Ante la iniciativa de reforma constitucional impulsada por las autoridades nicaragüenses para ampliar el mandato presidencial y excluir de manera permanente de los procesos electorales a personas calificadas por el gobierno como “traidoras” o “golpistas”, Amnistía Internacional advierte que estas medidas representan un nuevo paso en el desmantelamiento del derecho de las personas nicaragüenses a participar en los asuntos públicos de su país.  

El derecho de todas las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser elegidas sin restricciones indebidas en elecciones auténticas, está reconocido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Nicaragua sigue obligada por este tratado y no puede eliminar o restringir arbitrariamente estos derechos. 

“Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos.”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

La reforma fue presentada tras las declaraciones realizadas por el copresidente Daniel Ortega durante un acto conmemorativo el 19 de julio, en donde afirmó que “aquí no volverá a haber elecciones”, marcando el inicio de un proceso para incorporar estas restricciones al ordenamiento jurídico del país.  

Estas medidas se suman a un proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos, más de 300 personas fueron asesinadas. Desde entonces, las autoridades han cancelado la personalidad jurídica de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, cerrado medios de comunicación independientes y despojado arbitrariamente de su nacionalidad a personas consideradas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos, dejando a muchas en situación de apatridia y obligando a muchas otras a exiliarse. 

Lejos de revertir este deterioro, las autoridades han continuado el desmantelamiento del Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos. En 2025 promovieron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia. 

Recientemente, en julio de 2026, cientos de profesionales del derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer, en lo que expertos de la ONU calificaron como una purga de la profesión jurídica que deja a las víctimas de la represión prácticamente sin acceso a una defensa independiente. 

“Detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado le arrebató la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Esto es lo que este anuncio pretende convertir en ley”, añadió Ana Piquer. 

Detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado le arrebató la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Esto es lo que este anuncio pretende convertir en ley.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma dirigida a eliminar o restringir indebidamente el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos de su país. 

Las autoridades deben garantizar la celebración de elecciones periódicas y auténticas, mediante sufragio universal y en condiciones que aseguren la libre expresión de la voluntad del electorado, de conformidad con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También deben poner fin a todas las represalias contra quienes ejercen o promueven ese derecho, incluidas las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que imposibilitan una participación cívica y política efectiva. 

La organización también pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros que garanticen que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y a sus impactos. 

Asimismo, solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho como una decisión soberana de carácter interno, y que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, exigiendo que Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente. 

Amnistía Internacional dará seguimiento y analizará las reformas propuestas y documentará sus impactos sobre los derechos de las personas nicaragüenses que viven en país y de quienes se encuentran en el exilio. 

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Ante los fenómenos meteorológicos relacionados con el calor extremo en todo el mundo, como incendios forestales generalizados, sequías e inundaciones, Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El calor extremo no es sólo un fenómeno meteorológico. Tiene una dimensión política. Se produce cuando el cambio climático, impulsado por la codicia empresarial y el fracaso político, choca con los derechos, las vidas y los medios de subsistencia de las personas. Se trata de una emergencia de derechos humanos que amenaza el derecho a la vida, la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento, la alimentación, la educación y un medioambiente saludable. El calor extremo no es un desastre aislado. Multiplica el daño a los derechos humanos. Mientras muchos gobiernos y actores empresariales dan marcha atrás en sus medidas contra el cambio climático, cada vez más personas en todo el mundo sufren fenómenos extremos causados por el cambio climático, que modifican sus vidas y en muchos casos, desgraciadamente, acaban con ellas.”

“Las olas de calor pueden matar directamente, y también propagan los incendios forestales, aumentan la contaminación atmosférica, resecan el suelo y alteran los regímenes pluviales, agravando la sequía en algunos lugares y haciendo que las inundaciones sean más peligrosas en otros. Estos daños se están agravando con las tácticas autoritarias que atacan a la ciencia climática, restringen las protestas, difunden desinformación respecto al clima y protegen los poderosos intereses del sector de los combustibles fósiles para que no rinda cuentas.”

“Los gobiernos deben proteger inmediatamente a la población con medidas de adaptación y servicios públicos de resiliencia climática, como sistemas de alerta temprana, viviendas seguras, acceso al agua y medidas de protección contra el calor. Pero también deben hacer frente a la causa fundamental de esta crisis cada vez más grave. Gracias en parte a las generosas subvenciones públicas y al apoyo de sus aliados en el gobierno, las empresas del sector de los combustibles fósiles siguen generando beneficios, mientras las comunidades pagan el precio de los daños que estas empresas han contribuido a causar. Los Estados deben hacer pagar a quienes contaminan, defender la ciencia del clima y el espacio de la sociedad civil y conseguir una eliminación gradual completa, rápida, justa y financiada del uso de combustibles fósiles que no deje atrás a nadie.”

Este calor tiene una dimensión política.
Se produce cuando el cambio climático, impulsado por la codicia empresarial y el fracaso político, choca con los derechos, las vidas y los medios de subsistencia de las personas.Marta Schaaf, directora del Programa de Amnistía Internacional sobre Clima, Justicia Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas

Información complementaria:

El número de personas expuestas al calor extremo aumenta exponencialmente debido al cambio climático en todas las regiones del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Con el aumento de las temperaturas medias debido al cambio climático, se incrementa el riesgo de que haya temperaturas extremas, olas de calor, incendios forestales y temperaturas récord.

Este mes se ha informado de olas de calor extremo en Estados Unidos, Túnez, Oriente Medio, Turquía y Bangladesh, mientras que en más de la mitad de Inglaterra se ha declarado oficialmente el estado de sequía. Este año se han registrado en todo el mundo elevadas cifras de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas, mientras enormes incendios forestales se extienden por Europa, el norte de África y Canadá.

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“India ha seguido suministrando armas a Israel pese al riesgo sustancial de que puedan usarse en el genocidio israelí en curso de la población palestina en la Franja de Gaza ocupada”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Made in India: The Supply of Weapons and Ammunition to Israel documenta cómo el gobierno de India ha establecido una colaboración próxima y rentable con el sector de la defensa israelí y se ha convertido en una importante pieza de las cadenas de suministro que respaldan las operaciones militares de Israel.

El informe usa datos comerciales a nivel de envío entre India e Israel para revelar que se han enviado armas, munición, partes y componentes de origen indio a grandes empresas israelíes proveedoras de las fuerzas armadas israelíes. En el informe se identifica asimismo a empresas propiedad del Estado de India y controladas directamente por este.

“Nuestra investigación revela que India sigue apoyando al ejército y al sector de la defensa israelíes pese al genocidio en Gaza que desde hace años se retransmite a todo el mundo casi a diario”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“India fabrica y suministra armas que se transfieren a Israel merced a la propiedad estatal de empresas proveedoras clave y a su control sobre ellas. No solo no ha regulado las exportaciones de armas a Israel por empresas privadas con arreglo al derecho y las normas internacionales, sino que también ha reforzado su colaboración con Israel en materia de defensa”.

“Con arreglo a las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que reconocen un riesgo plausible de genocidio de la población palestina en Gaza, las autoridades indias no pueden argumentar de forma creíble que no sabían que seguir autorizando y facilitando transferencias de armas a Israel conlleva un riesgo sustancial de contribuir a violaciones graves del derecho internacional. Mientras el ejército israelí infligía muerte, destrucción y sufrimiento generalizados a la población palestina de Gaza, empresas indias seguían obteniendo beneficios suministrando componentes y municiones destinados al sector de la defensa de Israel”.

“El gobierno indio debe dejar inmediatamente de autorizar exportaciones de armas, munición y partes a Israel. Además, debe garantizar que las empresas que operan bajo su jurisdicción no contribuyen a crímenes de derecho internacional. Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades a nivel mundial, lo que conlleva adoptar medidas proactivas y firmes desde el principio para garantizar que sus productos no están implicados en violaciones graves del derecho internacional. Estas medidas deben ser proporcionales al nivel de riesgo”.

India fabrica y suministra armas que se transfieren a Israel merced a la propiedad estatal de empresas proveedoras clave y a su control sobre ellas.Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

El equipo de investigación de Amnistía Internacional analizó 2.596 envíos de armas, munición, partes y componentes realizados desde India a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Según los registros, empresas indias han suministrado al menos 390.516 partes de armas pequeñas para armas de uso militar, 564.970 piezas de artefactos explosivos (como ojivas de drones, casquillos de proyectiles de artillería y otras) y 298 componentes de vehículos militares a grandes empresas israelíes que son proveedores directos del ejército israelí.

Amnistía Internacional excluyó sistemáticamente los datos de envíos que podrían haberse destinado a uso civil, así como armas, partes y munición destinados probablemente a la tecnología de defensa antimisiles que se suele emplear para defender a la población civil de ataques indiscriminados.

Amnistía Internacional analizó el marco legal nacional de India sobre transferencias de armas y el cumplimiento por este país del derecho y las normas internacionales. La organización encontró deficiencias estructurales críticas como la inexistencia del requisito expreso de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos para prevenir que se usen productos militares en violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como falta de transparencia, lo que se traduce en un proceso de exportación sin control.

India se abstuvo en la votación sobre la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas en abril de 2013. Desde entonces, ni lo ha firmado ni se ha adherido a él. Es vital que India se adhiera este tratado como primer paso para que su normativa en materia de control de las exportaciones sea compatible con el derecho internacional sobre transferencias de armas.

Como parte de su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y de garantizar que se respeta, todos los Estados tienen prohibido transferir, o permitir que actores no estatales transfieran, armas a una parte de un conflicto armado —sea un Estado o un grupo armado no estatal— cuando haya un riesgo claro de que esto contribuiría a la comisión de violaciones del derecho internacional humanitario.

Los actores empresariales implicados en la transferencia de armas a Israel podrían también contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario. Además, si las empresas y su personal conocen la probabilidad sustancial de que dichas armas se usarían para cometer crímenes de derecho internacional, podrían incurrir en responsabilidad penal.

En junio y julio de 2026, Amnistía Internacional escribió al Estado de India y a las nueve empresas que se citan en el informe detallando las conclusiones del informe. En el momento de la publicación, no se había recibido respuesta.

Armas identificadas

A raíz de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante sus ataques a Israel del 7 de octubre de 2023, Israel lleva a cabo una brutal y destructiva campaña en la Franja de Gaza que constituye un genocidio en curso contra la población palestina, y continúa con sus operaciones militares y prácticas ilegítimas, como su apoyo activo a la violencia generalizada de los colonos en Cisjordania. Esto ocurre en el contexto de décadas de ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel y de su sistema de apartheid contra la población palestina.

Israel posibilita que se cometan estos crímenes y violaciones del derecho internacional con suministros a Israel casi ininterrumpidos de armas y municiones desde varios Estados clave, como Estados Unidos y Alemania, así como con el tránsito de armas a través de Eslovenia y de Francia, que ha documentado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha identificado exportaciones de India a Israel de armas y munición, incluidos partes y accesorios, de artículos clasificados en los códigos HS 93+ y 8710+ del Sistema Armonizado reconocido internacionalmente.

El código HS 93+ es una categoría general que incluye la mayoría de los tipos de armas y munición, así como partes y accesorios. El código HS 8710+ incluye tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate y sus partes.

Amnistía Internacional identificó al menos 2.596 envíos de armas, partes y munición exportados desde India a Israel entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de noviembre de 2025. que incluyen componentes de ametralladoras para armas desplegadas por las fuerzas israelíes en Gaza; proyectiles de artillería de alto poder explosivo de 155 mm suministrados a Elbit Systems; ojivas para la munición de merodeo Skystriker similares a las identificadas entre los escombros en Jan Younis (Gaza); y componentes de vehículos blindados destinados a los principales proveedores del ejército israelí.

Amnistía Internacional cree que algunas empresas indias podrían ser cómplices de crímenes de derecho internacional y de otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por Israel merced a su relación comercial con empresas israelíes que suministran directamente material al ejército israelí.

Amnistía Internacional analizó exportaciones de varias empresas indias entre ellas: PLR Systems Private Limited, que fabrica partes para ametralladoras y es una empresa conjunta de Adani Defence & Aerospace e Israel Weapon Industries; Indo MIM Private Limited, que fabrica componentes de armas de fuego; Kalyani Systems Private Limited, que fabrica proyectiles y casquillos de artillería y es subsidiaria de Bharat Forge; Munitions India Limited, de propiedad estatal, que fabrica proyectiles de artillería de alto poder explosivo; y Alpha Elsec Defence & Aerospace Systems Private Limited que fabrica ojivas y es una empresa conjunta de Alpha Design Technologies y Elbit Systems.

Entre las empresas israelíes que hicieron pedidos de armas y recibieron armas figuran Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems Ltd e Israel Aerospace Industries Ltd, conocidas por su contribución a las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por Israel. En 2025, Amnistía Internacional pidió a todos los Estados y entidades privadas que cesaran todas las actividades empresariales con estas empresas, pues “se arriesgan a ser cómplices de los crímenes de lesa humanidad de apartheid y genocidio y de otros crímenes de derecho internacional”.

Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo un embargo total de armas a Israel que abarque el suministro directo o indirecto, la venta y la transferencia de armas y material militar, incluidas tecnologías afines, partes y componentes, asistencia técnica, formación, asistencia económica o de otra índole hasta que las empresas implicadas puedan demostrar que no están contribuyendo a la ocupación ilegal de Israel ni a sus crímenes de derecho internacional.

El Estado de India —y las empresas indias que suministran armas, munición, partes o componentes— debe cesar inmediatamente todas las transferencias de armas y munición, incluidos partes y componentes, a Israel.

“Al permitir a sabiendas la transferencia de armas a Israel, India viola claramente su deber de prevenir el genocidio en virtud de la Convención sobre el Genocidio y su obligación de garantizar que se respetan los Convenios de Ginebra”, concluyó Agnès Callamard.

“Si una empresa determina que los productos que ha vendido podrían haber contribuido a abusos contra los derechos humanos de la población palestina en Gaza, deberá establecer un proceso de reparación para todas las personas perjudicadas como consecuencia de ello o colaborar con este”.

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Amnistía Internacional se une al llamado de las Guerreras por la Amazonía (GxA), que cinco años después de ganar una sentencia histórica que exige a Ecuador eliminar los mecheros petroleros cercanos a centros poblados, así como reparaciones a las comunidades afectadas, siguen exigiendo su cumplimiento. 

«Durante estos cinco años, las Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo Eliminen los Mecheros y las comunidades afectadas han encabezado una resistencia incansable por sus derechos y la justicia climática. Sin embargo, se siguen enfrentando a la indolencia de las autoridades, a acciones que simulan el cumplimiento de la sentencia, así como con actos de estigmatización e incluso ataques en su contra”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

Durante estos cinco años, las Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo Eliminen los Mecheros y las comunidades afectadas han encabezado una resistencia incansable por sus derechos y la justicia climática.” Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

La eliminación de los mecheros: avances parciales y simulaciones 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) de Ecuador, para 2023 en la Amazonía Ecuatoriana existían 486 mecheros, 424 operados por la empresa estatal Petroecuador, y 62 por empresas privadas. La sentencia ordenó su eliminación progresiva hasta 2030, comenzando por aquellos cercanos a centros poblados. Estos últimos debían ser eliminados en un plazo de 18 meses, que venció el 29 de marzo de 2023. Para cumplir con esta obligación, el MAE emitió en 2022 un reglamento que considera cercanos a centros poblados únicamente a los mecheros situados a menos de 100 metros de una concentración de al menos 20 viviendas contiguas.  

En su informe “Arde la Amazonía, Arde el Futuro”, Amnistía Internacional documentó en agosto del 2024 al menos 52 mecheros ubicados a menos de cinco kilómetros de centros poblados, distancia hasta donde pueden llegar contaminantes. Pese a ello, las autoridades consideraron cumplido el primer plazo tras eliminar únicamente dos mecheros situados dentro del criterio restrictivo de 100 metros. 

Petroecuador informó en julio de 2026 que había eliminado 183 mecheros y comprometido 600 millones de dólares para continuar con el proceso de eliminación. Para finales de 2025, solo nueve de los 62 mecheros operados por empresas privadas habían sido eliminados. 

Según el monitoreo satelital anual del Banco Mundial que rastrea el progreso mundial hacia la meta de cero quema rutinaria de gas en mecheros para 2030, aunque el volumen de gas quemado de Ecuador cayó en 9% de 2024 a 2025, este sigue estando 34% por arriba del volumen en 2021, año en que tenía que arrancar el programa de eliminación de mecheros. 

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Cinco años después, los mecheros siguen afectando a las comunidades 

Amnistía Internacional verificó en julio de 2026, a través de datos del Banco Mundial, documentos oficiales y entrevistas, que, al menos tres sitios de quema ubicados a menos de 5 km de las viviendas de las GxA (y en general de centros poblados), siguen activos. 

