En el territorio palestino ocupado existe una niña de 10 años cuyo nombre significa poema de amor. Se llama Ghazal y aunque quisiera imaginarla como una pequeña sonriente, de mejillas rosadas y risa contagiosa, la realidad es otra. 

Resulta difícil visualizarla corriendo por las calles mientras juega con otros niños de la cuadra, o volando cometas en un parque. Desde 1967, esta región —ocupada ilegalmente por Israel de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia— ha sido escenario de una violencia constante, intensificada tras la ofensiva de Hamás el 7 de octubre de 2023. Las ciudades se han convertido en cementerios.

Bajo los escombros no solo yacen cuerpos, sino también sueños y la idea misma de normalidad. En esta nueva vida, Palestina se convirtió en uno de los lugares más peligrosos para vivir la infancia. 

Así lo constatan organizaciones internacionales. “En los dos últimos años se ha constatado la muerte o la mutilación de la escalofriante cifra de 64.000 niños y niñas en toda la Franja de Gaza, entre ellos al menos mil bebés”, afirmó la directora ejecutiva de UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés), Catherine Russell. “No sabemos cuántos más habrán muerto a causa de enfermedades prevenibles ni cuántos seguirán enterrados entre los escombros”, advirtió. 

Para los 2,38 millones de niños y niñas que aún viven en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, su infancia se ha vuelto un relato de supervivencia y de dolor, que a veces llega hasta los medios de comunicación a enternecer por un rato al televidente o lector. Esto no basta. 

Amnistía Internacional y Save The Children lanzaron la campaña “Let Children Live” (Dejen a los Niños Vivir), para devolverle su identidad a la infancia palestina, nombrarlos para recordar que no son solo cifras, son seres humanos en la etapa más vulnerable de su desarrollo. 

Ghazal es uno de esos nombres. La lista también incluye a Sham, Lina, Zaid, Ibrahim, Ahmed, Zain, Kareem, Sarah. No se necesita ver sus fotografías para saber que sus rostros reflejan la batalla entre la inocencia de la infancia y la dureza de la realidad vivida. 

Cada noche, mientras millones de niñas y niños duermen apaciblemente en sus camas, después de haber recibido las buenas noches de su familia y quizás haber escuchado una historia antes de dormir, Ghazal tal vez se despierte sobresaltada por pesadillas de cohetes y destrucción, una señal de estrés postramático, frecuente en personas que viven en zonas de conflicto armado. 

O quizás sea el hambre lo que le impide conciliar el sueño. El pasado 22 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), declaró oficialmente la hambruna en Gaza y áreas aledañas. Desde entonces, se han registrado más de 39 muertes infantiles relacionadas con la desnutrición.  

La situación se tornó alarmantemente crítica tras meses en que Israel bloqueó la entrada de ayuda humanitaria, argumentando que Hamás se beneficiaba de la entrega de suministros. 

El sistema de reparto impuesto obligó a familias enteras a arriesgar sus vidas por un poco de comida. En varias ocasiones, las tropas israelíes abrieron fuego cerca de los puntos de entrega, provocando la muerte de unas 2,500 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El poeta español Antonio Machado escribió sobre un niño que soñaba con un caballo de cartón. ¿Con qué sueñan los niños de Palestina? Tal vez con un plato de comida en sus mesas, una casa que no esté reducida a ruinas, con ver de nuevo a sus familiares fallecidos, o con regresar a la escuela. Sueñan, quizá, con que la paz deje de ser solo una palabra del diccionario. 

Al otro lado del mundo, el miércoles 8 de octubre de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás “han firmado la primera fase” de un acuerdo para Gaza “hacia una paz sólida, duradera y eterna”, escribió el estadounidense en Truth Social.

Es una buena noticia. Los líderes se felicitan, algunos hasta se imaginaban recibiendo el Premio Nobel de la Paz. Pero el “alto al fuego” llega demasiado tarde para las niñas y niños que ya murieron en estos dos años de conflicto. 

Visto bajo una luz de esperanza, llega a tiempo para Ghazal y los que sobrevivieron. Ahora, una generación muy joven deberá vivir el proceso de pacificación de su hogar mientras sana las heridas físicas y emocionales aún abiertas. Este proceso es la única posibilidad de un futuro distinto para su país.

