AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

20 de agosto de 2010

Índice AI: AMR 19/010/2010.

El 25 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil se reunirá para decidir si el homicidio del defensor de los derechos humanos Manoel Mattos y las actividades de los grupos de exterminio en el nordeste del Brasil se investigan y juzgan a nivel federal.

El caso de Mattos, actualmente en los tribunales locales, se está juzgando en un marco de violencia e intimidación, como demuestra el reciente intento de asesinato del testigo Maximiano Rodrigues Alves, que recibió cuatro disparos, y el largo historial previo de amenazas contra fiscales y jefes de policía que investigan la actividad de los grupos de exterminio en la región.

En una zona en la que desde hace tiempo se viene denunciando la implicación de la policía y los políticos locales en los grupos de exterminio, Amnistía Internacional considera que cualquier juicio relacionado con este tema se verá comprometido y que la única forma de
abordar adecuadamente el caso de Manoel Mattos y de incontables víctimas más es trasladarlo a la jurisdicción federal.

Cinco años después de la investigación parlamentaria federal sobre los grupos de exterminio, que puso al descubierto la vasta red de grupos de este tipo existente en el nordeste de Brasil, las autoridades locales no han erradicado el problema. Como consecuencia de esta inacción, ONG y organizaciones locales de derechos humanos, como Justiça Global y Dignitatis, han lanzado una campaña para que el caso de Manoel Mattos se traslade a la jurisdicción federal, al igual que cientos de miles de homicidios más relacionados con las actividades de estos grupos.

Desde la introducción de una enmienda constitucional en 2004 que permitía la federalización de los casos de graves abusos contra los derechos humanos para garantizar el cumplimiento por parte de Brasil de sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, ningún caso ha sido aún procesado por las autoridades federales. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de elevar este caso a las instancias federales sería un hito en la lucha por los derechos humanos en Brasil.

Según cifras presentadas al relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, hasta el 70 por ciento de los homicidios en Pernambuco son perpetrados por grupos de exterminio, en muchos casos con conexiones directas con la policía local.

En 2005, Manoel Mattos testificó y aportó pruebas para una investigación parlamentaria federal sobre la actividad de los grupos de exterminio en el nordeste de Brasil. Mattos describió la forma de operar de estos grupos en la frontera entre los estados de Pernambuco y Paraíba, que sigue siendo un centro neurálgico de homicidios de niños de la calle, trabajadores rurales y presuntos pequeños delincuentes. En un documento elaborado en colaboración con la fiscalía, Mattos denunció más de 100 homicidios perpetrados por miembros de los grupos de exterminio locales.

Tras recibir varias amenazas de muerte, el 24 de enero de 2009 dos hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de Manoel Mattos y le dispararon en el pecho a bocajarro.

Miércoles, Septiembre 1, 2010 , 4:40 pm clasificado como: Defensores y defensoras de los Derechos Humanos, Derechos Humanos en Brasil, Impunidad, Temor por la seguridad.