Dayra Shirap, de 16 años, es una de las GxA, integrante de la nacionalidad indígena shuar; vive a casi 2 km de la Estación Sur Oeste de Shushufindi. Según datos del Banco Mundial, el volumen de gas quemado en ese sitio aumentó 53% desde 2021. 

“Todos los días cuando voy al colegio puedo verlo [al mechero] y parece fuego forestal” relató Dayra. 

También, reportó que solamente una vez apagaron los mecheros de esa estación durante una visita de delegados de Ministerios que fueron a constatar el cumplimiento de la sentencia, pero luego lo volvieron a encender.  

Leonela Moncayo, de 15 años, Guerrera por la Amazonía, convivía con un mechero frente a su casa. Según su testimonio, este no fue eliminado: la tubería que transportaba el gas fue redireccionada hacia otra estación a casi 2 km de su casa. 

 “No lo eliminaron. Cambiaron la dirección de la tubería, la pasaron por la entrada de mi casa y llevaron el gas a la estación que estaba cerca”, explicó Leonela. 

Este gas fue redireccionado a la estación Lago Norte, la cual duplicó su quema de gas entre 2024 y 2025, alcanzando un máximo histórico de 7.32 millones de metros cúbicos anuales. Los dos mecheros del sitio están incluidos en el plan de eliminación progresiva, con desmantelamiento previsto hasta el 31 de diciembre de 2027. 

Jamileth Jurado, de 18 años, alterna su residencia entre las casas de su padre y de su madre. La vivienda de su padre se encuentra a unos 150 metros de una plataforma petrolera afectada recurrentemente por derrames. La de su madre está en Shushufindi, una ciudad rodeada de mecheros. 

A poco más de 4 km de su vivienda está la Estación Norte Shushufindi, que, según los datos del Banco Mundial, registra el mayor volumen de quema de gas del país: alrededor de 69,1 millones de metros cúbicos al año. 

Jamileth también vive a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Estación Shushufindi Central, donde dos mecheros permanecerán activos hasta finales de 2028 de acuerdo con un informe de Petroecuador.  

“Vivir cerca de los mecheros es una amenaza diaria y una preocupación. Desde que entré al Caso Mecheros, he aprendido que esto puede causarme cáncer”, afirmó Jamileth 

El plan oficial de Petroecuador prevé eliminar 13 mecheros en 2026, 60 en 2027, 60 en 2028, 50 en 2029 y 54 en 2030. Sin embargo, Pablo Fajardo, abogado de las accionantes e integrante de la UDAPT, advirtió que han identificado nuevos mecheros y que solo un nuevo estudio nacional permitiría determinar con claridad cuántos permanecen activos.  

Petroecuador ha señalado que el cumplimiento de la planificación depende de condiciones operativas y de posibles pérdidas de producción petrolera. Para Amnistía Internacional, subordinar la eliminación de los mecheros a la continuidad de la producción implica privilegiar intereses económicos de la industria petrolera por encima de los derechos humanos, manteniendo a la Amazonía ecuatoriana como una “zona de sacrificio”.  

Las reparaciones siguen pendientes 

La sentencia también estableció reparaciones relacionadas con los derechos a la salud, al agua y al medio ambiente limpio, saludable y sostenible de las comunidades afectadas, que cinco años después siguen sin cumplirse.  

Según la UDAPT, el Ministerio de Salud Pública no ha presentado el estudio médico-científico que debía entregar a seis meses de establecida la sentencia, sobre el grado de afectación en la salud de las comunidades. Al no determinar la gravedad de esta afectación, tampoco ha implementado una Unidad Clínica Oncológica.  

“Yo siento que voy a seguir luchando por los derechos de los amazónicos. Seguiré luchando por los pacientes de cáncer de la Amazonía, yo sé lo que es vivir este sufrimiento en carne propia. Algún día se va a acabar esto”.  – afirmó Jamileth Jurado, hija de una de las 749 pacientes con cáncer registrados por UDAPT en las cercanías de los mecheros. 

Las autoridades tampoco han evaluado idóneamente la calidad del agua ni garantizado acceso a agua apta para consumo humano. Las personas de la zona tienen que usar agua de lluvia o subterránea, en muchos casos contaminada, o deben comprar agua embotellada.  

“No tenemos agua potable, usamos agua lluvia. Aunque intentemos hervirla, no se eliminan todas las toxinas.” – afirmó Leonela Moncayo, Guerrera por la Amazonía.  

Finalmente, la sentencia ordenó un sistema efectivo de monitoreo y verificación ambiental para identificar vulneraciones a los derechos de la Naturaleza. Sin embargo, la respuesta de las autoridades se resume a oficios formales. 

“Todos responden con reglamentos, con informes, pero maquillando, no responden el acatamiento de la sentencia, sino cosas que les permita evadir el cumplimiento de la sentencia”, señaló Pablo Fajardo, de la UDAPT.    

La lucha continúa

Frente al incumplimiento reiterado, las Guerreras y la UDAPT han exigido justicia ante distintas instancias, como la Asamblea Nacional del Ecuador o la Corte Constitucional. En dicha Corte han presentado dos acciones legales, una desestimada y otra en evaluación. Si bien el Estado no ha cumplido integralmente con la sentencia, según UDAPT, estos cinco años de lucha y resistencia han logrado cambios como una mayor comprensión de los efectos de los mecheros sobre la población.  

En 2024, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica incorporó una disposición que prohíbe la combustión al aire libre del llamado gas “natural” mediante mecheros que pongan en riesgo a las comunidades y a los ecosistemas. 

A pesar de la estigmatización y ataques que han sufrido las Guerreras por la Amazonía y la UDAPT, así como la  falta de medidas de protección estatales, las niñas y jóvenes no han desistido de su lucha. En 2024, seis niñas representantes de los pueblos shuar, kichwa, siona, siekopai, waorani y cofán se incorporaron al colectivo de las Guerreras por la Amazonía. Las Guerreras han recabado solidaridad internacional en espacios como la COP30. 

En mayo de 2026, GxA, la UDAPT y Amnistía Internacional, entregaron al MAE 492.174 acciones de apoyo de personas de todo el mundo que piden el cumplimiento de la sentencia. Tras esa reunión, el Ministerio se comprometió a impulsar mesas técnicas interinstitucionales para avanzar en la eliminación de los mecheros y en las reparaciones.  

“Las Guerreras, la UDAPT y las comunidades que enfrentan los mecheros no son víctimas pasivas. Su resistencia activa está presionando al Estado ecuatoriano y se ha convertido en un referente regional e internacional de la lucha por la justicia ambiental y climática. El Estado ecuatoriano debe dejar a un lado la simulación y cumplir con su obligación de eliminar los mecheros y abandonar progresivamente los combustibles fósiles que convierten en zona de sacrificio la Amazonía ecuatoriana”. – afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

El Estado ecuatoriano debe dejar a un lado la simulación y cumplir con su obligación de eliminar los mecheros y abandonar progresivamente los combustibles fósiles que convierten en zona de sacrificio la Amazonía ecuatoriana.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

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La ejecución pública de dos manifestantes hoy, que sucede a la ejecución arbitraria de al menos otros tres manifestantes la semana pasada, marca una nueva escalada en el uso de la pena de muerte por las autoridades para aplastar la disidencia; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. La organización sospecha que al menos 60 más, incluidas tres personas arrestadas cuando eran menores de edad, continúan en peligro de ejecución tras haber sido condenadas a muerte, y que muchas más se enfrentan a enjuiciamiento por cargos de pena de muerte en relación con las protestas. 

En la primera mitad de 2026, las autoridades iraníes han recurrido cada vez más al uso de cargos de seguridad nacional de amplia definición, como espionaje y colaboración con Estados hostiles, para declarar culpables y condenar a muerte a personas arrestadas en el contexto de las protestas de enero de 2026. Desde principios de año han ejecutado arbitrariamente a al menos 26 personas declaradas culpables de delitos en relación con las protestas de enero de 2026, después de juicios manifiestamente injustos y empañados por tortura ante tribunales revolucionarios. Además de las personas perseguidas en el contexto de las protestas, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a otras 26 como mínimo por cargos de motivación política, y continúan llevando a cabo cientos de ejecuciones por delitos relacionados con drogas y de otra índole.

Las autoridades iraníes han desatado una ola terrorífica de ejecuciones y condenas de muerte para castigar y reprimir la disidencia, y así proyectar una imagen de fuerza y control absoluto tras el levantamiento popular de enero y en pleno ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes.Heba Morayef, Amnistía Internacional

“Las autoridades iraníes han desatado una ola terrorífica de ejecuciones y condenas de muerte para castigar y reprimir la disidencia, y así proyectar una imagen de fuerza y control absoluto tras el levantamiento popular de enero y en pleno ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La titubeante reacción de la comunidad internacional anima a las autoridades iraníes a continuar con sus ataques letales. Los Estados miembros de la ONU deben adoptar medidas diplomáticas urgentes y coordinadas para presionar a las autoridades iraníes a fin de que se abstengan de llevar a cabo más ejecuciones. Deben situar la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán en un lugar prioritario de su agenda, apoyar la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.”

Amnistía Internacional ha hablado con 10 fuentes informadas, incluidos familiares de víctimas fuera de irán y profesionales de la abogacía dentro de Irán. La organización también ha examinado declaraciones oficiales de las autoridades iraníes, así como informes de medios de comunicación estatales y de organizaciones de derechos humanos radicadas fuera de Irán.

En los casos documentados, personas ejecutadas arbitrariamente o condenadas a muerte fueron declaradas culpables de los cargos excesivamente generales e imprecisos de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz). Entre ellas hay personas ejecutadas por presunta participación en incendio premeditado, daños a la propiedad, bloqueo de carreteras o alteración del orden público, actos que no alcanzan el umbral necesario para la aplicación de la pena de muerte según el derecho y las normas internacionales, que restringen su uso a los “más graves delitos” que implican homicidio intencional.

Otras han sido enjuiciadas en aplicación de la Ley para Intensificar la Pena por Espionaje y Colaboración con el Régimen Sionista y Estados Hostiles contra la Seguridad y los Intereses Nacionales (Ley de Espionaje), promulgada tras la guerra de los 12 días en junio de 2025. La ley penaliza actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como la participación pacífica en protestas y la difusión de información a organizaciones de medios de comunicación.

Dado que miles de manifestantes fueron arrestados en el contexto de las protestas de enero de 2026 y que los familiares a menudo se abstienen de denunciar públicamente las condenas de muerte por miedo a represalias, Amnistía Internacional cree que muchos más corren peligro de ser condenados de muerte.

Ejecuciones arbitrarias vinculadas a las protestas de enero de 2026

Desde que Israel y Estados Unidos atacaron ilegalmente a Irán el 28 de febrero de 2026, las autoridades iraníes han intensificado su uso de la pena de muerte contra personas arrestadas en el contexto del levantamiento de enero de 2026.

El 28 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente y en público a Amir Hossein Safari y a Abolfazl Sepahi. Ambos fueron arrestados durante las protestas en Isfahán el 8 de enero de 2026 y condenados a muerte tras un juicio colectivo manifiestamente injusto con decenas de personas acusadas. El juicio colectivo se refería al homicidio de cuatro agentes de policía durante las protestas de la plaza Alikhani (Isfahán) y a denuncias según las cuales los acusados poseían armas y habían incendiado edificios y causado daños en bienes públicos. Días antes, el 19 de julio, otros dos manifestantes procesados en la misma causa, Erfan Esfandiari y Gol-Mohammad Mohammadi, fueron ejecutados arbitrariamente. La agencia de noticias Mizan informó de que sus “confesiones” bajo custodia habían servido para declararlos culpables.

Otros ocho individuos condenados a muerte en la misma causa corren peligro inminente de ejecución. Se trata de Ali Dashti, Alireza Raisi, Abolfazl Ebrahimi, Alireza Sepahi, Amirhossein Ebrahimi, Amirhossein Maleki, Ghaem Hosseini y Shervin Bagherian. Una fuente informada contó a Amnistía Internacional que uno de los jóvenes —Shervin Bagherian— había sufrido desaparición forzada durante 21 días así como tortura y otros malos tratos, incluidas palizas. Su “confesión” forzada fue difundida en un vídeo propagandístico el 25 de enero de 2026, antes del juicio, y se le negó el derecho a asistencia letrada durante toda la fase de investigación. 

Mehdi Khaneki, Mohammad Amini Dehaghani, Javad Zamani, Abolfazl Saedi, Ashkan Maleki y Mehrdad Mohammadinia están entre las personas ejecutadas arbitrariamente tras ser declaradas culpables de delitos que no conllevaban “homicidio intencional”, en contravención del derecho y las normas internacionales.

La agencia de noticias Mizan de la judicatura anunció la ejecución de Mehdi Khaneki en Karaj (provincia de Alborz) el 22 de julio de 2026. Según informó, Khaneki había sido condenado a muerte en aplicación de la Ley de Espionaje tras ser declarado culpable sobre la base de “confesiones” que había hecho bajo custodia. Las autoridades lo habían acusado de vinculación a un grupo de oposición prohibido, posesión de armas y explosivos, y “acciones operativas” en nombre de Israel, Estados Unidos y “grupos hostiles”.

El 15 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Mohammad Amini Dehaghani después de que un tribunal revolucionario de la provincia de Isfahán lo declarara culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en relación con las protestas en la ciudad de Isfahán el 9 de enero de 2026. Según la agencia de noticias Mizan, también fue declarado culpable sobre la base de “confesiones” que había hecho cuando estaba detenido. La agencia afirmaba que las condenas de muerte se basaron en múltiples actos, entre ellos “perturbar la opinión pública”, “intentar establecer contacto con cuentas online asociadas a grupos contrarrevolucionarios”, bloquear carreteras y causar daños en bienes públicos.

El 16 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Javad Zamani y a Abolfazl Saedi tras sendos fallos condenatorios por “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) mediante “ alteración del orden público”, “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional” e incendio premeditado en relación con las protestas en Shahrud (provincia de Semnán). La judicatura difundió sus “confesiones” forzadas el día de sus ejecuciones.

Ashkan Maleki y Mehrdad Mohammadinia, de la minoría kurda oprimida de Irán, fueron ejecutados arbitrariamente y en secreto el 1 de junio de 2026 en la provincia de Alborz, sin previa notificación a familiares ni abogados. La Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán los condenó a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por incendiar una mezquita y un seminario en Teherán. Según la agencia de noticias Mizan, fueron declarados culpables y condenados a muerte en aplicación de la Ley de Espionaje, y las “confesiones” que hicieron bajo custodia —difundidas en la televisión estatal antes de su juicio, lo que constituye una violación de su derecho a la presunción de inocencia— se utilizaron para declararlos culpables. Arman Marefati, acusado junto a ellos, corre peligro inminente de ejecución en la prisión de Ghezel Hesar en Karaj (provincia de Alborz).

Jueces y medios de comunicación estatales han calificado reiteradamente a los manifestantes ejecutados de “soldados de infantería enemigos”, “asesinos armados con espadas vinculados al Mosad” y “agentes enemigos disfrazados de manifestantes”.

Aumento de las condenas de muerte arbitrarias vinculadas a las protestas de enero de 2026

Desde que se restableció el acceso a Internet en Irán el 26 de mayo de 2026, tras un apagón nacional que duró tres meses, Amnistía Internacional ha documentado una escalada del uso de la pena de muerte en relación con las protestas de enero de 2026. Desde entonces se han recibido informes de al menos 15 condenas de muerte dictadas por tribunales revolucionarios y 13 condenas de muerte confirmadas por el Tribunal Supremo en las provincias de Alborz, Isfahán, Fars, Hamedán, Qazvin, Markazi, Semnán, Teherán y Yazd.

Amnistía Internacional cree que el número real de condenas de muerte vinculadas a las protestas de enero de 2026 es muy superior. Según Iran Human Rights, organización de derechos humanos con sede fuera de Irán, sólo en una prisión de la provincia de Isfahán han sido condenadas a muerte más de 70 personas arrestadas en relación con las protestas de enero de 2026.

Este aumento del uso de la pena capital llega en plena proliferación de declaraciones oficiales e informes publicados en medios de comunicación estatales que califican sistemáticamente las protestas de enero de 2026 de “conspiración terrorista sionista-estadounidense” o de “golpe de Estado”. Además, altos cargos judiciales y otras autoridades siguen comprometiéndose públicamente a acelerar los procesamientos y amenazan con la imposición de duras penas a manifestantes.

