AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice: MDE 15/017/2010

26 de julio de 2010

Israel/Territorios Palestinos Ocupados: La rendición de cuentas debe ser primordial en el análisis de las investigaciones sobre el conflicto de Gaza

Cuando el secretario general de la ONU se prepara para evaluar las investigaciones llevadas a cabo por las partes, Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento urgente para que se rindan cuentas por las presuntas violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho de los derechos humanos perpetradas por las partes implicadas en el conflicto en Gaza y el sur de Israel.

Entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, alrededor de 1.400 palestinos y 13 israelíes murieron durante el conflicto de 22 días en Gaza y el sur de Israel: tres de las víctimas mortales israelíes y la mayoría de las palestinas eran civiles. En septiembre de 2009, la Misión de Investigación dirigida por el juez Richard Goldstone, bajo mandato de la ONU, publicó sus conclusiones (el Informe Goldstone), en las que se establecía que durante el conflicto tanto las fuerzas israelíes como los grupos armados palestinos habían perpetrado graves violaciones al derecho internacional, entre ellas crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad. La resolución de la Asamblea General de la ONU del 2 de noviembre de 2009 (A/RES/64/10) hizo suyo el informe de la Misión de Investigación y, en línea con sus recomendaciones, instó al gobierno israelí y a la parte palestina a llevar a cabo investigaciones “independientes [y] fidedignas”, de conformidad con las normas internacionales, sobre las graves violaciones señaladas por la Misión. La Asamblea General también pidió al secretario general de la ONU evaluara las investigaciones israelíes y palestinas y la informara en el plazo de tres meses. Tras una evaluación inicial, el 4 de febrero de 2010, la Asamblea General, en una segunda resolución aprobada el 26 de febrero de 2010, pidió que el secretario general evaluara nuevamente las investigaciones en un plazo de cinco meses.

Al llegar este periodo de cinco meses a su fin, sigue siendo motivo de preocupación para Amnistía Internacional el limitado alcance de las investigaciones de las partes, que hasta la fecha no han sido llevadas a cabo de acuerdo con los principios y normas del derecho internacional, que exigen investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales. A la organización también le preocupa que ninguna de las partes haya mostrado un compromiso real de garantizar que, si dichas investigaciones aportan pruebas suficientes y admisibles, todas las personas sospechosas serán llevadas ante los tribunales y tendrán un juicio justo, sin la posibilidad de ser condenadas a muerte, y de que las víctimas obtendrán plena reparación. Amnistía Internacional ha pedido en repetidas ocasiones el establecimiento de un comité independiente de expertos para asistir al secretario general en su evaluación de las investigaciones de las partes. El 25 de marzo de 2010, el Consejo de Derechos Humanos creó por separado un comité de expertos que se presentará ante el Consejo en su decimoquinto periodo de sesiones, en septiembre de 2010.

Si las respectivas partes no llevan a cabo investigaciones de acuerdo con el derecho y normas internacionales, Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional deberá asumir la responsabilidad de garantizar a las víctimas justicia, verdad y plena reparación. De ser así, uno de los medios para lograrlo sería que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera la situación a la Corte Penal internacional para su investigación.

Un año y medio después de que el conflicto en Gaza y el sur de Israel haya acabado, las víctimas todavía no han obtenido justicia, verdad, ni plena reparación; los autores de las violaciones de ambos bandos aún tienen que rendir cuentas.

La comunidad internacional no debe dejar de cumplir con su obligación de garantizar que estos objetivos se cumplan en el caso de que las partes del conflicto no puedan o no estén dispuestas a hacerlo.

Sigue siendo motivo de preocupación para Amnistía Internacional que la independencia e imparcialidad de las investigaciones israelís esté gravemente comprometida por el hecho de haber sido llevadas a cabo por comandantes del ejército o por la policía militar. Además, estas indagaciones son supervisadas por el procurador general militar, cuyo departamento no puede ser considerado como parte desinteresada, ya que prestó asesoramiento jurídico a las fuerzas israelíes sobre la elección de objetivos y tácticas durante el conflicto de 22 días.

