Liberadas en México tres personas que protestaban contra las tarifas eléctricas
ACCIÓN URGENTE
El 6 de junio fueron excarcelados, tras 11 meses en prisión, tres dirigentes de una protesta emprendida en México contra las elevadas tarifas eléctricas. Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja fueron excarcelados de la prisión estatal de San Francisco Kobén, en el estado de Campeche. Su liberación se produjo después de que un juez federal rechazara la impugnación interpuesta por la Procuraduría General de la República del fallo dictado en enero de 2010 por un juez federal de apelación, según el cual no había suficientes pruebas para procesarlos.
Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, miembros destacados del Movimiento Nacional contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, una organización que hace campaña contra las elevadas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad en el estado oriental de Campeche, fueron detenidos en julio de 2009, tras participar en una protesta pacífica.
Tras la protesta, el abogado de la compañía eléctrica presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito menor de “obstrucción a la prestación de un servicio público”; la denuncia iba contra las personas citadas en una lista de deudores de facturas impagadas de una compañía eléctrica. El 25 de junio de 2009, la PGR acusó a estas personas de un delito grave adicional: “privación ilegal de la libertad en forma de toma de rehenes”; esto significaba que no podrían salir en libertad bajo fianza. Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia, detenidos únicamente por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión.
Pese a ganar el recurso de apelación el 6 de junio, el juez de distrito responsable de permitir su procesamiento inicial, dictó inmediatamente auto de formal prisión por nuevos cargos de menor gravedad por el mismo delito de secuestro. Se trata de un delito por el que se puede conceder la libertad bajo fianza, de manera que los tres fueron puestos en libertad tras pagar 3.000 pesos cada uno y aceptar presentarse en el juzgado cada dos semanas. Sus representantes legales van a interponer un nuevo recurso de apelación contra el nuevo cargo presentado en su contra.
La Procuraduría General de la República, que ha sido responsable de acusarlos sin base legal, continúa tratando de conseguir que se los declare culpables. Amnistía Internacional cree que estos nuevos cargos siguen siendo parte de una campaña de persecución judicial infundada contra tres dirigentes de un movimiento de protesta en contra de las elevadas tarifas eléctricas. Amnistía Internacional se mantendrá al tanto de su situación por si vuelven a ser objeto de detención arbitraria y juicio injusto.
De momento no se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.
Esta es la primera actualización de AU 190/09 (AMR 41/039/2010). Más información:
http://www.amnesty.org/es/
Más información sobre AU: 190/09 Índice: AMR 41/056/2010 Fecha de emisión: 22 de julio de 2010
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