Amnistía Internacional ha documentado casos de manifestantes condenados a muerte tras juicios manifiestamente injustos y procedimientos a puerta cerrada caracterizados por desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, negación del acceso a representación letrada durante la fase de instrucción, negación del derecho a un abogado de su elección en el juicio y uso de “confesiones” forzadas, que atentan contra el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a recibir protección frente a la tortura y otros malos tratos, el derecho a no inculparse y el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida. El Tribunal Supremo, además, ha ratificado condenas de muerte sin una revisión significativa, privando a las personas acusadas de su derecho a un recurso justo y efectivo.

Las autoridades han generado también un clima de miedo al recurrir cada vez más a la Ley de Espionaje, que penaliza actividades pacíficas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como difundir información sobre protestas y violaciones de derechos humanos a medios de comunicación extranjeros, si las autoridades consideran esas actividades contrarias a la seguridad nacional e impone la pena de muerte por actos definidos como “actividad de inteligencia” o espionaje en nombre de Israel, Estados Unidos u otro Estado o grupo calificado de “hostil”.

En otra escalada de la represión, el Ministerio de Inteligencia publicó el 14 de julio de 2026 una lista con más de 400 personas y entidades, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes radicados fuera de Irán, a las que califica de “hostiles” según la Ley de Espionaje. Quien esté en Irán y se comunique con los individuos o entidades incluidos en la lista se arriesga a su procesamiento y posible condena a muerte si las autoridades califican sus actos de “actividad de inteligencia” o espionaje.

Entre las personas en peligro de ejecución está el atleta de artes marciales Benyamin Naghdi, arrestado durante las protestas en Shiraz (provincia de Fars) el 3 de enero de 2026 y acusado de accionar un extintor contra las fuerzas de seguridad. Estuvo más de 50 días sometido a desaparición forzada y su “confesión” forzada fue emitida en la televisión estatal al día siguiente del arresto y antes del juicio. Según la información recopilada por Amnistía Internacional, la Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Shiraz lo condenó a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en mayo de 2026 tras un juicio manifiestamente injusto, aunque Naghdi no fue informado de su condena hasta julio de 2026.

Peyman Ganji también corre peligro de ejecución. Las fuerzas de seguridad lo arrestaron en Teherán a principios de febrero de 2026. La Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán lo condenó a muerte en mayo de 2026, y la sentencia se le notificó formalmente el 26 de julio. Fue declarado culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) en relación con su presunta implicación en el incendio de una mezquita y la fabricación de cócteles Molotov, acusaciones que él negó rotundamente. Según una fuente informada, “confesó” bajo tortura y otros malos tratos y se retractó de su “confesión” en el juicio.

Ni Peyman Ganji ni Benyamin Naghdi se enfrentan a acusaciones de implicación en muertes de miembros de las fuerzas de seguridad.

Al menos tres individuos —Erfan Amiri, Mansour Jafari y Matin Mohammadi— que eran menores de edad en el momento de los presuntos delitos también corren peligro de ejecución. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe estrictamente imponer la pena de muerte a personas que tuvieran menos de 18 años en el momento del presunto delito.

Las autoridades iraníes deben suspender de inmediato todas las ejecuciones previstas y declarar una suspensión oficial de todas las ejecuciones con vistas a la abolición total de la pena de muerte.

Información complementaria

La respuesta de las autoridades iraníes ante las protestas que estallaron en todo el país el 28 de diciembre de 2025 fue una campaña de represión militarizada sin precedentes. Utilizando ilegalmente armas de fuego y otros medios letales a escala masiva, mataron a miles de manifestantes y transeúntes los días 8 y 9 de enero de 2026 y arrestaron a decenas de miles. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el Estado iraní intensificó la represión interna con el pretexto de las “condiciones de guerra” y ejecutó a al menos 52 personas, entre las que había manifestantes y disidentes, por cargos de motivación política.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias. Esta pena viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

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Tras la llegada a Estados Unidos del artista plástico afrocubano y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, luego de casi cinco años privado de libertad injustamente en Cuba, Amnistía Internacional declaró: 

“La llegada de Luis Manuel Otero Alcántara a Estados Unidos pone fin a años de prisión injusta y ratifica el daño causado por las autoridades cubanas y la responsabilidad del Estado por haberlo encarcelado únicamente por ejercer sus derechos humanos. Luis Manuel nunca debió haber pasado un solo día en prisión. Lo que vivió seguirá siendo un símbolo de cómo el gobierno cubano ha utilizado el sistema penal para castigar el arte, la disidencia y la libertad de expresión”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Luis Manuel nunca debió haber pasado un solo día en prisión. Lo que vivió seguirá siendo un símbolo de cómo el gobierno cubano ha utilizado el sistema penal para castigar el arte, la disidencia y la libertad de expresión”.Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado el 24 de junio de 2022 a cinco años de prisión por cargos como “desacato”, “desórdenes públicos” y “ultraje a los símbolos patrios”, en un proceso vinculado a sus expresiones artísticas, publicaciones en redes sociales, críticas al gobierno cubano y participación en protestas pacíficas. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y exigió reiteradamente su liberación inmediata e incondicional. 

“Si bien es un alivio que Luis Manuel esté libre, es indispensable recordar que su destierro es una extensión del castigo contra quienes se atreven a pensar distinto, crear libremente o denunciar violaciones de derechos humanos en Cuba. Toda persona debe poder vivir en libertad, expresarse y participar en la vida pública sin verse forzada a abandonar su país”, agregó Ana Piquer. 

“Luis Manuel Otero Alcántara deja Cuba después de años de persecución, encarcelamiento arbitrario y deterioro de su salud bajo custodia estatal. Su salida del país debe ir acompañada de garantías plenas para su seguridad, su dignidad y su derecho a continuar creando, denunciando y defendiendo derechos humanos sin amenazas ni represalias contra él, su familia o su entorno”, continuó Ana Piquer. 

“Las autoridades cubanas deben liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas presas de conciencia, incluido Maykel Castillo Pérez ‘Osorbo’, así como Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca y todas las personas detenidas injustamente por motivos políticos en Cuba.  

Las autoridades cubanas deben liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas presas de conciencia, incluido Maykel Castillo Pérez ‘Osorbo’, así como Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca y todas las personas detenidas injustamente por motivos políticos en Cuba.” Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

La comunidad internacional debe mantener la presión hasta que ninguna persona en Cuba sea encarcelada, vigilada, amenazada o forzada al exilio por ejercer sus derechos humanos”, concluyó Ana Piquer. 

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Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la Ley 32735 que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las víctimas sean civiles.  

La referida ley, promulgada el 20 de julio, modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal, y podría trasladar o detener investigaciones y procesos judiciales que ya están en curso, incluso algunos que cuentan con una condena en primera instancia. 

De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano, los tribunales militares no deben juzgar a civiles ni conocer posibles violaciones de derechos humanos o crímenes del derecho internacional. Su competencia debe limitarse estrictamente a infracciones de carácter militar cometidas por personal militar en el ejercicio de funciones propiamente castrenses.  

Esto lo ha señalado incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias relacionadas con el Perú. Derivar estas causas a la justicia militar pone en riesgo el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familias a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener reparación.  

“Esta ley pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia, al comprometer la independencia judicial y la rendición de cuentas por el uso indebido de la fuerza por parte de policías y militares, y pretende reflotar desde los más profundos abismos, la política de impunidad que por décadas se ha pretendido imponer desde el Estado peruano”, señaló Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Perú. 

Esta ley pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia, al comprometer la independencia judicial y la rendición de cuentas por el uso indebido de la fuerza por parte de policías y militares, y pretende reflotar desde los más profundos abismos, la política de impunidad que por décadas se ha pretendido imponer desde el Estado peruano”.Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Perú. 

La promulgación de la ley resulta más alarmante en un contexto de debilitamiento de las instituciones, de ataques a los órganos de la administración de justicia, y de la persistencia de un patrón de uso indebido, y en algunos casos letal, de la fuerza del Estado frente a movilizaciones, operativos o simples intervenciones policiales, como Amnistía Internacional documentó en 2023 y 2024.  

La represión estatal registrada en esos años dejó al menos 50 personas muertas; a ellos se suman, por ejemplo, denuncias recientes sobre el fallecimiento de un adolescente de 17 años que habría ocurrido bajo custodia policial, y el fallecimiento de un niño de 8 años que, según la información disponible, ocurrió en el contexto de una intervención policial. Por ello, resulta sumamente preocupante que sea la jurisdicción castrense el espacio donde estos casos sean investigados y sancionados.  

La intervención de la justicia militar en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual o uso indebido de la fuerza impide garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Así lo han sostenido el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“El Estado peruano debe adoptar leyes que contribuyan a prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos y eliminar de su marco legal cualquier disposición que irrespete los derechos de las víctimas. En su lugar, las autoridades están aprobando legislación que retrocede en la protección a estos derechos, minando el debido proceso y poniendo en riesgo la justicia”, concluyó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.   

El Estado peruano debe adoptar leyes que contribuyan a prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos y eliminar de su marco legal cualquier disposición que irrespete los derechos de las víctimas. En su lugar, las autoridades están aprobando legislación que retrocede en la protección a estos derechos, minando el debido proceso y poniendo en riesgo la justicia”.Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.   

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Luxemburgo, Irlanda y todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben suspender la venta de bonos de Israel en la UE si no quieren arriesgarse a ser cómplices del genocidio en curso de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza; así lo afirma Amnistía Internacional en una declaración pública emitida hoy. 

“Israel depende cada vez más de la inversión extranjera para financiar su genocidio, apartheid y ocupación ilegal así como sus crímenes contra la población palestina. Los bonos israelíes incrementan los fondos a disposición del gobierno y por tanto contribuyen a financiar el genocidio de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, que ha aniquilado familias enteras, destruido infraestructuras civiles, como hospitales y escuelas, y causado el desplazamiento del 90% de la población al dejar sus viviendas en ruinas”, ha dicho Steve Cockburn, director regional de Amnistía Internacional para Europa.

“Permitir la venta de estos bonos en los mercados de la UE tiene un coste ético y legal descomunal. El derecho internacional es inequívoco: todos los Estados tienen la obligación de no colaborar ni contribuir al genocidio, y la obligación de prevenirlo.”

Según el gobierno, Israel aumentó drásticamente la emisión de bonos del Estado —un instrumento financiero empleado por el gobierno para recaudar dinero de particulares y pequeños inversores— a partir del 7 de octubre de 2023 “debido a la situación de seguridad de Israel” en la Franja de Gaza. Los ingresos procedentes de los bonos se destinan al presupuesto general del Estado israelí y, como publicitan las autoridades, ayudan a sostener su capacidad militar.

La aprobación de los bonos de Israel por cualquier Estado miembro de la UE para su venta en los mercados financieros europeos es un claro ejemplo de facilitación financiera, que puede constituir un incumplimiento de la obligación de prevenir el genocidio en virtud del derecho internacional y que incluso conlleva el riesgo de asistencia o colaboración en la comisión de un genocidio.

Para comercializar estos bonos en Europa, Israel necesita que un Estado miembro de la UE asuma el programa de emisión. Desde 2021 y tras la salida de Reino Unido de la UE, el Banco Central de Irlanda actúa como “Estado miembro de origen” que permite a Israel acceder al mercado de la UE. En 2025, tras las protestas y la presión pública en Irlanda por el genocidio israelí contra la población palestina en la Franja de Gaza, Israel solicitó la transferencia de los bonos a Luxemburgo, que aprobó el prospecto o documento jurídico que permite vender estos bonos a personas de la UE durante otro año.

Desde septiembre de 2025, los bonos israelíes están regulados en la UE por la autoridad reguladora financiera de Luxemburgo (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF), y están a disposición del público en Alemania, Austria, Francia, Luxemburgo y Países Bajos.

El 31 de agosto expira el prospecto de Luxemburgo. Amnistía Internacional pide al Estado luxemburgués que rechace un nuevo prospecto sobre los bonos israelíes. Irlanda, como Estado de la UE emisor de los bonos, también debe declinar la transferencia y rechazar la aprobación de un nuevo prospecto. La organización pide asimismo a todos los Estados miembros de la UE que se abstengan de aceptar la transferencia o de aprobar un nuevo prospecto.

“Permitir que estos bonos se vendan en Europa es una decisión política. Una de las maneras más evidentes y eficaces de poner fin al genocidio de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza es dejar de financiarlo. Al seguir facilitando la venta de estos bonos, los Estados miembros de la UE se arriesgan a ser cómplices en los crímenes de derecho internacional cometidos por Israel contra el pueblo palestino”, ha dicho Steve Cockburn.

Información complementaria

De 2022 a 2024, el presupuesto militar israelí creció del 4,2% al 8,3% de su producto interior bruto (PIB), con una subida media de los bonos israelíes de 2.400 millones de dólares estadounidenses al año de 2023 a 2025. A partir del 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí incrementó la financiación de sus actividades militares. Los bonos israelíes se presentaron como una oportunidad de “apoyar a Israel en guerra” en 2023.

En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que existía un riesgo plausible de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada y ordenó a Israel que adoptara medidas efectivas para impedirlo. Posteriormente, la CIJ dictó órdenes cautelares en marzo y mayo de ese año, reafirmando estas medidas entre otras cosas. A la luz de la sentencia de la CIJ, los Estados Partes en la Convención sobre el Genocidio tienen obligaciones más estrictas, según las cuales todo actor de la UE —u otro Estado Parte— que facilite flujos financieros que permitan reforzar la capacidad militar del país debe evaluar su papel en el marco de la obligación de prevenir el genocidio.

Desde que Luxemburgo aprobó el comercio de bonos de Israel en 2025, tanto especialistas legales como la sociedad civil se han movilizado en contra de la medida y han publicado investigaciones que respaldan su llamamiento a las autoridades para que suspendan los bonos.

Véase la declaración pública de Amnistía Internacional (sólo en inglés): La aprobación de los bonos de Israel en el mercado europeo entraña un riesgo de complicidad en el genocidio israelí en curso – Amnesty International

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Al cumplirse seis meses del posible ataque de Estados Unidos contra la embarcación ecuatoriana Fiorella, Amnistía Internacional recuerda que la política estadounidense de ataque y derribo a embarcaciones en alta mar, bajo el pretexto de que transportan drogas hacia Estados Unidos, configura una práctica de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que debe cesar inmediatamente. 

El 20 de enero 2026 el barco pesquero Fiorella desapareció en aguas internacionales, tras haber zarpado del puerto de Jaramijó, Ecuador, siete días antes. Desde entonces se desconoce el paradero de ocho de sus diez tripulantes. Los indicios apuntan a que Estados Unidos pudo haber asaltado la embarcación como parte de su más reciente política antidrogas “Southern Spear” (Lanza del Sur), por la que más de 60 naves han sido atacadas en la región, y más de 200 personas han sido asesinadas desde septiembre de 2025. 

El Laboratorio de Evidencias de Amnistía Internacional reconstruyó el recorrido del barco, con base en datos de VMS (Vessel Monitoring System), disponibles en la plataforma Global Fishing Watch, que confirma que el Fiorella salió del puerto de Jaramijó, en la provincia de Manabí, y navegó por aguas ecuatorianas en dirección a las Islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador.  

Amnistía Internacional viajó a las localidades de Manta y Jaramijó, donde se entrevistó con las familias de los ocho desaparecidos – Gabriel Aladino Mero Delgado, Jefferson Ariel Mero Cueva, Bryan Alfredo Arcentales Mero, Juan Alfredo Arcentales Anchundia, Joel Steven Valencia Mero, José Norberto Mero Quijije, Juan Carlos Valencia Mero, y Carlos Adrián Mendoza Macías – las cuales buscan a sus seres queridos y exigen respuestas a las autoridades ecuatorianas desde enero. Además, la organización se reunió con diversas autoridades y analizó declaraciones extraídas del expediente administrativo elaborado por la Capitanía de Puerto de Manta (perteneciente a la Armada del Ecuador). 

A partir del análisis y contraste de estas fuentes, Amnistía Internacional reconstruyó la ruta del Fiorella y los posibles hechos ocurridos durante su travesía, que se detallan a continuación. 

La ruta del Fiorella 

El Fiorella era un barco pesquero palangrero dedicado principalmente a la captura de especies como marlín, atún, dorado y tiburones mediante un espinel o palangre, que consiste en una línea principal de varios kilómetros de longitud equipada con cientos de anzuelos. La embarcación zarpó la noche del 13 de enero desde Jaramijó con diez tripulantes a bordo.  

Poco después de emprender su ruta, la embarcación perdió la conexión a internet, por lo que durante los días siguientes la única comunicación posible fue a través del dispositivo satelital que portaba su capitán, Juan Carlos Valencia, quien mantuvo contacto diario con su familia y con los dueños de la embarcación. 

Aproximadamente a las 13:00 horas del 15 de enero, se internó en la franja de aguas internacionales que separa la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador continental de la de las Islas Galápagos. Al día siguiente, en torno a las 18:00 horas, la embarcación salió de aguas internacionales e ingresó a la ZEE de Galápagos, donde permaneció hasta el 19 de enero, cuando alrededor de las 05:00 horas, volvió a adentrarse en aguas internacionales. 