Periódicamente, las autoridades israelíes han proporcionado alguna información sobre sus investigaciones, pero sólo parcialmente. Esta falta de transparencia ha obstaculizado el examen independiente de las mismas. Según las autoridades israelíes, la policía militar abrió investigaciones penales sobre 47 incidentes. No obstante, aproximadamente otros 100 incidentes relacionados con presuntas violaciones de las leyes de la guerra por parte de las fuerzas israelíes durante su ofensiva militar de 22 días en Gaza, fueron tomados en cuenta únicamente en informes operativos, calificados por los militares israelíes como “investigaciones de la cadena de mando”. Los comandantes del ejército encargados de dichos informes carecen de la experiencia necesaria para investigar presuntos delitos contra el derecho internacional y no pueden ser considerados independientes. Además, también genera problemas el hecho de los informes sean confidenciales. Si un comandante decidiera remitir un incidente para su investigación penal, el testimonio auto incriminatorio de los soldados al dar parte no se admitiría en un tribunal. Más aún, cuando los informes se cierran sin haber sido remitidos para su investigación penal —como ha ocurrido en la amplia mayoría de los casos hasta el momento—, no se les permite a los expertos independientes revisar las actas o las pruebas sobre las que se fundamenta la decisión de no abrir dicha investigación.

A día de hoy, sólo un caso tomado en cuenta por las investigaciones israelíes ha resultado en una acusación penal, juicio y condena. Se trata de un caso de saqueo en el que un soldado israelí robó una tarjeta de crédito a un palestino. Se han presentado acusaciones penales en otros dos casos, aún por resolver, uno de ellos sobre la presunta utilización de un niño de nueve años como “escudo humano” por dos soldados israelíes y el otro sobre la muerte de dos mujeres por el que un soldado israelí ha sido acusado de homicidio. Según la última información oficial sobre las investigaciones (publicada el 19 de julio por el gobierno israelí), la policía militar aún se encuentra investigando las denuncias contra las fuerzas israelís en relación con el caso de la familia Al Sammouni, con respecto no sólo a los numerosos heridos y víctimas mortales civiles, sino también al hecho de habérseles negado el acceso a la ayuda médica y humanitaria a los miembros heridos de la familia.

La última información oficial también establece que en otros tres incidentes el procurador militar general decidió adoptar medidas disciplinarias en lugar de emprender acciones legales contra miembros del ejército israelí. Se trata de un caso más en el que se utilizó a un civil palestino como “escudo humano”; el impacto de un misil en la mezquita Ibrahim al Maqadma, que produjo numerosas víctimas mortales; y el bombardeo por parte de las fuerzas israelíes, el 15 de enero de 2009, de las dependencias principales de la Agencia de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), en la ciudad de Gaza, en las que se refugiaban cientos de civiles.

Algunos de los incidentes que no van a ser investigados penalmente, según la decisión del ejército israelí, son casos en los que resulta evidente que se han cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario y que Amnistía Internacional sostiene que requieren una investigación eficaz e independiente. Entre ellos se cuentan los ataques israelíes a dependencias de la ONU, a propiedades e infraestructuras civiles, a dependencias y personal médico e incidentes en los que numerosa población civil murió y fue herida como resultado de una conducta temeraria, el desprecio por la vida de la población civil, y el hecho de que las fuerzas israelíes, de manera sistemática, no distinguieran entre objetivos militares y población civil y bienes de carácter civil.

A pesar de los motivos permanentes de preocupación expresados por Amnistía Internacional sobre el uso extendido del fósforo blanco en Gaza, la información publicada en enero de 2010 por el gobierno israelí argumenta que no existen “motivos para tomar medidas disciplinarias o de otra índole por el uso por parte de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] de armas que contenían fósforo”. Se señala esto pese al hecho de que a lo largo de los 22 días de operación militar de Israel en Gaza, las fuerzas israelíes dispararon repetidamente proyectiles de artillería que contenían fósforo blanco sobre zonas residenciales densamente pobladas, causando muertos y heridos entre la población civil. La información emitida en julio señala que tras el lanzamiento de proyectiles sobre las dependencias de la UNRWA “las FDI impusieron de inmediato nuevas restricciones al uso de municiones de humo que contuvieran fósforo blanco cerca de las zonas sensibles (incluida la exigencia de mantener un área de seguridad de varios cientos de metros). Estas restricciones estuvieron en vigor durante el resto de la operación en Gaza”. Sin embargo, Amnistía Internacional observa con preocupación que estas restricciones no evitaron que los proyectiles de fósforo causaran más muertos y heridos entre la población civil de Gaza (por ejemplo, en una escuela de la UNRWA en Bait Lahiya, que fue impactada por proyectiles de fósforo blanco el 17 de enero de 2009).

