En respuesta al compromiso expresado por el ministro de Asuntos Exteriores británico de realizar un “cambio integral de rumbo”, adoptar medidas concretas y reconocer la ocupación ilegal y la limpieza étnica llevadas a cabo por Israel, Amnistía Internacional Reino Unido ha declarado:

“El anuncio de hoy es enormemente positivo. En medio de la limpieza étnica, el genocidio y el apartheid contra la población palestina, las medidas anunciadas hoy suponen un paso real para que Israel rinda cuentas de sus reiteradas y flagrantes violaciones del derecho internacional”.

“El compromiso de vetar el comercio de productos de los asentamientos y algunos servicios, prohibir la financiación de los asentamientos, rechazar el suministro de armas que contribuyan a la ocupación, y apoyar la causa por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, representa un importante cambio de rumbo”.

“Durante años, Amnistía Internacional ha trabajado con miembros, organizaciones aliadas y parlamentarios de todo el espectro político para presionar a favor de un cambio significativo, y hoy se demuestra que el trabajo de campaña en favor de los derechos humanos funciona”.

“Pero éste no es el final del camino. Queda por comprobar si estos compromisos se implementan y se hacen cumplir adecuadamente, y si van seguidos de una actuación más amplia necesaria para que Israel rinda cuentas de sus crímenes y Reino Unido cumpla sus obligaciones de derecho internacional”.

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Meta no hizo frente al discurso nocivo existente en Facebook contra la comunidad LGBTI en Hungría, sino que aplicó de forma ineficaz sus propias políticas de moderación de contenidos, según demuestra un informe de Amnistía Internacional.

El informe, titulado “‘It erodes my soul’: Meta’s contribution to anti-LGBTI discourse in Hungary” (‘Me corroe el alma’: La contribución de Meta al discurso anti-LGBTI en Hungría), muestra cómo las decisiones que ha tomado Meta respecto a sus políticas, incluidas la de debilitar las protecciones para los grupos en situación de alto riesgo en enero de 2025 y la de reducir significativamente la moderación de contenidos proactiva, han afectado de forma negativa a la comunidad LGBTI en Hungría.

“Meta contribuyó a los efectos negativos sobre los derechos humanos que experimentaron las personas LGBTI en Hungría con sus decisiones en materia de políticas, y no tomó medidas adecuadas para evitar los daños resultantes. Aunque los riesgos para las personas LGBTI en Hungría eran previsibles y estaban bien documentados, Meta no actuó de forma adecuada frente a ellos”, ha manifestado Daniela Schnidrig, asesora en funciones sobre política y trabajo de incidencia del Equipo de Rendición de Cuentas de las Grandes Empresas Tecnológicas de Amnistía Internacional.

Uno de los fallos de Meta fue no evaluar adecuadamente los riesgos que suponían sus cambios en sus políticas globales para la población LGBTI de Hungría. Y ello a pesar de conocer el clima político hostil y las restricciones legales existentes para las reuniones relacionadas con cuestiones LGBTI, como el Orgullo, así como el persistente discurso anti-LGBTI, tanto del gobierno como de los actores afines a él.

Facebook tiene una excepcional influencia en el panorama informativo de Hungría y llega a más de la mitad de la población.

Las personas LGBTI que fueron entrevistadas para esta investigación afirmaron que la exposición constante a contenido anti-LGBTI en Facebook les provocaba ansiedad, frustración y sentimientos de indefensión, incluso cuando denunciaban el contenido nocivo.

“Facebook es una cosa más que me produce ansiedad […] para ellos [Meta] los usuarios no son personas, sólo son números”, dijo a Amnistía Internacional una de ellas.

Algunas de las personas entrevistadas se habían retirado temporalmente de la plataforma y de la participación en debates públicos para proteger su salud mental. Otras se autocensuraban por temor a una reacción adversa si expresaban abiertamente en ella su orientación sexual, su identidad de género o su apoyo a los derechos de las personas LGBTI.

Estas experiencias llevan a cuestionarse que Facebook haya protegido los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación, al socavar la capacidad de las personas LGBTI de participar en la esfera pública y la vida cívica en pie de igualdad con otras personas.

“En los últimos diez años, la comunidad LGBTI en Hungría ha sufrido duras campañas de estigmatización y leyes represivas del gobierno de Orbán. Además, sus miembros tampoco han podido expresarse libremente en las plataformas de Meta, lo cual ha contribuido en gran medida a incrementar su desesperación”, ha señalado Eszter Mihály, responsable del área LGBTI de Amnistía Internacional Hungría.

El papel fundamental de Facebook en los debates

En su investigación, Amnistía Internacional también llevó a cabo un ejercicio de escucha activa en las redes sociales del discurso público sobre cuestiones LGBTI en varias plataformas.

Encontramos que los debates sobre personas LGBTI se caracterizaban por el alarmismo, la información errónea y un discurso despectivo, y que Facebook era foro fundamental para estos debates.

Representantes de la Háttér Society, organización húngara que apoya y defiende los derechos de las personas LGBTI, indicaron a Amnistía ejemplos de contenidos nocivos que habían detectado en Facebook entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Entre ellos había comentarios que propugnaban la violencia física contra las personas LGBTI, con frases como “Matarlas rápidamente de una paliza”, “Yo lo grabaría”, “Tirarlos por un puente” y “Muerte a la escoria de género fluido”.

En otros comentarios se utilizaba un lenguaje deshumanizador, refiriéndose a las personas LGBTI como “ratas”, “mutantes”, “gusanos” o “escoria”, y en algunos se defendía explícitamente la erradicación de las personas transgénero.

Otros ejemplos difundían discursos que presentaban a las personas LGBTI como una amenaza para la infancia, la moralidad pública o el orden social.

Algunos de estos contenidos nocivos permanecieron accesibles durante algún tiempo tras ser denunciados, incluso en algunos casos se comprobó que seguían publicados en marzo de 2026. El hecho de que estos contenidos hayan seguido estando disponibles indica que persisten las deficiencias en la coherencia y la eficacia de la aplicación de los sistemas de moderación de contenidos de Meta.

Las personas entrevistadas encontraron en repetidas ocasiones contenidos anti-LGBTI a pesar de que intentaron evitarlo activamente bloqueando cuentas, denunciando contenidos nocivos y comunicando a Facebook que no les interesaban.

Ádám Kanicsár, periodista y activista LGBTI, dijo a Amnistía Internacional: “Ahora mi feed es realmente muy poco saludable. No se trata de uno o dos vídeos sueltos: es uno tras otro. Ahora sólo puedo ver ese tipo de cosas. Rara vez aparece algún contenido de amigos”.

Otras personas entrevistadas señalaron también que se les mostraban contenidos que no les interesaban.

“Todos estos resultados plantean la preocupación de que el diseño de Facebook también pueda haber incrementado la exposición de las personas usuarias a contenidos nocivos anti-LGBTI, y sugieren que los sistemas basados en la interacción de los usuarios pueden estar contribuyendo a una exposición reiterada a contenidos nocivos y polarizadores”, ha declarado Alia Al Ghussain, responsable del Equipo de Rendición de Cuentas de las Grandes Empresas Tecnológicas de Amnistía Internacional.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) exige que Meta identifique y evite los riesgos sistémicos relacionados con el diseño de sus plataformas para garantizar que sus productos no perpetran abusos contra los derechos humanos ni contribuyen a ellos. La empresa debe reevaluar el impacto de los cambios que introdujo en sus políticas en enero de 2025 en diferentes contextos, y reforzar la moderación de contenidos y su aplicación. Esto incluiría aplicar un mecanismo de denuncias eficaz, mejorar la transparencia de la aplicación de los sistemas de moderación y la eficacia de sus políticas, y proporcionar mecanismos de reparación eficaces a quienes hayan sufrido daños. La Comisión Europea debe aplicar con firmeza la DSA e investigar si Meta cumple con sus obligaciones.

Amnesty International se dirigió por escrito a Meta el 28 de julio para hacerle llegar sus conclusiones. El 11 de agosto, Meta contestó que, dado el alcance y el nivel de detalle de los resultados presentados, la empresa no podía responder en el plazo indicado.

Información general

La investigación se llevó a cabo en un entorno cada vez más desfavorable para los derechos de las personas LGBTI en Hungría. Siendo primer ministro Viktor Orbán se introdujeron leyes y políticas discriminatorias, y los actores afines a él presentaron a las personas LGBTI como una amenaza para la infancia, las familias y los valores de Hungría.

Estas tendencias se exacerbaron en 2025 y 2026 con nuevas leyes que restringían las concentraciones relacionadas con cuestiones LGBTI, incluidos los actos del Orgullo.

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“La decisión del Tribunal de Casación de Túnez de confirmar estas injustas condenas supone un duro revés para la justicia y evidencia los profundos fallos del sistema de justicia tunecino. Al validar estas draconianas condenas, que en algunos casos llegan a los 45 años, dictadas tras un vergonzoso juicio basado en cargos sin fundamento, las autoridades han intensificado su implacable campaña para eliminar la disidencia política y silenciar las voces independientes.

“Desde sus inicios, en este juicio hubo graves violaciones de las garantías procesales, como obligar a las personas acusadas a asistir a las vistas de forma remota, privándolas de su derecho a estar presentes en su propio juicio. El Tribunal de Casación tuvo una última oportunidad judicial de corregir esta injusticia, y en vez de hacerlo, el fallo que ha emitido hoy pone de manifiesto la estremecedora determinación de las autoridades de silenciar cualquier vestigio de oposición.

“Entre las muchas personas injustamente encarceladas figuran el abogado de derechos humanos Ayachi Hammami, la figura de la oposición Ahmed Nejib Chebbi y la activista política Chaima Issa. Las autoridades de Túnez deben anular inmediatamente estas injustas sentencias condenatorias, retirar todos los cargos y dejar en libertad incondicional a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos. Las autoridades deben dejar de utilizar de manera indebida el sistema de justicia penal como herramienta de represión política”.

Información complementaria

En la “causa de la conspiración” están implicadas destacadas figuras de la oposición, profesionales de la abogacía y defensoras y defensores de los derechos humanos por cargos de motivación política, fundamentalmente de “conspiración contra la seguridad del Estado”. El juicio ha sido muy criticado por observadores/as internacionales debido las graves violaciones de las debidas garantías, la injerencia del ejecutivo y la negación de derechos básicos de defensa que se han producido en él.

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“Los ataques mortales de la coalición de Estados Unidos-Israel contra zonas densamente pobladas de Teherán en marzo de 2026 que causaron la muerte y heridas a decenas de civiles deben investigarse urgentemente con independencia e imparcialidad para determinar si constituyen crímenes de guerra”, ha declarado Amnistía Internacional en una nueva publicación dada a conocer hoy. La organización pide que se rindan cuentas y una reparación por posibles ataques indiscriminados que violan el derecho internacional humanitario mientras continúan intensificándose las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

La reciente escalada entre Estados Unidos e Irán —con informes de víctimas civiles en un ataque mortal estadounidense contra una celebración de boda en la provincia de Hormozgán el 1 de septiembre de 2026, y ataques de represalias de Irán contra Jordania, Kuwait, Irak y Bahréin— demuestra que los riesgos para la población civil en toda la región siguen siendo elevados.

La investigación de la organización sobre los ataques aéreos efectuados contra los barrios de Teherán de Niloufar, Resalat y Javadieh entre el 1 y el 13 de marzo de 2026 halló pruebas de que se usaron armas explosivas con efectos en amplias superficies en zonas densamente pobladas que causaron la muerte y heridas a civiles, y enormes daños a viviendas, negocios y otros edificios civiles.

En Resalat, los ataques aéreos destruyeron o dañaron unas instalaciones pertenecientes a uno de los batallones Basij de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como a tres edificios próximos —al menos uno de los cuales era un edificio de viviendas—, y causaron la muerte de 16 civiles. En Niloufar y Javadieh, al menos 25 civiles murieron durante ataques aéreos que destruyeron o causaron daños a comisarías de policía, así como daños generalizados a viviendas y otras estructuras civiles próximas.

Normalmente, en el derecho internacional humanitario se considera que la policía es parte de la población civil a menos que esté incorporada en las fuerzas armadas o participe directamente en hostilidades. En Irán, la fuerza policial es parte de la estructura general de las fuerzas armadas y, por tanto, las comisarías de policía podrían considerarse objetivos militares. Aunque Estados Unidos e Israel anunciaron ataques contra objetivos “del régimen” en Teherán en marzo de 2026, ninguno de los dos confirmó haber efectuado estos tres ataques concretos.

“Las pruebas disponibles en Teherán indican que hubo una serie de ataques con armas explosivas con efectos en amplias superficies contra instalaciones relacionadas con la seguridad dentro de zonas urbanas densamente pobladas que tuvieron consecuencias devastadoras, y aun así totalmente predecibles, para la población civil. El número de víctimas civiles, la magnitud de la destrucción, el momento en que se cometieron los ataques, el impacto en estructuras civiles cercanas y la ausencia de avisos efectivos por adelantado apuntan a alarmantes incumplimientos por parte de la coalición de Estados Unidos e Israel de su obligación de tomar todas las precauciones factibles para minimizar los daños a la población civil y proteger los bienes de carácter civil”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán que ha investigado Amnistía Internacional podrían constituir ataques indiscriminados y ser crímenes de guerra: deben ser objeto de investigaciones independientes, imparciales, efectivas y transparentes”.

“En medio de la reanudación de los ataques de Estados Unidos en Irán y las nuevas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de atacar infraestructura civil, es imperativo que Estados Unidos e Israel pongan fin a todos los ataques ilegales y cumplan estrictamente las normas del derecho internacional humanitario, lo que incluye adoptar todas las precauciones posibles para evitar y, en cualquier caso, minimizar, pérdidas accidentales de vidas civiles, lesiones a civiles y daños a bienes de carácter civil durante la planificación y ejecución de operaciones militares. Las mismas obligaciones previstas en el derecho internacional se aplican a Irán cuando lleva a cabo ataques de represalia, incluso contra Estados del Golfo Pérsico”.

Amnistía Internacional reitera su llamamiento en favor de un alto el fuego duradero; investigaciones sobre los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán en violación de la Carta de la ONU y sobre todas las violaciones del derecho internacional humanitario, y rendición de cuentas acerca de dichos ataques y violaciones.

La organización pide asimismo a Estados Unidos, Israel e Irán que inviten a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta a investigar las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario por todas las partes —incluidos ataques contra infraestructuras energéticas— e insta al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea General de esta organización a que estudien todas las vías posibles para lograr y garantizar la paz, la seguridad y justicia por todos los ataques ilegales en Irán.

Amnistía Internacional ha analizado imágenes de satélite y verificado 60 vídeos publicados en Internet en relación con los tres incidentes. También revisó declaraciones públicas oficiales de las autoridades de Irán, Israel y Estados Unidos, y entrevistó a dos personas dentro de Irán. (se usan seudónimos para proteger su seguridad). Amnistía Internacional escribió a las autoridades israelíes y estadounidenses el 17 de julio de 2026, y a las autoridades iraníes el 31 de julio de 2026. En el momento de la publicación, no había recibido ninguna respuesta.

Ataques aéreos en Niloufar

Al menos 20 civiles murieron en el ataque contra la plaza de Niloufar, en el centro de Teherán, el 1 de marzo de 2026, según la información recabada por Amnistía Internacional de testigos presenciales, informaciones de medios de comunicación y declaraciones de autoridades iraníes. El ataque se produjo en torno a las 9 de la noche, cuando restaurantes y cafés estaban abiertos y la presencia de civiles era fácilmente previsible.

Según los testimonios recogidos, el ataque afectó directamente y destruyó la Comisaría de Policía 104 (Kalantari 104) de Abbas Abad, situada en la calle Eshghiyar, en la plaza de Niloufar.

Los vídeos verificados muestran que la explosión destruyó la comisaría y causó daños considerables a los edificios de apartamentos circundantes, así como a comercios y otras estructuras civiles situadas en un radio de unos 100 metros. Un periodista que visitó el lugar dijo que la devastación se extendió mucho más allá de la comisaría, dejando inhabitables múltiples edificios de apartamentos y matando a civiles, entre ellos un padre y un hijo que trabajaban en una panadería próxima.

Ataques aéreos en Resalat

Al menos 16 personas civiles murieron y decenas resultaron heridas durante un ataque en el barrio de Resalat, una zona densamente poblada del este de Teherán, perpetrado hacia las 2:30 de la tarde, hora local, del 9 de marzo de 2026, según información obtenida por Amnistía Internacional de fuentes de acceso público, relatos de testigos presenciales, informaciones de medios de comunicación estatales y declaraciones de autoridades iraníes y de la Media Luna Roja iraní.

Según la investigación de Amnistía Internacional, el ataque afectó directamente a unas instalaciones pertenecientes a un batallón Basij de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Amnistía Internacional no puede verificar de forma independiente el número exacto de ataques y la naturaleza de todos los edificios afectados en Resalat, pero las imágenes de satélite que ha analizado la organización muestran cuatro edificios distintos en los que se aprecian daños graves y destrucción, entre ellos un edificio de viviendas conocido como “Número 12” (Pelak-e 12). Un testigo presencial dijo a Amnistía Internacional que en el edificio de viviendas Número 12 murieron al menos 13 civiles: el conserje del edificio y 12 miembros de una familia.

Las pruebas recabadas por Amnistía Internacional, entre ellas imágenes de satélite y vídeos, así como relatos de testigos, indican que probablemente el Número 12 fue atacado por separado de las instalaciones del Basij.

Ataques aéreos en Javadieh

Al menos cinco civiles, miembros de la misma familia, murieron y decenas sufrieron heridas durante un ataque en el barrio densamente poblado de Javadieh, en el sur de Teherán, hacia el mediodía del 13 de marzo de 2026, según la información recabada por Amnistía Internacional de medios de comunicación estatales y declaraciones de autoridades iraníes.

Las imágenes de satélite tomadas entre el 11 y el 14 de marzo de 2026, y las pruebas audiovisuales muestran que el ataque destruyó partes de la Comisaría de Policía 117 (Kalantari 117), en la calle Ghorbani, y otros edificios próximos.

Vídeos verificados muestran que el impacto de la explosión se extendió a más de 50 metros y causó graves daños a los edificios residenciales y comerciales próximos. Un vídeo verificado muestra a equipos de emergencia y de rescate llevando a cabo operaciones de rescate. Especialistas en armas de Amnistía Internacional analizaron una fotografía publicada por medios de comunicación estatales que mostraba a unas personas alrededor de dos piezas cilíndricas de metal oscuro que yacen en el suelo e identificaron los objetos como compatibles con un componente de municiones de ataque directo conjunto (JDAM); concretamente, la sección que aloja la unidad de navegación por GPS. Los kits de JDAM son fabricados en Estados Unidos y se sabe que los usan tanto las fuerzas estadounidenses como las israelíes.

Información general

El 28 de febrero, Estados Unidos de América e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán y, desde entonces, se han producido decenas de miles de ataques en todo el país. Según cifras oficiales, entre el 28 de febrero de 2026 y el 24 de julio de 2026, los ataques causaron la muerte de al menos a 1.469 personas civiles en Irán, entre las que había centenares de niños y niñas.

Las autoridades iraníes han lanzado ataques de represalia en toda la región. Hasta el momento, los ataques de Irán han causado la muerte de al menos 21 civiles en Israel y de cuatro más en la Cisjordania ocupada, y de al menos 29 civiles en el conjunto de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Amnistía Internacional concluyó que algunos de los ataques efectuados por las autoridades de la República Islámica fueron ilegítimos, incluido el que causó la muerte de nueve civiles en Beit Shemesh, en Israel, y un ataque contra un campamento de trabajadores migrantes en Arabia Saudí que mató a cuatro civiles. En respuesta a los ataques de Hezbolá, Israel también ha intensificado sus ataques contra Líbano, que desde el 2 de marzo de 2026 han causado la muerte de al menos 4.333 personas.

Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto con press@amnesty.org

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Amnistía Internacional presenta Historias que resisten, su primer Museo Virtual: una experiencia inmersiva que permite recorrer más de seis décadas de movilización y defensa de los derechos humanos desde cualquier parte del mundo.

A través de cinco salas temáticas, quienes visiten el museo podrán descubrir campañas que marcaron la historia del movimiento, investigaciones, objetos originales, archivos, materiales audiovisuales y relatos de personas que, frente a la injusticia, decidieron actuar.

“La historia de Amnistía Internacional está hecha de personas que se negaron a permanecer indiferentes. Este museo nos permite reconocer su valentía, preservar la memoria de nuestras luchas y recordar que cada acción, por pequeña que parezca, puede contribuir a transformar una vida”, señaló Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional.

Este es un proyecto colectivo liderado por los equipos de Fundraising de diversas secciones nacionales en la región y en colaboración con el Secretariado Internacional. Su objetivo es acercar la historia del movimiento a nuevas audiencias e inspirar a más personas y generaciones a sumarse a la defensa de los derechos humanos.

Más que un archivo digital, Historias que Resisten es un espacio de memoria, educación y participación que muestra el impacto alcanzado cuando miles de personas se organizan y actúan frente a la injusticia.

El Museo Virtual estará disponible en español, inglés y portugués.

Cada campaña, cada investigación y cada persona que decidió actuar forman parte de esta historia. Ahora, esa historia tiene un nuevo espacio para seguir inspirando.

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En su presentación ante la CIJ, Sudáfrica argumenta que Israel ha incumplido las medidas ordenadas por la Corte, lo que coincide con las conclusiones de Amnistía Internacional de que las autoridades israelíes no han aplicado las medidas ya que han continuado su genocidio contra la población palestina de Gaza, incluso después del alto el fuego declarado en octubre de 2025.

“Desde que la CIJ dictó las primeras medidas provisionales en enero de 2024, las autoridades israelíes han seguido infligiendo daños irreparables a los derechos de la población palestina de Gaza protegidos por la Convención sobre el Genocidio, despreciando por completo las órdenes de la Corte así como sus obligaciones jurídicas en virtud del derecho internacional. En lugar de acatar las medidas preceptivas de la Corte, Israel continúa su genocidio contra la población palestina de Gaza”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La presentación de Sudáfrica es un caso excepcional en un entorno repleto de Estados que no han adoptado medidas para impedir el genocidio de Israel en Gaza y que, en algunos casos, lo han facilitado. Numerosos Estados han contribuido a sostener la impunidad de Israel, unos al no adoptar ninguna medida eficaz para obligar a cumplir las medidas provisionales vinculantes de la Corte, y otros, además, procurando activamente la cobertura diplomática, los recursos económicos y el apoyo material que han hecho posible el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza. Mientras, la comunidad internacional sigue manteniendo una actitud apática ante la ocupación ilegal y el sistema de apartheid de Israel, incluida su campaña de limpieza étnica contra personas palestinas en el Área C de la Cisjordania ocupada.”

Las autoridades israelíes continúan imponiendo a la población palestina de Gaza unas condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física, total o parcial, incluidas graves restricciones a la entrada y distribución de suministros esenciales, entre ellos equipo y artículos médicos suficientes, alimentos nutritivos variados, combustible suficiente y los materiales de reparación y reconstrucción necesarios, y al mismo tiempo restringen la labor esencial de las organizaciones humanitarias. Esto vulnera la orden de la Corte de enero de 2024 de adoptar “medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia”, reiterada en marzo y mayo de 2024.

“Matando a reporteras y reporteros palestinos que documentan las violaciones de derechos cometidas por Israel en Gaza, impidiendo que medios de comunicación internacionales, personal investigador sobre derechos humanos y organismos con mandato de la ONU accedan a la Franja de Gaza y negando a la Cruz Roja el acceso a las personas palestinas detenidas —a pesar de la sentencia del propio Tribunal Supremo israelí—, Israel sigue ocultando el horror absoluto de su conducta ilegal en Gaza y vulnera la orden de la CIJ de preservar las pruebas relacionadas con denuncias de actos de genocidio”, ha afirmado Heba Morayef.

Al no investigar —y mucho menos enjuiciar— a ninguna de las figuras políticas relevantes que han hecho afirmaciones genocidas e impulsar la propagación en curso de una retórica deshumanizadora por parte de altos cargos políticos israelíes, Israel continúa incumpliendo la orden de prevenir y castigar la incitación pública al genocidio.”

A pesar de algunas mejoras en la situación humanitaria y de cierta reducción de la magnitud e intensidad de los ataques desde la supuesta tregua, persisten los ataques aéreos letales, la destrucción en gran escala de objetos civiles, los desplazamientos forzados masivos y los homicidios. Al menos 1.303 personas palestinas, entre ellas más de 300 menores de edad, han muerto por ataques israelíes desde que se declaró el alto el fuego en octubre de 2025.

Decenas de miles de personas palestinas viven en Gaza con lesiones físicas que les han cambiado la vida y daños psicológicos que requieren rehabilitación y tratamiento a largo plazo, algo de lo que Gaza ha sido privada. Con casi la totalidad de la población de Gaza desplazada —y un gran número en múltiples ocasiones—, el Estado de Israel está agravando la crisis de refugio que él mismo ha creado bloqueando el proceso de reconstrucción y desplegando sus tropas y milicias locales en casi el 65% de la Franja de Gaza, impidiendo así que las personas palestinas desplazadas retornen a sus casas y tierras al este de la llamada “línea amarilla”, la línea de demarcación en constante cambio y expansión que divide Gaza.

“Esta amarga realidad subraya la necesidad urgente de proteger a la población palestina de la Franja de Gaza y de garantizar que Israel cumple de inmediato sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio” ha dicho Heba Morayef.

“Todos los Estados deben presionar a Israel para que ponga fin a las violaciones del derecho internacional y cumpla las medidas provisionales dictadas por la CIJ, poner fin a las transferencias de armas y la ayuda militar y suspender las relaciones comerciales o económicas que contribuyan a la ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de julio de 2024 de la CIJ. En particular, Amnistía pide a Sudáfrica que suspenda todo acuerdo comercial con Israel que pueda contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos, incluidos los envíos marítimos de carbón térmico.”

Información complementaria

En el caso de genocidio en curso entre Sudáfrica e Israel, la CIJ dictó una orden el 26 de enero de 2024 en la que concluía que el derecho de la población palestina de Gaza a estar protegida de actos de genocidio y otros relacionados y también prohibidos en virtud de la Convención sobre el Genocidio era plausible, y que era necesario dictar medidas provisionales vinculantes para proteger este derecho de daños irreparables.

El tribunal dictó medidas provisionales en enero, marzo y mayo de 2024, y todas ellas ordenaban a Israel prevenir los actos de genocidio, prevenir y castigar la incitación pública y directa al genocidio, garantizar la provisión de servicios básicos y suministros humanitarios sin trabas, y prevenir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con denuncias de actos genocidas.

En su orden de 24 de mayo de 2024, la Corte ordenaba a Israel “detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafá que pueda someter a la población palestina de Gaza a unas condiciones de existencia que podrían conducir a su destrucción física”. No sólo no ha cumplido esas órdenes sino que ha terminado destruyendo gran parte de Rafá e imponiendo condiciones de asedio en varias fases en Gaza mientras continuaba sus bombardeos implacables sobre la Franja. Desde el alto el fuego declarado en 2025, Israel se ha negado a adoptar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos acumulados y demoledores de sus acciones en Gaza, y el genocidio continúa.

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81º período de sesiones de la AGONU Tercera Comisión, (A/80/737)

Firmas de adhesión a la carta para los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU

México, a 30 de agosto de 2026

Asunto: Propuesta de procedimiento para abordar la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada dirigida a la Asamblea General, de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED/C/MEX/A.34/D/1), relativa a la situación de desapariciones en México. 

I. Presentación

El 12 de mayo de 2026, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, envió una nota (A/80/737) a todos los países miembros de la Asamblea General (AGONU), informando la decisión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) sobre la activación del Artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas Las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED/C/MEX/A.34/D/1), en la que “concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios “ataques” generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil…”.

II. Objetivo de la nota

Con la presente nota, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como personas expertas y académicas, pretendemos proporcionar información a su Misión Permanente sobre la gravedad de la crisis de desapariciones en México, que sirva de insumo para el diálogo bilateral con el gobierno mexicano y, en particular, en la Tercera Comisión de la AGONU, en el marco del procedimiento iniciado por el CED en virtud de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

III. Antecedentes del asunto

1. En México hay más de 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense. Hay una deuda del Estado en materia de verdad, justicia y reparación con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana.

2. A la fecha, las políticas de prevención de las desapariciones han sido insuficientes e ineficaces, por lo que estas van en aumento en 28 de las 32 entidades federativas. 

3. Las desapariciones son cometidas por: i) particulares o grupos criminales, ii) autoridades estatales, iii) grupos criminales con apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado.

4. Hay un 99% de impunidad en los casos de desaparición y no existen mecanismos efectivos para investigarlos. Las fiscalías carecen de autonomía efectiva y  no se investiga la posible participación o colusión de servidores públicos con los perpetradores de las desapariciones.

5. Tanto los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA coinciden en su diagnóstico sobre la magnitud y la gravedad de la situación, y en la insuficiencia de las acciones adoptadas por el gobierno para frenar la crisis de violencia y desapariciones en el país.

6. Por lo anterior, el 19 de marzo de 2026, el CED resolvió invocar el artículo 34 de la Convención que rige su mandato al considerar que existen indicios suficientes de que en México las desapariciones se cometen de manera generalizada y/o sistemática y que, tal y como lo establece la Convención en su artículo 5, pudieran constituir crímenes de lesa humanidad (CED/C/MEX/A.34/D/1)

7. Por lo tanto, elevó el caso al Secretario General de las Naciones Unidas y pidió que éste fuera considerado en la próxima sesión de la Asamblea General, con el objeto de que ésta resuelva:

a. “Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y

b. Establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.

8. El gobierno de México, desafortunadamente, ha interpretado la resolución del CED como un ataque, y la Cancillería y la Secretaría de Gobernación han manifestado reiteradamente que el gobierno no está de acuerdo con el procedimiento activado por el CED, pues considera que no se sustenta la presunción de que existe una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada en el territorio nacional.

9. El 12 de mayo de 2026, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, envió el caso mexicano a todos los Estados miembros de la AGONU mediante la nota A/80/737. Actualmente el caso está enlistado en el punto 71 (Promoción y Protección de los Derechos Humanos) normalmente tratado en la Tercera Comisión, y se prevé que pueda ser analizado en octubre-noviembre de 2026. 

10. La constatación del CED de la existencia de indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad activa el Deber de Proteger (D2P) de las Naciones Unidas, de acuerdo con la Resolución Final de la Cumbre Mundial de 2005 (A/RES/60/1). El Deber de Proteger debe empezar, en este caso, por los Estados parte de la Convención, velando por que el Artículo 34, nunca antes invocado, cuente con un procedimiento eficaz para proteger a todas las personas de la desaparición forzada, en este y en futuros casos.  