Durante los primeros días de la travesía no se habrían reportado mayores contratiempos. Sin embargo, a partir del cuarto día de navegación, la embarcación Fiorella habría comenzado a ser objeto de un seguimiento sostenido por parte de aviones, patrullas y drones con simbología de Estados Unidos. El capitán de la nave, Juan Carlos Valencia, comunicó diariamente a su familia, a través de mensajes satelitales, su creciente preocupación por esta vigilancia.  

El 17 de enero el capitán informó a su familia y a los dueños de la embarcación sobre la presencia de un dron así como de un avión sobrevolando el Fiorella. Al día siguiente, 18 de enero, varios aviones y un dron sobrevolaron repetidamente la embarcación, y entrada la noche la tripulación identificó las balizas de lo que parecía ser una patrulla marítima. Según relató el capitán a un familiar, ese día, una patrulla marítima estadounidense se habría aproximado a menos de un kilómetro. 

El 19 de enero, un día antes de la pérdida de comunicación, la tripulación volvió a divisar drones, aeronaves y una patrulla marítima. Uno de los supervivientes relató haber visto varios drones y “una embarcación grande con bandera americana”. El segundo superviviente, describió “una patrulla, dos aviones que pasaban bajito y que cargaban un símbolo azul parecido al de la NASA”. Según el testimonio de un familiar del capitán, este se encontraba preocupado por el seguimiento constante de lo que estaba convencido eran patrullas estadounidenses. El familiar intentó tranquilizarlo, asegurándole que, de ser abordados, no había motivo de preocupación, ya que podrían confirmar que no transportaban ningún cargamento de droga. 

La mañana del 20 de enero

Al amanecer de ese día, dos lanchas pesqueras, cada una con dos tripulantes, se desprendieron del barco nodriza Fiorella para tender varios kilómetros de espinel con anzuelos cebados, una tarea habitual en la pesca artesanal de altura. Una de esas lanchas, la Primer Mandamiento, se mantuvo a una distancia considerablemente mayor del Fiorella que la otra: unas 15 millas náuticas. 

Alrededor de las 6:00 horas, la tripulación de la Primer Mandamiento terminó de colocar el espinel y se dispuso a desayunar. Todo transcurría con normalidad hasta las 13:00 horas, cuando por la radio que portaban a bordo escucharon gritos desde la otra lancha: “¡Capitán, capitán, capitán!”. Inmediatamente después, se perdió toda comunicación con ambas embarcaciones. 

Los tripulantes de la Primer Mandamiento relataron a la Capitanía de Puerto, que, a la distancia, divisaron una gran columna de humo en dirección al Fiorella, sin poder determinar con certeza si correspondía a un incendio a bordo del barco nodriza. Estos tripulantes fueron los únicos que lograron regresar con vida de esa jornada de pesca. Del Fiorella y de la segunda lancha desprendida no se ha vuelto a tener noticia.  

Por su parte, el sistema de rastreo de la embarcación registró su última señal a las 13:06 horas, cuando navegaba en aguas internacionales, justo al cruzar el corredor marítimo que separa la ZEE de Galápagos de la ZEE continental de Ecuador. 

Después de quedar a la deriva, el 22 de enero, alrededor de las 6:00 de la mañana, los dos integrantes de la lancha Primer Mandamiento fueron rescatados por otro barco pesquero y llevados de regreso a tierra. 

Testimonios de las familias y sospechas de detención 

Entre las familias existe la sospecha de que sus familiares pudieran haber sido detenidos arbitrariamente y trasladados a otro país, tal como habría ocurrido en marzo con las tripulaciones de la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, dos embarcaciones de una localidad cercana a Jaramijó. Según la organización local Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dos meses después de la desaparición del Fiorella, estos dos barcos pesqueros con 16 y 20 personas a bordo, habrían sido atacados por drones y su tripulación detenida presuntamente por personal estadounidense los días 17 y 26 de marzo respectivamente. Posteriormente habrían sido entregados a autoridades de El Salvador y trasladados a ese país, para ser finalmente devueltos a Ecuador.  

“Las familias de las ocho personas cuyo paradero se desconoce temen que se trate de una desaparición forzada a manos de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deben confirmar o desmentir si existió participación de agentes estatales de cualquiera de los dos países, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar con la suerte y paradero de las víctimas, y presentar evidencia fehaciente que demuestre qué fue lo que les pasó”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deben confirmar o desmentir si existió participación de agentes estatales de cualquiera de los dos países, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar con la suerte y paradero de las víctimas, y presentar evidencia fehaciente que demuestre qué fue lo que les pasó”.Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

La respuesta de las autoridades ecuatorianas, únicas autoridades ante las que las familias del Fiorella han presentado sus denuncias, ha sido considerablemente limitada. Esto a pesar de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió acciones urgentes en favor de los ocho pescadores solicitando a Ecuador su búsqueda inmediata y la investigación de los hechos. 

A pesar de que la Capitanía de Puerto afirmó haber llevado a cabo la búsqueda de la embarcación y su tripulación, existen serias dudas de la exhaustividad y eficacia de estas acciones. De acuerdo con información del Ministerio de Defensa entregada al CED, no fue hasta el 22 de enero “que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo (CCSM) recibió la alerta de emergencia sobre la desaparición de la embarcación”.  

Además, tardaron un día más en activar el plan de búsqueda y rescate “SAR” (por sus siglas en inglés), y no comenzaron las actividades de cálculo para la búsqueda hasta el día 24. No existe detalle de las acciones emprendidas para dar con el barco o su tripulación, y fueron los dueños del Fiorella los que, por sus propios medios, enviaron una nave el 26 de enero para intentar dar con los restos de la embarcación, encontrando el espinel. 

Las familias de los tripulantes desaparecidos del Fiorella denunciaron que, al acudir a la Capitanía del Puerto en busca de información, el comandante les dijo que dejaran de buscarlos porque estaban muertos y debían “atenerse a las consecuencias”, en lo que interpretaron como una insinuación de que sus familiares estaban vinculados al narcotráfico. 

“El comandante nos dijo: si ustedes saben a qué se fueron pues para qué los van a buscar. A mí me dio mucho enojo, y le dije: yo vengo a buscar a mi papá, ellos solo se fueron a pescar. Usted debería tener corazón y decirnos la verdad. Al siguiente día fuimos nuevamente (a la Capitanía de Puerto) y directamente nos cerraron la puerta”. Testimonio de la hija de un pescador en paradero desconocido. 

“El comandante nos dijo: si ustedes saben a qué se fueron pues para qué los van a buscar. A mí me dio mucho enojo, y le dije: yo vengo a buscar a mi papá, ellos solo se fueron a pescar. Usted debería tener corazón y decirnos la verdad. Al siguiente día fuimos nuevamente (a la Capitanía de Puerto) y directamente nos cerraron la puerta”. Testimonio de la hija de un pescador en paradero desconocido. 

Si bien existe una investigación penal abierta por desaparición involuntaria en la Fiscalía de Manta, Amnistía Internacional pudo constatar, durante su visita en junio, que las diligencias realizadas eran mínimas y no parecían orientadas a esclarecer los hechos. 

Entre las falencias más graves sobresale que, a más de cinco meses de ocurridos los hechos, la Fiscalía no había solicitado formalmente información a Estados Unidos para avanzar en la investigación, o que el expediente administrativo iniciado por la Capitanía de Puerto para la búsqueda de los pescadores ni siquiera estaba incorporado al expediente fiscal. 

“Es como si el barco se hubiera esfumado y a nadie le preocupara cómo lo hizo ni qué pasó con las personas a bordo. ¿Acaso se fue volando? A más de seis meses de lo sucedido las autoridades ecuatorianas deben responder con claridad qué acciones han realizado para establecer los hechos, qué saben, qué no y cómo piensan atender los válidos reclamos de las familias de los desaparecidos. La investigación penal sobre estos hechos debe avanzar hasta identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia», dijo Ana Piquer.   

Es como si el barco se hubiera esfumado y a nadie le preocupara cómo lo hizo ni qué pasó con las personas a bordo. ¿Acaso se fue volando? … La investigación penal sobre estos hechos debe avanzar hasta identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia».Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Las investigaciones han ocurrido en un clima de creciente violencia en contra de operadores de justicia por parte del crimen organizado en el país. En dicho contexto, ocurrió el asesinato de la Fiscal a cargo del caso, Gloria Alexandra Bravo Cedeño, el 14 de junio en la ciudad de Manta. 

Sumado a esto, las familias dijeron sentirse desamparadas y angustiadas no sólo debido a la incertidumbre sobre el destino de sus familiares sino a que, en prácticamente todos los casos, la persona desaparecida era el sustento familiar. 

“La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador debe estar basada en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Ambos países deben revisar los acuerdos bilaterales de seguridad existentes para garantizar que no contribuyen a la impunidad ni obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”, señaló Daniel Noroña, director de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos. 

Ambos países deben revisar los acuerdos bilaterales de seguridad existentes para garantizar que no contribuyen a la impunidad ni obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”.Daniel Noroña, director de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Acciones de Estados Unidos 

Amnistía Internacional ha denunciado los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales desde que el país presumiera su primer ataque el 2 de septiembre de 2025, por considerarlos ejecuciones extrajudiciales, es decir, homicidios deliberados e ilegales bajo el derecho internacional. 

A pesar de la solicitud de información realizada por la organización al Comando Sur de Estados Unidos, así como de una reunión mantenida con su embajada en Ecuador, el país no ha confirmado ni desmentido que estos ataques sean de su autoría. Del mismo modo, congresistas estadounidenses de distintos Comités, han solicitado información a los Departamentos de Estado, de Defensa y Seguridad Nacional, incluyendo al comando de la Guardia Costera. En dicha petición demandan el esclarecimiento de estos hechos y la confirmación de la participación de fuerzas de seguridad de ese país o de entidades privadas bajo su mando, sin que exista respuesta hasta el momento.  

Existen indicios de que las ocho personas cuyo paradero aún se desconoce podrían sumarse a la extensa lista de víctimas de violaciones de derechos humanos de los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones y tripulaciones en aguas internacionales.  

Sin embargo, a diferencia de los más de 60 ataques reconocidos hasta el momento, el posible ataque al Fiorella no fue anunciado ni por el presidente estadounidense, Donald Trump, ni por el Comando Sur, como suele ser habitual. Tampoco los ataques contra las embarcaciones Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron reconocidos oficialmente, pese a que, según las denuncias que constan de los sobrevivientes, ambos barcos habrían sido hundidos por aeronaves no tripuladas con distintivos atribuidos a Estados Unidos.  

Si se confirmara que Estados Unidos fue responsable del ataque al Fiorella, así como de los ocurridos contra la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, el saldo de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos asociadas a este tipo de operaciones podría ser mucho mayor de lo estimado hasta ahora.  

“El Departamento de Justicia y las autoridades investigativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no sólo con relación al Fiorella, sino de todos los ataques a embarcaciones en alta mar. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos debe impulsar una investigación legislativa sobre este grave incidente, con audiencias e informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando. Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”, concluyó Ana Piquer. 

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En respuesta al anuncio de una campaña para “bloquear sistemáticamente la capacidad de actuación” de la Corte Penal Internacional, efectuado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, ha declarado:

“El censurable ataque a la CPI por parte del secretario de Estado es la última de una serie de agresiones cada vez más graves y esenciales de la administración Trump al concepto mismo de la justicia internacional y de un orden basado en normas, así como a las instituciones internacionales que con tanto trabajo se han ido creando a lo largo de los últimos 80 años para garantizar la paz y la estabilidad mundial. Un ataque que se ha producido justo el día en que la fiscal adjunta de la CPI se reunía en Chad con víctimas darfuríes de crímenes de guerra y atrocidades en Sudán. El contraste no puede ser mayor: mientras las víctimas intentan obtener justicia, el gobierno estadounidense trata de socavar uno de los mecanismos mundiales más importantes para impartirla.”

“Al tratar de desacreditar a la CPI, lo que hace Rubio es poner de relieve precisamente su razón de ser: garantizar la rendición de cuentas cuando quienes tienen poder para actuar deciden no hacerlo. Sus argumentos pueden interpretarse como un reconocimiento tácito de actuaciones indebidas, indicando su preocupación por la posibilidad de que algún día altos cargos estadounidenses tengan que rendir cuentas de actos que pueden constituir crímenes de derecho internacional, como la deportación de personas a las cárceles de El Salvador, donde serán sometidas a tortura, o la campaña de homicidios extrajudiciales en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental. El único motivo por el que Marcos Rubio tendría que temer a la CPI es que las autoridades estadounidenses hayan cometido crímenes de este tipo fuera de Estados Unidos y que el gobierno estadounidense no esté dispuesto a exigirles realmente que rindan cuentas.”

“La CPI existe para impartir justicia a las víctimas y sobrevivientes de atrocidades en todo el mundo y exigir a los perpetradores más poderosos responsabilidades por sus crímenes. Al amenazar con incrementar las sanciones contra la Corte y organizaciones afines, con revocar los visados y prohibir los viajes a su personal y con aumentar las presiones diplomáticas sobre otros Estados para que se retiren de la CPI y se opongan a ella, el gobierno estadounidense está intensificando su campaña en favor de un mundo sin normas y sin justicia.

Al tratar de desacreditar a la CPI, lo que hace Rubio es poner de relieve precisamente su razón de ser: garantizar la rendición de cuentas cuando quienes tienen poder para actuar deciden no hacerlo.Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“Si otros Estados ceden ante esta presión, estarán dando su aprobación a una nueva era de ilegalidad, impunidad e injusticia generalizada. No es momento de ceder, sino de resistir.”

“Ceder sólo servirá para envalentonar aún más a los perpetradores y propiciar más conflictos armados y más crímenes de dirigentes poderosos contra su población o la de otros Estados. Amnistía Internacional pide a los Estados que se opongan con firmeza —tanto colectiva como unilateralmente— a la campaña de la administración Trump contra la CPI y todas las instituciones internacionales que protegen los derechos humanos. Además, deben reiterar su apoyo a la Corte y adoptar medidas prácticas y legislativas, como las denominadas ‘leyes de bloqueo’, para mitigar el efecto de las sanciones de Estados Unidos sobre los afectados.

“La inacción y la cobardía de los Estados ante anteriores sanciones y ataques es lo que ha envalentonado a Estados Unidos para anunciar esta estrategia. Por el bien de la humanidad, de las esperanzas de las víctimas de que se haga justicia, y de la perspectiva de una seguridad mundial duradera, la comunidad internacional debe unirse para plantar cara a los matones de la Casa Blanca y del Departamento de Estado y proteger el Estado de derecho internacional. No debemos aceptar una realidad donde los más poderosos sean quienes tengan la menor responsabilidad legal.”

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Lo que comenzó como una medida temporal para supuestamente combatir la violencia ejercida por las pandillas se ha convertido en un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad. Así lo concluye Amnistía Internacional en su nuevo informe «Seguridad» sin derechos: El impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador. 

Cuatro años después de la instauración del régimen de excepción, más de 90.000 personas han sido detenidas, al menos 470 han muerto bajo custodia estatal y miles de familias continúan buscando respuestas sobre el paradero, la salud o la situación jurídica de sus seres queridos. El informe documenta cómo la excepcionalidad se transformó progresivamente en una política permanente de seguridad basada en la suspensión prolongada de derechos y el debilitamiento sistemático del Estado de derecho. 

“La seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. 

El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La investigación se basa en seis visitas de documentación realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025, 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, defensores públicos, abogados defensores particulares, y agentes activos y retirados de la Policía Nacional Civil (PNC), así como el análisis de requerimientos fiscales, resoluciones judiciales, decretos legislativos y el examen directo de más de 80 casos individuales. 

El informe revela cómo agentes activos y retirados de la PNC describieron un sistema de cuotas de detención, instrucciones verbales sin respaldo documental y presión institucional para fabricar actas que dieran apariencia de legalidad a arrestos arbitrarios. También registra el uso de bases de datos desactualizadas y criterios de perfilamiento territorial y socioeconómico por parte de las autoridades salvadoreñas para justificar capturas arbitrarias masivas.  

“En numerosos casos, nadie revisa si las capturas son legales o no. Nosotros solo llevamos a la gente, la Fiscalía recibe el paquete y ya. No hay juez que vea nada en ese momento […]. Cuando los llevan a los juzgados, ya pasaron los quince días, y los jueces solo leen la lista y confirman todo. Nadie pregunta si hubo golpes o si había orden de captura”, relató un agente de la PNC entrevistado por Amnistía Internacional.  

