Las autoridades mexicanas deben conducir una investigación exhaustiva e imparcial con relación a los lamentables acontecimientos que tuvieron lugar el 19 y 21 de febrero durante los cuales 44 y 3 personas perdieron la vida en el Penal de Apodaca y Topo Chico respectivamente, ambos ubicados en el estado de Nuevo León.

Amnistía Internacional (AI) deplora y lamenta el fallecimiento de estas 47 personas bajo custodia de las autoridades y considera esencial que la investigación esclarezca la verdad sobre lo ocurrido y asegure el derecho de los familiares a información y justicia. Es de igual importancia que se aclaren los hechos que antecedieron a esta pérdida de vidas, la fuga de más 30 presos, y que quienes resulten responsables, incluidas autoridades penitenciarias, rindan cuenta ante la justicia.

Este incidente se suma al ocurrido el 4 de enero en Altamira, Tamaulipas, cuando al menos 31 presos perdieron la vida durante un altercado entre grupos rivales.

Las autoridades tienen el deber y la obligación de garantizar que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios mantengan un adecuado nivel de seguridad y respeto a la integridad de los reclusos de conformidad con los estándares internaciones en materia de condiciones de reclusión, como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas.