AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración conjunta

Índice AI: MDE 28/007/2010

13 de agosto de 2010

Amnistía Internacional, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (EMHRN) y el Observatorio para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos –programa conjunto de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)– deploran los intentos de las autoridades argelinas de silenciar a los familiares de las víctimas de desaparición forzada disolviendo por medios violentos sus dos últimas protestas pacíficas semanales. Las organizaciones piden a las autoridades que permitan a los familiares de víctimas de desaparición forzada manifestarse pacíficamente sin miedo a represalias, y que respondan a su legítima reivindicación de verdad, justicia y reparación adecuada.

El 11 de agosto, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley impidieron que unos 40 familiares de víctimas de desaparición forzada y sus simpatizantes celebraran una protesta pacífica a las puertas de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme) en Argel, órgano oficial de derechos humanos. Los funcionarios no dieron una explicación oficial para impedir su manifestación pacífica, y se limitaron a declarar que obedecían “órdenes de arriba”.

Los familiares de víctimas de desaparición forzada llevan años reclamando que las autoridades revelen la suerte y el paradero de sus familiares, desaparecidos después de que miembros de las fuerzas de seguridad se los llevaran durante el conflicto interno de la década de 1990.
Desde 1998, prácticamente cada miércoles celebran protestas pacíficas a las puertas de la Comisión Nacional y de su órgano predecesor, el Observatorio Nacional de los Derechos Humanos (Observatoire national des droits de l’Homme).

Cuando las autoridades argelinas negaron el miércoles pasado a los familiares el permiso para celebrar la protesta, como vienen haciendo por sistema desde hace unos 12 años, varios activistas participaron en la protesta del 11 de agosto como muestra de solidaridad. Entre ellos había al menos cuatro defensores de los derechos humanos de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (Ligue Algerienne for la Defense des Droits de l’Homme), uno de ellos su presidente, Moustafa Bouchachi, y también estaba el abogado defensor de los derechos humanos Amine Sidhoum.

Amnistía Internacional, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos y el Observatorio para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos han expresado su profunda preocupación por el hecho de que los funcionarios argelinos dispersaron violentamente a los manifestantes, repartiendo golpes y puñetazos indiscriminadamente según el relato de testigos. Los informes recibidos por las organizaciones indican que los agentes argelinos no hicieron una excepción con madres de avanzada edad e incluso abuelas de víctimas de desaparición forzada. Además, los agentes golpearon a varios abogados y defensores de los derechos humanos que intentaron intervenir para evitar que los familiares de desaparecidos resultaran heridos. Como consecuencia de la violencia con que se disolvió la protesta, Fatma Lakhal, esposa de una víctima de desaparición forzada, y Hassan Farhati, miembro de la asociación Comité SOS-Desaparecidos (SOS-Disparus), organizadores de la protesta, cayeron al suelo y
perdieron el conocimiento. Miembros de la policía pidieron una ambulancia y tanto Lakhal como Farhati estuvieron varias horas hospitalizados. Una vez disuelta la concentración, los agentes argelinos obligaron a los manifestantes que quedaban a subir a un autobús que se los llevó de allí.

Amnistía Internacional, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos y el Observatorio para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos lamentan asimismo que la policía judicial argelina detuviera a cuatro manifestantes y los tuviera un breve periodo bajo custodia, aparentemente para intimidarlos y disuadirlos de celebrar esa clase de manifestaciones. Entre los detenidos había dos miembros de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos así como un hombre de 82 años que era padre de una víctima de desaparición forzada. Todos quedaron en libertad a las pocas horas sin ser formalmente acusados.

En lugar de castigar a las familias por reclamar la verdad sobre sus familiares desaparecidos, las autoridades argelinas deberían:

• garantizar que defensores de los derechos humanos, familiares de víctimas de desaparición forzada y otras personas pueden desempeñar su labor de defensa de
  los derechos humanos y expresar sus ideas y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin miedo a sufrir intimidación, hostigamiento o procesamiento, de conformidad con la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos);
• llevar a cabo de inmediato una investigación completa, independiente e imparcial sobre las denuncias de conducta violenta por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos;
• garantizar que se respetan en la práctica el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión, proclamados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –en el que Argelia es Estado Parte– y que no se imponen restricciones indebidas al ejercicio de esos derechos; y
• llevar a cabo investigaciones completas, imparciales e independientes sobre la desaparición forzada de miles de personas durante el conflicto interno de 1990, y llevar
  a los responsables ante un tribunal para que sean juzgados con todas las garantías procesales que exigen las normas internacionales.

Información complementaria

Hasta la fecha, las autoridades argelinas no han abordado los problemas heredados del conflicto interno de la década de 1990, cuando las fuerzas gubernamentales lucharon contra los grupos armados tras la anulación de las elecciones legislativas de 1992, que, según todas las previsiones, iba a ganar el Frente Islámico de Salvación. El conflicto estuvo salpicado de graves abusos contra los derechos humanos cometidos tanto por las fuerzas de seguridad como los grupos armados. Durante el conflicto, miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad argelinas. Las autoridades del país no han investigado adecuadamente estas desapariciones ni se ha detenido y procesado a sus autores.

En septiembre de 2005 se aprobó en referéndum la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional. El documento marco negaba que las fuerzas de seguridad hubieran cometido miles de desapariciones forzadas, aunque prometía a los familiares de desaparecidos una indemnización y ser reconocidas como “víctimas de la tragedia nacional”. El Decreto de Implementación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional de febrero de 2006 otorga inmunidad frente al procesamiento a las fuerzas de seguridad y a las milicias armadas por el Estado, y amenaza con hasta cinco años de cárcel a víctimas de desaparición forzada, familiares de víctimas, defensores de los derechos humanos, periodistas o cualquier otro argelino que documente, proteste o critique la conducta de las fuerzas de seguridad en los años del conflicto interno.

Al negar la inscripción en el registro oficial a cualquier asociación que represente a familiares de víctimas de desaparición forzada, las autoridades argelinas impiden a estas asociaciones llevar a cabo su labor de defensa de los derechos humanos y las dejan expuestas a sufrir intimidación, acoso y actuaciones judiciales.

Si desean más información, contacten con:

Amnistía Internacional: Hassiba Hadj Sahraoui: +442074135643

EMHRN: Shaimaa Aboul Khir +45 32 64 17 16

OMCT : Delphine Reculeau: + 41 22 809 49 39

FIDH: Karine Appy: + 33 1 43 55 25 18

Martes, Agosto 17, 2010 , 2:40 am clasificado como: Defensores y defensoras de los Derechos Humanos, Derechos Cíviles y Políticos, Derechos Humanos en África, Impunidad, Libertad de Expresión, Temor por la seguridad.