Índice AI: ASA 20/017/2010 

Las autoridades de la India deben evitar el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones del valle de Cachemira, ha declarado hoy Amnistía Internacional. 

Al parecer, en el último mes, un total de 11 personas, al menos ocho de ellas jóvenes de entre 13 y 19 años de edad, han muerto por disparos de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central (CRPF, por sus siglas en inglés), fuerza paramilitar destacada en el valle de Cachemira, cuando los manifestantes desobedecían las normas sobre el toque de queda, realizaban manifestaciones violentas y se enfrentaban con el personal de seguridad en Srinagar, Sopore y otras localidades sometidas al toque de queda. 

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades del estado han ordenado que se investiguen algunas de las muertes producidas durante las manifestaciones de Srinagar, Sopore y Anantnag. La organización ha pedido a las autoridades indias que investiguen todas las muertes y hagan comparecer ante la justicia al personal de seguridad, así como a los manifestantes que hayan violado alguna disposición penal reconocible internacionalmente, en juicios que se celebren con arreglo a las normas internacionales. 

Las autoridades han acusado al grupo armado Lashkar-e-Toiba y a otras organizaciones separatistas de Cachemira de instigar a los manifestantes que arrojaron piedras y realizaron actos violentos. Hasta ahora, por lo menos 35 personas han resultado heridas durante las manifestaciones.  

Según informes iniciales, el 11 de junio, Tufail Ahmed Mattoo, de Srinagar, murió alcanzado por un bote de gas lacrimógeno lanzado por la policía contra los manifestantes. Tenía 17 años de edad. Sin embargo, informes posteriores indicaron que había recibido un disparo en la cabeza. El 19 de junio, un tribunal de Srinagar ordenó a la policía del estado que investigara esta muerte y presentara su informe antes del 28 de junio. 

El 12 de junio, cuando las protestas por la muerte de Tufail Ahmed Mattoo se hicieron violentas, Rafiq Ahmed Bangroo, tejedor de alfombras de Srinagar de 24 años, sufrió lesiones graves en la cabeza y entró en estado de coma, falleciendo el 19 de junio en el hospital. Algunos informes indican que recibió una paliza de las CRPF durante las protestas. Al día siguiente hubo más protestas por la muerte de Bangroo cuando algunos jóvenes que volvían de su funeral atacaron un puesto de las CRPF e intentaron incendiar un vehículo blindado. Javed Malla, familiar de Bangroo de 19 años, murió por disparos de las CRPF.

El 25 de junio, las CRPF dispararon contra los manifestantes que reclamaban los cuerpos de dos guerrilleros armados a quienes las fuerzas de seguridad habían dado muerte cerca de Sopore, a 55 kilómetros de Srinagar, causando la muerte de dos adolescentes, Firdous Ahmad Kakroo y Shakeel Ahmad Ganai. Testigos presenciales declararon que los manifestantes prendieron fuego al vehículo del oficial al mando de las CRPF y atacaron un búnker de seguridad. Las autoridades afirmaron que los dos fallecidos eran guerrilleros armados estrechamente relacionados con Lashkar-e-Toiba y las CRPF declararon que habían disparado en defensa propia. 

En los dos días siguientes hubo otras dos muertes en Sopore: las de Bilal Ahmed Wani, de 22 años, y Tajamul Ahmad Bhat, de 17, causadas cuando las CRPF dispararon para reducir a los manifestantes que desobedecían reiteradamente el toque de queda. El 28 de junio, en las afueras de Baramulla, unos manifestantes se enfrentaron a las CRPF después de la muerte por disparos de otro joven, Tariq Ahmed Rather. Al día siguiente, tres manifestantes —Ishfaq Ahmed Khanday, de 15 años; Imtiyaz Ahmed Itoo, de 17, y Shujatul Islam, de 19— murieron por disparos en el distrito de Anantnag. Aunque según los informes iniciales habían muerto por disparos de las CRPF, informes posteriores indicaron que habían sido detenidos primero y luego asesinados. 

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades indias que tienen la obligación de proteger el derecho a la vida en virtud de las leyes internacionales. Estas incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que la India es Estado Parte, y normas como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que establecen que las armas de fuego sólo deberán emplearse cuando sea estrictamente inevitable y con el fin de proteger la vida. 

En una reunión convocada por el primer ministro Manmohan Singh el 29 de junio se ordenó a las CRPF que actuaran con “la máxima moderación y sensibilidad” cuando auxiliaran a la policía del estado a hacer cumplir las normas sobre el toque de queda en el valle. Amnistía Internacional insta al gobierno indio a que garantice que se cumplen sus directivas y la protección del derecho a la vida con arreglo al derecho internacional. 

Información complementaria

La última oleada de protestas por ejecuciones extrajudiciales en Cachemira se inició a finales de mayo, cuando las autoridades de Jammu y Cachemira exhumaron los restos de tres jóvenes presuntamente asesinados por las fuerzas de seguridad indias en Machil, en el distrito de Baramulla, después de que les hubieran prometido empleo como trabajadores eventuales para el personal de seguridad destinado cerca de la línea de control que separa la India y Pakistán. Se ha abierto una investigación sobre estas muertes. 

Las protestas coincidieron también con el inicio de la peregrinación hindú anual a Amarnath, en el valle, lo que acrecentó la preocupación por la seguridad, y con la reciente reunión indopaquistaní celebrada en Islamabad la semana pasada. 

Información relacionada

India: Investigación de las ejecuciones extrajudiciales y procesamiento de los sospechosos, Índice AI: ASA 20/015/2010, 8 de junio de 2010 http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA20/015/2010

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