“En numerosos casos, nadie revisa si las capturas son legales o no. Nosotros solo llevamos a la gente, la Fiscalía recibe el paquete y ya. No hay juez que vea nada en ese momento […]. Cuando los llevan a los juzgados, ya pasaron los quince días, y los jueces solo leen la lista y confirman todo. Nadie pregunta si hubo golpes o si había orden de captura”, relató un agente de la PNC entrevistado por Amnistía Internacional.  

Esta situación se agrava por otro de los hallazgos centrales del informe: la adopción de reformas procesales incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos que han transformado progresivamente al sistema penal y judicial salvadoreño. En numerosos casos documentados, los tribunales han dejado de ejercer una función efectiva de control sobre las actuaciones de policías, fiscales y otras autoridades estatales, y han pasado a operar como instancias que validan detenciones arbitrarias y sostienen privaciones graves de libertad aun en ausencia de evidencias verificables o de una evaluación individualizada suficiente. 

“En muchos casos, ya no importa si existe evidencia o no. Basta con que la policía diga que alguien ‘parece pandillero’ para que el sistema lo procese”, relató un abogado defensor entrevistado por Amnistía Internacional. “Estamos viendo procesos donde no se individualizan conductas, no se describen hechos concretos y la detención se vuelve prácticamente automática”. 

“En muchos casos, ya no importa si existe evidencia o no. Basta con que la policía diga que alguien ‘parece pandillero’ para que el sistema lo procese”, relató un abogado defensor entrevistado por Amnistía Internacional. 

Amnistía Internacional concluye que los patrones documentados —detenciones arbitrarias masivas, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal— podrían configurar crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma, al existir fundamentos razonables para considerar que estos actos habrían sido cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en un contexto institucional que ha facilitado su comisión. 

La organización identificó nuevamente un fuerte componente discriminatorio en la implementación del régimen de excepción. La mayoría de las víctimas documentadas provienen de comunidades históricamente empobrecidas y estigmatizadas, muchas de las cuales ya habían sido previamente afectadas por la violencia de las pandillas. La investigación muestra que factores como el lugar de residencia, la apariencia física, la condición socioeconómica o denuncias anónimas no verificadas han sido utilizados recurrentemente para justificar capturas y sostener acusaciones penales. 

El informe documenta además cómo, durante las audiencias judiciales, los argumentos de arraigo presentados por las defensas —como empleo formal, vínculos familiares, estudios, residencia fija o participación comunitaria— frecuentemente son descartados sin una valoración individualizada suficiente. Según Amnistía Internacional, esto ha contribuido a convertir la detención provisional en una medida prácticamente automática y no excepcional. 

Aunque el gobierno salvadoreño presenta el régimen de excepción como una política exitosa de seguridad, Amnistía Internacional advirtió que el costo humano ha recaído principalmente sobre personas sin condena firme, detenidas sin orden judicial, sin investigación individualizada y, en muchos casos, sin pruebas verificables en su contra. 

“Esta investigación evidencia que las autoridades salvadoreñas han permitido que su política de seguridad derive en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, afectando también a miles de personas bajo las cuales no se tiene indicios robustos de que habrían cometido delitos”. señaló Ana Piquer. “Los hallazgos de este informe no buscan impedir que las autoridades investiguen a personas sospechosas de cometer delitos o a estructuras criminales, sino a asegurar que ello se haga en el marco de un debido proceso”.   

Esta investigación evidencia que las autoridades salvadoreñas han permitido que su política de seguridad derive en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Amnistía Internacional exige que quienes no cometieron delitos —y la evidencia muestra que podrían ser miles— no sigan pagando con su libertad, su salud o incluso su vida las cuotas de una política diseñada para producir cifras, no justicia. Esto no es equivalente a pedir la liberación indiscriminada de personas, sino asegurar que quienes se mantengan privados de libertad estén bajo investigaciones creíbles y juicios justos por su posible participación en delitos.”. 

El informe registra muertes bajo custodia estatal, patrones de tortura y otros malos tratos, incluyendo golpizas, incomunicación prolongada, negación sistemática de atención médica y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana. 

Asimismo, Amnistía Internacional documentó patrones de desaparición forzada tanto en la fase inicial de la detención como durante la privación de libertad. En numerosos casos las autoridades ocultaron durante días o semanas el paradero de personas detenidas, negándose a proporcionar a sus familiares información sobre su ubicación o condición física. En otros las personas permanecieron privadas de libertad pese a la existencia de resoluciones judiciales firmes que ordenaban su liberación y que no fueron ejecutadas por las autoridades penitenciarias. Familiares entrevistados describieron sus búsquedas desesperadas en centros penales, morgues y tribunales sin obtener información oficial sobre el paradero de sus seres queridos, manteniéndolos temporalmente fuera de la protección de la ley.  

El informe concluye que estos abusos no constituyen hechos aislados, sino que han sido facilitados por una profunda transformación institucional iniciada desde 2021, incluyendo la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, reformas legales que debilitaron el debido proceso y una creciente militarización de la seguridad pública. 

“El Salvador tenía y tiene el deber de proteger a la población frente a la violencia criminal. Pero ningún Estado puede combatir efectivamente la violencia reproduciendo los mismos patrones de miedo, discriminación, abuso e impunidad que dice combatir”, concluyó Ana Piquer. “La experiencia salvadoreña demuestra el enorme riesgo de normalizar modelos de seguridad que prometen resultados inmediatos bajo un enfoque meramente represivo, sin considerar las salvaguardas del debido proceso ni respeto a los derechos humanos”. 

La experiencia salvadoreña demuestra el enorme riesgo de normalizar modelos de seguridad que prometen resultados inmediatos bajo un enfoque meramente represivo, sin considerar las salvaguardas del debido proceso ni respeto a los derechos humanos”. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional insta al Estado salvadoreño a adoptar un plan verificable que ponga fin al régimen de excepción, restablecer plenamente las garantías del debido proceso, investigar de manera independiente las violaciones documentadas y, cuando existan pruebas suficientes, procesar a las personas presuntamente responsables de crímenes conforme al derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad. Asimismo, exhorta al Estado a garantizar el acceso irrestricto de mecanismos internacionales de derechos humanos a centros de detención y procesos judiciales relacionados con el régimen de excepción. Finalmente, llama a la comunidad internacional a reforzar el monitoreo independiente y los mecanismos internacionales de rendición de cuentas frente a la situación de derechos humanos en El Salvador. 

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Un año después de que Amnistía Internacional documentara los abusos generalizados que sufren las trabajadoras domésticas kenianas en Arabia Saudí, un nuevo documento de la organización revela que las mujeres filipinas sufren la mayoría de estos mismos abusos, como sobrecarga de trabajo, explotación, trato degradante y, en algunos casos, agresión sexual.

El informe, titulado “Once we step in their homes, we are no longer human”: Testimonies of Filipino women domestic workers in Saudi Arabia (“Una vez que entramos en sus casas, ya no somos seres humanos”: Testimonios de mujeres filipinas empleadas en el servicio doméstico en Arabia Saudí), documenta las experiencias de 19 mujeres filipinas que regresaron de Arabia Saudí, la mayoría de ellas entre 2023 y 2026. En las entrevistas, las mujeres contaban que, una vez en los domicilios de sus empleadores, quedaban a merced de su autoridad absoluta, sin importar cuáles fueran las condiciones de su contrato. Sus historias coincidían en muchos aspectos con las de las mujeres kenianas entrevistadas para un informe de Amnistía Internacional publicado en 2025, engañadas habitualmente por sus captadores acerca del trabajo que iban a realizar y sometidas a condiciones agotadoras y abusivas, así como a discriminación racial.

“Estas historias no son casos aislados. Los estremecedores testimonios dibujan un preocupante panorama de explotación permitida por el Estado, que sigue existiendo en un país donde hay más de cuatro millones de personas que trabajan en el servicio doméstico. Está claro que aceptar un trabajo en Arabia Saudí supone para demasiadas personas sufrir intimidación y abusos graves”, ha declarado Marta Schaaf, directora del Programa sobre Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional, que ha añadido:

“En muchos de los casos más graves, estos abusos constituyen trabajo forzoso y también podrían ser constitutivos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.”

Los empleadores dominan las vidas del personal de servicio doméstico

En Arabia Saudí, los trabajadores y trabajadoras migrantes siguen estando excluidos de la legislación laboral nacional, y se rigen por la Normativa para Personal Doméstico de 2023, que aunque supuso una mejora en comparación con normas anteriores, sigue sin ofrecerles la misma protección y dista mucho de cumplir el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y laborales.

Según el testimonio de las mujeres entrevistadas, su bienestar dependía mucho más de la voluntad de sus empleadores que del contrato que habían firmado o de las leyes y normas que se suponía que debían protegerlas. La jornada laboral se prolongaba mucho más allá de los límites legales, oscilando entre 14 y 21 horas al día. Los descansos diarios eran impredecibles, las pausas para comer brillaban por su ausencia y la mayoría de los empleadores impedían que se tomaran ni siquiera un día libre.

Trabajé dos años seguidos sin un solo día libre.

Adelina*

Joy* aseguró que era normal “trabajar 20 horas al día”, mientras que, en el caso de Gemma*, el volumen de trabajo era tal que “sólo tenía 10 minutos para descansar y comer”. La persona para la que trabajaba le decía una y otra vez: “Te traje de tu país, así que puedo hacer lo que quiera contigo”.

Otras mujeres afirmaron que sus empleadores las hacían trabajar en varias casas, incumpliendo lo establecido en sus contratos de trabajo.

Hana* tenía que trabajar en cinco casas: “la de la persona que me había contratado, la de su madre, la de sus sobrinos y las de otros familiares. Trabajaba en las cinco. Cada día me desplazaba de una a otra, y así los siete días de la semana.”

No podíamos escapar de los abusos

Su falta de libertad de circulación, agravada por la práctica habitual de confiscarles el pasaporte, las restricciones legales existentes para su salida sin permiso del país y su escaso conocimiento del idioma y de los sistemas locales, implicaba que, en la práctica, muchas de las trabajadoras domésticas entrevistadas dependieran de quienes las empleaban no sólo para trabajar, sino también para poder volver a su lugar de origen, incluso cuando huían de abusos.

Cleo* llegó a Arabia Saudí a finales de 2023. Tras meses impidiéndole salir de la casa, la persona que la empleaba empezó a restringirle la comida cerrando la nevera, y a acusarla de robos. Cleo le pidió que la devolviera a la agencia de contratación para poder regresar a su país, un proceso que no resultó nada sencillo y supuso más tratos inhumanos y degradantes, incluido un invasivo registro para comprobar que no se había llevado nada de la casa.

“Salir de Filipinas había sido muy fácil, pero regresar fue muy difícil”, afirmó. “Antes de irme de la casa en la que trabajaba, me desnudaron y me inspeccionaron de arriba abajo cada centímetro del cuerpo.”

Varias mujeres contaron que habían sufrido acoso sexual, algo que solía suceder cuando se quedaban solas en la casa con su empleador o con algún varón de la familia.

Isabel*, que tenía que trabajar en la casa del hombre que la había empleado y en la de su madre, contó: “Un día, al retirar el edredón de la cama, me lo encontré debajo, masturbándose y pidiéndome que me acostara a su lado. Salí corriendo de la habitación y subí hasta el tejado, donde siempre me escondía de él […] A veces pensaba que era preferible estar en la casa de su madre. Allí había mucho trabajo y muy difícil, pero al menos me sentía más segura.”

Todas las denuncias de abuso deben investigarse

Los testimonios de las trabajadoras domésticas kenianas y filipinas tenían un denominador común: muchas mujeres experimentaban el abuso como un componente normal de su trabajo de empleada doméstica en Arabia Saudí.

El sistema de patrocinio, denominado kafala también continúa atando a las personas trabajadoras migrantes a su empleador, que actúa como su “patrocinador” oficial (kafeel) desde el mismo momento en que entran al país y durante todo el tiempo en que están empleadas allí. Aunque este sistema ha sido reformado, las trabajadoras domésticas no se han beneficiado de muchas de estas reformas, y para todas las personas trabajadoras migrantes siguen vigentes elementos clave de explotación.

“Pedimos al gobierno saudí que investigue inmediatamente todas las denuncias de abuso, incluidas las de abuso sexual, y ponga a sus responsables a disposición de la justicia.”

Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas, de Amnistía Internacional

“Los derechos de las mujeres de Kenia, Filipinas y otros muchos lugares que viajan hasta Arabia Saudí para trabajar son vulnerados una y otra vez, un fenómeno que es facilitado por la persistente inacción del gobierno y por un sistema laboral que fomenta la explotación y perpetúa el racismo sistémico. Aceptar un puesto de trabajadora doméstica en este país no debería significar entrar en una lotería en la que sus derechos, su seguridad y su libertad dependen de la suerte que tengan”, ha afirmado Marta Schaaf.

“Pedimos al gobierno saudí que investigue inmediatamente todas las denuncias de abuso, incluidas las de abuso sexual, y ponga a sus responsables a disposición de la justicia, lleve a cabo inspecciones eficaces, y desmantele completamente el sistema de patrocinio (kafala), eliminando cualquier requisito de que las trabajadoras y trabajadores obtengan el consentimiento de sus empleadores para cambiar de puesto de trabajo o irse del país. Deben poder salir del país cuando lo deseen. Filipinas y otros Estados que envían trabajadores y trabajadoras al extranjero también tienen la obligación de proteger a sus nacionales de abusos contra los derechos humanos.”

Amnistía Internacional también pide que a las personas trabajadoras domésticas se les aplique la legislación laboral para garantizar la igualdad de derechos, y que se hagan cumplir eficazmente las medidas de protección existentes, entre otras cosas sancionando a los empleadores que cometen abusos.

Respuesta a las conclusiones de Amnistía Internacional

En respuesta a las conclusiones de Amnistía Internacional, el gobierno de Arabia Saudí afirmó que las trabajadoras domésticas están protegidas por la normativa vigente y que cualquier denuncia de abusos se toma en serio y se investiga. Destacó diversas medidas destinadas a reforzar la protección y la aplicación de la normativa, entre ellas contratos estandarizados, el sistema de protección salarial y los programas de seguros, mecanismos de presentación de quejas y vías para que las trabajadoras puedan cambiar de empleador en casos de abuso o de incumplimiento de la normativa.

Sin embargo, no respondió a la solicitud de datos ni proporcionó respuestas a las preguntas detalladas sobre la aplicación y el cumplimiento de sus reformas y de otras medidas destinadas a proteger a las trabajadoras domésticas. Además, las conclusiones de Amnistía Internacional expuestas en este documento informativo, en consonancia con investigaciones anteriores de la organización, sugieren que las salvaguardias existentes han sido en gran medida insuficientes para proteger a las trabajadoras domésticas frente a los abusos.

*Se han modificado los nombres para proteger la identidad de las personas citadas.

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Cuando se cumplen seis meses del levantamiento popular en Irán en enero de 2026, durante el cual las fuerzas de seguridad cometieron homicidios ilícitos masivos en una escala sin precedentes para reprimir a quienes se manifestaban por la dignidad, la libertad y el fin del sistema de la república islámica, matando a miles de manifestantes y transeúntes los días 8 y 9 de enero de 2026, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha manifestado: 

“Han transcurrido seis meses ya desde que las fuerzas de seguridad de Irán mataron ilícitamente a miles de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el país en sólo dos días, y es indefendible que la comunidad internacional no haya adoptado medidas significativas para promover la justicia internacional. Eso contribuye a perpetuar un círculo vicioso de represión letal en el que sobrevivientes y familiares de víctimas no obtienen justicia, y hace que las atrocidades sean prácticamente inevitables en el futuro.

El mundo no debe permitir que estos ciclos de crímenes de derecho internacional contra manifestantes, cada vez más intensos, sean eclipsados o borrados por las iniciativas en curso para lograr que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra. Las autoridades iraníes no han sufrido ninguna consecuencia por utilizar medios letales de forma intencionada, reiterada e ilícita y a escala masiva para reprimir y castigar la disidencia. La comunidad internacional, al no tomar medidas para someter estos graves crímenes a la acción de la justicia internacional, ha hecho que las autoridades iraníes se crezcan y amenacen con más masacres masivas a manos de unas fuerzas de seguridad de ‘gatillo fácil’ que actúan contra manifestantes y disidentes a quienes tachan de ‘enemigos’.

Sin perspectiva de justicia en Irán, y en un contexto de crisis sistémica de impunidad, deben emprenderse vías de justicia penal internacional como prioridad urgente e innegociable. Amnistía Internacional reitera sus llamamientos a la comunidad internacional y los Estados miembros de la ONU para que sitúen la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán en un lugar prioritario de su agenda, apoyen la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán y pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.”