IV. Propuestas

1. Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos consideramos que este procedimiento es una oportunidad única para que México reciba el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional que tanto necesita frente a una problemática cuya magnitud rebasa las capacidades del Estado. Ese proceso en ningún momento debería verse como un juicio o un ataque a gobierno alguno, sino como una forma de promover, más allá de disputas jurídicas, un diálogo profundo sobre las maneras más efectivas y cooperativas de abordar la proliferación de las desapariciones, en México y en el resto del mundo. 

2. Consideramos que, frente a la grave crisis de desapariciones en México y la ineficacia de los mecanismos establecidos hasta ahora para resolverla y ponerle fin, se hace indispensable contar con mecanismos extraordinarios que permitan avanzar de manera eficaz y concreta en la prevención, búsqueda, identificación forense de las numerosas víctimas de este crimen, así como su acceso a la verdad y la justicia.  

3. Esta es la primera ocasión en que el CED activa el artículo 34 y no existe un procedimiento claro para darle seguimiento en la Asamblea General.  Por ello, sería conveniente primero considerar la pertinencia de establecer dicho procedimiento, para lo cual sugerimos algunas opciones a desarrollar en la Tercera Comisión, a saber:

– Que uno o varios Estados adopten y promuevan el asunto ante la Tercera Comisión, en principio mediante mociones para acordar un procedimiento para la aplicación del Artículo 34 de la Convención.

– Dicho procedimiento podría definirse por una comisión o una persona experta independiente designada, que elabore una propuesta en seguimiento a la solicitud del Comité contra las Desapariciones Forzadas, en consulta con los Estados miembros de la Convención, incluido México; con expertos en la materia, incluyendo al CED; y con los colectivos de víctimas y organizaciones civiles de México. 

– Que la Tercera Comisión adopte la propuesta de la comisión independiente, asignando los recursos suficientes para ser implementada de manera urgente.

4. Es fundamental que los Estados amigos de México promuevan un diálogo bilateral con el gobierno mexicano, así como en la propia Tercera Comisión. Habría que abordar el asunto desde una perspectiva positiva y como una oportunidad para México. El objetivo es que México adopte una postura colaborativa, se abra al diálogo y se sume a la construcción de un acuerdo.

5. Idealmente, uno o varios Estados, podrían adoptar y promover el asunto ante la Tercera Comisión, en principio mediante mociones para acordar un procedimiento para el Artículo 34 de la Convención, para después redactar un proyecto de resolución que contenga las propuestas de la Comisión independiente con mecanismos concretos que cuenten con la participación, supervisión y evaluación de la Tercera Comisión, y de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil que permitan a las víctimas acceder a procesos que conduzcan a la verdad y la justicia.

6. Consideramos que se trata de un proceso de mediano plazo, en el que las organizaciones de derechos humanos estamos dispuestas a aportar insumos técnicos para la construcción de un proyecto de resolución que sea útil para frenar las desapariciones en México, acercar la verdad y la justicia a las miles de víctimas y que contribuya a generar condiciones de paz y desarrollo económico y social basadas en un estado de derecho eficaz y promotor de los derechos humanos.

7. Las organizaciones y colectivos de familiares estamos preparando acciones de incidencia en el marco del siguiente período de sesiones de la Asamblea General, como:

• Reuniones con misiones diplomáticas en Nueva York;
• Reuniones con personas expertas independientes de Naciones Unidas;
• Organización de espacios de diálogo con familiares de personas desaparecidas en eventos paralelos.

Adhesiones a esta propuesta

Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas

1. Ágape por la Libertad y el Respeto a la Vida
2. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Choluteca, Honduras (AFAMIDEH)
3. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)
4. Asociación Hondureña de Familiares de Migrantes Desaparecidos “Amor y Fe” (AHFAMIDEAF)
5. Colectivo Casa de la Esperanza (Cuauhtémoc, Chihuahua)
6. Colectivo Caso Pirasol
7. Colectivo Colibrí
8. Colectivo de Búsqueda de B.C.
9. Colectivo en Busca de Nuestros Desparecidos en Navolato, Sinaloa
10. Colectivo En Búsqueda de Verdad y Justicia, Tepic, Nayarit
11. Colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977 en Culiacán, Sinaloa
12. Colectivo Familiares Desaparecidos de Chihuahua
13. Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, Gto
14. Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Acapulco, Chilpancingo
15. Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.
16. Colectivo Renacer, Nuevo León
17. Colectivo Renacer Por Amor a Ellos, Nayarit
18. Colectivo Siguiendo Tus Pasos, Ensenada, Baja California
19. Colectivo Uniendo Corazones, Culiacán, Sinaloa
20. Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla
21. Colectivo 10 de Octubre (Parral, Chihuahua)
22. Colectivo Zapotengo Pochutla, Oaxaca
23. Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)
24. Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras
25. Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Pespire (COFAMIDEPES)
26. Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador COFAMIDE
27. Desaparecidos Justicia AC, Querétaro
28. Esposas Buscadoras México
29. Familia en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo, Gro
30. Familiares de Derechos Humanos
31. Familias Unidas Buscando a Nuestros Desaparecidos, Junax  K´ontatik
32. Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M)
33. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, FUNDEJ
34. Hasta Encontrarles, CDMX
35. Madres Buscadoras de Jalisco
36. Madres Buscadoras de San Quintín, B.C.
37. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
38. Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa
39. Resistencia de Ecos Que Siempre Resuenan
40. Red de Madres Buscando a sus Hijos
41. Sabuesos Guerreros AC
42. Somos Tu Voz, Córdoba, Veracruz
43. Tu Ausencia Nos Unió Zacatecas AC
44. Una Luz de Esperanza AC

Familiares de personas desaparecidas

1. Adriana Moreno Becerril
2. Adriana Romero
3. Adriana Romero Sandoval
4. Aida Guzmán
5. Alda Nelly Cruz Balderas
6. Alejandra Cabello
7. Alejandro Ponce Rangel
8. Alfredo Castillo Gomora
9. Ana Lucía Gasca Boyer mamá de RICARDO ARTURO LAGUNES GASCA
10. Ana Luisa Rivera
11. Ángel de Jesús Torres Lazarin
12. Angélica García Sierra
13. Angélica María Hernández Barrios
14. Angelina Jiménez Gámez
15. Araceli Arias Duran
16. Araceli Reyes Hernández
17. Araceli Rodríguez
18. Arantza Molina Márquez
19. Arlette Rangel Ortiz
20. Artemisa Ramírez Ortiz
21. Brenda Ivonne Rangel Ortiz
22. Carmen Hernández Reyes
23. Carolina Jiménez Guerrero
24. Cesar Rangel Ortiz
25. Cindy Román Ramírez
26. Cira Patricia Macías Diaz
27. Daniel Salgado Saucedo
28. Diana Iris García
29. Dionisio Noe Lazarin Sierra,
30. Dulce Monse
31. Elizabeth Uruchurtu
32. Eloisa Duran
33. Elva Rivas
34. Elvia Margarita Reyes Rodríguez
35. Emilio Ponce Rangel
36. Enrique Rangel Ortiz
37. Erick Gutiérrez Ramírez
38. Erick Pineda
39. Esperanza Pérez
40. Esperanza Sabina Quiñones Quiñones
41. Eva Luz Llanes Guerrero
42. Familiares de Ricardo Lagunes Gasca
43. Gema Antúnez Flores
44. Genaro Ríos Monay
45. Guadalupe Acosta Luna
46. Guadalupe Aragón Sosa
47. Inés Corona
48. Irma Irene Espinoza Meza
49. Isela Ramírez Jiménez
50. Ivonne Elizabeth Donaire Hernández
51. Jasson Omar Cruz Donaire
52. Jesús Roberto Franco Rangel
53. José Manuel Ramírez Sainz
54. Judith Montes Gaspar
55. Julián Gómez
56. Juliana Verdezco Chaidez
57. Karina Sugei Ochoa Zamora
58. Leonardo Ponce Rangel
59. Leticia Mora Nieto
60. Letra Pinzón Medina
61. Lizeth Verduzco Chaidez
62. Lluvia Beltrán
63. Luz Dary Calderón Zuluaga
64. Malenny Lazarin Arellano,
65. María Candelaria Medina Angulo
66. María del Carmen Bustamante Salas
67. María del Carmen Rangel Ortiz
68. María de Los Ángeles Rodríguez García
69. María del Pilar García Hernández
70. María del Socorro Martínez Martínez
71. María Guadalupe Aguilar Jauregui
72. María Guadalupe Pérez Ayala
73. María Isabel Cruz Bernal
74. María Julia Ramírez Sainz
75. María Luisa Chaidez
76. María Martínez
77. María Teresa Fuentes Hernández
78. Maribel del Carmen Pantoja
79. Marlen Ramírez Jiménez
80. Martha Beatriz Vega Ruiz
81. Marta Pablo Cruz
82. Martha Rosario Linarte Sánchez
83. Martin Villalobos Valencia
84. Mayra Ivonne Torres Lazarin
85. Mirna Medina
86. Mirtha Dolores Mendoza Cordero
87. Nancy Paulina Pérez Guerrero
88. Natalia Antúnez
89. Nora Alicia Gutiérrez Martínez
90. Nicolás Dávila Pérez
91. Olivia Márquez González
92. Padres y familia de Olin Hernando
93. Patricia Elizabeth Rosado García
94. Perla Patricia Rivera Lazarin
95. Rebeca Gómez
96. Refugio Cangas
97. Renata Simental
98. Ricardo García Huidobro
99. Ricardo Torres Lazarin
100. Romeo Mendoza
101. Rosa Aidee Retamoza Miranda
102. Rosa Lizbeth Salazar
103. Rosa Imelda Díaz Neris
104. Sara Díaz Herrera
105. Sara H. de Ramírez Duarte, integrante del Comité Eureka
106. Socorro Gil Guzmán
107. Teresita Santillanes
108. Tommy Aguilar
109. Verónica Solís Montiel
110. Víctor Manuel García Herrera
111. Viviana Lazarin Sierra
112. Yubel Gastelum Gastelum

Organizaciones de Derechos Humanos

1. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente
2. Amnesty International
3. AMUMRA – Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina
4. Apuesta Solidaria A.C.
5. Armadillos Ni Un Migrante Menos
6. Artemali Ocoxal
7. Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
8. Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
9. Bloque Latinoamericano sobre Migración
10. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.
11. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
12. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP
13. Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
14. Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
15. Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)
16. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
17. Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
18. Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño AC
19. Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes COLEFOM
20. Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán
21. Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
22. Consultora Solidaria S.C.
23. Corporación Sisma Mujer (Colombia)
24. Defensores por la justicia
25. Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)
26. Despacho Jurídico Lic., Lorena González
27. Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko / Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
28. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
29. Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
30. Frontera con Justicia AC (Casa del Migrante, Saltillo)
31. Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos
32. Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
33. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
34. Global Exchange
35. Global Rights Advocacy
36. H.I.J.O.S. México
37. Initiative Mexiko
38. Instituto de Defensa Legal – IDL (Perú)
39. Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C. IIPSOCULTA
40. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
41. Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI)
42. Justicia Transicional en México, A.C. (JTMX)
43. Mira Feminismos y Democracias
44. Movimiento de Cristianas Comprometidas con las Luchas Populares
45. Mujeres en Defensa de La Mujer A.C
46. Mujeres indígenas por CIARENA AC
47. NEXO D.H.
48. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
49. Pacta Servanda e. V. Múnich, Alemania
50. Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México
51. Red de Investigadoras Por la Vida y la Libertad de las Mujeres
52. Red Europea de Comités Oscar Romero
53. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
54. Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
55. Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center
56. Sinergia por La Paz
57. Sin Fronteras IAP
58. Task Force on the Americas-National Lawyers Guild
59. Tejiendo Redes Infancia
60. Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento;
61. Unidos por La Paz, La Defensa de las Personas y los Derechos Humanos A.C.
62. Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC
63. Witness at the Border

Personas solidarias, activistas y académicos

1. Anna Karolina Chimiak
2. A Palma
3. Alfredo Limas Hernández, profesor universitario, Cd Juárez
4. Alma Janet Rojas Reyes
5. Ana Gabriela Aspuru Eguiluz
6. Ana Luisa Romo Díaz
7. Angélica de la Peña Gómez
8. Arturo Carrasco Gómez
9. Camilo Pérez-Bustillo
10. Clara Jusidman
11. Cruz Silva Del Carpio
12. Daniel Rodríguez Velázquez UNAM
13. Daniela Oliver Ruvalcaba, docente CCH-UNAM
14. Edgar Cortez
15. Eloísa González Hidalgo
16. Ernesto López Portillo
17. Hansel Gael López Angulo
18. Inti Naxhielii Barrios Hernández
19. Ita Hernández Loza
20. Jacobo Dayán
21. Jacqueline L’Hoist
22. Janekeith Orliden Durán Barberena (Costa Rica)
23. Javier Sicilia
24. Jesica Araceli Maldonado Uitz
25. José Luis Manzo Ramírez
26. Julián Vázquez Guzmán
27. Laura Carlsen
28. Lesly Noemi González Ochoa
29. Leticia Pinzón Medina
30. Liliana Vázquez Roa
31. Lucía Leonor González Enríquez
32. Manuel Ángel Castillo
33. María de Jesús López José
34. María Guadalupe Valdez Meza
35. María Luisa Núñez Barojas. Defensora de Derechos Humanos
36. María Salvadora Coronado Navarro
37. Mariann Santos Van Hoozer
38. Martha Beatriz Vega Ruiz
39. Mat Gossner
40. Michael W Chamberlin
41. Miriam Castañeda Hernández
42. Nora Martínez Lázaro/Defensora de DH
43. Olivia Rosales Nápoles
44. Oscar Miguel Calderón Calderón
45. Pablo Ramírez Obando
46. Pedro Castañeda Jiménez
47. Rafael Castelán Martínez
48. Raymundo Molina Martínez
49. Revdo. Dr. Samuel Murillo Torres, Programas de Pacificación Concilio Mundial Metodista
50. Teodomira Rosales Sierra
51. Teresa Ávila

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Colectivas de buscadoras y activistas pintaron, el 22 de agosto de 2026, una sección del muro fronterizo de las Playas de Tijuana, como parte de las actividades de la campaña #BuscarSinMiedo que impulsa Amnistía Internacional, sección mexicana. El mural contó con la colaboración del artista plástico Enrique Chiu. (Foto: Amnistía Internacional)

• Amnistía Internacional acompaña la exigencia de las familias buscadoras para que el Estado mexicano informe sobre el paradero de más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas

• La organización urge al Estado mexicano a reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y a garantizar su seguridad

• Organismos internacionales han reconocido que México atraviesa también una crisis en la búsqueda de personas desaparecidas y una crisis de identificación forense

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se efectuará en México, este 30 de agosto, en uno de los momentos de mayor visibilidad nacional e internacional de la crisis de desapariciones, de búsqueda y de identificación forense.

En los últimos 20 años familiares de personas desaparecidas han exigido al Estado mexicano que cumpla con sus deberes de buscar a las más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas e identifique a los más de 72 mil cuerpos que permanecen en diferentes morgues del país.

A pesar de que México cuenta con una legislación robusta en materia de desapariciones, que mandata la creación de una serie de instituciones que tienen la responsabilidad de prevenir y evitar las desapariciones, y de buscar a las personas desaparecidas, esas dependencias no están logrando resultados.