Machado cerró su poema con un verso triste:

“El niño se despertó. Tenía el puño cerrado. ¡El caballito voló! Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar.”

Ojalá que, a diferencia de aquel niño, las niñas y niños de Palestina no dejen de soñar. Que la paz no sea, para ellos, un caballo que nunca puedan cabalgar.

Desde 2015, las migraciones han pasado a ocupar un lugar destacado en los programas de los gobiernos y socios para el desarrollo, tras su inclusión histórica en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. De acuerdo con datos recientes del Informe sobre las migraciones en el mundo 2024, se tiene registro de un total de 281 millones de personas migrantes durante 2020, de las cuales, 135 millones, son mujeres, mientras que 28 millones, son niños y niñas, que huyen de guerras, conflictos armados, persecuciones, o desastres naturales; o en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, debido a la falta de mecanismos que garanticen el ejercicio de derechos fundamentales en las comunidades de origen. 

Como respuesta a los grandes flujos de personas migrantes y refugiadas en diferentes partes del mundo, en septiembre de 2016, los gobiernos adoptaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes. En dicha Declaración, se pide el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de migración y desplazamiento forzado; se alienta a los países de acogida para que abran sus mercados de trabajo a los refugiados, así como el desarrollo y la adopción de dos instrumentos colaborativos: el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre Refugiados.  

En ambos pactos se hace énfasis en la integración socioeconómica tanto de las personas migrantes como de las personas refugiadas, incluido el apoyo al empleo por cuenta propia y el emprendimiento. Estos pactos se basan en la premisa de que las personas migrantes y refugiadas pueden contribuir positivamente al desarrollo de las comunidades en sus países de origen o en sus nuevos lugares de residencia, siempre y cuando sus habilidades, competencias y espíritu emprendedor, reciban suficiente apoyo y reconocimiento.  

En este sentido, la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas en las comunidades de acogida, incluyendo la promoción del emprendimiento puede constituir un mecanismo importante para promover la inclusión social;  acelerar las contribuciones de las personas migrantes y refugiadas como agentes de desarrollo en el proceso; y apoyar soluciones duraderas para las comunidades de acogida y los Estados que luchan con una mayor competencia por el acceso a servicios básicos, mercados de trabajo y vivienda.  

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 ha reconocido que la migración es un poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible, tanto para los migrantes como para sus comunidades, aportando beneficios significativos en forma de capacidades, fortaleciendo la fuerza de trabajo, la inversión y la diversidad cultural, además de contribuir con el mejoramiento de las vidas de las comunidades en sus países de origen por medio de la transferencia de capacidades y recursos financieros, sin embargo, los beneficios de la migración no deben ser vistos únicamente desde la perspectiva de lo que los migrantes pueden aportar a un determinado territorio.  

La relación entre migración y desarrollo es mucho más compleja. Los procesos políticos, económicos y sociales de los potenciales países de destino también determinan el modo, el lugar y el momento en el que la migración ocurrirá. Si la migración no cuenta con una gobernanza adecuada, puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo, los migrantes pueden ser puestos en riesgo, y las comunidades pueden quedar sujetas a una gran presión. 

Por otra parte, las personas migrantes y refugiadas también enfrentan obstáculos y desafíos particulares para poder integrarse en la comunidad de acogida, toda vez que las políticas migratorias muchas veces se construyen como estructuras que por un lado, sustentan un sistema que discrimina y por otro, ejercen racismo institucional, desde fundamentos ideológicos y normativos, aunado a factores estructurales como la  discriminación racial, la falta de derechos laborales, las barreras lingüísticas y el no reconocimiento de cualificaciones y destrezas extranjeras; que crean barreras para su incorporación en el mercado laboral.  

Es por ello que, los Estados y la sociedad, deben asegurarse de promover una migración segura, ordenada y regular, aplicando un enfoque de gobernanza mediante políticas públicas, leyes y regulaciones, en materia de salud, educación, políticas comerciales y fiscales, donde las personas migrantes se encuentren al centro de las mismas, garantizando el bienestar y la protección de sus derechos humanos como lo establece la Agenda 2030, así como la Organización Internacional para las Migraciones. 

