San Fernando es un municipio del estado de Tamaulipas situado en la frontera norte de México, donde se ha denunciado la presencia de los Zetas y el cártel del Golfo, y por donde transitan migrantes, solicitantes de asilo y víctimas de desplazamiento forzado en su camino hacia Estados Unidos. En agosto de 2010, se encontraron los cadáveres de 72 migrantes, principalmente de Centroamérica y Sudamérica, en un descampado en las inmediaciones de este municipio. Según las autoridades mexicanas, las víctimas fueron secuestradas por el cártel de los Zetas y retenidas en un rancho. Cuando se negaron a trabajar para el grupo, fueron asesinadas y sus cuerpos atados de manos y abandonados a la intemperie. En la misma localidad, en abril de 2011, elementos del Ejército encontraron 196 cuerpos de personas de diversas nacionalidades en 48 fosas clandestinas que, según las investigaciones de la PGR, pertenecían a personas desaparecidas, asesinadas y colocadas en fosas clandestinas, posiblemente por el mismo cártel de Los Zetas en colusión con policías municipales.

Ana Lorena Delgadillo es la fundadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), representantes legales de las familias afectadas por la masacre; Marcela Turati es una de las principales periodistas que cubrieron aquellos hechos; y Mercedes Doretti fue la perito independiente y fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense que analizaba aquellas masacres.

Los tres fueron criminalizados por agentes de la división de delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República (SEIDO de la PGR). Dentro de la investigación penal de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, fueron investigados y se realizaron seguimientos en su contra para obtener información personal de los defensores, incluyendo sus registros telefónicos y otra información de sus teléfonos celulares.   

La criminalización contra los defensores de derechos humanos tiene impactos tanto individuales como colectivos, que no deben ser ignorados, incluyendo el efecto amedrentador o intimidatorio de disuadir a las personas de defender los derechos humanos.En el informe Perseguidas: Criminalización de Defensoras de Derechos Humanos en México, Amnistía Internacional documentó cómo personal de la SEIDO de la PGR desvió recursos de la investigación de una de las violaciones más graves a los derechos humanos, conocida como “las fosas de San Fernando” o “San Fernando II”, para realizar vigilancia selectiva contra Ana Lorena, Marcela y Mercedes.Con ello, el Estado mexicano violó los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, a defender los derechos humanos, a la no discriminación y al debido proceso.