Índice AI EUR 45/011/2010
15 de julio de 2010
La revelación ante el Tribunal Superior el 14 de julio de 2010 de varios documentos antes secretos relacionados con el conocimiento y participación de las autoridades del Reino Unido en la detención de nacionales británicos y residentes en el Reino Unido bajo custodia de Estados Unidos y de otras agencias de inteligencia extranjeras se suma a un número creciente de pruebas de la implicación del Reino Unido en detenciones y tratos a los detenidos contrarios a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Los documentos revelados, la mayoría de los cuales están parcial o significativamente editados, permiten entrever el papel desempeñado por diversos funcionarios británicos, incluidos agentes del Servicio de Seguridad del Reino Unido (MI5) y del Servicio de Inteligencia Secreto (MI6), funcionarios ministeriales, funcionarios civiles y abogados del gobierno, entre otros, y apuntan
directamente, una vez más, a la necesidad urgente de una investigación independiente, imparcial y efectiva para establecer la verdad sobre estas violaciones graves de derechos humanos.
Los documentos —que incluyen orientaciones políticas y asesoramiento jurídico para los servicios de inteligencia, informes de agentes de los servicios de inteligencia que realizaban investigaciones sobre el terreno y comunicaciones entre departamentos gubernamentales sobre política general y casos individuales de nacionales británicos y residentes en el Reino Unido bajo custodia de
servicios de inteligencia extranjeros— fueron publicados en la edición de hoy del diario The Guardian, tras ser revelados en el curso de una reclamación civil por daños y perjuicios formulada ante los tribunales nacionales por seis ex detenidos de la base de Guantánamo, todos ellos nacionales británicos o residentes en el Reino Unido (véase información complementaria).
Amnistía Internacional investiga y hace campaña sobre los casos de estos hombres y otros casos relacionados desde hace varios años, y teniendo en cuenta el número creciente de pruebas y lo que ya se conoce, tanto en relación con estos casos concretos como con la política y las prácticas antiterroristas de las autoridades británicas, la organización sigue encabezando la petición de que se abra una investigación sobre las acusaciones verosímiles de implicación del Reino Unido en violaciones graves de derechos humanos.1
Basándose en los documentos revelados ayer, a Amnistía Internacional le preocupan enormemente los siguientes aspectos:
(1) La aparente decisión del anterior gobierno, bajo la autoridad y con el conocimiento de las máximas esferas del poder ejecutivo, de bloquear activamente el acceso consular a los nacionales británicos y residentes en el Reino Unido bajo custodia en el extranjero cuando era evidente la probabilidad de que fueran trasladados a la base de Guantánamo bajo custodia estadounidense
si no se proporcionaban servicios consulares. Esta decisión queda totalmente de manifiesto en el caso de Martin Mubanga, titular de la doble nacionalidad británica y zambiana, que fue detenido en Zambia en marzo de 2002 y posteriormente entregado a Estados Unidos y detenido en Guantánamo. Los documentos revelados ayer incluyen un intercambio de comunicaciones parcialmente editado entre funcionarios consulares británicos en Zambia y funcionarios británicos en Londres, en el que los primeros parecen aconsejar a los segundos que no facilitaran asistencia consular a Mubanga, como consecuencia de lo cual éste pasó de estar bajo custodia zambiana a
estar bajo custodia estadounidense en Guantánamo. El director general del MI5 había confirmado con anterioridad al Comité de Inteligencia y Seguridad británico que Martin Mubanga había sido entrevistado dos veces por un agente de los servicios de inteligencia británicos durante el tiempo que estuvo detenido en Zambia. La política declarada, también con autorización ministerial, de que el resultado que prefería el gobierno británico era que los nacionales y residentes en el Reino Unido detenidos fueran
trasladados bajo custodia militar a la base de Guantánamo en lugar de ser puestos bajo custodia británica. Entre los documentos revelados figura un telegrama, parcialmente editado, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, fechado en enero de 2002, aparentemente autorizado o firmado o ambas cosas por el entonces ministro de Exteriores, Jack Straw, que dice: “El enfoque del Reino Unido hacia la repatriación y enjuiciamiento de nacionales británicos [bajo custodia estadounidense en Afganistán que podrían ser trasladados a Guantánamo] se está aún considerando. Sin embargo, reconocemos que el traslado de nacionales británicos en poder de
las fuerzas estadounidenses en Afganistán a la base estadounidense de Guantánamo es la mejor vía para alcanzar nuestro objetivo antiterrorista, pues garantiza que están bien recluidos. No obstante, hay un equipo de especialistas actualmente en Afganistán tratando de entrevistar a todos los detenidos relacionados con el Reino Unido para obtener información sobre sus actividades y
Véanse, entre otros, los siguientes documentos de Amnistía Internacional: United Kingdom Rights denied – the UK’s response to 11 September 2001, Índice AI: EUR 45/016/2002; United Kingdom Justice perverted under the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, Índice AI: EUR
45/029/2003; United Kingdom - Briefing for the Committee against Torture, Índice AI: EUR 45/029/
2004; United Kingdom Amnesty International’s submission of 14 October to the UK Parliament’s
Joint Committee on Human Rights in connection with the Committee’s inquiry into the subject
of “counterterrorism policy and human rights”, Índice AI: EUR 45/050/2005; Reino Unido: Los
derechos humanos, una promesa incumplida, Índice AI: EUR 45/004/2006; Cómplices. El papel
de Europa en las “entregas extraordinarias” de Estados Unidos, Índice AI: EUR 01/008/2006; UK:
Briefing to the Human Rights Committee, Índice AI: EUR 45/011/2008; Negar la evidencia: La
participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas, Índice AI: EUR
01/003/2008; y Reino Unido: Es hora de investigar el papel del Reino Unido en violaciones de
derechos humanos cometidas en otros países desde el 11 de septiembre de 2001, Índice AI: EUR
45/001/2010
2 Véase Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas, Índice AI: EUR 01/003/2008. conexiones terroristas. Por tanto, esperamos que todos los detenidos a los que deseen entrevistar permanezcan en Afganistán y no estén incluidos en los primeros grupos que van a ser trasladados a Guantánamo. Una semana de demora sería suficiente. A partir de entonces los nacionales británicos deberían ser trasladados lo antes posible.”