Por ello, desde hace varios años, las familias de las personas desaparecidas han recurrido a organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, con miras a que la comunidad internacional brinde cooperación y asistencia técnica al Estado mexicano.

“A mediados de septiembre, la comunidad internacional podría abordar en la Asamblea General de las Naciones Unidas la grave crisis de desapariciones que enfrenta México. Se trata de una oportunidad histórica para el Estado mexicano, que podría acceder a mecanismos de cooperación técnica y financiera. Pero, sobre todo, es una oportunidad para que la comunidad internacional demuestre su compromiso con las víctimas y contribuya de manera decidida a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para éstas y sus familias”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección Mexicana.

Contexto de la intervención del CED de la ONU

En marzo de 2025, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó, por primera vez, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como parte de un proceso que inició en 2014.

El 4 de abril de 2026, el Comité hizo pública su decisión de solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que ésta considerara medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. El 12 de mayo de 2026, el Secretario General trasmitió a la Asamblea General la carta de la Presidencia del CED.

Cabe recordar que la decisión del Comité concluyó que la información recibida, tanto de familias de víctimas como de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, parece contener indicios fundados de que en México se han cometido, y se siguen cometiendo, desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.

El impacto que han causado las desapariciones de personas en México es muy profundo. Éstas provocan un gran dolor a las familias afectadas y el daño trasciende a la comunidad, así como al resto de la sociedad. En las desapariciones de personas en México han estado involucrados agentes del Estado –como quedó constatado en el Rancho Izaguirre (marzo de 2025) y en el caso emblemático de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (septiembre de 2014), entre otros–, así como organizaciones criminales e incluso particulares.

“En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, desde Amnistía Internacional acompañamos las exigencias de las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas en México para que el Estado cumpla con su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas e investigue de manera expedita y efectiva cada caso y se les haga justicia”, precisó Edith Olivares Ferreto.

“El Estado debe reconocer el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos, ya que las instituciones que tienen esa responsabilidad, no los están buscando. En nuestro país, la enorme mayoría de quienes buscan a personas desaparecidas son mujeres quienes, al hacerlo, están en grave riesgo. Por ello, insistimos en que el Estado mexicano debe reconocerlas como defensoras de derechos humanos y que sean beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ante la inacción del Estado en las labores de búsqueda, ellas han sido capaces de localizar, con magros recursos, cientos de cuerpos en fosas localizadas a lo largo del país”, advirtió Edith Olivares Ferreto.

Mujeres buscadoras bajo presión constante

En el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional documentó el contexto en que las mujeres realizan el trabajo de búsqueda, caracterizado por las amenazas constantes que les hacen organizaciones criminales, la revictimización y estigmatización proveniente de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como las enfermedades que las aquejan y la precaria situación económica que enfrentan muchas de ellas.

De manera paralela al informe, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional, inició la campaña #BuscarSinMiedo en la que, hasta la fecha, se han llevado a la práctica diversas activaciones para exigir a las autoridades que garanticen su seguridad e integridad física, psicológica y emocional; acceso a medidas de protección; que se investiguen y sancionen todas las formas de violencia que se ejerce en su contra; así como la adopción de políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad, que aseguren condiciones dignas para la búsqueda, además de que se les brinden apoyos efectivos de atención médica, psicológica y legal.

La campaña incluye una Petición a la que las personas se pueden sumar aquí.

Información de contexto

Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 29 de agosto 2026, contabilizan 132,844 personas desaparecidas y no localizadas en el país.

En cuanto a la violencia contra las mujeres buscadoras, la organización Artículo 19 revela que desde 2010 a la fecha, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas.

En abril de 2026, se reportó la desaparición de la buscadora Cecilia Acosta Ramblas, quien días después fue localizada sin vida. En junio de 2026, fue asesinada Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, se unió al trabajo de búsqueda tras la desaparición de su hermana en 2021, en Guanajuato.

Información adicional

Informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México

Mujeres Buscadoras en las Américas

Buscar sin miedo: estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas.

Petición de Amnistía Internacional por las Mujeres Buscadoras

Para obtener más información o concertar una entrevista, póngase en contacto con:

Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional, sección mexicana

prensa@amnistia.org.mx

+52 55 2265 4331 (sólo whatsapp)

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En ella denuncia la mala fe de las autoridades turcas y resuelve que Kavala ha permanecido casi nueve años encarcelado ilegalmente tras un juicio basado en motivos políticos. En consecuencia, el tribunal determina que su sentencia condenatoria debe declararse nula y ordena la liberación inmediata de Kavala. Por desgracia, es posible que esto no suceda.

Turquía ya ha hecho caso omiso de dos sentencias vinculantes anteriores del Tribunal sobre este caso. Y, a pesar de la presión de gobiernos, instituciones internacionales y activistas —Amnistía Internacional adoptó como presos de conciencia a Kavala y las seis personas acusadas junto a él en 2022—, las autoridades turcas han seguido obstruyendo la acción de la justicia de manera flagrante, con escasas consecuencias.

El caso viene a ilustrar cómo el poder judicial se ha instrumentalizado para reprimir la disidencia, real y supuesta. Kavala fue detenido en 2017 como parte de las actuaciones en el llamado “juicio del parque Gezi”. Junto a las personas coacusadas en su causa, fue absuelto por primera vez en febrero de 2020. Poco después, las autoridades judiciales que habían dictado su absolución fueron objeto de medidas disciplinarias. En lugar de ser liberado, Osman Kavala se enfrentó a nuevos cargos basados en las mismas “pruebas”. A pesar de que las autoridades fiscales no sustanciaron los cargos infundados contra él, en abril de 2022 fue condenado a cadena perpetua con agravantes y sin posibilidad de libertad condicional. En ese momento llevaba cuatro años y medio en prisión.

Otras personas procesadas por motivos políticos se consumen igualmente en prisión. Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, exdirigentes del Partido Democrático del Pueblo, están privados de su libertad de manera ilícita a pesar de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenan su libertad inmediata. Taner Kılıç, presidente honorario de Amnistía Turquía, fue juzgado junto a İdil Eser, exdirectora de la Sección Turca de la organización, y otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos —los llamados “Diez de Estambul”— por cargos infundados de “pertenencia a una organización terrorista”. Todos fueron absueltos, pero el efecto disuasorio del trato que recibieron todavía se siente en la actualidad.

Ese trato forma parte de la represión general en curso por parte de las autoridades, con actuaciones concertadas para aplastar la oposición política, silenciar la disidencia y limitar gravemente el espacio de la sociedad civil para actuar.

El mes pasado, cuando se cumplió el 10 aniversario del intento de golpe de Estado en Turquía, fue difícil no reflexionar en cómo el retroceso de los derechos durante un decenio ha afectado gravemente a la sociedad turca, debilitando instituciones clave, silenciando voces críticas y sembrando el miedo.

Aunque el estado de excepción declarado por Turquía tras el intento golpista duró dos años, su levantamiento sólo ha dado paso a una nueva fase de medidas represivas de las autoridades en la que múltiples disposiciones de la ley de excepción se han incorporado a la legislación ordinaria. Un sinfín de disposiciones jurídicas represivas son utilizadas contra la sociedad civil mientras se pone en peligro la independencia del poder judicial, se instrumentalizan los tribunales nacionales, se incumplen decisiones internacionales vinculantes, se renuncia a tratados y se pisotean normas.

Tal como demuestran los arrestos masivos de cientos de personas los días previos a la cumbre de la OTAN el mes pasado y la primera vista —de cuatro meses de duración— del juicio contra el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu y otras 413 personas, el ataque a los derechos es implacable. İmamoğlu se enfrenta a una demencial condena de 2.352 años de prisión si es declarado culpable.

Hay un ataque incesante contra los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión a través de restricciones arbitrarias y prohibiciones generales, mientras que los servicios encargados de hacer cumplir la ley someten a quienes se manifiestan a fuerza ilícita, malos tratos e incluso, según informes, tortura. Durante los dos años transcurridos desde el golpe de Estado, Turquía se ha ganado el infame título de mayor carcelero de periodistas del mundo.

En marzo de 2025 se dictó fallo absolutorio para 45 miembros de Madres/Personas del Sábado —familiares de víctimas de desaparición forzada en las décadas de 1980 y 1990— en una causa penal abierta en su contra por celebrar su vigilia pacífica número 700 en 2018. Persisten las restricciones impuestas a las vigilias semanales del grupo en Estambul a pesar de las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional que ordenan su levantamiento.

La cumbre de la OTAN en Ankara los días 7 y 8 de julio fue acompañada de una prohibición general de 1as protestas durante 13 días. Se puso en detención preventiva a más de 200 personas —profesionales de la abogacía, personal académico y activistas— con antelación a la cumbre. En marzo de 2025, cientos de jóvenes fueron objeto de arresto y penalización por impugnar el arresto y la detención previa al juicio de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y candidato presidencial de la oposición.

Más de 10 años después del golpe fallido y más de 13 tras las protestas del parque Gezi, queda perfectamente claro hasta qué punto Turquía ha avanzado por la senda del autoritarismo. Es posible rectificar este rumbo. Pero las autoridades turcas han dejado claro que no tienen intención de hacerlo. Como consecuencia, el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos para la protección de estos derechos se enfrenta a una prueba definitiva. A pesar de las dos sentencias anteriores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa no ha adoptado ninguna medida significativa para garantizar que Turquía cumple las sentencias del Tribunal poniendo en libertad a Osman Kavala. Si Turquía no acata la tercera sentencia del Tribunal, la finalidad misma del Consejo de Europa de hacer respetar los derechos humanos se vería peligrosamente comprometida.

El Comité de Ministros (órgano decisorio del Consejo de Europa), que vela por la ejecución y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha adoptado varias decisiones en las que pide la libertad inmediata de Kavala. Ante este incumplimiento grave y continuo, el Consejo de Europa, incluidos su Asamblea Parlamentaria y su secretario general, debe adoptar todas las medidas necesarias y usar todas las herramientas adecuadas de que disponga para lograr el cumplimiento de estas sentencias a fin de garantizar que Osman Kavala y las demás personas privadas de libertad por motivos políticos son finalmente excarcelados. El Consejo de Europa y sus Estados miembros deben reconocer y abordar las consecuencias de la decisión de Turquía de no acatar estas sentencias, que amenaza con socavar gravemente el sistema del Convenio.

El caso de Osman Kavala constituye una prueba de fuego para el sistema europeo de protección de los derechos humanos. La ciudadanía y sus gobiernos e instituciones deben oponer resistencia y ayudar a revertir la situación de progresivo deterioro de los derechos humanos en Turquía.

Este artículo de Stefan Simanowitz (Amnistía Internacional) se publicó originalmente en EU Observer.

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El 15 de marzo de 2026, el emir de Kuwait emitió el Decreto Ley núm. 47 de 2026, de lucha contra los crímenes terroristas, que adopta una definición excesivamente general y poco precisa de los actos “terroristas”. La ley antiterrorista forma parte de un paquete general de medidas legales y judiciales introducido en marzo de 2026, poco después de que comenzara la guerra de Irán, en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. Estas medidas incluyen el establecimiento de una fiscalía especializada y de tribunales designados especialmente para casos de terrorismo, así como una ampliación significativa del ámbito de aplicación de la pena de muerte para “actos terroristas”.

“La seguridad nacional no debe usarse como justificación para pisotear los derechos y ampliar los poderes del Estado, y la respuesta a cualquier amenaza legítima debe ser compatible con el derecho internacional. Las autoridades de Kuwait han introducido una legislación antiterrorista que amplía el ámbito de aplicación de la pena de muerte y permite imponer restricciones punitivas y arbitrarias a la libertad de circulación y de asociación a personas que no han sido declaradas culpables de ningún delito. La nueva ley otorga, además, una peligrosa discrecionalidad a las autoridades para detener, enjuiciar y condenar a personas por conductas protegidas en el derecho internacional de los derechos humanos, como la libre expresión y reunión”, dijo Mahmoud Shalabi, investigador regional de Amnistía Internacional.

“Aunque la introducción de estas medidas llegó durante una crisis, en un contexto de ataques de represalia iraníes contra Kuwait, en virtud del derecho internacional, los Estados sólo pueden suspender ciertas obligaciones en circunstancias sumamente limitadas, después de una notificación formal; además, ciertos derechos, como el derecho a la vida y el principio de legalidad, no pueden suspenderse en ninguna circunstancia. Las autoridades de Kuwait deben reformar con urgencia la nueva ley para garantizar que las medidas antiterroristas cumplen sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y establecer inmediatamente una moratoria en el uso de la pena capital”, prosiguió Mahmoud Shalaby.

Amnistía Internacional examinó el Decreto Ley núm. 47 de 2026 de lucha contra los crímenes terroristas; la Ley núm. 106 de 2013 contra el blanqueo de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo; el Decreto Ley núm. 51 de 2026 de designación de tribunales penales para conocer de los asuntos relativos a delitos contra la seguridad exterior e interior del Estado y delitos de terrorismo; y el Código Penal kuwaití. La organización también ha hablado con dos personas en relación con detenciones practicadas en aplicación de la nueva ley antiterrorista; ambas pidieron permanecer en el anonimato debido a su temor justificado de sufrir represalias en medio de la represión general de la libertad de expresión desde los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero de 2026 y los ataques de represalia de Irán contra Estados del Golfo Pérsico.

Pena de muerte preceptiva para actos “terroristas”

En virtud de la nueva ley, cualquier persona que haya cometido un delito tipificado en la legislación kuwaití que sea punible con cadena perpetua será condenada ahora a la pena de muerte preceptiva si el delito está tipificado como “acto terrorista”. Esto incluye, por ejemplo, “actos terroristas” como difundir “información falsa” en tiempo de guerra cuando socaven la seguridad nacional o el orden público y se cometan como “resultado del espionaje con Estados hostiles”, así como ataques contra embarcaciones en el mar con la intención de capturarlas o de capturar su carga o de causar daño a las personas que se encuentren a bordo.

La ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte, su imposición preceptiva y su uso para delitos que no cumplen el criterio de “los más graves delitos” que conllevan el homicidio intencional vulnera las obligaciones de Kuwait como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias. Kuwait sigue imponiendo la pena de muerte para una serie de delitos, algunos de los cuales no cumplen el criterio del derecho internacional de “los más graves delitos” En 2025, Kuwait promulgó una nueva ley que ampliaba las circunstancias en las que los delitos de drogas son punibles con la pena capital.

Definición excesivamente general y poco precisa de acto “terrorista”

Antes de la promulgación de la ley de 2026, la Ley núm. 106 de 2013 contra el blanqueo de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo definía “acto terrorista” como los actos o intentos de acto que tuvieran como fin causar la muerte o lesiones corporales graves, así como los delitos incluidos en nueve instrumentos legales internacionales.

La ley antiterrorista de 2026 proporciona una definición significativamente más general y menos precisa, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica. La ley define como “acto terrorista” cualquier acto o amenaza que “cause daño a recursos nacionales, propiedades privadas o públicas, instalaciones públicas, el transporte terrestre, marítimo o aéreo, o a la ciberseguridad […] con el fin de sembrar el terror entre las personas, poner en peligro la seguridad de la sociedad u obligar a una autoridad pública o a una organización regional o internacional a realizar un acto o abstenerse de realizarlo”.

Esta definición corre el riesgo de permitir la criminalización de actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como podrían ser la participación en protestas pacíficas y huelgas que perturben el transporte o en otras formas de disensión pacífica, algunas de las cuales podrían resultar en “daños a recursos públicos” o daños menores a propiedades.