La inclusión y cohesión social promovidos por el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, así como por el Pacto Mundial sobre los Refugiados, son factores y procesos que trabajan juntos cuando se trata de la sana integración de las personas migrantes en las comunidades de acogida, e implica la adaptación mutua de los migrantes y la sociedad receptora. En este orden de ideas, la inclusión social se refiere al proceso de mejorar la capacidad, oportunidad y dignidad de personas en condiciones desfavorables en función de su identidad, para participar en la sociedad, mientras que la cohesión social, tiene que ver con el sentido de pertenencia a una comunidad, y con la solidaridad y tolerancia entre sus miembros.  

Beneficios del emprendimiento para las personas migrantes y refugiadas en las comunidades de acogida 

Para las personas migrantes y refugiadas, los emprendimientos representan importantes beneficios y oportunidades, en muchos contextos donde enfrentan barreras para su integración en el mercado laboral, como la falta de derechos laborales, y el no reconocimiento de cualificaciones extranjeras, y los conlleva a experimentar tasas más altas de desempleo y subempleo.  

Beneficios económicos 

Para las personas migrantes y refugiadas, un emprendimiento puede ser una ruta importante que ofrece mejores perspectivas económicas y autosuficiencia, en el proceso de construir sus vidas de forma temporal o permanentemente en las comunidades de acogida. 

Beneficios sociales 

Mediante el emprendimiento, las personas migrantes y refugiadas, pueden construir redes de apoyo interculturales en el país y en la diáspora, incluidas las redes religiosas y las redes políticas, para tener acceso a mentores, capital financiero, proveedores de confianza y una base de clientes leales, y de esta forma obtener independencia y autonomía.  

Beneficios psicológicos 

El emprendimiento puede contribuir al bienestar psicológico de las personas migrantes y refugiadas, toda vez que se evita la dependencia en las prestaciones sociales. Por otra parte, el emprendimiento, puede representar un trabajo más interesante y significativo para las personas migrantes y refugiadas que encuentran trabajo pero que están sobrecalificados para sus funciones. El emprendimiento, también puede ser un nicho único en el que no estén compitiendo con los trabajadores locales, lo que puede ayudar a superar la xenofobia.  

Oportunidades de los emprendimientos de personas migrantes para las comunidades de acogida 

Para los países de acogida, las personas migrantes y refugiadas suelen aportar valiosas habilidades y experiencia. Para los países de origen, la diáspora y las personas refugiadas pueden contribuir al desarrollo del emprendimiento, capitalizando recursos, redes y conocimientos que adquieren a través de la migración, actuando como mentores para los emprendedores locales, o como facilitadores de la comercialización transfronterizos. 

Innovación y creación de nuevas empresas  

La diversidad que las personas migrantes y refugiadas aportan a las economías de acogida crea valor porque las personas con experiencias, formas de pensar, y contactos sociales diferentes, pueden aportar nuevos conocimientos, habilidades, competencias, ideas y enfoques para la innovación y resolución de problemas, catalizando el crecimiento económico en la comunidad de acogida, al introducir nuevos productos y procesos, y ampliando los mercados a través de los emprendimientos, o trabajando en las organizaciones existentes.  

Desarrollo económico local y creación de empleos 

Los emprendimientos de las personas migrantes y refugiadas pueden desempeñar un papel importante en la revitalización de las zonas económicas locales, incluidos los barrios de bajos ingresos en los que a menudo se concentran las personas migrantes y refugiadas. Estas empresas no sólo apoyan la movilidad social de los propios emprendedores, sino que también ofrecen oportunidades de empleo y formación vocacional a los miembros de sus comunidades migrantes, quienes son vulnerables a la exclusión del mercado laboral, así como a otros miembros de la población local.  

Cohesión social y bienestar comunitario 

Los emprendimientos de las personas migrantes y refugiadas pueden tener efectos más amplios a nivel comunitario, desempeñando un importante papel de liderazgo, en la eliminación de barreras y la construcción de puentes entre diferentes pueblos y culturas, así como en la facilitación del intercambio de información, fomentando así la inclusión y la cohesión social, debido a que la mayoría de las veces, los comerciantes migrantes atienden las necesidades del vecindario proporcionando bienes y servicios especializados, ofreciendo precios asequibles a los consumidores de bajos ingresos. 

