LA JUNTA DE Utah DENIEGA EL INDULTO; SE PRESENTA UNA DEMANDA

El 14 de junio, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Utah, Estados Unidos, denegó el indulto a Ronnie Lee Gardner. Los abogados de Gardner han presentado una demanda de derechos civiles en un tribunal federal impugnando la imparcialidad del proceso de clemencia. Está previsto que Ronnie Gardner sea ejecutado por fusilamiento el 18 de junio.   

La Junta de Indultos y Libertad Condicional celebró una vista sobre la petición de indulto el 10 y 11 de junio. En una decisión unánime emitida el 14 de junio, la Junta escribió que “no existe motivo suficiente para otorgar el indulto o conmutar la condena de muerte de Gardner”. Más tarde, el 14 de junio, los abogados de Ronnie Gardner presentaron una demanda ante el tribunal federal de primera instancia del distrito de Utah poniendo en duda “la justicia e imparcialidad del proceso de deliberación de la Junta”, y solicitando una suspensión de la ejecución. Según sus abogados, a Ronnie Gardner se le negó el derecho a un proceso de clemencia ante un órgano decisorio neutral porque la Fiscalía General pedía la ejecución de Ronnie Gardner y al mismo tiempo actuaba como asesor legal de la Junta de Indultos y Libertad Condicional. En apoyo de su solicitud, los abogados de Ronnie Gardner han presentado al tribunal federal de primera instancia la declaración de un experto en ética jurídica, que ha concluido que “las representaciones simultáneas generan un conflicto imposible de intereses que convierte irremediablemente los procedimientos ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional en una violación de toda norma de neutralidad, objetividad, independencia o decoro”.

La Fiscalía General de Utah reveló posteriormente que, el 11 de mayo de 2010, había emitido un memorando interno para establecer una “pantalla anti-conflictos” entre los abogados de la Fiscalía que asesoran a la Junta y los que representan al estado en la oposición al indulto. Al parecer, este memorando restringe las comunicaciones y el intercambio de información sobre el caso de Gardner entre los dos grupos de abogados, con el fin de anular este conflicto en la Fiscalía General. El mismo experto en ética jurídica, profesor de derecho en la Universidad de Yale, respondió a la revelación de esta información en una declaración complementaria presentada ante el tribunal federal de primera instancia, en la que decía que esta acción “no cura nada, y el conflicto de intereses sigue siendo igual de profundo e inquietante”. El problema, añadió, radica en “el hecho de que el abogado que representa a la Junta trabaje para la misma Fiscalía General que pide la ejecución del Sr. Gardner… Ninguna pantalla –ni aunque estuviera hecha de cemento– podría impedir que el objetivo declarado de la Fiscalía General –la muerte del sr. Gardner por fusilamiento– corrompiera los procesos neutrales de la Junta, un proceso que sin duda ya se ha producido, por no hablar de la profunda apariencia de incorrección que la representación de la Fiscalía General en la Junta ya ha creado”. El 15 de junio, el tribunal federal de primera instancia denegó la moción para que se suspenda la ejecución. Los abogados han apelado ante la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito.

Tres de los miembros del jurado que en 1985 juzgó a Ronnie Gardner han firmado declaraciones juradas en las que manifiestan que ya no apoyan su ejecución. Una de las declaraciones es de una mujer que afirma que se sintió coaccionada por los demás miembros del jurado para votar a favor de la pena de muerte (véase página siguiente).

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

n     lamentando la decisión de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de denegar el indulto a Ronnie Lee Gardner;

n     expresando preocupación por la percepción de imparcialidad generada por la actuación simultánea de la Fiscalía General como solicitante de la ejecución de Ronnie Gardner y como asesor de la Junta de Indultos y Libertad Condicional;

n     pidiendo al gobernador que dicte una suspensión de la ejecución de Ronnie Gardner para que la Junta pueda reconsiderar su decisión sin que este aparente conflicto de intereses ponga en duda su imparcialidad;

n     señalando que varios miembros del jurado del juicio de 1985 han manifestado su oposición a la condena de muerte.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 DE JUNIO DE 2010 A:

Gobernador de Utah:

Governor Gary R. Herbert

Fax: +1 801 538 1528

Correo-e: gherbert@utah.gov

Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

Envíen también copia a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la segunda actualización de AU: 113/10 (AMR 51/039/2010). Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/039/2010/es

.