Información complementaria

Las protestas estallaron en Irán el 28 de diciembre de 2025 tras la brusca caída de la moneda nacional, en el marco de una altísima inflación, mala gestión crónica de servicios esenciales por el Estado, incluido el acceso al agua, y deterioro de las condiciones de vida. Iniciadas en Teherán, las protestas se extendieron rápidamente por todo el país, convertidas en un levantamiento popular que pedía el fin del represivo régimen de la república islámica y exigía derechos humanos, dignidad, libertad y democracia.

Las autoridades respondieron con una brutal campaña de represión militarizada para sofocar el levantamiento, que incluyó el uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego en una escala sin precedentes, en un contexto de impunidad sistémica y un prolongado cierre de Internet.

El 21 de enero de 2026, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió una declaración según la cual habían perdido la vida 3.117 personas durante el levantamiento. El 16 de enero de 2026, la relatora especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, dijo en una entrevista de prensa que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 5.000 personas.

Con posterioridad, las autoridades pusieron en marcha una campaña de represión coordinada en todo el país para evitar nuevas expresiones de disidencia y ocultar sus crímenes mediante detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, prohibición de concentraciones, ataques para silenciar a familiares de víctimas y ejecuciones arbitrarias de manifestantes y disidentes.

Después de los ataques ilícitos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, la represión de la disidencia se intensificó aún más con el pretexto de lo que las autoridades calificaron de “condiciones de guerra”. Esto ha incluido una escalada de las ejecuciones por motivos políticos, con al menos 44 personas ejecutadas y muchas más en peligro de ejecución. El 18 de junio de 2026, Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en el que se comprometían a seguir negociando para alcanzar un acuerdo definitivo en el plazo de 60 días. El acuerdo no se centró en los derechos humanos, la justicia y las reparaciones.  

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El acuerdo marco entre Israel y Líbano firmado en Washington el 26 de junio de 2026 amenaza con traicionar a las víctimas de crímenes de guerra en Líbano, han afirmado hoy Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa. Algunas partes del texto parecen tener como objetivo impedir que las víctimas de graves crímenes internacionales reclamen justicia en foros internacionales. Otras parecen aceptar el prolongado e indefinido desplazamiento forzoso de decenas de miles de residentes en extensas zonas del sur de Líbano ocupadas por las fuerzas israelíes.

El acuerdo llega tras meses de hostilidades que han causado un daño inmenso a la población civil, entre otras cosas como consecuencia de crímenes de guerra, violaciones del derecho internacional humanitario y graves abusos contra los derechos humanos. A pesar de ello, en su cláusula 13 los gobiernos de Israel y Líbano se comprometen a poner fin a “todas las acciones hostiles o adversas en los foros políticos o jurídicos internacionales”.

Si el acuerdo se interpreta en el sentido de impedir a Líbano e Israel recurrir a los tribunales internacionales, incluida la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, entonces entraría en contradicción con la obligación jurídica internacional de ambos países de reclamar rendición de cuentas por crímenes internacionales graves cometidos en sus territorios. El acuerdo no parece obligar a Israel a detener ninguna iniciativa contra Hezbolá en los foros internacionales.

Además, la cláusula 3 viola el derecho internacional y la prohibición de los desplazamientos forzados, al condicionar el regreso de residentes a determinadas zonas fronterizas ocupadas actualmente por Israel a “que se lleve a efecto el desarme de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura”. El derecho internacional humanitario establece que se debe permitir retornar a la población desplazada una vez hayan terminado las hostilidades o hayan dejado de existir los motivos para su desplazamiento.

“Una y otra vez hemos visto a la población civil en Líbano sufrir las consecuencias de sucesivos ciclos de conflicto y graves violaciones y crímenes de derecho internacional sin que se rindan cuentas por ello”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Las víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones merecen justicia. Cualquier acuerdo que no tenga en cuenta su derecho a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación generará una impunidad que lo hará fracasar. Como se ha visto con claridad estos últimos años, la impunidad generalizada tiene un precio, que pagamos todos. Los Estados que afirman respetar el orden jurídico internacional deben alzar la voz: la justicia, la reparación y el respeto al derecho internacional no son negociables, ni en Líbano y ni en ningún sitio”.

Desde 2023, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Legal Agenda, el Lebanese Center for Human Rights (CLDH), el Sindicato de Periodistas de Líbano y otros grupos de derechos humanos vienen documentando reiteradas violaciones de las leyes de la guerra y aparentes crímenes de guerra perpetrados por el ejército israelí en Líbano: aparentes ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, ataques indiscriminados y otros ataques ilícitos en los que han muerto periodistas, personal médico y familias enteras, así como el uso ilegítimo de fósforo blanco, una sustancia que causa terribles quemaduras, en zonas residenciales.

Las víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones merecen justicia. Cualquier acuerdo que no tenga en cuenta su derecho a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación generará una impunidad que lo hará fracasar.Agnès Callamard, Amnistía Internacional

Amnistía Internacional concluyó en un reciente informe que el ejército de Israel ha sometido a desplazamiento forzado a decenas de miles de civiles libaneses, perpetrando el crimen de guerra de traslado ilegal, mientras continúa llevando a cabo la destrucción generalizada de bienes e infraestructuras civiles que inició en 2024 en el sur del Líbano. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han documentado el lanzamiento ilícito de cohetes no guiados por parte de Hezbolá en el norte de Israel, que han causado muertos y heridos entre la población civil.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, Legal Agenda, CLDH, el Sindicato de Periodistas de Líbano y otros grupos libaneses e internacionales de derechos humanos y medios de comunicación han pedido reiteradamente que se investiguen las violaciones del derecho internacional cometidas durante las hostilidades en curso y se rindan cuentas y se otorguen reparaciones por ellas. En una carta abierta de febrero de 2026 dirigida al viceprimer ministro y al ministro de Justicia de Líbano, estos grupos subrayaron la necesidad urgente de garantizar justicia, rendición de cuentas y reparación a las víctimas de las graves violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas en Líbano, incluida la búsqueda de rendición de cuentas en foros jurídicos internacionales.

“Es fundamental que Líbano otorgue sin demora a la CPI competencia para investigar y procesar tales crímenes”, ha dicho Wadih Al Asmar, presidente de CLDH. “Retrasarlo equivale a tolerar la impunidad, y supone más injusticia para las víctimas.”

Los grupos pidieron a las autoridades que se adhirieran al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y presentaran una declaración por la que consintieran en que la Corte, en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma, ejerza su competencia para investigar y procesar crímenes de derecho internacional cometidos en territorio libanés desde al menos octubre de 7 de 2023, y apoyaran la realización sin demora de investigaciones judiciales minuciosas, independientes e imparciales a nivel nacional sobre los crímenes de guerra perpetrados en territorio libanés. El Parlamento libanés debe establecer un marco jurídico para estas iniciativas aprobando sin demora una ley que penalice los crímenes de guerra y otros actos que son crímenes de derecho internacional, con arreglo a las normas internacionales.

En marzo se intensificaron de nuevo las hostilidades y también las violaciones graves del derecho internacional. Ya está desplegado en Líbano un equipo de evaluación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que documenta las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos contra los derechos humanos perpetrados desde el 2 de marzo, a petición de las autoridades libanesas.

Según el mandato del ACNUDH, aceptado por las autoridades libanesas, el equipo de evaluación de la ONU se encargaría de “examinar las opciones de rendición de cuentas que haya disponibles” y “documentar, conservar y proteger de forma segura toda la información recopilada, con el fin de potenciar su uso en futuros procesos de rendición de cuentas”.

Las víctimas de violaciones graves del derecho internacional, así como sus familiares y sus seres queridos han exigido justicia.

“Este acuerdo no sólo supone el peligro de que la impunidad se afiance más, sino que una de sus cláusulas indica que los intereses políticos prevalecen sobre los derechos fundamentales de quienes han sufrido violaciones atroces”, ha afirmado Lama Fakih, directora de programa de Human Rights Watch. “Hay peligro de que niegue la justicia a las víctimas en un momento en el que cada vez hay más pruebas que señalan reiterados ataques ilegítimos de Israel causantes de graves daños a la población civil y destrucción generalizada.”

Desde el 8 de octubre de 2023, más de 8.700 personas, de ellas al menos 569 menores y 357 integrantes de los servicios médicos, han perdido la vida en Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. Las fuerzas israelíes también han atacado y matado a periodistas que estaban identificados y cubrían el conflicto, según Reporteros sin Fronteras (RSF). Según medios de comunicación israelíes, los ataques de Hezbolá han causado la muerte de al menos 32 civiles en Israel.

Cientos de miles de personas permanecen desplazadas en Líbano siguiendo órdenes de desplazamiento emitidas por el ejército israelí, que también ha ocupado casi 600 kilómetros cuadrados de localidades fronterizas libanesas, prohibiendo el regreso a los residentes de las poblaciones situadas en esta zona.

Si bien el acuerdo señala que tanto Israel como Líbano reconocen la importancia del “retorno seguro de la población civil [del sur del Líbano]”, consiente en la práctica el desplazamiento prolongado e indefinido de decenas de miles de residentes en el sur de Líbano, al hacer que su vuelta, así como la reconstrucción de la zona, esté sujeta a condiciones que deben “confirmarse”. El acuerdo no menciona la justicia ni la reparación a las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario, como las personas que han sido sometidas a traslado ilegal y aquellas cuyas viviendas y tierras de cultivo han sido destruidas ilegítimamente.

“El gobierno libanés ha renunciado a un derecho que no es suyo: el derecho de las víctimas a exigir responsabilidades a los perpetradores”, ha declarado Elsy Moufarrej, presidenta del Sindicato de Periodistas de Líbano, y ha añadido: “Es el derecho de quienes han perdido a sus seres queridos y cuyos hogares y recuerdos han sido destruidos. El derecho de quienes cumplieron con su deber a pesar del peligro, como periodistas y personal de servicios médicos de urgencia.”

Los grupos de derechos humanos han afirmado que los gobiernos libanés e israelí no deben aplicar el acuerdo de tal manera que los derechos de víctimas y sobrevivientes queden relegados a un segundo plano, y deben dejar claro que su texto, incluidas las cláusulas 3 y 13, no prevalece frente a las obligaciones jurídicas internacionales de ambos gobiernos.

Los grupos de derechos humanos han afirmado que los gobiernos, incluidos los que en ocasiones anteriores han apoyado la rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional cometidos en Líbano, deben dejar claro que su apoyo a un acuerdo político no se extiende a disposiciones que impiden la posibilidad de que se haga justicia, se concedan reparaciones y se permita el retorno de las personas desplazadas

“La rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional no son moneda de cambio”, afirmó Ghida Frangieh, directora del área de litigio estratégico de la organización Legal Agenda. “Se trata de obligaciones jurídicas. El derecho internacional es claro: los Estados no pueden renunciar a su obligación de investigar y juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, ni negociar su abandono. Tampoco pueden suprimir los derechos individuales a la verdad, la justicia y la reparación.”

“Las autoridades libanesas deben tomar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, explorando todas las vías posibles para conseguir rendición de cuentas, incluso otorgando competencia a la Corte Penal Internacional y procurando reparación por las violaciones del derecho internacional. También deben garantizar el derecho de las personas desplazadas a regresar a sus hogares. No puede haber paz sin justicia.”

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Las autoridades israelíes deben poner en libertad de inmediato al palestino Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan que está detenido arbitrariamente; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional ante los informes de un abogado que lo visitó que indican que su vida corre peligro inminente debido a la tortura y otros malos tratos que está sufriendo bajo custodia israelí.

El doctor Hussam Abu Safiya lleva más de 18 meses en detención arbitraria sin cargos ni juicio en prisiones israelíes, desde que el 27 de diciembre de 2024 fue arrestado cuando estaba de guardia en su hospital de la ciudad de Gaza.

“La información recibida sobre el deterioro de las condiciones de reclusión del doctor Hussam Abu Safiya es realmente terrible. Nos alarman profundamente los informes de su abogado que indican que la vida del doctor corre peligro inminente en su detención ilegal continuada. Es inaceptable que un pediatra que dedica su vida a salvar la de otras personas en la Franja de Gaza ocupada esté siendo sometido a tortura y otros malos tratos (incluidos graves abusos físicos y psicológicos y reclusión prolongada en régimen de aislamiento) mientras permanece detenido sin ninguna justificación”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades israelíes deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones al doctor Hussam Abu Safiya y, hasta su liberación, el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí debe garantizar su protección plena frente a los abusos, procurarle asistencia médica adecuada y permitirle acceso inmediato a entidades observadoras independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que también deben tener acceso a todas las demás personas palestinas detenidas.”

En flagrante incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, Israel niega las visitas del CICR a las personas palestinas presas y detenidas desde octubre de 2023.

Es totalmente deplorable que un médico que se negó a abandonar a sus pacientes y se convirtió en una de las voces más destacadas de denuncia de la destrucción del sistema sanitario de Gaza permanezca detenido de forma arbitraria e ilícita tras haber sido calificado infundadamente de ‘combatiente ilegal’ por Israel.

Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional

La noticia del empeoramiento de las condiciones del doctor Hussam Abu Safiya y de los graves abusos que está sufriendo a manos del Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí se conoció tras una visita realizada por un abogado de Physicians for Human Rights – Israel (PHRI) el 2 de julio de 2026. El abogado Nasser Odeh afirmó que, desde que trasladaron al doctor Abu Safiya al tristemente célebre centro de detención subterráneo Rakevet, sufre amenazas, palizas y otros abusos a diario.

Nasser Odeh dijo que el doctor Hussam Abu Safiya presentaba hematomas y señales de tortura recientes en la cabeza y el resto del cuerpo, por lo que estaba casi irreconocible. También contó que el doctor había llegado encadenado de manos y pies a su reunión con él. Según el escalofriante relato del abogado, el doctor estaba muy débil y a punto de perder el conocimiento. Además, le había dicho lo siguiente: “Es la última vez que vas a verme […] Me han traído aquí para matarme”.

“El testimonio del abogado debe servir de llamada de atención urgente a los Estados de todo el mundo, sobre todo a los aliados de Israel. Es totalmente deplorable que un médico que se negó a abandonar a sus pacientes y se convirtió en una de las voces más destacadas de denuncia de la destrucción del sistema sanitario de Gaza permanezca detenido de forma arbitraria e ilícita tras haber sido calificado infundadamente de ‘combatiente ilegal’ por Israel. Continúa privado de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a ser protegido frente a la tortura y otros malos tratos, y el derecho a un juicio justo y al debido proceso”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.

“El trato inhumano de Israel al personal sanitario palestino en Gaza, que incluye detención arbitraria y tortura, es posible por la falta deliberada de medidas significativas de los Estados ante la destrucción del sistema sanitario de Gaza por Israel y sus ataques al personal sanitario palestino, conducta que se integra en los patrones fundamentales del genocidio en curso de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza. Limitarse a expresar preocupación no es más que un cínico disimulo de la pasividad de los Estados ante el aplastamiento de los derechos humanos de la población palestina por parte de Israel. Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de derechos humanos, no sólo pide la libertad inmediata del doctor Hussam Abu Safiya. Esto es un llamamiento en favor de una intervención urgente y efectiva para salvar su vida.”

En una declaración a Amnistía Internacional, el hijo del doctor Hussam Abu Safiya, Elias, portavoz de la familia, decía lo siguiente:

“[Mi padre] está atravesando momentos críticos y se debate entre la vida y la muerte […] [Su] salud y situación se agravan cada día. Pedimos a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación y a todas las personas con conciencia que adopten medidas inmediatas y urgentes para presionar en favor del fin inmediato de la tortura y el resto de las violaciones de derechos cometidas contra mi padre, la provisión de asistencia médica urgente, la posibilidad de supervisar su estado mediante canales jurídicos y humanitarios independientes, y garantías de su protección y del respeto de sus derechos fundamentales.

El silencio del mundo hoy puede significar la pérdida de una vida humana inocente. El tiempo se acaba, y les pedimos que intervengan antes de que sea demasiado tarde.”

Información complementaria

El doctor Hussam Abu Safiya se encuentra en detención arbitraria por las autoridades israelíes desde que, en diciembre de 2024, las fuerzas armadas israelíes irrumpieron en el hospital Kamal Adwan, en la gobernación de Gaza del Norte. Desde entonces permanece recluido sin cargos ni juicio en aplicación de la cruel y abusiva Ley de Combatientes Ilegales, que autoriza a las fuerzas armadas a dictar órdenes de detención que pueden prorrogarse indefinidamente contra cualquier persona de Gaza sospechosa de ser una amenaza para la seguridad del Estado o de participar en actividades hostiles, basándose en indicios clasificados y sin necesidad de presentar escrito de acusación alguno.