Obstáculos y desafíos de los emprendimientos de las personas migrantes en las comunidades de acogida 

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en su “Guía Informativa sobre políticas de emprendimiento para personas migrantes y refugiadas”. (2018), muchas personas migrantes y refugiadas experimentan obstáculos y desafíos, que generan barreras para su integración socioeconómica. 

Entorno regulatorio y de políticas del país de acogida 

En muchos países, las políticas restrictivas sobre inmigración, refugiados y visados limitan los derechos al trabajo y al trabajo autónomo, dependiendo de la duración de su estancia en el país o del empleo o trabajo autónomo para determinadas profesiones.  

Por otra parte, las restricciones a la seguridad social también pueden plantear dificultades para las personas migrantes y refugiadas que aspiran a emprender, especialmente debido a su falta de acceso al financiamiento. En muchos países, el registro de un emprendimiento, implica la pérdida del derecho al desempleo o a las prestaciones sociales. Con frecuencia, se exige a los emprendedores que paguen impuestos y contribuciones a la seguridad social antes de que su negocio sea rentable. 

El cumplimiento de requisitos regulatorios y administrativos para la creación y gestión de una empresa, como el registro de la empresa, permisos y licencias, obligaciones laborales de seguridad social, y fiscales, pueden resultar difíciles y complejos para los emprendedores locales, y suponen obstáculos aún mayores para los emprendedores migrantes y refugiados, que pueden tener conocimientos lingüísticos limitados y poco conocimiento de los sistemas administrativos y de las instituciones pertinentes en el país de acogida.   

Otro punto a considerar son las políticas de ubicación y alojamiento de las personas migrantes y refugiadas, que tienen un efecto determinante en su integración socioeconómica en la comunidad de acogida y en sus oportunidades para crear medios de vida sostenibles. El hecho de que una persona migrante se encuentre en un centro especializado o en la comunidad de acogida, en una zona urbana o rural, debe tenerse en cuenta en el diseño de los programas de fomento del emprendimiento. En específico, los campamentos limitan la libertad de circulación, el contacto con la sociedad de acogida y el acceso a oportunidades de educación y empleo. En situaciones prolongadas, los campamentos pueden suponer riesgos como el desarrollo de una dependencia a la ayuda. 

Derivado de lo anterior, es importante que las políticas de ubicación sean diseñadas con enfoque de derechos humanos. Puede que el alojamiento en campamentos facilite la distribución y entrega de la asistencia, debido a que la población objetivo está concentrada geográficamente e identificada, sin embargo, la ejecución de un programa de fomento al emprendimiento en un campamento, puede ser problemática si no se garantiza un acceso efectivo y seguro, si el campamento está situado a una distancia significativa de los centros urbanos, o si no se cuenta con la infraestructura física necesaria. 

Los Estados tienen la obligación de garantizar que el diseño de políticas públicas para la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas, se encuentren articulados los marcos regulatorios para las empresas, y las políticas de migración con enfoque de derechos humanos, toda vez que el derecho a trabajar y el derecho a crear una empresa, están vinculados a los sistemas de gestión de la migración y a las vías de migración regular a través de los cuales las personas migrantes entran a un país. 

Barreras lingüísticas, culturales y educativas 

Muchas personas migrantes y refugiadas experimentan una pérdida de capital humano a su llegada al país de acogida debido a barreras lingüísticas y culturales. Esto puede limitar los tipos de negocios que pueden emprender, y tener dificultades para comprender las necesidades y preferencias de los consumidores, así como la cultura empresarial y las normas de la comunidad de acogida, además de verse afectados por el estigma y la discriminación, especialmente si no dominan el idioma del país.  

La interconexión de los asuntos de competencia cultural y lingüística con el diseño y la sostenibilidad de las empresas pone de relieve la necesidad de adaptar los sistemas de apoyo con enfoque diferenciado para hacer efectiva la integración socioeconómica de las diferentes poblaciones de personas migrantes y refugiadas. 

Otro obstáculo al que se enfrentan las personas migrantes y refugiados es la inaccesibilidad a programas de fomento al emprendimiento en las comunidades de acogida, debido a barreras lingüísticas y culturales, así como pedagogías inapropiadas, así como la falta de articulación de programas de apoyo con la educación emprendedora, debido a que los programas de educación vocacional disponibles para personas migrantes y refugiadas con frecuencia descuidan el desarrollo de habilidades empresariales que podrían conducir a mejores resultados en el mercado laboral más allá del empleo.  

