del Palacio de Justicia en 1985.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció tras conocerse la sentencia que su gobierno tenía intención de aprobar legislación que podría poner aún más trabas al sistema de justicia civil para investigar a los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos.

Esta medida socavaría gravemente los escasos avances de los últimos años en el empeño de llevar ante la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos, y supondría una burla del compromiso declarado del gobierno con la lucha contra la impunidad.

En vista de que últimamente han aumentado los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos y las amenazas en su contra, es aún más urgente garantizar el enjuiciamiento de todos los autores de abusos contra los derechos humanos, ya sean miembros de las fuerzas de seguridad, las fuerzas paramilitares o los grupos guerrilleros.

En este sentido, las autoridades tienen la obligación de garantizar la protección efectiva de los defensores y defensoras de los derechos humanos para que puedan desempeñar su actividad en condiciones de seguridad y sin miedo.

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Jueves, Junio 17, 2010 , 9:16 pm clasificado como: Buenas Noticias, Colombia, Defensores y defensoras de los Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas, Paises Prioritarios, Temor por la seguridad.