El 16 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de Israel desestimó un recurso presentado por el doctor Hussam Abu Safiya para obtener la libertad y confirmó la prolongación de su detención hasta al menos octubre de 2026. La organización PHRI cree que el aumento de los ataques contra el doctor Hussam Abu Safiya se debe a su recurso y sus intentos de impugnar su detención ante el tribunal.

El doctor Hussam Abu Safiya está recluido en el centro de detención Rakevet, sección subterránea del complejo penitenciario de Ayalon donde las personas detenidas, en su mayoría de la Franja de Gaza, son sometidas a tortura y trato inhumano de forma sistemática. Este centro de detención, cerrado en 1985 por sus condiciones inhumanas, volvió a abrirse durante el genocidio.

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En respuesta a la entrada en vigor de la nueva Ley de Unidad Étnica de China el 1 de julio, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Las obligaciones de las autoridades chinas en materia de derechos humanos exigen la protección de las comunidades minoritarias y sus culturas, justo lo contrario de lo que hace esta ley. En lugar de celebrar la diferencia, la ley obliga a grupos étnicos como el uigur, el tibetano y el mongol a adoptar una identidad nacional única, definida por el Estado y dominada por la cultura china han.”

“En este contexto, `unidad´ no significa armonía entre diferentes comunidades, sino alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino. En lugar de proteger la diversidad y la igualdad, la ley exige conformidad.”

“Las autoridades chinas han manifestado su intención de aplicar elementos de esta ley más allá de las fronteras de China, lo cual también resulta sumamente preocupante. Existe el peligro de que esta ley proporcione una base jurídica más sólida a prácticas ya existentes de represión transnacional, y que pueda considerarse que la defensa pacífica de los derechos de las minorías en China llevada a cabo por cualquier persona en cualquier lugar socava la `unidad étnica´.”

“Paralelamente a esto, podrían criminalizarse aún más actividades cuya realización ya conlleva un gran peligro en China, como la promoción de lenguas minoritarias, la documentación de abusos contra los derechos humanos o el trabajo de campaña en favor de la liberación de personas detenidas por expresar sus culturas, opiniones o creencias.”

“Esta ley establece un marco jurídico nacional para políticas que ya han hecho añicos los derechos de personas uigures, tibetanas y de otros grupos étnicos distintos del han. Creemos que institucionalizará aún más las políticas chinas de asimilación forzada.”

Información complementaria

La Ley de Unidad Étnica de China, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, establece la “unidad étnica” como requisito previo de ambiciosos proyectos de la cúpula del Partido Comunista Chino, como el desarrollo del Pensamiento de Xi Jinping y el “rejuvenecimiento” de una identidad política nacional compartida.

La ley, por ejemplo, prohíbe los actos que “socaven la unidad étnica o creen división étnica”, algo que, ante la amplitud y la escasa definición de estos términos, suscita el temor de una aplicación arbitraria.

En la rueda de prensa que el Consejo de Estado ofreció el 24 de junio, altos cargos confirmaron que las autoridades consideran que algunos aspectos de la ley son de aplicación más allá de las fronteras de China.

Amnistía Internacional ha documentado el uso que hace China de la represión transnacional, con prácticas tales como la vigilancia de las comunidades de la diáspora, el hostigamiento de las personas disidentes en el extranjero, la intimidación de familiares en China y los esfuerzos por presionar a otros gobiernos para que devuelvan a ciertas personas.

Casos como los del intelectual uigur Ilham Tohti, la etnógrafa uigur Rahile Dawut y el líder religioso tibetano Choktrul Dorje Ten Rinpoche son ejemplos de la cómo las políticas existentes criminalizan el trabajo académico, cultural y religioso pacífico, una tendencia que esta ley podría consolidar aún más.

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• Las RSF cometieron crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica
• Combatientes de las RSF atacaron deliberadamente a niños y niñas durante los ataques
• Urge un alto el fuego y una fuerza internacional de protección

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) cometieron crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica durante su campaña para tomar El Fasher, en el estado de Darfur Septentrional, en Sudán, ha concluido Amnistía Internacional en un importante nuevo informe. La organización pide ahora un alto el fuego inmediato en Sudán, así como el despliegue urgente de una fuerza internacional para proteger a la población civil.

Ciudad sitiada, niños y niñas bajo fuego: Crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur Septentrional documenta casos de civiles asesinados, heridos, golpeados, torturados y detenidos en El Fasher y sus alrededores entre principios de 2024 y octubre de 2025, mientras las RSF combatían contra las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas Conjuntas aliadas en una guerra que devastó Darfur Septentrional. Los crímenes de las RSF incluyen el asesinato, el traslado forzoso, el encarcelamiento, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, otras formas de violencia sexual, la esclavitud, el exterminio y la persecución.

Cientos de miles de niños y niñas han sido desplazados; muchos de ellos se han expuesto repetidamente a la muerte o a sufrir lesiones durante los ataques o mientras huían. Innumerables han quedado huérfanos. Las personas con discapacidad y las de edad avanzada se han enfrentado a riesgos graves, como ataques selectivos, abandono y exclusión de la asistencia esencial.

En los ataques contra Darfur Septentrional, las RSF empleaban habitualmente términos como falangay, que sugieren esclavitud o servidumbre, contra civiles de etnia no árabe.

Se advirtió al mundo de los horrores a los que se enfrentaba la población civil de El Fasher a medida que las RSF sitiaban la ciudad.Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“La guerra en Sudán es una guerra contra la población civil. Se advirtió al mundo de los horrores a los que se enfrentaba la población civil de El Fasher a medida que las RSF sitiaban la ciudad. Es una mancha en la conciencia de la humanidad”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Los niños y las niñas no son daños colaterales de esta violencia; muy a menudo, son objetivos deliberados y han sufrido enormemente. Han sido asesinados, heridos, violados, secuestrados y reclutados por la fuerza a gran escala”.

“Se necesita de inmediato un alto el fuego a nivel nacional. Debe desplegarse en Sudán una fuerza internacional independiente y dotada de recursos suficientes para proteger a la población civil de los crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto. Si la comunidad internacional no toma medidas urgentes, los ataques contra la población civil —y el inmenso sufrimiento y trauma que se infligen a los niños y las niñas— continuarán sin obstáculos”.

Para elaborar el informe, Amnistía Internacional entrevistó a 247 personas, entre ellas 208 sobrevivientes (169 adultos y 39 menores de edad) que habían sufrido o presenciado abusos relacionados con el conflicto. El informe también contiene análisis de fuentes abiertas, que incluye 89 vídeos y un análisis exhaustivo de imágenes de satélite de Darfur Septentrional.

El 10 de junio de 2026, Amnistía Internacional envió una carta al general Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de las RSF, en la que se documentaban las conclusiones del informe. En el momento de la publicación, no se había recibido respuesta.

El análisis de las pruebas reunidas dentro del ámbito geográfico y temporal examinado en este informe permite concluir, sin reservas, que se produjo una persecución por motivos de identidad étnica. Amnistía Internacional considera que los actos documentados en este informe, así como otros presuntos crímenes objeto de investigaciones paralelas, podrían ser pertinentes a efectos de la calificación del delito de genocidio. En el momento de publicarse este informe prosiguen las investigaciones de la organización en relación con estos actos.

Guerra de asedio

En noviembre de 2023, las RSF controlaban cuatro de las cinco capitales estatales de Darfur. El Fasher, capital de Darfur Septentrional, era el único reducto que resistía. A partir de 2024, las RSF atacaron sistemáticamente las aldeas, los pueblos y los campos de personas desplazadas en los alrededores de El Fasher, sometieron a la población residente a la violencia y el saqueo e incendiaron infraestructuras civiles.

Muchas de estas comunidades estaban compuestas predominantemente por miembros de la etnia zaghawa. Durante los ataques, los combatientes de las RSF incendiaron viviendas civiles mucho después de que sus habitantes hubieran huido, lo que apunta a la intención de dejar inhabitables esas zonas. Estas acciones, sumadas al control continuado de las RSF en las zonas —lo que impide el regreso de la población desplazada—, son compatibles con la limpieza étnica del pueblo zaghawa en las zonas cercanas a El Fasher.

Yagoub*, joven zaghawa de 17 años, se encontraba en la finca de su familia cerca de Abu Zerega, localidad situada 35 kilómetros al sur de El Fasher, cuando las RSF lanzaron su ataque en diciembre de 2024. Intentó huir, pero las RSF lo capturaron. Según contó a Amnistía Internacional: “Me ataron y me golpearon con palos y con la culata de un AK-47. Entonces, uno de ellos se acercó montado en un camello y dijo: ‘Éste es el hijo de un falangay’ […] y sin más me disparó en la pierna”.

Yagoub ahora utiliza muletas para caminar. Ocho de sus primos, entre ellos cuatro niños de entre 11 y 17 años, murieron en el mismo ataque.

Tras desplazar por la fuerza a la población de los pueblos cercanos a El Fasher, las RSF efectuaron un asedio brutal sobre la ciudad desde mayo de 2024 hasta octubre de 2025, restringieron la entrada de alimentos y suministros humanitarios, y bombardearon la ciudad casi a diario. La hambruna se propagó y obligó a la población a comer ambaz, un subproducto de la producción de aceite de cacahuete que normalmente se utiliza como pienso para animales. Toda la población civil, pero en especial niños y niñas —en quienes las enfermedades y la desnutrición pueden tener efectos irreversibles—, sufrió las peores consecuencias de esta hambruna provocada.

Algunas mujeres relataron que habían dado a luz en medio de graves privaciones y estrés: en sofocantes refugios antiaéreos subterráneos, en hospitales que fueron bombardeados o mientras huían de la violencia. Al no poder obtener una nutrición adecuada ellas mismas, a menudo no podían producir suficiente leche para alimentar a sus recién nacidos. A falta de alternativas seguras, muchas mujeres vieron cómo sus bebés se consumían.

Rashida*, mujer de 39 años, perdió a su hijo menor, un gemelo de un año, en agosto de 2025. En sus palabras: “[Mi hijo] se estaba debilitando mucho [y] no tomaba leche. Se quedó muy delgado”.

La toma de El Fasher

El 26 de octubre de 2025, las RSF lanzaron su ofensiva final contra El Fasher. Cuando los civiles intentaron huir, se encontraron con una red de terraplenes de 57 kilómetros. A continuación se produjo una masacre: cientos de personas fueron ejecutadas y muchas otras, torturadas o detenidas.

Amnistía Internacional entrevistó a 70 sobrevivientes, casi todos los cuales habían presenciado ejecuciones, violaciones, otras formas de tortura o la toma de rehenes. Una mujer de 58 años calculaba haber visto más de 1.000 cadáveres: “A las personas a las que dispararon las arrojaron dentro del terraplén. […] [Las RSF] dijeron que rellenarían el terraplén con los cadáveres”.

Entre los asesinados en el terraplén había muchos niños y niñas. Taiseer*, una mujer zaghawa de 68 años que huía con sus cinco nietos, vio cómo las RSF disparaban y mataban al niño de 12 años que los acompañaba.

Zubeida*, una niña de 15 años, sobrevivió a una masacre de unas 25 personas en el terraplén sólo porque se identificó como medio árabe y afirmó en falso que su padre formaba parte de las RSF. Fue testigo de la ejecución de hombres y niños, del asesinato de mujeres que se resistieron a ser violadas y del tiroteo contra niños y niñas pequeños. Dijo: “Soy la única sobreviviente”.

Quienes permanecieron en El Fasher fueron testigos de terribles violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional entrevistó a 18 personas que se encontraban en el Hospital Materno Saudí, entre ellas miembros del personal, pacientes y familiares de pacientes, que vieron cómo las RSF mataban a decenas de personas allí. Atacar el Hospital Materno Saudí, objeto protegido en virtud del derecho internacional, constituye un crimen de guerra.

Violencia sexual, toma de rehenes y reclutamiento de menores de edad

Las RSF cometieron violaciones y otras formas de violencia sexual a gran escala en numerosos contextos. Amnistía Internacional entrevistó a 26 sobrevivientes de violencia sexual, incluidas 20 mujeres víctimas de violación, entre ellas tres niñas menores de 18 años y una joven violada cuando tenía 17 años. Las sobrevivientes describieron haber sido sometidas a graves humillaciones y abusos que les causaron daños físicos y psicológicos duraderos.

Tasneem*, una niña zaghawa de 13 años, fue secuestrada a principios de abril de 2025 cuando combatientes de las RSF atacaron su aldea, al oeste de El Fasher. Tasneem estaba pastoreando el ganado de la familia con su padre cuando se acercaron combatientes de las RSF. Tasneem vio cómo las RSF mataban a tiros a su padre antes de que la secuestraran y se la llevaran a El Daein, a unos 350 kilómetros de distancia.

Según contó a Amnistía Internacional: “[La primera vez que me violaron] fueron tres personas. Me vendaron los ojos […]. Me sujetaron […]. Me dijeron: ‘Esto te está pasando porque tus muchachos lucharon contra nosotros, los de los falangayat’.”

Las RSF también detuvieron ilícitamente a civiles y mantuvieron a muchos de ellos como rehenes para pedir rescate, a menudo en condiciones terribles. Amnistía Internacional entrevistó a 45 personas detenidas ilícitamente por las RSF, entre ellas ocho menores de edad, entre julio de 2024 y enero de 2026.

Las condiciones de detención eran abusivas y degradantes. Los entrevistados, entre los que se encontraban niños de tan sólo 13 años, afirmaron que los soldados de las RSF les golpearon y les insultaron con epítetos étnicos mientras estuvieron cautivos. Se les negó comida y agua suficientes y se les mantuvo en dependencias sofocantes y superpobladas. Se propagaron las enfermedades: muchos detenidos presenciaron cómo morían decenas de personas —en ocasiones, centenares— por deshidratación o enfermedad.

Amnistía Internacional entrevistó a nueve hombres que habían estado recluidos en el centro de detención de Mina al Bari, en la periferia oriental de El Fasher, durante periodos de hasta cinco meses entre mediados de 2024 y principios de 2026. Estos hombres afirmaron que los habían recluido en contenedores de transporte, que permanecían cerrados la mayor parte del tiempo. El calor sofocante y la mínima circulación del aire dificultaban la respiración.

Un hombre que estuvo recluido allí declaró: “No puedes estirar las piernas… No puedes dormir mucho rato… [Las RSF] me dijeron: ‘No nos importa si mueres’”.

Otro hombre que estuvo recluido en Mina al Bari describió la privación de comida y agua: Mi cuerpo se estaba [deshidratando] por completo, otras personas, al igual que yo, perdieron el conocimiento. [Las RSF] pensaron que habíamos muerto, así que simplemente nos echaron del contenedor. Al poco tiempo se dieron cuenta de que seguíamos vivos. Nos torturaron de nuevo y nos llevaron [de vuelta] al interior del contenedor”.

Amnistía Internacional también documentó el reclutamiento y la utilización generalizados de niños por parte de las RSF, ya fueran de grupos étnicos árabes aliados o secuestrados de grupos no árabes durante los ataques a pueblos y campos de personas desplazadas. Los niños desempeñaban diferentes funciones para el grupo, entre ellas combatir, recabar información y cuidar del ganado.

Rashid* fue secuestrado por las RSF en su pueblo hacia julio de 2024, cuando tenía unos 17 años. Durante casi nueve meses, lo mantuvieron en una zona rural y lo obligaron a pastorear cabras. Estaba custodiado por tres chicos armados, también reclutas de las RSF, que lo sometían a él y a otros detenidos a humillaciones y palizas y lo privaban de comida y agua. Dijo: “Me vigilaban, y si intentaba descansar, me disparaban […]. Me golpeaban por todo el cuerpo.”

Mandos identificados

Amnistía Internacional identificó a mandos de las RSF responsables de graves violaciones del derecho internacional.

Miembros de las RSF grabaron y difundieron públicamente vídeos de ejecuciones masivas. Amnistía Internacional recopiló y verificó 19 vídeos que documentaban una gran masacre cerca del terraplén, a unos 12 kilómetros al noroeste de El Fasher. Nueve de estos vídeos muestran al mando de las RSF Al-Fateh Abdullah Idris, más conocido como ‘Abu Lulu’, ejecutando a personas cautivas vestidas de civil.

Entre los altos mandos de las RSF en el centro de detención de Mina al Bari se encontraban el general de división Gedo Hamdan Ahmed Mohamed (‘Abu Shouk’), que dirigía los interrogatorios y participaba en las torturas, y el teniente coronel Abbas Khater Bakhit, a quien se vio ordenar la tortura de presos y facilitar pagos.

Estas violaciones se produjeron de forma reiterada y a gran escala, lo que indica que quienes ocupaban puestos de autoridad sabían —o debían saber— lo que ocurría y no hicieron nada por impedirlo ni por exigir responsabilidades a nadie.