ACCIÓN URGENTE

LA JUNTA DE Utah DENIEGA EL INDULTO; SE PRESENTA UNA DEMANDA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ronnie Gardner, que ahora tiene 49 años, fue juzgado y condenado a muerte en octubre de 1985 por el asesinato en primer grado de Michael Burdell. Un juez de un tribunal estatal resolvió en 1991 que a Ronnie Gardner se le había denegado el derecho a una asistencia letrada adecuada en la fase procesal de determinación de la pena, entre otros motivos, debido a que la defensa no había investigado ni había presentado pruebas atenuantes al jurado. El juez ordenó una nueva vista de determinación de la pena. Sin embargo, la Corte Suprema de Utah revocó la decisión, alegando que no se había demostrado que los errores de los abogados hubiesen perjudicado al juicio de Ronnie Gardner. El estado había denegado a Gardner fondos para contratar a testigos periciales, aunque estos fondos sí se le concedieron cuando el caso pasó a los tribunales federales. Las pruebas atenuantes que no se habían facilitado al jurado finalmente se presentaron ante los tribunales federales. Se trataba de pruebas relacionadas con la infancia de abusos y privaciones de Ronnie Gardner y de informes expertos que dejaban constancia de un daño orgánico cerebral. En 2009, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito hizo notar que “es indudable que la infancia del señor Gardner fue problemática en muchos aspectos”, y añadió que “mentes razonables pueden diferir en cuanto al efecto probable sobre el jurado de unos testimonios sobre la salud mental del acusado basados en una investigación más exhaustiva”. Pese a ello, la Corte de Apelaciones confirmó la resolución de la Corte Suprema de Utah.

Los abogados de Ronnie Gardner han obtenido declaraciones de cuatro miembros del jurado del juicio original. Una de las declaraciones es de una mujer que afirma que, si hubiera conocido los factores atenuantes ahora disponibles, quizá hubiera votado por una pena de cadena perpetua. Además, añadió, si la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hubiera sido una opción entonces (como lo es ahora), “el resultado podría haber sido diferente”. Un segundo miembro del jurado es más claro: “Si hubiera conocido estos factores atenuantes hace 25 años, habría votado por cadena perpetua”. Un tercer miembro dijo que, si la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hubiera sido una opción en 1985, “la habría elegido”. Una cuarta miembro del jurado, que se encontraba en avanzado estado de gestación por aquel entonces, ha revelado: “Fui el último miembro del jurado que accedió a votar por la pena de muerte. Me sentí coaccionada para votar en ese sentido. En un momento de las deliberaciones, me encerré en un cuarto de baño para evitar la presión que sentía. Accedí a votar por la pena de muerte porque sólo quería irme a mi casa”. Ha añadido que apoya la conmutación de esta pena, y que, “si la votación fuera hoy, no me dejaría influenciar y votaría a favor de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”.

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte, en todos los casos y en cualquier país, con independencia del método empleado para ejecutar al preso, o la naturaleza del delito por el que fue condenado a muerte. Estados Unidos ha llevado a cabo 28 ejecuciones en lo que va de año, y 1.216 desde que reanudó los homicidios judiciales en 1977. En Utah se han llevado a cabo seis de estas ejecuciones, entre ellas la primera que tuvo lugar en Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema en 1976 que permitió la reanudación de las ejecuciones: Gary Gilmore murió ante un pelotón de fusilamiento en Utah el 17 de enero de 1977, después de negarse a recurrir su condena a muerte. Tres de los cinco hombres ejecutados en Utah desde entonces también han recibido el apelativo de “voluntarios” que renunciaron a la apelación y dieron su “consentimiento” a la ejecución. La ejecución de Ronnie Gardner sería la primera que se lleva a cabo en Utah desde 1999 y la primera “no consentida” desde 1992. Ronnie Gardner ha elegido morir ante un pelotón de fusilamiento en lugar de por inyección letal.

En virtud del artículo VII, sección 12.3.a de la Constitución de Utah, el gobernador del estado “puede conceder prórrogas o suspensiones en todos los casos de condenas por delitos contra el estado salvo en los casos de traición o delitos cometidos por altos cargos en el desempeño de sus funciones. Estas prórrogas o suspensiones no pueden alargarse hasta más allá de la siguiente sesión de la Junta [de Indultos y Libertad Condicional]. En dicha sesión, la Junta continuará o determinará la prórroga o suspensión, conmutará la pena, o concederá el indulto […]”.

Lunes, Junio 21, 2010 , 12:57 am clasificado como: Acciones urgentes, Contra la Pena de Muerte, Derecho a un juicio justo, Estados Unidos, Impunidad, Paises Prioritarios.