Este criterio tan laxo, que no exige que haya actos de violencia graves contra personas, junto con la inclusión de actos destinados a “obligar a una autoridad pública […] a realizar un acto o abstenerse de realizarlo” podría criminalizar las campañas reivindicativas y las protestas pacíficas encaminadas a influir en la política o las decisiones del gobierno.

El relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha declarado que las definiciones de terrorismo no deben ir más allá de los actos que causen la muerte, lesiones graves o amenazas para la vida. El experto de la ONU también ha advertido de que, cuando las definiciones de terrorismo prevean exclusiones, deben excluir expresamente los actos reivindicativos, de protesta o de disidencia o movilizaciones laborales que no causen ninguna muerte ni lesiones graves.

Castigo sin condena penal

En virtud de la nueva ley, cabe considerar que una persona presenta un “peligro de terrorismo” si su conducta “representa una amenaza grave de cometer un acto terrorista […] difundiendo, apoyando o enalteciendo ideas que inciten a la comisión de actos terroristas”. La ley no define términos como “apoyar” y “enaltecer”, que son intrínsecamente poco precisos, lo que crea un riesgo significativo de que se usen para criminalizar la disidencia pacífica.

También cabe considerar que alguien representa un “peligro de terrorismo” si se relaciona habitualmente con personas u organizaciones implicadas en incitar, facilitar o cometer actos terroristas. La ley no especifica qué autoridad tiene el poder de determinar que existe “peligro de terrorismo”, lo que suscita preocupación sobre el debido proceso y crea un riesgo de arbitrariedad.

En virtud de la ley, la fiscalía podría ordenar a las personas a quienes se considere que representan un “peligro de terrorismo” que participen en un programa de rehabilitación en un centro gestionado por el gobierno lo que, según la ley, incluye “actividades de rehabilitación que abarcan aspectos cognitivos, psicológicos, sociales, conductuales, de salud, profesionales y religiosos”.

Si la persona no acata la orden sin una “excusa aceptable”, la fiscalía debe pedir una orden judicial que la obligue a participar. El tribunal puede entonces ordenar que la persona entre en el programa de rehabilitación, así como imponer restricciones adicionales, como supervisión policial, prohibición de entrada en lugares específicos y prohibición de contactar con determinadas personas o entidades.

Aunque la ley establece que una persona que no cumpla la orden de la fiscalía debe ser oída por un tribunal antes de ser obligada a incorporarse a un programa de rehabilitación, y que estas decisiones son susceptibles de apelación, la imposición de este tipo de medidas restrictivas en ausencia de una condena penal viola el derecho a la presunción de inocencia y socava las garantías procesales. Además, las propias medidas interfieren con los derechos a la libertad de circulación y de asociación, a la intimidad y a la vida familiar, y podrían afectar negativamente a otros, como el derecho al trabajo.

No hay información disponible públicamente sobre el número de personas que se han visto afectadas por estas medidas.

Establecimiento de una nueva fiscalía antiterrorista y de tribunales especiales

Dos semanas después de la adopción de la nueva ley, las autoridades kuwaitíes crearon una nueva fiscalía y designaron tribunales con jurisdicción exclusiva sobre casos de terrorismo. En las actuaciones que se siguen ante estos órganos, las autoridades ya han violado las garantías procesales.

El 30 de marzo de 2026, la fiscalía kuwaití estableció la Fiscalía para Crímenes contra la Seguridad del Estado, Terrorismo y Financiación Terrorista, con jurisdicción exclusiva sobre delitos de terrorismo y otros crímenes contra la seguridad del Estado. Los fiscales interrogaron más de una vez sin la presencia de su abogado al menos a una persona acusada de delitos previstos en la ley antiterrorista de 2026. Los fiscales también negaron al abogado acceso al expediente del caso hasta que fue remitido a juicio.

El mismo día, el Consejo de Ministros de Kuwait emitió un decreto ley que designaba tribunales de primera instancia específicos para oír casos sobre delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, y delitos de terrorismo. Desde que se establecieron estos tribunales, las autoridades han negado reiteradamente a las personas procesadas las visitas familiares. Estos tribunales también han llevado a cabo vistas a puerta cerrada, a las que no se ha permitido la asistencia de la familia.

El decreto ley también designaba tribunales de apelación específicos para revisar las sentencias dictadas por estos tribunales de primera instancia, y las resoluciones de estos tribunales de apelación son definitivas, lo que elimina de hecho un nivel de revisión judicial. Según la legislación kuwaití, los litigios penales y civiles tienen tres niveles, a saber: los tribunales de primera instancia, los tribunales de apelación y el Tribunal de Casación.

El decreto ley exigía que tanto los tribunales de apelación como los de primera instancia determinasen casos “por vía urgente”.

Información complementaria

Los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026 dieron lugar a ataques de represalia de las autoridades iraníes y grupos armados aliados contra Kuwait, incluso contra infraestructura civil. Según informes, a fecha 30 de julio, al menos ocho personas han perdido la vida en Kuwait.

En junio, Amnistía Internacional informó sobre la represión generalizada de la libertad de expresión por los Estados del Golfo Pérsico relacionada con la guerra. En Kuwait y Bahréin, las autoridades también han retirado la nacionalidad a algunas personas en represalia por el ejercicio de su libertad de expresión, entre otros motivos.

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“Este acuerdo es un punto de inflexión no sólo para Meta, sino para todas las redes sociales. Las plataformas de redes sociales deben cambiar ya su manera de operar y corregir sus características nocivas para proteger a niños, niñas y jóvenes.

“Durante años, Amnistía Internacional, la sociedad civil y personas afectadas han advertido de que las grandes plataformas de redes sociales están diseñadas para potenciar al máximo la participación y los beneficios y no protegen adecuadamente los derechos infantiles.

Amnistía lleva muchos años pidiendo un cambio de diseño de las plataformas. La seguridad infantil debe incorporarse a las plataformas desde el principio y no añadirse a posteriori, cuando se identifican los daños. Este acuerdo transmite el mensaje inequívoco de que las empresas de redes sociales no pueden ignorar el bienestar y los derechos de la infancia, y la solución necesaria pasa por cambios de diseño. Ahora deben seguir por este camino, tomando más medidas para rediseñar totalmente sus aplicaciones en favor de la seguridad infantil y para respetar los derechos de todas las personas usuarias”.

Información complementaria

Meta ha alcanzado un acuerdo de unos 18.000 millones de dólares con 47 estados en el que se compromete a hacer cambios en sus productos, y con ello ha puesto fin a una demanda histórica en la que los estados alegaban que las plataformas adictivas de la empresa causaban daños a niños y niñas.

Los estados presentaron inicialmente una demanda en 2023 contra Meta por infringir la legislación sobre privacidad y diseñar intencionadamente productos adictivos para los menores de edad.

Además de la sanción económica, Meta acepta hacer cambios en Facebook e Instagram, como limitar el uso de sus aplicaciones a dos horas por defecto para menores de 18 años, prohibir características que causen problemas de salud mental, prohibir la visualización del número de “Me gusta” o de reacciones para menores de 18 años, y el compromiso de mejorar la supervisión parental, entre otros.

Meta negó todas las acusaciones en su contra y ha emitido una declaración para anunciar el acuerdo.

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Amnistía Internacional condena la matanza ocurrida durante la noche del 23 al 24 de agosto en Kenscoff, cerca de Puerto Príncipe. Al menos 47 personas murieron y 22 resultaron heridas, según Naciones Unidas, mientras que decenas de personas habrían sido secuestradas. Entre las personas atacadas se encontrarían personas desplazadas por la violencia que se refugiaban en una iglesia.

“Lamentablemente, volvemos a ver una nueva masacre en Haití. Esto es un recordatorio del devastador costo humano derivado de la ausencia de políticas efectivas de protección de la población. Instamos a las autoridades haitianas y a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para proteger a la población frente a la escalada de violencia de las bandas armadas. Las personas sospechosas de responsabilidad penal por estos asesinatos, secuestros y otros graves abusos contra los derechos humanos deben ser identificadas y llevadas ante la justicia en juicios justos”, dijo Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

“Los refuerzos y las operaciones de seguridad anunciados por el gobierno deben tener como prioridad la protección de la población y de las personas secuestradas y llevarse a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”, reafirmó Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

“El secuestro de personas y las amenazas contra sus vidas agravan aún más una situación ya estremecedora. Las bandas armadas deben liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas secuestradas y poner fin a los asesinatos, secuestros y demás ataques contra la población. Las autoridades haitianas deben adoptar todas las medidas a su alcance, respetando plenamente los derechos humanos, para proteger la vida y la integridad de las personas retenidas.

La población haitiana tiene derecho a vivir sin el temor constante de ser asesinada, secuestrada o forzada a abandonar sus hogares. Como hemos advertido reiteradamente tras otras matanzas como las ocurridas en Cité Soleil, Labodri y Petite-Rivière de l’Artibonite, seguirá existiendo un grave riesgo de nuevas pérdidas de vidas mientras no se adopten medidas urgentes y sostenibles para proteger a las comunidades y romper el ciclo de violencia e impunidad. La comunidad internacional debe apoyar de manera urgente y sostenida a las autoridades haitianas para que cumplan con su obligación de proteger a la población y garantizar justicia por estos crímenes”, concluyo Astrid Valencia.

Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a press@amnesty.org

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“Hoy, miles de mensajes de solidaridad finalmente llegaron a manos de Luis Manuel Otero Alcántara. Cada carta es un recordatorio de que, incluso cuando las autoridades cubanas intentaron silenciarlo y aislarlo tras los muros de una prisión, personas de todo el mundo continuaron acompañándolo, exigiendo su libertad. 

Luis Manuel nunca debió pasar un solo día en prisión por su arte, su activismo o por expresar pacíficamente sus opiniones. Su libertad hoy no borra casi cinco años de injusticia, ni el hecho de que fue obligado a exiliarse. Las autoridades cubanas deben liberar a todas las personas encarceladas únicamente por ejercer sus derechos humanos y garantizar que Luis Manuel pueda regresar a Cuba, si así lo decide, sin vigilancia, amenazas ni represalias”, declaró Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

Luis Manuel Otero Alcántara es un artista y activista cubano conocido por utilizar su arte para defender la libertad de expresión y cuestionar las restricciones al espacio artístico y cívico en Cuba. Declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue condenado a cinco años de prisión en junio de 2022, tras haber sido detenido arbitrariamente en julio de 2021. Después de casi cinco años privado injustamente de su libertad, fue liberado en julio de 2026 y obligado a exiliarse. Actualmente vive en Miami, donde continúa su trabajo artístico y de activismo en El Espacio 23. 

El evento, celebrado en El Espacio 23 en Miami, reunió a Luis Manuel, Amnistía Internacional y miembros de la comunidad cubana artística, activista y de derechos humanos que lo han acompañado a lo largo de estos años. El encuentro también destacó el papel esencial del arte y la solidaridad para resistir los intentos de silenciar las voces críticas y preservar espacios donde las personas puedan expresarse libremente. 

“Reunir a Luis Manuel con estas miles de cartas en El Espacio 23 es un recordatorio de lo que ocurre cuando una comunidad se niega a permitir que la voz de un artista desaparezca. Miami siempre ha sido un lugar donde artistas, ideas y personas de toda América Latina se encuentran”, declaró Jorge M. Pérez, filántropo, coleccionista de arte y fundador de El Espacio 23. “La respuesta a esta campaña demuestra hasta qué punto su obra ha resonado más allá de Cuba. Nos enorgullece tener a Luis Manuel aquí, donde puede conectar con otras personas, compartir perspectivas y formar parte de una comunidad que cree en el poder del arte para generar conversación e impulsar el cambio”. 

Reunir a Luis Manuel con estas miles de cartas en El Espacio 23 es un recordatorio de lo que ocurre cuando una comunidad se niega a permitir que la voz de un artista desaparezca”, declaró Jorge M. Pérez, filántropo, coleccionista de arte y fundador de El Espacio 23.

La entrega de las cartas marca un momento poderoso para Luis Manuel y para las miles de personas que se movilizaron en su favor, pero el trabajo no ha terminado. Amnistía Internacional continuará exigiendo a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas únicamente por ejercer sus derechos humanos y el fin de la represión y criminalización de artistas, activistas, periodistas y otras personas que expresan pacíficamente opiniones disidentes. 

Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a press@amnesty.org

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“La prolongada detención previa al juicio de Gao Zhen y, finalmente, la decisión de declararlo culpable y condenarlo a la pena máxima de tres años para este delito revelan la intención de las autoridades de disuadir a otras personas de ejercer la expresión artística independiente.

Ningún artista debería ser objeto de sanciones penales por crear obras que cuestionan la narrativa oficial o promueven una reflexión crítica sobre la historia.

Este juicio pone de manifiesto cómo unas leyes de amplia definición y basadas en motivos políticos se utilizan —o peor, se aplican retroactivamente como en este caso— para silenciar a artistas, activistas y otras personas que se atreven a expresar opiniones discrepantes con las del gobierno chino”.

La acción represiva de las autoridades se extiende más allá del propio Gao Zhen. Según informes, su esposa y su hijo sufren acoso e intimidación y no han podido irse de China desde su detención, a pesar de que no se los acusa de ningún delito.

Brooks añade: “Tomar represalias contra los miembros de la familia de Gao Zhen es una táctica profundamente preocupante y constituye una forma de castigo colectivo.

Gao Zhen debe quedar en libertad inmediata e incondicional, su sentencia condenatoria ha de ser anulada y todos los cargos en su contra deben ser retirados. El hostigamiento y las amenazas contra la familia de Gao Zhen deben terminar, y se debe permitir a su esposa e hijo que abandonen el país libremente.

Las autoridades chinas deben derogar la ley sobre héroes y mártires si no pueden garantizar su compatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos, y poner fin a la criminalización de la expresión pacífica y la creación artística”.

Información complementaria

Gao Zhen, artista chino con la residencia permanente en Estados Unidos, fue detenido en agosto de 2024 como sospechoso del delito de “atentar contra la reputación y el honor de héroes y mártires”. Los cargos están relacionados con obras artísticas —que se remontan a una década o más— que, según afirman las autoridades, insultan a figuras revolucionarias.

El 25 de agosto de 2026, el Tribunal Popular Municipal de Sanhe, en la provincia de Hebei, le impuso tres años de prisión, que habrá cumplido el 25 de agosto de 2027. Gao Zhen ha decidido recurrir el fallo condenatorio y la pena.

Gao Zhen forma parte de Gao Brothers, dúo artístico de renombre internacional por sus obras de arte contemporáneo que analizan la historia de China, el poder del Estado y el cambio social.

También existe preocupación por su salud y bienestar en prisión. Gao Zhen, que ya tiene 70 años, al parecer sufre múltiples problemas de salud, entre ellos enfermedad de la columna lumbar y acumulación de líquido en las rodillas. Según información fiable, ha perdido el conocimiento varias veces durante su reclusión. También informan de que sufre graves restricciones de comunicación con su familia desde mayo de 2025.

Según los informes, la esposa de Gao está sujeta a una prohibición de salida por supuestos motivos de seguridad nacional, por lo que no puede salir de China con su hijo. En agosto de 2026, Amnistía Internacional expuso el caso de Gao Zhen en una carta a los/las dirigentes de la Unión Europea en relación con la práctica de imponer la prohibición de salida del país a defensores y defensoras de los derechos humanos y a sus familiares en China.