Por su parte, una nota confidencial posterior fechada el 26 de febrero de 2002 y redactada por un funcionario de la Unidad de Terrorismo y Protección del Ministerio del Interior tras una reunión de varios funcionarios británicos celebrada la víspera, dice:
“La reunión acordó que el Reino Unido no debería tener ninguna prisa por llevarse de nuevo a los detenidos aunque el FCO [Ministerio de Asuntos Exteriores] no dijo nada al respecto”. Documentos que contienen asesoramiento jurídico y orientación política destinados a agentes del MI6 en los que se afirma que la ley no exige que los agentes de los servicios de inteligencia británicos intervengan para evitar torturas o malos tratos ni siquiera cuando haya indicios de que esto podría estar ocurriendo, porque los detenidos no están bajo la custodia ni el control del Reino
Unido.3
Las orientaciones contenidas en un mensaje del MI6 fechado el 11 de enero de 2002 recomendaban a los agentes de los servicios de inteligencia británicos sobre el terreno que
comentaron los malos tratos a detenidos que “dado que [los detenidos] no están bajo nuestra [es
decir, del Reino Unido] custodia o control, la ley no les exige que intervengan para prevenirlos.” La
orientación dice además que sólo “si las circunstancias lo permiten”, los agentes de los servicios de
inteligencia deberán “considerar exponer [los malos tratos] a un funcionario local estadounidense
superior competente” y que el compromiso declarado del Reino Unido con los derechos humanos
significaba que los funcionarios británicos debían hacer que sus homólogos estadounidenses
comprendieran que los funcionarios británicos no podían “ser cómplices de estos malos tratos”
ni “parecer que los aprueban”.
Amnistía Internacional considera que aprovecharse la situación de una persona interrogándola
o haciendo que otras personas la interroguen en nombre del Estado, sabiendo que es probable
que la persona sea sometida a torturas o malos tratos, o que está detenida en circunstancias
que equivalen a desaparición forzosa, y no hacer al mismo tiempo ningún intento de prevenir
los abusos, es una violación de las obligaciones fundamentales del Reino Unido en materia de
derechos humanos, y concretamente de la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, así como del requisito de que los Estados deben tratar
de prevenir la tortura en cualquier lugar y en todo momento.
El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, en sus recientes actuaciones sobre el caso de
Binyam Mohamed, residente en el Reino Unido que fue objeto de una entrega, ha afirmado
que el papel desempeñado por el MI5 fue “mucho más allá del de alguien ajeno a las presuntas
3
Véanse, por ejemplo, los siguientes documentos: Mensaje del Servicio de Inteligencia Secreto de
fecha 11 de enero de 2002 titulado “Al Qaida Detainees” (“Detenidos de Al Qaeda”); capítulo 32 del
manual de procedimientos generales del Servicio de Inteligencia Secreto titulado “Detainees and
Detention Operations” (“Detenidos y operaciones de detención”) (abril de 2005); y un documento
titulado “Agency policy on liaison with overseas security and intelligence agencies in relation
to detainees who may be subject to mistreatment” (“Política de la agencia en coordinación con
agencias de seguridad e inteligencia extranjeras en relación con detenidos que podrían ser
sometidos a malos tratos”) (julio de 2006); y “Flowchart: Passing or seeking information which may
result in mistreatment” (“Diagrama de flujo: transmisión o búsqueda de información que podría
derivar en malos tratos”), del Servicio de Seguridad (julio de 2006).
transgresiones o testigo de ellos”.4
Amnistía Internacional considera que los documentos revelados ayer confirman esa valoración.
Amnistía Internacional toma nota del anuncio realizado el 6 de julio de 2010 por el primer ministro
británico de una investigación sobre la implicación del Reino Unido y su posible complicidad en
la tortura y otras violaciones de derechos humanos de detenidos bajo custodia en operaciones
antiterroristas en el extranjero, que será presidida por Sir Peter Gibson.5 Dado que aún se
desconoce el ámbito preciso de la investigación, a Amnistía Internacional le preocupan ciertos
aspectos de esta, a saber: si tendrá suficiente autoridad e independencia del poder ejecutivo para
cumplir los requisitos de las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos
humanos, el grado de secreto de las actuaciones y en qué medida se darán a conocer las pruebas
a la opinión pública y a las víctimas de las presuntas violaciones graves de derechos humanos.
Cualquier investigación de este tipo deberá investigar exhaustivamente la política y las prácticas
relacionadas con estas presuntas violaciones graves de derechos humanos, incluido el papel
desempeñado por los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, funcionarios civiles, abogados
del gobierno y ministros.
Información complementaria
La reclamación civil que ha dado lugar a la reciente revelación de documentos concierne a seis ex
detenidos de Guantánamo, todos ellos nacionales británicos o residentes en el Reino Unido –Bisher
al-Rawi, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed, Jamil el-Banna y Martin Mubanga–,
que reclaman daños y perjuicios al gobierno británico por la complicidad de los servicios de
inteligencia británicos en la detención, la tortura y los malos tratos a que fueron sometidos. Los seis
y otro ex detenido de Guantánamo interpusieron una demanda contra el MI5, el MI6, el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, el Ministerio del Interior y el fiscal general (este
último sólo en su calidad de representante) por las violaciones de derechos humanos que sufrieron
durante su entrega y su detención en varios lugares, entre ellos Guantánamo. Este juicio es una
causa instrumental y existen otros demandantes en potencia que, dependiendo del éxito de estas
actuaciones, podrían formular demandas similares contra las autoridades del Reino Unido. En
noviembre de 2009, un juez del Tribunal Superior determinó que, en principio, el gobierno británico
podía presentar pruebas secretas en vistas a puerta cerrada, de las que quedaban excluidos los
demandantes y sus abogados. Seis de los demandantes recurrieron esta sentencia ante el Tribunal
de Apelación, que el 4 de mayo resolvió que el gobierno de Reino Unido no puede utilizar
procedimientos sobre material confidencial en la demanda interpuesta por seis ex detenidos de
Guantánamo por la presunta complicidad del gobierno británico en actos de tortura. Mediante estos
procedimientos, los tribunales podrían examinar material secreto presentado por las autoridades
británicas en vistas a puerta cerrada. Los demandantes y los abogados de su elección no tendrían
acceso a tal información ni a las vistas a puerta cerrada. Por el contrario, se les asignaría de oficio
un abogado especial para representar sus intereses, que no estaría autorizado a discutir ningún
aspecto del material secreto con los demandantes ni a seguir las instrucciones de éstos tras ver el
material, por lo que se pondrían serias trabas a su capacidad de actuar en beneficio de los
demandantes o de obtener un proceso con las debidas garantías. En una sentencia redactada de
forma contundente, lord Neuberger, presidente de la Sección Civil del Tribunal de Apelación y del
tribunal de tres jueces que vio la causa, afirmó “con firmeza y sin ambigüedad” que debía admitirse
a trámite el recurso, aduciendo que permitir un procedimiento sobre material confidencial en
ausencia de un poder establecido por ley que lo autorizase socavaría uno de los principios más
4
R (on the application of Binyam Mohamed) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth
Affairs [2008] EWHC 2048 (admin), 21 de agosto de 2008, pár. 88(v).
5 La investigación sobre tortura en el Reino Unido debe ser independiente y exhaustiva, Índice AI
PRE01/225/2010, de 7 de julio de 2010.
fundamentales del derecho consuetudinario, a saber, el derecho a un juicio con las debidas
garantías. La reciente revelación de documentos se ha producido en las actuaciones seguidas tras
la sentencia del Tribunal de Apelación, relativas, en parte, a los intentos de llegar a un arbitraje
sobre la indemnización que se reclama en la demanda. Amnistía Internacional observó las vistas,
tanto ante el Tribunal Superior en octubre de 2009 como ante el Tribunal de Apelación en marzo de
2010. Véase Reino Unido: El Tribunal de Apelación falla que los procedimientos secretos violan el
derecho a un juicio justo en las demandas civiles, Índice AI: EUR 45/003/2010, 5 de mayo de 2010,
http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR45/003/2010.
Si desean más información detallada sobre la petición de Amnistía Internacional para que se
abra una investigación consulten Reino Unido: Es hora de investigar el papel del reino unido en
violaciones de Derechos Humanos cometidas en otros países desde el 11 de septiembre de 2001,
Índice AI: EUR 45/001/2010, marzo de 2010, http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR45/001/
2010; y Reino Unido: La investigación sobre torturas propuesta debe ser independiente, imparcial
y exhaustiva, Índice AI: EUR 45/005/2010, 24 de mayo de 2010, http://www.amnesty.org/es/library/
info/EUR45/005/2010
FIN/

Lunes, Julio 19, 2010 , 6:23 pm clasificado como: Contra la Tortura, Derechos Cíviles y Políticos, Derechos Humanos en Europa, Temor por la seguridad, derechos económicos sociales y culturales.