Índice AI: EUR 62/004/201024 de junio de 2010 Amnistía Internacional siente preocupación por los informes que indican que, el 22 de junio, las autoridades de Uzbekistán empezaron a expulsar a refugiados ubicados en el territorio de la fábrica de algodón del distrito de Pakhtaabad, en la región de Andiyán, y a enviarlos a Kirguistán. La organización  ha recibido informes según los cuales agentes del campo de refugiados y miembros de las fuerzas de seguridad uzbekas obligaron a refugiados a subir a bordo de dos autobuses. Al parecer, al hacerlo mencionaron un acuerdo entre las autoridades locales de Uzbekistán y el gobernador de la región de Jalal-Abad, en Kirguistán, sobre el retorno de los refugiados. Los refugiados que permanecen en el distrito de Pakhtaabad dijeron a Amnistía Internacional que no les habían alertado ni informado sobre dicho acuerdo, y que temían lo que podrían encontrar si los devolvían a Kirguistán. Los temores de los refugiados se han visto intensificados por los informes sobre asaltos de las fuerzas de seguridad kirguises, con uso excesivo de la fuerza, y sobre enfrentamientos por la retirada de las barricadas levantadas la semana pasada para proteger los barrios y pueblos uzbekos. Además, muchos de los refugiados no tienen una casa a la que regresar. Según las imágenes de satélite evaluadas por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, 1.807 edificios de Osh han quedado “totalmente destruidos”, y otros han sufrido graves daños.El 23 de junio, uno de los líderes de un grupo de refugiados de Bazar-Korgan, Kirguistán, dijo a Amnistía Internacional qué él era uno de los muchos refugiados que se dirigían a la frontera: “El gobernador de la región de Jalal-Abad visitó ayer los campos de Pakhtaabad y dijo a los refugiados que todo el mundo tenía que regresar a Kirguistán para el 25 de junio. Muchos de nosotros no queremos marcharnos, tememos por nuestra vida, pero no tenemos elección”.Se calcula que unas 400.000 personas, tanto kirguises como uzbekas, han huido de sus hogares a causa de la violencia que estalló el 10 de junio en Osh, Jalal-Abad y las zonas circundantes. Unas 100.000 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos uzbekos, buscaron refugio en el vecino Uzbekistán antes de que el país cerrara las fronteras el 14 de junio. Unas 300.000 personas se han desplazado internamente en Kirguistán.El 23 de junio, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no pudo confirmar el número de refugiados retornados desde Uzbekistán, y si esos retornos eran voluntarios o forzados, pero dijo que estaban recibiendo informes sobre un gran número de retornados.El gobernador de la región de Jalal-Abad, Bektur Asanov, que visitó el campo de refugiados de la región de Andiyán, Uzbekistán, el 22 de junio, ha declarado, según han citado los medios de comunicación: “Podemos garantizar […] que, según es de esperar, todo saldrá bien”, y que las personas cuyas casas han sido quemadas o destruidas recibirán una indemnización.Sin embargo, la situación de seguridad en el sur de Kirguistán sigue siendo imprevisible e inestable, y hay informes que indican que el gobierno provisional no controla por completo a sus fuerzas de seguridad. El representante especial de la Unión Europea para Asia Central advirtió el 23 de junio de que la violencia podía volver a estallar y propagarse desde el sur de Kirguistán. El gobierno provisional, no obstante, ha anunciado su decisión de seguir adelante con el referéndum sobre una nueva Constitución previsto para el 27 de junio, y ha dicho que se proporcionarían urnas móviles en las zonas afectadas por la violencia. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha retirado a 300 observadores electorales ante el temor por la seguridad. Las autoridades uzbekas deben, por tanto, abstenerse de expulsar, coaccionar o persuadir a los refugiados de Kirguistán para que vuelvan a sus casas hasta que puedan hacerlo sin peligro y con dignidad.Amnistía Internacional siente asimismo preocupación porque la actitud del gobierno provisional de Kirguistán de animar a los refugiados y desplazados internos a regresar a sus casas es prematura, ya que las fuerzas de seguridad kirguises no parecen poder garantizar la seguridad de estas personas. Entre las medidas que el gobierno provisional de Kirguistán debe tomar para aumentar la confianza se encuentra cursar una invitación a un equipo de investigadores internacionales para que emprendan con carácter de urgencia investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante la reciente oleada de violencia. Esto transmitiría una señal clara de la voluntad de las autoridades de hacer rendir cuentas por los homicidios, los saqueos y otros abusos contra los derechos humanos, y hacerlo de una forma independiente e imparcial, sea cual sea el origen étnico o la afiliación de los presuntos autores. FIN/ 

Martes, Junio 29, 2010 , 8:11 pm clasificado como: Derecho Humanitario Internacional, Derechos Cíviles y Políticos, Derechos Humanos en Asia, Organismos Inter Gubernamentales, Refugio, Desplazamiento y Migración, Temor de tortura, Temor por la salud, Temor por la seguridad, derechos económicos sociales y culturales, general.