Como un avance potencialmente positivo, la información emitida en julio establece que el jefe del Estado Mayor ha “ordenado el establecimiento de una doctrina y directrices claras sobre la cuestión de municiones que contienen fósforo blanco” y que “las FDI se encuentran en proceso de establecer restricciones permanentes sobre el uso de munición que contenga fósforo blanco en áreas urbanas”. La naturaleza y alcance de estas restricciones no son explicados de forma clara. Dada la insuficiencia de las restricciones que las autoridades israelíes dicen que implementaron durante los últimos días de su operación militar en Gaza en 2008-2009, Amnistía Internacional considera que deben prohibir completamente y de forma inmediata el uso de tales armas en zonas residenciales densamente pobladas.

Otros ataques israelíes que causaron muertos y heridos entre la población civil fueron descartados por tratarse de “errores operativos” y los soldados implicados no han sido acusados de ningún delito o recibido sanciones disciplinarias.

Con respecto a la parte palestina, la información de la que dispone Amnistía Internacional indica que el gobierno de facto de Hamás no ha llevado a cabo ninguna investigación creíble sobre los presuntos crímenes de guerra y otras violaciones graves al derecho internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados palestinos. Documentos remitidos por el Ministerio de Justicia a un funcionario de la ONU en Gaza el 2 de febrero de 2010 indicaban que Hamás había: 1) establecido una comisión gubernamental formada por 12 personas (presidida por el ministro de Justicia del gobierno de facto de Hamás) para supervisar la implementación de las recomendaciones del Informe Goldstone; 2) establecido una comisión internacional independiente, formada por tres expertos en derecho internacional, para garantizar la transparencia e imparcialidad de las medidas adoptadas por el gobierno; 3) encargado al fiscal en Gaza que investigara todas las presuntas violaciones del derecho internacional de las que tuviera información. Sin embargo, estos documentos se centran en las presuntas violaciones cometidas por el ejército israelí y no abordan adecuadamente el lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de los grupos armados palestinos hacia el sur de Israel, que causaron la muerte a tres civiles e hirieron a otros durante el conflicto.

El informe Goldstone halló que “esos ataques constituyen atentados indiscriminados contra la población civil del sur de Israel y que, cuando no se apunta hacia un objetivo militar determinado y los cohetes y morteros se lanzan hacia una población civil, se produce un ataque deliberado contra una población civil. Esos actos constituirían crímenes de guerra y podrían considerarse crímenes de lesa humanidad” (A/HRC/12/48, párrafo 108).

Con respecto al lanzamiento indiscriminado de cohetes y morteros, la respuesta de Hamás señalaba: “Todos los grupos armados palestinos han hecho públicas declaraciones en las que dicen que no dirigieron los ataques contra la población civil, sino que, por el contrario, los dirigieron contra objetivos militares e intentaron evitar objetivos civiles”. Esto contradice las declaraciones hechas por diversos grupos armados, incluida el ala militar de Hamás, antes y durante el conflicto, en las que reivindicaron la responsabilidad de los ataques con cohetes, según dijeron, dirigidos hacia pueblos habitados por civiles y que causaron muertos y heridos entre la población civil, así como daños a sus casas.

Los grupos armados tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario aplicable. El lanzamiento de cohetes indiscriminados por parte de grupos armados palestinos hacia Israel entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009 causó la muerte a tres civiles israelís, además de heridos entre la población civil y daños a propiedades civiles. Ya fuera que estos ataques pretendieran alcanzar bienes de carácter militar o civil, el uso de proyectiles no guiados, que no podían ser dirigidos hacia objetivos específicos, puso a la población civil en peligro y violó el derecho internacional humanitario.

Desde febrero de 2010, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna otra información que indique que Hamás esté llevando a cabo investigaciones creíbles sobre las presuntas violaciones cometidas por actores palestinos durante el conflicto, o que Hamás esté intentando presentar acusaciones contra los responsables y llevarlos ante los tribunales.

Visto que la Autoridad Palestina no fue parte del conflicto en Gaza y el sur de Israel, Amnistía Internacional no la ha instado a realizar investigaciones. No obstante, la Autoridad Palestina estableció una comisión de investigación en enero de 2010 y remitió un informe preliminar al secretario general de la ONU el 29 de enero de 2010. El 12 de julio de 2010, el informe de la comisión fue remitido a la ONU.

Jueves, Julio 29, 2010 , 7:18 pm clasificado como: Derecho Humanitario Internacional, Derechos Humanos en Israel, Palestina y los Territorios.