El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas Tzotziles, principalmente mujeres y niños que integraban la organización de la sociedad civil “Las Abejas” fueron asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas. La Sociedad Civil “Las Abejas” se formó en 1992 como un grupo indígena pacifista, que defiende los derechos de las comunidades indígenas, la resolución pacífica de los conflictos locales y la liberación de personas injustamente encarceladas.

Las mismas autoridades que habían armado y entrenado a miembros de grupos armados ilegales responsables de esta masacre, fallaron además en su obligación de evitarla. Tras quince años continúan fallado en su obligación fundamental  de investigar de forma independiente estos hechos y llevar ante la justicia a todas las personas responsables de los mismos.

En el décimo quinto aniversario de la masacre, Amnistía Internacional (AI) recuerda a las autoridades mexicanas su deuda de justicia con las víctimas y sus familiares, quienes deben continuar viviendo con el dolor y las consecuencias de estas atrocidades.

El recuerdo de esta masacre permanece como uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México. Los fallos de las autoridades para esclarecer los hechos, llevar a todas las personas responsables, por acción u omisión, ante la justicia y proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas no hacen sino acrecentar esta oscuridad.

Desde 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió liberar a las personas acusadas de haber participado en la masacre debido a irregularidades en el proceso judicial, que habían sido previamente señaladas por diversas organizaciones sin que la Procuraduría General de la República actuase para corregirlas. Esta decisión muestra una vez más las serias deficiencias del sistema de justicia mexicano para investigar, perseguir y castigar a las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos garantizando un juicio justo.

La impunidad se ha perpetuado pese a las reiteradas exigencias de AI y otras organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, para que las autoridades cumplan con su obligación de investigar exhaustivamente y con respeto a todas las garantías, para así establecer la verdad y hacer rendir cuentas a quienes resulten responsables, incluyendo la posible participación de altos funcionarios e integrantes del ejército.

AI hace un enérgico llamado  a las autoridades estatales y federales para exigirles que cumplan con su obligación de asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la masacre de Acteal. Sin justicia en este y en otros casos, las autoridades condenan a las comunidades al miedo y el peligro de más violencia.