Recomendaciones

“La comunidad internacional debe ir más allá de las declaraciones de preocupación y adoptar medidas concretas para proteger a la población civil, rompiendo el ciclo de impunidad”, ha afirmado Agnès Callamard.

La comunidad internacional debe ir más allá de las declaraciones de preocupación y adoptar medidas concretas para proteger a la población civil.Agnès Callamard

“Sudán se ha visto sacudido por el impacto de los recortes en la financiación humanitaria, lo que ha agravado una crisis de derechos humanos ya de por sí catastrófica para unas comunidades que lo han perdido todo. Todos los socios internacionales de Sudán deben garantizar que la ayuda adecuada llegue a las personas refugiadas y desplazadas, incluidos los servicios centrados en la infancia, para ayudar a mitigar la crisis.

“También requiere reforzar la rendición de cuentas, garantizando un apoyo suficiente a todos los mecanismos de rendición de cuentas existentes para Sudán, incluidas la Corte Penal Internacional y las misiones de investigación respaldadas por la ONU y la Unión Africana. Los mandos identificados en este informe deben ser investigados y, cuando haya suficientes pruebas admisibles, procesados”.

Todos los países deben dejar de suministrar inmediatamente armas y municiones a todas las partes en el conflicto de Sudán. En particular, deben dejar de suministrar armas a Emiratos Árabes Unidos —el principal patrocinador de las RSF— hasta que este país cumpla con el embargo de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU también debe ampliar el actual embargo de armas de Darfur al resto del país.

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Las personas que visitan Arabia Saudí, incluso para hacer turismo o por motivos religiosos (como hach y umrah, distintos tipos de peregrinación a La Meca), corren peligro de detención, juicio manifiestamente injusto y condena a prisión prolongada por su actividad en redes sociales, incluidas publicaciones previas a la entrada en el reino; así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional y ALQST.

Amnistía Internacional y ALQST han documentado los casos de nueve personas, principalmente de países del Sur Global y Oriente Medio, que fueron arrestadas en Arabia Saudí durante visitas realizadas entre julio de 2022 y finales de 2025 por sus publicaciones en redes sociales. Cuatro de las nueve estaban haciendo una peregrinación a La Meca (hach o umrah) y las otras cinco hacían turismo o visitas familiares.

Las autoridades saudíes detuvieron a varias a su llegada, a otras durante su estancia y al resto cuando intentaban salir del país. En los casos documentados, las autoridades interrogaron a estas personas sobre publicaciones suyas en redes sociales y las sometieron arbitrariamente a detención prolongada, juicio manifiestamente injusto o demoras en el acceso a ayuda consular. En dos de los casos impidieron a las personas detenidas compartir información con sus familiares en el extranjero.

“Al mismo tiempo que se presenta como destino turístico internacional e invierte un montón en turismo como parte de su plan Visión 2030, Arabia Saudí detiene y condena a largas penas de prisión a personas que visitan el país, sólo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Personas que viajan a Arabia Saudí para realizar una peregrinación religiosa única en la vida o para visitar a sus seres queridos, se encuentran de repente y sin previo aviso en una situación de pesadilla, separadas de sus familias, y todo por simples publicaciones en redes sociales”, ha dicho Bissan Fakih, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio y Norte de África.

Detrás de la imagen de apertura al mundo cuidadosamente proyectada por el gobierno saudí se esconde un clima generalizado de temor, mantenido mediante una fuerte represión en el país.Naydeen Abdulaziz, responsable de Seguimiento e Incidencia de ALQST

“La represión de la libertad de expresión ejercida desde hace mucho tiempo por las autoridades saudíes contra su propia ciudadanía y demás residentes en el país ahora se extiende a las personas extranjeras que visitan el reino. “Detrás de la imagen de apertura al mundo cuidadosamente proyectada por el gobierno saudí se esconde un clima generalizado de temor, mantenido mediante una fuerte represión en el país”, ha manifestado Naydeen Abdulaziz, responsable de Seguimiento e Incidencia de ALQST.

Amnistía Internacional y ALQST piden a los Estados que presionen a Arabia Saudí para que ponga fin a la represión de la libertad de expresión tanto de visitantes como de residentes en el país y libere de inmediato a todas las personas recluidas por ejercer ese derecho. Además, los ministerios de Asuntos Exteriores deben garantizar la actualización de sus recomendaciones de viaje a Arabia Saudí para que quienes pretendan viajar allí sean conscientes de los riesgos que corren debido a su actividad en redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que el país está atrayendo más turismo y se dispone a organizar la Expo 2030 y la Copa Mundial de 2034.

Arabia Saudí se ha fijado un objetivo de 150 millones de turistas antes de 2030 como parte de su programa estrella Visión 2030, enfocado a diversificar la economía saudí, promover una sociedad “dinámica” y posicionar al reino como destino internacional. Sin embargo, Arabia Saudí mantiene un entorno legislativo sumamente restrictivo que criminaliza y sanciona con duras penas el derecho de expresión protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. El Tribunal Penal Especializado —tribunal antiterrorista de Arabia Saudí— utiliza sistemáticamente disposiciones imprecisas de la legislación antiterrorista y sobre delitos informáticos que equiparan la expresión permisible con el “terrorismo”.

Arrestos, detenciones preventivas prolongadas y juicios manifiestamente injustos relacionados con las redes sociales

Ahmed al Doush, ciudadano británico, está cumpliendo cinco años de prisión tras un juicio injusto por cargos basados en el uso de las redes sociales, lo que vulnera su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades saudíes arrestaron a Al Doush, que entonces era analista empresarial para el Banco de América, el 31 de agosto de 2024 en el aeropuerto de Riad cuando se disponía a regresar a Reino Unido tras visitar Arabia Saudí con su esposa embarazada y dos hijos; el motivo de su arresto fueron unas publicaciones en redes sociales que había hecho antes de su llegada al país. El Tribunal Penal Especializado lo condenó a 10 años de prisión el 12 de mayo de 2025 y le redujo la pena a cinco años en apelación en abril de 2026. Las autoridades saudíes no han compartido con su familia ni con su abogado británico los documentos judiciales, incluidas las sentencias en primera instancia y en apelación, a pesar de las reiteradas solicitudes.

Amr Abdelfattah, ciudadano francés con tres hijos, fue detenido el 16 de junio de 2024 en Arabia Saudí mientras hacía la peregrinación hach a La Meca. Abdelfattah permaneció más de 11 meses bajo custodia hasta su juicio en mayo de 2025 por cargos relacionados con publicaciones en línea y un problema de visado; este último normalmente conlleva penas de multa y deportación. Las autoridades alegaron que sus manifestaciones en línea constituían “injurias al gobierno” y “elogios a personas procesadas”.

Quienes fueron objeto de detención se enfrentaron a múltiples violaciones del debido proceso y relacionadas con la propia detención. En algunos casos, la persona detenida fue obligada a firmar documentos en árabe sin conocer su contenido ya que no entendía el idioma. A algunas, según informes, las dejaron en libertad sin entregarles ropa adecuada ni sus efectos personales. En al menos dos casos de personas extranjeras documentados por Amnistía Internacional y ALQST, las autoridades saudíes restringieron su contacto con sus familiares en el extranjero.

A Abdelfattah se le ha negado repetidamente el acceso a representación letrada y a visitas familiares durante toda su detención, y no se ha permitido a representantes consulares acceder a su juicio. Desde septiembre de 2024 hasta el 5 de agosto de 2025 se le permitió hablar por teléfono con su esposa 15 minutos a la semana, pero las llamadas se cortaban cada vez que intentaba contarle el trato que recibía en prisión o novedades sobre su juicio. El contacto con su familia quedó suspendido hasta hace poco, que han vuelto a permitirle comunicación semanal. No se le permite hablar en francés con su familia; debe hacerlo en árabe para que los funcionarios de la prisión puedan vigilar la conversación. Según concluyó ALQST, también fue sometido a graves palizas por guardias de la prisión.

Asimismo se ha restringido gravemente la comunicación de Ahmed al Doush con su familia. En abril de 2025 dijo a su esposa que las autoridades penitenciarias le habían ordenado que sólo preguntara por ella y sus hijos durante las llamadas, con la advertencia de que si hablaba de sus condiciones de reclusión, su salud, los procedimientos judiciales o los cargos en su contra, la llamada se interrumpiría y se le impondría un castigo. La familia ha contado que recientemente se le negó el contacto con ella durante casi tres semanas por haber hablado con sus hijos en inglés.

La salud física y mental tanto de Ahmed al Doush como de Amr Abdelfattah han empeorado considerablemente durante su estancia en prisión.

De igual modo, las autoridades saudíes arrestaron al ciudadano neerlandés y yemení Fahd Ramadhan el 20 de noviembre de 2023 y lo sometieron a detención arbitraria durante 18 meses. Ramadhan nunca fue formalmente acusado, pero a los funcionarios de la embajada neerlandesa en Riad les dijo que pensaba su detención se debía a los comentarios que había publicado en línea en los que simpatizaba con un crítico de la familia real saudí. Durante su detención previa al juicio, sus interrogadores le habían pedido que firmara un documento que recogía cuatro de sus publicaciones en X. Quedó en libertad en junio de 2025.

Otra persona, que se ha mantenido en el anonimato por razones de seguridad, fue arrestada en La Meca en plena peregrinación umrah sólo cuatro horas después de haber publicado en redes sociales una crítica a las autoridades saudíes, que había borrado a las dos horas. Permaneció recluida sin juicio durante un año y ocho meses, y ya ha sido liberada.

En 2023, las autoridades saudíes arrestaron a otro hombre que estaba haciendo la peregrinación umrah a La Meca por exhibir un pequeño cartel para pedir la libertad de un preso político en otro país, sin relación con Arabia Saudí, y lo mantuvieron casi un año bajo custodia. Finalmente, Arabia Saudí lo puso en libertad.

Haidar Slim, ciudadano libanés, fue detenido en 2022 al término de su peregrinación hach a La Meca. Se había grabado a sí mismo entonando un cántico chií durante la peregrinación y el vídeo había circulado en Internet. Fue procesado en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos por “publicar contenido que socava el orden público y los valores religiosos” y condenado a cinco años de prisión y una multa de 10.000 reales saudíes. Quedó en libertad en marzo de 2025 tras haber cumplido casi tres años de su condena, a raíz de una intervención diplomática.

Teniendo en cuenta el clima de miedo y la falta de transparencia que imperan en el país, la verdadera magnitud de los arrestos relacionados con el derecho de expresión probablemente sea muy superior, y alguna información sólo se conoce cuando las personas detenidas quedan libres y pueden salir del país.

Además de los nueve casos documentados, que incluyen el de un ciudadano estadounidense que estuvo dos meses detenido sin cargos a finales de 2025 tras haber publicado un vídeo en TikTok sobre sus experiencias en el país y el de un ciudadano canadiense arrestado en abril de 2023 e interrogado por sus publicaciones y “Me gusta” en redes sociales, Amnistía Internacional y ALQST conocen varios casos más de turistas a quienes han arrestado durante su estancia en Arabia Saudí por su actividad en redes sociales, algunos de los cuales no han podido investigar.

Entre los casos publicados en los medios de comunicación está el de un hombre detenido durante su peregrinación hach a La Meca tras haber criticado a las autoridades saudíes por su presunta negligencia a raíz de las muertes de 1.301 peregrinos durante la hach en 2024, que el Ministerio de Salud saudí había atribuido en su mayoría a un golpe de calor.

“Los gobiernos extranjeros deben utilizar todos los medios a su alcance para proteger los derechos de sus nacionales y residentes cuando están fuera de su país, lo que incluye prestarles asistencia consular y dar seguimiento a las actuaciones judiciales en su contra. Los gobiernos que afirman creer en los derechos humanos universales deben defender la puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente en Arabia Saudí por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, ha dicho Nadyeen Abdulaziz.

Información complementaria

Amnistía Internacional y ALQST han documentado decenas de casos de nacionales saudíes en detención por sus publicaciones en redes sociales, entre ellos Abdulrahman al Sadhan, empleado de Media Luna Roja que está cumpliendo una condena a 20 años de prisión y ha sido objeto de desaparición forzada tras varias publicaciones satíricas en X, y Manahel al Otaibi, influencer deportiva y defensora de los derechos humanos que está cumpliendo cinco años de prisión por tuitear en defensa de los derechos de las mujeres (usando entre otras la etiqueta #EndMaleGuardianship) y publicar en línea una foto suya en un centro comercial sin vestir la abaya (prenda tradicional).

Amnistía Internacional también ha concluido que las autoridades de todos los Estados del Golfo, entre ellos Arabia Saudí, han intensificado la represión del derecho a la libertad de expresión tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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“Debe levantarse la prohibición general de todas las protestas en Ankara y deben ser puestas en libertad todas las personas detenidas arbitrariamente que están en prisión o bajo arresto domiciliario en relación con la cumbre de la OTAN. Esta prohibición es un ataque excesivo e injustificable al derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Las autoridades deben facilitar y proteger el derecho a la protesta y dejar de usar razones de seguridad nacional imprecisas y excesivamente generales para detener a personas sin que haya indicios de conducta delictiva”.

Esta prohibición es un ataque excesivo e injustificable al derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.Esther Major, Amnistía Internacional

“La detención en espera de juicio es una medida excepcional que no puede utilizarse para impedir a las personas ejercer sus derechos protegidos, como la libertad de reunión pacífica y de expresión. Deben levantarse todas las restricciones excesivamente generales y desproporcionadas que impiden el ejercicio del derecho de reunión pacífica”.

“Además, la decisión de la OTAN de denegar la acreditación a algunos periodistas y medios de comunicación de Turquía es un golpe a la libertad de los medios de comunicación. Pedimos a la OTAN que cambie de postura y permita que cubran el evento a las personas y medios excluidos”.

Las autoridades debe poner fin al uso de razones de seguridad nacional imprecisas y excesivamente generales para detener a personas sin que haya indicios de conducta delictiva.Esther Major, Amnistía Internacional

Información complementaria

El 22 de junio, la gobernación de Ankara anunció una prohibición provincial de todas las reuniones públicas desde las 00.00 horas del 28 de junio hasta las 23.59 del 10 de julio de 2026 (13 días), citando la “seguridad nacional” y medidas de seguridad en torno a la cumbre de la OTAN.

También citó la necesidad de impedir que personas y vehículos no autorizados entren en zonas designadas “sensibles” como la sede de la cumbre, los lugares donde se alojarán las delegaciones y las rutas de tránsito usadas por estas.

Según una declaración emitida por la Fiscalía General de Ankara el 25 de junio de 2026, se remitieron a los tribunales con la solicitud de detención preventiva los casos de 135 personas de las 225 detenidas durante las operaciones que se lanzaron en redadas efectuadas al amanecer el 23 de junio. De ellos, se ordenó la detención de 103 personas, y 26 fueron sometidas a medidas de control judicial como el arresto domiciliario.

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“Maksim Kruglov ha sido encarcelado, no por un delito penal reconocible, sino sencillamente por expresar sus opiniones y pedir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra. Su caso es el más reciente de los de centenares de personas que están siendo perseguidas en Rusia por expresar opiniones contrarias a la guerra.”

“Su dura pena de prisión es un castigo por exigir justicia para las víctimas de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y también forma parte de una campaña más amplia para atacar al partido Yabloko en el periodo previo a las elecciones al Parlamento que se celebrarán en septiembre. Maksim Kruglov es uno de los varios miembros de Yabloko que han sido blanco de la campaña de las autoridades para silenciar al único partido político registrado en Rusia que pide abiertamente el fin inmediato de las hostilidades.”

“Las autoridades rusas deben ponerlo en libertad de forma inmediata e incondicional, a él y a todas las demás personas encarceladas exclusivamente por oponerse de forma pacífica a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Las autoridades deben anular su declaración de culpabilidad y su condena y derogar toda la legislación conocida como ‘leyes de censura de guerra’.”

Información complementaria

El 24 de junio, el Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky, Moscú, condenó a Maksim Kruglov a siete años en una colonia penitenciaria. Kruglov había sido detenido en San Petersburgo en octubre de 2025 por cargos de difundir “deliberadamente información falsa” sobre el ejército ruso en publicaciones en Telegram y VKontakte en las que hacía referencia a muertes de civiles en Ucrania, en lugares como Mariúpol y Bucha.

Poco después de su detención, Maksim Kruglov fue añadido al registro ruso de “terroristas y extremistas”. En diciembre de 2025, otro copresidente del partido Yabloko, Lev Shlosberg, fue acusado de los mismos delitos. Al menos nueve activistas del partido se han enfrentado a procesamientos penales, decenas han sufrido detención administrativa y 12 cargos del partido han sido tachados de “agentes extranjeros”, lo que los descalifica para presentarse a las próximas elecciones al Parlamento.

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