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• Más de la mitad de los anuncios que difunden desinformación relacionada con las elecciones son aceptados

• Los demás se identifican, aunque no son rechazados expresamente por contener desinformación electoral

Amnistía Internacional ha advertido hoy que Meta podría no estar abordando de manera eficaz la difusión de desinformación electoral a través de la plataforma publicitaria de Facebook en vísperas de las elecciones presidenciales brasileñas del 4 de octubre.

Las redes sociales llevan años usándose para difundir desinformación en Brasil. Con objeto de investigar cómo gestiona Facebook en su publicidad la desinformación relacionada con elecciones, Amnistía Internacional llevó a cabo un experimento consistente en presentar en esa red social anuncios “falsos” que contenían ese tipo de desinformación. El contenido de los anuncios iba desde denunciar fraudes electorales a utilizar la desinformación para promover un golpe de Estado militar. El resultado del experimento fue que ocho de los anuncios presentados fueron aceptados, mientras que los siete restantes se marcaron para verificar la identidad del anunciante, por considerarse relacionados con temas sociales, elecciones o política, pero no fueron rechazados específicamente por contener desinformación electoral. Pese a que Facebook no rechazó los anuncios de prueba, Amnistía se aseguró de que no llegaran a publicarse.

“Resulta sumamente alarmante que el sistema de moderación de Meta no haya detectado más de la mitad de los anuncios relacionados con las elecciones que contenían desinformación. Demuestra que Meta no está haciendo lo suficiente para evitar que su plataforma sea un vector de desinformación, mientras sigue obteniendo beneficios de los contenidos y los sistemas de publicidad que hacen posible su expansión”, ha declarado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

El experimento

Amnistía Internacional presentó a Facebook 15 anuncios en portugués de Brasil, dirigidos exclusivamente a la población brasileña en edad de votar, para evaluar cómo los sistemas de moderación publicitaria de la plataforma trataban los contenidos relacionados con las elecciones en vísperas de la cita electoral del 4 de octubre de 2026.

Para que los anuncios se basaran en narrativas electorales reales que circulaban en Brasil, la organización analizó conversaciones online y la opinión pública en redes sociales, así como contenidos en portugués publicados en las plataformas Facebook y X entre los meses de enero y mayo de 2026.

De los 15 anuncios, todos contenían desinformación menos uno, que era neutro. Este análisis utiliza el término “desinformación” para mantener la coherencia con la terminología de Amnistía Internacional, pero en el experimento se aplica la definición de Meta de “información errónea” en la construcción y el análisis de los anuncios. Como indican sus políticas y sus Normas Comunitarias, esta definición abarca información falsa o inexacta, incluidos contenidos que es probable que contribuyan a interferir con el funcionamiento de procesos políticos.

Los 14 anuncios con desinformación fueron concebidos para que reflejaran tres tácticas utilizadas a menudo por políticos/as y candidatos/as para apoyar prácticas autoritarias: “la deslegitimación electoral” (contenidos cuya intención es socavar la confianza en las elecciones, los sistemas de votación o los resultados electorales); “la construcción de un enemigo” (presentar a los oponentes políticos y los tribunales como amenazas a la nación o actores ilegítimos); y “el autoritarismo centrado en la seguridad” (presentar la fuerza, la intervención del ejército o el autoritarismo de mano dura como respuestas necesarias a la delincuencia o el desorden político).

Algunos anuncios se crearon en torno a una única categoría, pero otros incorporaban narrativas de varias. Todos los anuncios, excepto el neutro, violaban la política de Meta sobre información errónea, en concreto su apartado “Interferencia electoral o censal”. El anuncio neutro se incluyó para poner a prueba el requisito de Meta de verificar la identidad para todos los contenidos relacionados con procesos electorales.

Siete de los anuncios creados por Amnistía Internacional se centraron en afirmaciones deliberadamente engañosas sobre los candidatos y las instituciones electorales, por ejemplo las acusaciones de que ciertos candidatos estaban amañando las elecciones, y cuestionando la integridad del sistema electoral. Los otros siete incluían información falsa que podía afectar a la capacidad de las personas para votar, por ejemplo detalles incorrectos sobre cuándo o cómo hacerlo, o sobre quiénes se presentaban a las elecciones.

En la cuenta de Facebook que se utilizó para presentar los anuncios no se llevó a cabo el proceso de Meta de verificación de la identidad (“Confirmar tu identidad”). La verificación de la identidad no se llevó a cabo como parte de la investigación: así se mantenía una cuenta de prueba neutra, y se evitaba que el historial o la actividad previa de la cuenta influyeran en los resultados de la moderación de anuncios. Se utilizaron cuentas exclusivas para la investigación, no cuentas personales, para reducir el riesgo de que el historial de uso de la cuenta influyera en los resultados.

Quienes realizaron la investigación no se encontraban físicamente en Brasil, y no utilizaron una VPN para que pareciera que los anuncios se presentaban desde Brasil (se presentaron desde Londres).

La publicación de todos los anuncios se fijó para una fecha futura. De esta manera, Amnistía Internacional podía poner a prueba los procesos de revisión de las plataformas y al mismo tiempo se garantizaba que los anuncios aceptados pudieran cancelarse con antelación a esa fecha, impidiendo así su publicación y evitando posibles daños para los derechos humanos u otros riesgos de tipo ético.

Amnistía Internacional se dirigió por escrito a Meta el 21 de julio de 2026, solicitándole que respondiera a las acusaciones de que los sistemas de moderación de anuncios de Facebook no habían detectado desinformación relacionada con las elecciones y expresándole su preocupación respecto a la idoneidad de los sistemas de la empresa para identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con los derechos humanos. En el momento de redactar estas líneas no se ha recibido respuesta de Meta.

Conclusiones

Facebook aprobó ocho anuncios que contenían desinformación, y ninguno de los otros siete fue rechazado explícitamente por contener desinformación.

De los ocho anuncios que contenían desinformación y fueron aceptados para su publicación, cuatro se centraban únicamente en la “deslegitimación electoral”, dos pertenecían únicamente a la categoría de “autoritarismo centrado en la seguridad”, e incluían desinformación que abogaba por la intervención militar o la abstención electoral, y el contenido de los otros dos se solapaba entre las tres categorías.

Los siete anuncios rechazados, incluido uno que era neutro, lo fueron por tratarse de “anuncios sobre temas sociales, elecciones o política”. En estos casos, el Administrador de Anuncios de Facebook señaló que, dado que los anuncios parecían hacer referencia a temas sociales, elecciones o política, era preciso completar la verificación de identidad de la cuenta para que pudieran publicarse. Es importante señalar que estos avisos de rechazo no indicaban que los anuncios hubieran sido rechazados por su contenido, y, por consiguiente, no proporcionaban indicación alguna sobre cómo habrían sido valorados si la cuenta hubiera sido verificada.

Amnistía Internacional también detectó deficiencias en las salvaguardias aplicadas en la presentación de anuncios relacionados con las elecciones. Se permitió su presentación sin declarar que estaban incluidos en las Categorías de asuntos especiales de Facebook, como exige la ley electoral de Brasil, así como las propias políticas de Meta relativas a los anuncios relacionados con las elecciones. Como la identidad de la cuenta no estaba verificada, también se permitió que los anuncios se presentaran sin el descargo de responsabilidad con la etiqueta “Pagado por”, como exigía Meta para contenidos relacionados con las elecciones. Se trata de anuncios que, para empezar, Facebook no debería haber permitido que se presentaran sin verificación de identidad.

El hecho de que los anuncios pudieran ser presentados desde fuera de Brasil plantea la preocupación de que unos controles inadecuados de verificación e información puedan crear vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por actores nacionales o extranjeros para tratar de influir en los procesos electorales. Este incumplimiento de la obligación legal de publicar la información electoral requerida, y la presentación de los anuncios desde fuera de Brasil, plantean serias preocupaciones sobre el riesgo de que haya campañas de desinformación, tanto por parte de agentes nacionales como internacionales, que interfieran en los procesos electorales, además de suscitar interrogantes más amplios sobre los sistemas de moderación de Meta para identificar estos peligros.

El sistema de aplicación de las políticas de Meta utiliza tecnología de inteligencia artificial para identificar proactivamente el contenido de anuncios que podrían violar sus políticas. A continuación, dicho contenido es evaluado, bien sea automáticamente, o bien por personas que lo revisan y, cuando se confirma una violación, se llevan a cabo acciones de aplicación, como la retirada, la restricción o el rechazo de los anuncios con arreglo a las Normas comunitarias de Meta.

“La investigación indica que los sistemas de moderación de Facebook podrían no estar detectando de forma fiable contenido con desinformación relacionado con las elecciones. Si bien Facebook rechazó siete de los 15 anuncios, los marcó con arreglo a su política sobre temas sociales, elecciones o política, no específicamente por desinformación electoral. Esto suscita honda preocupación respecto a si se están aplicando de forma coherente las salvaguardias sobre temas electorales”, ha declarado Ummar Bashir, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.

Amnistía Internacional halló que los sistemas de moderación de Facebook parecían más eficaces en el reconocimiento de anuncios que presentaban a oponentes políticos como “delincuentes”, “traidores” o “agentes ilegítimos”. Por ejemplo, uno de los anuncios de prueba afirmaba que “Lula [el presidente de Brasil] robará las elecciones”. Cinco de cada siete anuncios con este tipo de contenidos fueron rechazados. Por el contrario, tres de cada cuatro anuncios que contenían retórica militar dirigida contra el Estado de derecho y pedían que el ejército tomara el poder, superaron los sistemas de moderación de Facebook. En uno de ellos se afirmaba: “¡Necesitamos una revolución militar, no voten en las elecciones, el ejército recuperará el poder si la abstención supera el 50%!”

“En vez de salvaguardar la participación electoral, el acceso a información veraz y los derechos humanos, con estos sistemas hay peligro de que se apruebe contenido dañino”, ha afirmado Ummar Bashir, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.

Normas sobre empresas y derechos humanos

Según las normas internacionales, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y evitar causar, contribuir o estar directamente vinculadas a impactos adversos sobre los derechos humanos. Esto incluye tomar medidas proactivas para identificar, prevenir y mitigar los impactos sobre los derechos humanos.

En el caso de plataformas como Meta, supone garantizar que las prácticas de moderación no permitan que circulen contenidos falsos o inexactos que puedan afectar al derecho de las personas a la información y a participar en asuntos públicos. La responsabilidad de respetar los derechos humanos existe con independencia de la normativa del Estado y exige una constante evaluación de riesgos, así como transparencia y medidas de mitigación eficaces.

El modelo de negocio basado en la vigilancia de Meta se basa en la recopilación y el análisis a gran escala de datos de usuario para mantener a la gente activa en sus plataformas y hacer posible una publicidad muy segmentada. Estos anuncios se muestran mediante una compleja combinación de las características del perfil de usuario, que incluye ubicación, datos demográficos, intereses y comportamiento online. La capacidad de Meta de ofrecer a los anunciantes herramientas predictivas y de microsegmentación de gran precisión es fundamental para este modelo. En el primer trimestre de 2026, el 98% de los ingresos de Meta procedía de la publicidad.

En vísperas de las elecciones presidenciales de Brasil, Amnistía Internacional pide a Meta que garantice que se dispone de recursos lingüísticos adecuados en portugués brasileño para la moderación de contenidos, incluida la aprobación de anuncios, y que refuerce con carácter inmediato su capacidad de identificar y responder a peligros relacionados con las elecciones.

Meta también debe llevar a cabo y publicar un análisis de diligencia debida en materia de derechos humanos, actualizado y específico para cada país, que evalúe cómo sus sistemas, incluida la moderación de contenidos y la publicidad, pueden contribuir a generar riesgos para la participación y el acceso a la información, y adoptar medidas eficaces y transparentes para mitigar estos riesgos.

“A poco más de cinco semanas de las elecciones, Meta aún está a tiempo de abordar con urgencia los riesgos que presentan sus sistemas de moderación de anuncios y evitar el uso de su plataforma para difundir desinformación peligrosa. Permitir que semejante contenido circule sin control podría confundir a los votantes, minar la confianza en los procesos electorales y poner en riesgo la capacidad de la gente para ejercer de manera libre y significativa su derecho al voto”, ha afirmado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

Información complementaria

En los últimos años, Brasil ha implementado varias medidas para abordar la desinformación relacionada con las elecciones. Durante las elecciones presidenciales de 2022, la autoridad electoral de Brasil, el Tribunal Superior Electoral, introdujo medidas más estrictas, que exigían que las plataformas online eliminaran rápidamente la información falsa o deliberadamente descontextualizada sobre los procesos electorales, so pena de ser multadas y de su posible suspensión.

El uso de inteligencia artificial (IA) también se restringió antes de las elecciones municipales de 2024 para evitar la desinformación y la manipulación del proceso electoral. En 2024, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó también la suspensión de X (antes Twitter) por incumplimiento de órdenes judiciales, entre ellas algunas relacionadas con cuentas acusadas de difundir desinformación.

En marzo de 2026, una nueva resolución señaló los contenidos específicos que las plataformas deben eliminar, incluido contenido falso o descontextualizado sobre el sistema de votación electrónica, el Tribunal Electoral y otros procesos electorales, y también prohibió el uso de IA generativa para clasificar, recomendar, sugerir o priorizar candidaturas, campañas y partidos políticos.

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Ante nuevas revelaciones sobre la presunta participación de Estados Unidos en los ataques contra de embarcaciones ecuatorianas, incluyendo la embarcación Fiorella, de la cual aún se desconoce el paradero de ocho de sus tripulantes, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró: 

“El papel de Estados Unidos en este ataque es cada día más difícil de negar. Las autoridades estadounidenses deben investigar imparcialmente el suceso y, de existir pruebas suficientes y admisibles, establecer las responsabilidades penales del caso. No debe olvidarse que ocho familias llevan casi siete meses esperando saber qué ocurrió con sus seres queridos.”

El pasado 12 de agosto, el diario The New York Times publicó una investigación que develó que un avión de patrullaje marítimo, con pilotos angloparlantes y con base en una instalación militar en El Salvador, voló y siguió a la embarcación Fiorella por cuatro días, incluyendo el 20 de enero, día que desapareció. De acuerdo con el diario, dicho avión no forma parte de la flota estatal de Estados Unidos, sino que se encontraba registrado con una empresa privada en el estado de Virginia, sugiriendo una posible colaboración entre entidades privadas y las autoridades estadounidenses en el ataque.  

Un día después, el 13 de agosto, el diario The Washington Post publicó un reportaje alegando que el ataque contra el Fiorella habría sido perpetrado como parte de un programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), con supuesta aprobación directa del presidente de los Estados Unidos. 

En julio, Amnistía Internacional reconstruyó la trayectoria del Fiorella utilizado datos de VMS (Vessel Monitoring System), con los cuales corroboró que la embarcación zarpó del puerto de Jaramijó el 13 de enero y emitió su última señal el 20 de enero, en aguas internacionales entre la costa ecuatoriana y las Islas Galápagos. Desde entonces, ocho de sus diez tripulantes permanecen desaparecidos. 

“El Congreso de Estados Unidos debe continuar impulsando investigaciones legislativas sobre este incidente, y tomar en cuenta la posible participación de agencias estatales en colaboración con entidades privadas, dada la nueva evidencia disponible. Asimismo, debe continuar exigiendo rendición de cuentas y transparencia frente a todos los ataques a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe en el último año, que se han llevado a cabo como parte de la política antidrogas del presidente Trump. Las violaciones de derechos humanos cometidas como parte de estos ataques, incluyendo más de 200 posibles ejecuciones extrajudiciales, no pueden quedar en la impunidad”, declaró Piquer.  

Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a press@amnesty.org

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En respuesta a las sentencias condenatorias dictadas contra activistas que organizaban las vigilias por Tiananmen en Hong Kong, el portavoz de Amnistía Internacional Hong Kong en el Exterior, Fernando Cheung, ha declarado:

“Este fallo desolador pone de manifiesto la manera en que se está utilizando la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong para castigar a la gente por recordar pacíficamente uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de China.”

“Durante décadas, Hong Kong fue el único lugar en suelo chino donde pudieron celebrarse actos públicos conmemorativos a gran escala de la represión de Tiananmen. La decisión de hoy supone otro triste hito en la campaña deliberada del gobierno para borrar ese legado y silenciar a quienes buscan verdad, justicia y rendición de cuentas.”

Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan no han cometido ningún delito reconocible, han sido condenados únicamente por su papel en la organización de actos pacíficos en recuerdo de las personas que las autoridades chinas mataron el 4 de junio de 1989”.

“Las autoridades de Hong Kong deben anular estas sentencias y poner fin a la persecución que sufren quienes tratan de mantener vivo el recuerdo de Tiananmen.”

“Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan son presos de conciencia que ni siquiera deberían haber sido procesados, y deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.”

Información complementaria

El Tribunal Superior de Hong Kong ha declarado hoy culpables de “incitar a la subversión del poder del Estado” a los activistas de Tiananmen Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Chow y Lee, junto con Albert Ho Chun-yan, que se declaró culpable del mismo cargo, serán condenados en una fecha posterior y se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión.

Chow y Lee fueron dos de los siete miembros de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China (Alianza de Hong Kong) a quienes se acusó de diversos delitos en aplicación de la ley impuesta por Pekín en septiembre de 2021. Desde entonces han estado en detención previa al juicio, y se les ha denegado reiteradamente la libertad bajo fianza. Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia.

La organización ha expresado reiteradamente su preocupación por que la Ley de Seguridad Nacional, promulgada en junio de 2020, se esté utilizando contra grupos de la sociedad civil, periodistas, activistas políticos e intelectuales por actos plenamente protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Las vigilias por Tiananmen conmemoraban los acontecimientos del 4 de junio de 1989, cuando las tropas chinas abrieron fuego contra trabajadores, trabajadoras y estudiantes que protestaban pacíficamente en favor de reformas políticas en la plaza de Tiananmen de Pekín y en sus alrededores y mataron a cientos —posiblemente miles— de personas. En la posterior campaña de represión fueron detenidas decenas de miles de personas más en toda China.

En los 37 años transcurridos desde la represión, en China se ha censurado férreamente todo debate sobre el suceso, y las autoridades lo han borrado prácticamente de su versión de la historia.

Mientras que conmemorar la represión de Tiananmen estuvo prohibido desde el primer momento en la China continental, en Hong Kong se reunían todos los años multitudes de hasta cientos de miles de personas en el céntrico parque Victoria para recordar pacíficamente a las personas fallecidas. Quienes asistían a la vigilia pedían a las autoridades que dieran a conocer la verdad sobre lo ocurrido y rindieran cuentas por aquella atrocidad, y durante 30 años el gobierno de Hong Kong no interfirió ni obstaculizó los actos en la práctica.

La última gran vigilia organizada por la Alianza de Hong Kong tuvo lugar en 2019. En 2020 y 2021 la vigilia de Hong Kong se prohibió, supuestamente por motivos relacionados con la COVID-19. Desde entonces, la Ley de Seguridad Nacional de hecho ha criminalizado la protesta pacífica en la ciudad, incluidas las conmemoraciones de Tiananmen.

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Un informe de la ONU publicado en junio de 2026 identificó 249 casos de ejecución extrajudicial y violencia física severa en Gaza entre agosto de 2024 y principios de 2026; en al menos 60 de esos casos estaban implicadas fuerzas afiliadas a Hamás. Amnistía Internacional ha investigado y documentado nueve ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilícitos cometidos por fuerzas afiliadas a Hamás inmediatamente después del alto el fuego anunciado entre Israel y Hamás en octubre de 2025.

Aunque las autoridades de Hamás han declarado que han abierto investigaciones preliminares internas sobre esos sucesos, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya hecho rendir cuentas a ningún responsable hasta la fecha. En las últimas semanas, el colapso de la ley y el orden en Gaza, junto con la extrema privación provocada por el genocidio que Israel sigue perpetrando, ha alimentado las tensiones sociales, incluidos los enfrentamientos entre familias.

“Cuando estamos casi en el tercer año del genocidio que está llevando a cabo Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, la traumatizada población civil ya ha soportado un sufrimiento inimaginable y no puede ser sometida a más homicidios, abusos y crueldad. Las autoridades de Hamás deben detener de inmediato todos los homicidios ilícitos, los actos parapoliciales y las detenciones arbitrarias. La restauración del orden público no debe ser nunca una tapadera para cometer violaciones graves de derechos humanos, llevar a cabo represalias o castigar colectivamente a familias enteras”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

“Los responsables de ordenar y llevar a cabo tanto ejecuciones extrajudiciales como detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos deben rendir cuentas de sus actos. A pesar de haber anunciado la disolución del comité de gobierno que administra Gaza, Hamás sigue teniendo la plena responsabilidad de prevenir violaciones graves de derechos cometidas por sus organismos y por personas bajo su control, incluidas las Brigadas de Al Qassam y el ‘Sistema de Seguridad de Resistencia’. El nuevo liderazgo del buró político de Hamás debe romper con la arraigada impunidad por los abusos cometidos por sus fuerzas y sus afiliados, y tomar medidas urgentes y concretas para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.”

Un miembro de alto rango no identificado del “Sistema de Seguridad de Resistencia”, un grupo secreto de seguridad e inteligencia que actúa bajo los auspicios de los brazos militares de Hamás y otros grupos armados palestinos, anunció también en la plataforma oficial del grupo en Telegram, Al-Hares, que la ejecución extrajudicial del 1 de julio era el comienzo de una “campaña de seguridad en gran escala” y que “los próximos días serán testigos de las ejecuciones de otras personas implicadas en actos de colaboración con la ocupación”.

Desde el comienzo del genocidio, los grupos palestinos de derechos humanos, incluidos Al Mezan y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, han condenado repetidamente las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilícitos en Gaza, incluidos los cometidos por grupos armados no identificados, y han pedido a las autoridades que investiguen a los responsables y garanticen la rendición de cuentas.

Un informe publicado recientemente por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, de la ONU, identificó 249 casos de ejecución extrajudicial y violencia física severa en Gaza entre agosto de 2024 y enero de 2026, que se saldó con al menos 108 muertes. En al menos 60 de estos casos estaban implicadas fuerzas afiliadas a Hamás. Algunas de estas ejecuciones se llevaron a cabo en público, se filmaron y se anunciaron en páginas afiliadas a Hamás, principalmente en canales de Telegram.

Por ejemplo, el 21 de septiembre de 2025, durante el momento culminante de la campaña de desplazamiento forzado masivo llevada a cabo por Israel en la ciudad de Gaza, un grupo autodescrito como “Sala de Operaciones Conjuntas para la Resistencia” se atribuyó la responsabilidad de la ejecución pública en una calle de la ciudad de Gaza de tres hombres acusados de colaborar con Israel.

Para esta investigación, Amnistía Internacional ha documentado nueve ejecuciones extrajudiciales y un homicidio ilícito; todos estos incidentes menos uno tuvieron lugar inmediatamente después del denominado alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025. Los datos revelan cómo ese mes de octubre de 2025 Hamás y sus fuerzas afiliadas ejecutaron de forma sumaria y pública a ocho miembros de la familia Dughmush, del barrio de Al-Sabra de la ciudad de Gaza, tras acusarlos de colaborar con Israel. Amnistía Internacional también documentó otra ejecución el 1 de julio de 2026.

Asimismo, la organización documentó el homicidio ilícito, a manos de hombres armados enmascarados, de un hombre en octubre de 2025, durante una aparente operación de detención en el campo de personas refugiadas de Al-Bureij, cerca de la calle Salaheddine.

Amnistía Internacional verificó fotos y vídeos, recopiló testimonios de 11 familiares de personas muertas y dos profesionales de la salud, y analizó declaraciones de las autoridades de Hamás y cuentas de Telegram de su brazo militar y grupos armados afiliados.

Amnistía Internacional hizo llegar al liderazgo de Hamás un resumen de sus conclusiones en noviembre de 2025 y envió una consulta de seguimiento en julio de este año. En su respuesta de noviembre de 2025, las autoridades de Hamás declararon que habían abierto investigaciones sobre los incidentes, sin revelar más detalles. En el momento de la publicación este año, no se había recibido respuesta.

Desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas y autoridades de Hamás en Gaza han establecido fuerzas paralelas que actúan casi en su totalidad fuera de cualquier norma legal y llevan a cabo regularmente —y a menudo filman— castigos sumarios contra palestinos, incluidos presuntos saqueadores, interrogan a disidentes y sospechosos de actos delictivos en ubicaciones civiles, asaltan casas de civiles y amenazan a las familias de quienes se les oponen. Los datos recopilados por Amnistía Internacional coinciden con las conclusiones del informe de la Comisión de Investigación de la ONU.

Hamás ha justificado lo que ha calificado de “medidas excepcionales” invocando el “principio del estado de necesidad”, y citando la destrucción, por parte de Israel, de las instituciones judiciales y de seguridad y la necesidad de abordar el caos y hacer frente a las “bandas delictivas”.

“Los homicidios ilícitos no pueden nunca justificarse. El derecho a la vida, a no sufrir tortura y a un juicio justo y el debido proceso debe respetarse en todo momento, incluso en situaciones de emergencia o incluso cuando el sistema judicial se haya colapsado a consecuencia de hostilidades militares activas. Toda persona sospechosa de haber cometido un delito penal, incluidas la traición o la colaboración, debe gozar de pleno respeto de sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la seguridad de la persona y a un juicio justo, sin recurrir a la pena de muerte”, ha declarado Erika Guevara Rosas.

Ejecuciones sumarias de julio de 2026

El 1 de julio, el “Sistema de Seguridad de Resistencia” anunció la ejecución pública en la ciudad de Gaza de un hombre, al que se refirió por sus iniciales y al que acusaba de espiar para Israel. Tras su ejecución, el nombre completo y los datos del hombre en cuestión circularon por las redes sociales, inicialmente en cuentas afiliadas a Hamás, lo que puso a su familia, incluidos sus hijos, en un gran peligro, en un patrón conocido como desanonimización (revelación de datos personales).

Al hombre se le acusaba de informar a las fuerzas israelíes de la ubicación de miembros de alto rango de las Brigadas de Al Qassam, incluido su comandante militar, Ezziddine al Haddad. El grupo lo acusaba de entregar a las autoridades israelíes información que condujo al homicidio, por parte de Israel, de Ezziddine Al Haddad y numerosas personas civiles palestinas. El grupo afirmó que había llevado a cabo la ejecución tras agotar lo que denominó “procedimientos revolucionarios” e investigaciones internas.

Días después, los canales de Telegram asociados a las Brigadas de Al Qassam anunciaron que el “Sistema de Seguridad de Resistencia” había detenido e interrogado a otro presunto informante, sin desvelar más detalles, y tenía intención de ejecutarlo en “unos días”.

Esta declaración se produjo tras la afirmación de un miembro del “Sistema de Seguridad de Resistencia” de que la ejecución del 1 de julio sería el inicio, lo que suscitó la preocupación de que pudieran producirse más ejecuciones sumarias.

La ejecución extrajudicial de ocho miembros de la familia Dughmush

En torno al 10 de octubre de 2025 estallaron los enfrentamientos entre Hamás y miembros de la familia Dughmush, justo después de anunciarse el alto el fuego con Israel. Los enfrentamientos comenzaron cuando las fuerzas afiliadas a Hamás trataron de llevarse a miembros de la familia de un hospital de campo cerca de Al-Sabra, en la ciudad de Gaza, donde habían buscado refugio de los ataques israelíes, y los acusaron de saquear el hospital y utilizarlo para almacenar armas y explosivos.

Durante los enfrentamientos armados con miembros armados de la familia Dughmush, las fuerzas de Hamás rodearon el barrio de la familia en Al-Sabra durante una semana; murieron al menos cuatro miembros de la familia Dughmush y al menos un miembro de Hamás. Durante el asedio de Al-Sabra, las fuerzas de Hamás y sus afiliados también saquearon, quemaron y destrozaron casas en la zona. Amnistía Internacional recibió imágenes de dos casas del barrio en las que se veía el estado en el que habían quedado después de los daños y el saqueo.

En paralelo a los enfrentamientos, el 13 de octubre de 2025, ocho miembros desarmados de la familia Dughmush fueron ejecutados extrajudicialmente en público, acusados de colaborar con Israel.

Un vídeo distribuido en las cuentas de redes sociales afiliadas a Hamás y verificado por Amnistía Internacional muestra a ocho hombre encadenados y con los ojos vendados —algunos de los cuales están vestidos sólo parcialmente y parecen mostrar señales de heridas anteriores— a quienes unos hombres enmascarados arrastran hasta un espacio abierto en la calle Al-Thalathini, una de las calles principales de la ciudad de Gaza. A los ocho los mataron por disparos a corta distancia.

Entre los ocho hombres ejecutados extrajudicialmente se encontraban los familiares de una mujer palestina que habló con Amnistía Internacional y cuyo nombre se oculta para protegerla.

“Los ocho se habían entregado tras habérseles prometido un juicio justo, sólo para ser ejecutados públicamente dos horas después”, contó.

El relato de esta mujer coincide con la información proporcionada a Amnistía Internacional por otros dos residentes a quienes se entrevistó por separado y que dijeron que la decisión de que los hombres se entregaran se tomó para poner fin a los combates, tras recibir garantías de que no sufrirían daño.

La esposa de una de las víctimas contó que su esposo la había llamado la noche antes de que lo mataran, pidiéndole que cuidara de sus hijas. La mujer dijo:

“Tanto mi esposo como mi hijo fueron ejecutados. A mi hijo lo torturaron antes de su ejecución, tenía las uñas rotas […] Mi esposo era un hombre amable y honrado que siempre se opuso a la ocupación israelí […] Quiero que todo el mundo sepa que nuestra familia no fue colaboradora, y que quienes ordenaron sus muertes deben comparecer ante la justicia”.

Los familiares que asistieron al entierro de las ocho víctimas dijeron a Amnistía Internacional que los cadáveres mostraban señales visibles de tortura.

Algunos familiares informaron más tarde de que habían recibido llamadas de miembros de Hamás disculpándose y sugiriendo que algunos hombres habían sido ejecutados por error.

En su respuesta a Amnistía Internacional, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y Jurídicas de Hamás, el Dr. Mousa Abu Marzouk, declaró que habían abierto una investigación preliminar interna sobre el incidente de la familia Dughmush, y afirmó que las fuerzas de seguridad habían actuado como una “reacción inmediata sin consultar con las autoridades superiores”.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguno de los implicados en los homicidios, o en cualquier otra ejecución extrajudicial en los últimos tres años, ha sido investigado, no digamos ya obligado a rendir cuentas. Eso incluye a los autores de homicidios de civiles a manos de hombres armados afiliados a Hamás tras “errores de identidad”.

Un caso destacable es el homicidio de Islam Hijazi, trabajadora de ayuda humanitaria palestina, cuyo automóvil fue alcanzado por 90 balas en Jan Yunis en septiembre de 2024. A su familia le dijeron más tarde que su homicidio se debía a un error en la identificación, pero según la información de que dispone Amnistía Internacional ninguno de los responsables de realizar los disparos o de ordenar la emboscada fue investigado.

El homicidio ilícito de Hisham al Saftawi

Amnistía Internacional también documentó el homicidio ilícito de Hisham al Saftawi, de 57 años, en el campo de personas refugiadas de Al-Bureij el 17 de octubre de 2025. Su esposa, Najah, presenció cómo unos 30 hombres armados y enmascarados, que se identificaron como miembros de las Brigadas de Al Qassam, irrumpieron en su casa poco después de la oración del amanecer. Cuando Hisham al Saftawi se negó a obedecer la orden de detención, uno de los hombres le disparó por la espalda.

Najah oyó al hombre que parecía estar al mando del grupo preguntar al que había abierto fuego: “¿Quién te ordenó que dispararas?”. Hisham al Saftawi murió en el hospital a causa de sus heridas un día después.

Su hermano, Said al Saftawi, expresó la falta de fe de la familia en la investigación emprendida por Hamás: “No puedes confiar en que el verdugo se investigue a sí mismo. Pedimos una investigación independiente y que quienes dispararon a mi hermano y quienes ordenaron su detención rindan cuentas de sus actos”.

En su respuesta a Amnistía Internacional, Hamás confirmó una investigación oficial sobre el homicidio de Hisham al Saftawi, alegando que le habían “disparado accidentalmente“ cuando intentaba huir y que se le buscaba por delitos penales. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades de Hamás no han informado a la familia de los resultados de su presunta investigación, y ninguno de los implicados en el homicidio de Hisham al Saftawi ha rendido cuentas de sus actos. Las autoridades de Hamás no han indicado que vayan a considerar otorgar reparación por el homicidio.

“Deben llevarse a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre todos los homicidios que hayan tenido lugar en el contexto del enfrentamiento armado entre Hamás y la familia Dughmush, incluidos los homicidios que parecen haber sido cometidos fuera de cualquier intercambio de disparos, así como la ejecución pública de los ocho miembros de la familia Dughmush. Asimismo, la familia de Hisham al Saftawi debe recibir justicia por el homicidio ilícito de su ser querido”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Información complementaria

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha impuesto a la población palestina de la Franja de Gaza unas condiciones a la vida que han contribuido al desmantelamiento del orden público, la destrucción del tejido social de Gaza y el aumento del caos y la anarquía. Las fuerzas israelíes atacaron las estructuras tradicionales judiciales y de cumplimiento de la ley y, al parecer, lanzaron ataques contra policías y agentes de seguridad, al tiempo que armaban y respaldaban a las milicias locales opuestas a Hamás, que actúan en zonas en las que las fuerzas israelíes están totalmente desplegadas. Estas milicias también han participado en abusos y violaciones del derecho internacional, incluidos homicidios públicos al estilo de ejecuciones de presuntos miembros de Hamás.

Desde la ocupación de la Franja de Gaza en 2007, las autoridades de Hamás han eludido investigar de forma independiente presuntos abusos y actos indebidos cometidos por sus miembros y fuerzas. Hasta que comenzó el genocidio perpetrado por Israel, los tribunales de Gaza bajo la autoridad de Hamás continuaron dictando y ejecutando condenas a muerte por delitos tales como el asesinato, la colaboración y la traición, a menudo tras juicios plagados de irregularidades.

Durante las ofensivas pasadas lanzadas por Israel en la Franja de Gaza ocupada y después de ellas, las fuerzas afiliadas a Hamás recurrieron también repetidamente a las ejecuciones sumarias públicas de presuntos colaboradores fuera de todo marco judicial y con total impunidad; algunos de esos casos fueron documentados por Amnistía Internacional durante la ofensiva de 2014.

Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos cometidas por Hamás y sus afiliados a lo largo de muchos años, entre ellas ejecuciones extrajudiciales de presuntos colaboradores, castigos sumarios, restricciones a la libertad de expresión y represión de la disidencia pacífica, por medios como amenazas, desanonimización (revelación de datos personales), intimidación y tortura y otros malos tratos.

Amnistía Internacional, mientras sigue documentando estas violaciones de derechos, reitera sus llamamientos a Israel para que ponga fin a su genocidio en curso, su apartheid y su ocupación ilegal de territorio palestino, y que cumpla con sus obligaciones como potencia ocupante, con medidas como garantizar que la ayuda humanitaria y los productos y servicios esenciales pueden llegar a todas las partes de la Franja de Gaza, y permitir que la población palestina desplazada regrese sin peligro a sus hogares.

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Durante el último año, familiares de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos (CLIPPVE) han documentado decenas de casos con lesiones graves y padecimientos oncológicos, renales, gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos. La falta de atención médica adecuada y de medidas humanitarias oportunas ha comprometido la vida de los detenidos, derivando en fallecimientos bajo custodia o tras liberaciones tardías.

En un nuevo documento titulado “Salud y vida bajo custodia. Situación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos con patologías graves en Venezuela”, Amnistía Internacional analiza la desatención de las autoridades a sus obligaciones y el riesgo inminente para la vida que enfrentan las personas privadas de libertad por razones políticas en el país.

El documento, elaborado a partir de los registros suministrados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) con fecha de corte al 13 de agosto de 2026, examina la situación clínica de 37 personas detenidas (civiles y militares). Entre las afecciones documentadas destacan diagnósticos de alta complejidad como cáncer, insuficiencia renal, cardiopatías, patologías neurológicas e infecciosas, afecciones de salud mental, así como pérdidas funcionales y lesiones presuntamente derivadas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y/o torturas, o malas condiciones de reclusión.

Amnistía Internacional resalta que la privación de libertad no suspende el derecho a la salud y exige al Estado venezolano cumplir con su posición de garante, permitiendo evaluaciones médicas independientes y traslados hospitalarios urgentes.

La obligación estatal

Amnistía Internacional subraya que, al privar de libertad a una persona, el Estado asume una posición de garante y un deber reforzado de protección respecto a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. Dado que las personas bajo custodia no pueden procurarse alimentos, medicamentos ni atención especializada por sus propios medios, la falta de asistencia adecuada constituye una violación directa de los estándares internacionales.

El documento fundamenta sus exigencias en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y las Reglas Nelson Mandela, las cuales estipulan la gratuidad, independencia y urgencia de la atención médica penitenciaria, así como el traslado inmediato a centros hospitalarios especializados cuando el penal no pueda cubrir la emergencia.

Los registros que ha hecho CLIPPVE se enmarcan en un patrón continuado de criminalización de la disidencia que Amnistía Internacional ha documentado desde 2017 (Silencio a la fuerza) y profundizado en investigaciones posteriores como Vidas detenidas (2023) o Detenciones sin rastro(2025). Hasta mediados de agosto de 2026, organizaciones de derechos humanos registraban al menos 448 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, sufriendo en muchos casos incomunicación prolongada, hacinamiento y un patrón de denegación o dilación prolongada de la atención médica.

Exigencias urgentes al Estado venezolano

Amnistía Internacional ratifica el pedido de libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. Más allá de la revisión de la legalidad de las detenciones o de las solicitudes de medidas humanitarias y liberaciones correspondientes, Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a garantizar de forma inmediata:

1. Acceso y valoración de personal médico independiente: La realización de exámenes integrales y actualizados por parte de profesionales de la salud capacitados y de confianza de las personas detenidas.
2. Traslados hospitalarios oportunos: La remisión urgente a centros sanitarios del nivel de complejidad adecuado y el inicio sin demoras de los tratamientos e intervenciones quirúrgicas pendientes.
3. Continuidad del tratamiento médico: El suministro sostenido de medicamentos y el acceso efectivo a procedimientos diagnósticos (como biopsias e imágenes) suspendidos.
4. Contacto con familiares y defensa legal: La garantía plena del acceso de las personas detenidas a sus familiares, abogados y a atención médica independiente, así como la comunicación oportuna e inmediata sobre cualquier traslado.

Amnistía Internacional concluye que la inacción u omisión en la atención sanitaria de personas bajo custodia estatal no sólo contraviene los tratados internacionales ratificados por Venezuela, sino que transforma la privación de libertad en una pena adicional cruel e inhumana que pone en riesgo inminente la vida de los prisioneros.

La organización reitera que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad, la salud y la vida de las personas privadas de libertad. Por ello, la adopción de medidas humanitarias urgentes, la atención médica cualificada e independiente y la revisión individualizada de cada caso resultan exigencias impostergables para evitar daños irreversibles o pérdidas de vidas humanas bajo la responsabilidad de las autoridades.

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En Italy: Extraterritorial migration detention and human rights obligations (Italia: La detención extraterritorial de migrantes y las obligaciones de derechos humanos) se examina el acuerdo de 2023 para establecer dos centros para migrantes en Albania gestionados por las autoridades italianas, que condujo a traslado forzoso de centenares de personas que corren peligro de ser privadas de libertad, en muchos casos sin acceso a asistencia letrada. Las condiciones de reclusión y el lesivo coste humano de las políticas extraterritoriales de Italia han llevado a varias personas a autolesionarse o intentar suicidarse.

“En última instancia, la detención extraterritorial busca disuadir la migración, así como trasladar y eludir la responsabilidad de responder a ella y la obligación de proporcionar asilo a quienes lo necesitan. El acuerdo entre Italia y Albania muestra de nuevo el coste ineludible de este enfoque para los derechos humanos”, ha afirmado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

“Justo antes de la entrada en vigor del acuerdo, Amnistía Internacional alertó de las consecuencias perjudiciales que inevitablemente tendría en los derechos de las personas que corrían peligro en el mar y las que se trasladaran a Albania. Es evidente que estas preocupaciones se han materializado”.

Amnistía Internacional considera que sus conclusiones deben servir de advertencia a la UE sobre los efectos calamitosos de las políticas migratorias que promueven una creciente dependencia de países fuera de sus fronteras para gestionar la migración, a costa de ampliar las rutas seguras y regulares.

Crueldad innecesaria

Entre octubre de 2024 y enero de 2025, Italia llevó a cabo tres operaciones marítimas en las que, en virtud del acuerdo, trasladó forzosamente a 73 personas directamente de aguas internacionales a Albania. Tras numerosas sentencias de tribunales italianos que anularon las órdenes de detención de esas personas, Italia puso fin a los traslados a Albania desde alta mar.

No obstante, en marzo de 2025, el gobierno italiano modificó el acuerdo para permitir la detención de hombres albaneses contra los que pesaran órdenes de expulsión en Italia. Como resultado de la modificación, en los últimos 15 meses se ha trasladado por la fuerza a cientos de hombres (más de 500, según los informes), predominantemente racializados, al centro de detención albanés de Gjadër.

Entre el 11 de abril y el 16 de mayo de 2025, en el centro de Gjadër se registraron 42 incidentes penitenciarios, incluidos al menos dos intentos de ahorcamiento, una protesta en la que tres personas resultaron heridas con cristales rotos y varios casos de autolesión.

El gobierno italiano ha obstruido la observación independiente de la implementación del acuerdo mediante la restricción del escrutinio parlamentario y la elusión de procesos legislativos ordinarios, entre otras acciones. Al limitar el acceso y la vigilancia de observadores independientes de derechos, lo que sucede en los centros de detención albaneses sigue estando en gran medida rodeado de secretismo.

Aunque las personas detenidas en Albania están bajo la jurisdicción italiana, su distancia física de Italia, sumada al acceso limitado a asistencia letrada, tribunales y otras salvaguardias, menoscaba considerablemente la efectividad del derecho a solicitar asilo y a acceder a la justicia.

Un abogado al que entrevistó Amnistía Internacional afirmó que no había logrado reunirse con su cliente antes de la vista ni había tenido tiempo para preparar la defensa adecuadamente. En su opinión, las actas de las audiencias judiciales de asilo, en las que constaba que las personas respondían a las preguntas con monosílabos, indicaban que habían sido intimidadas.

“Las personas detenidas en Albania están traumatizadas, como es comprensible. Es posible que hayan cruzado el desierto, sido detenidas y sufrido abusos en Libia, sobrevivido a la travesía marítima en embarcaciones no aptas para la navegación y, posteriormente, tras ser interceptadas por las autoridades italianas, pasado días viajando hasta Albania. A otras, trasladadas desde centros de detención en Italia, se las arranca de sus vidas; dejan atrás sus comunidades y sus redes de apoyo, y se espera de ellas que, de la noche a la mañana, lidien con un entorno nuevo, controles y trámites burocráticos, todo ello desde un lugar de aislamiento. Se las obliga a soportar una crueldad intolerable e innecesaria”, ha afirmado Eve Geddie.

Menoscabo del Estado de derecho

Los tribunales italianos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han concluido que las normas y las prácticas italianas relativas a las solicitudes de asilo presentadas por personas de países que Italia ha designado como “seguros” (base de la tramitación acelerada de las solicitudes) son incompatibles con la legislación de la UE y no ofrecen suficientes salvaguardias a las personas solicitantes.

A pesar de las reiteradas sentencias de tribunales italianos que ordenan la puesta en libertad de las personas detenidas en Albania, el gobierno italiano ha seguido adelante con la aplicación del acuerdo. Ha intentado limitar el escrutinio de los tribunales de la designación de “países seguros” recurriendo a legislación concebida para situaciones de emergencia y menoscabando el Estado de derecho sin aducir justificaciones para ello.

Las personas contra las que pesan órdenes de expulsión en Italia y que ya se encontraban detenidas allí también han sido objeto de traslados extraterritoriales ilegales, que incumplen lo dispuesto en el derecho nacional y europeo.

“Resulta más que evidente que Italia no puede aplicar el acuerdo con Albania sin incumplir sus obligaciones de derechos humanos. La realidad debe ser una llamada de atención para que la UE paralice cualquier plan futuro de ampliar el uso de la detención extraterritorial y otras herramientas de externalización”, ha afirmado Eve Geddie.

“Las autoridades italianas deben poner fin de inmediato al acuerdo con Albania, ofrecer alternativas a la detención de las personas migrantes —que, en virtud del derecho internacional, debe seguir siendo una medida de último recurso— y garantizar el acceso a procedimientos de asilo efectivos y no discriminatorios y a condiciones de acogida dignas en territorio italiano para todas las personas que buscan protección internacional. Todas las personas refugiadas y migrantes deben poder acceder a salvaguardias jurídicas efectivas y beneficiarse de una observación independiente”.

Información complementaria

El acuerdo firmado entre Italia y Albania entró en vigor el 23 de febrero de 2024 por un periodo inicial de cinco años tras el cual se renovará de forma automática. Según informes, el gobierno italiano ha destinado más de 670 millones de euros para esta operación hasta 2028.

Dado que el Ministerio del Interior italiano ha denegado reiteradamente las solicitudes de Amnistía Internacional de acceder a los centros de detención en Albania alegando motivos de seguridad y orden público, la investigación se basa en la correspondencia mantenida con ese ministerio y en el examen de documentos judiciales, información intercambiada con la red de la sociedad civil Tavolo Asilo e Immigrazione, informes de representantes del Parlamento y la Defensoría del Pueblo, entrevistas con agencias de la ONU y con dos abogados de persona detenidas en Gjadër.

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