Es necesario que los Estados trabajen en el diseño de iniciativas y programas educativos a largo plazo en materia de emprendimiento, para apoyar a las personas migrantes y refugiadas en el desarrollo de sus proyectos y el lanzamiento de sus negocios, para hacer efectiva su integración socioeconómica. 

Entorno socioeconómico para la creación de empresas 

La migración y el desplazamiento forzado limitan la actividad económica productiva y la movilidad social de las personas migrantes y refugiadas quienes suelen residir en las zonas más pobres de las comunidades de acogida, enfrentándose a vulnerabilidades agravadas, como viviendas inseguras, riesgos sanitarios, falta de acceso a una educación de calidad y a medios de vida sostenibles. En tales entornos, las personas migrantes y refugiadas, y de hecho otros miembros de bajos ingresos de la comunidad de acogida, pueden ser empujados hacia fuentes de empleo con bajos beneficios y prácticas económicas informales, inseguras o peligrosas. 

Esto da lugar a vínculos débiles entre los ecosistemas más amplios de emprendimiento, innovación, y tecnología, y las personas migrantes y refugiados emprendedores, lo que limita el acceso a espacios de trabajo, infraestructura o instalaciones de incubación de nuevas empresas.  

Para superar estos problemas, los Estados deben garantizar que los programas de apoyo y políticas públicas para las personas migrantes y refugiadas, sean igualmente accesibles para los miembros de la comunidad de acogida. Adicionalmente los nuevos vínculos que las personas migrantes y refugiadas realicen durante la diáspora y la comunidad de acogida, pueden apoyar a los emprendedores migrantes como a los locales, con información sobre las condiciones del mercado, así como los marcos normativos de las comunidades de acogida.  

Acceso a financiamiento 

Los emprendedores migrantes y refugiados, y especialmente los de países menos desarrollados, suelen tener dificultades para acceder a financiamiento a través del sector bancario formal debido tanto a la falta de antecedentes crediticios como a la falta de garantías para obtener préstamos. Estas dificultades afectan particularmente a las personas refugiadas que tuvieron que huir de sus países de origen apresuradamente y no pueden regresar, y que por lo tanto no tienen acceso a su capital y documentación. Por lo anterior, las instituciones financieras pueden percibir a las empresas de personas migrantes y refugiadas, como empresas de alto riesgo y baja rentabilidad, y pueden ser desconfiados debido a los prejuicios por su condición jurídica. 

Además, el acceso al financiamiento también puede verse limitado por bajos niveles de conocimientos financieros, y la ausencia de apoyo lingüístico. Por estas razones, las personas migrantes y refugiadas a menudo recurren a la financiación informal mediante préstamos de la familia, y la comunidad local, o dependen de sus ahorros personales para la creación de sus empresas. 

Derivado de lo anterior, sería importante que los Estados integren dentro del diseño de programas educativos para las personas migrantes y refugiadas, la educación financiera; así como la creación de iniciativas que promuevan el acceso a fuentes tradicionales de financiación, así como otras que impulsen el acceso a fuentes alternativas e innovadoras de financiación como cooperativas locales de autofinanciamiento. 

Falta de redes de apoyo y sensibilización de la comunidad 

En ciertos contextos, las personas migrantes y refugiadas pueden no tener redes de apoyo en su país de destino, especialmente si no es uno de los países de acogida tradicionales de su país de origen. Además, durante el proceso de migración o desplazamiento forzado, las personas migrantes y refugiadas pueden haber perdido sus redes de apoyo anteriores. En este sentido, al carecer de ese capital social local, las personas migrantes y refugiadas pueden tener mayores dificultades para acceder al apoyo y a la información para conocer el entorno institucional y regulatorio de las empresas en el país de acogida.  

Otro punto a considerar es que las personas migrantes y refugiadas sufren discriminación y estigmatización en muchos de los países de acogida, lo que tiene un impacto significativo en su capacidad para desarrollar negocios exitosos. Los procesos de exclusión y despliegue del racismo se expresan en diferentes espacios como el económico, en el cual se ha identificado el abuso, explotación y precarización laboral; el espacio político-institucional, formulado mediante la irregularidad administrativa y limitación de derechos; y el espacio social y cultural, relacionado con estereotipos, prejuicios, y violencia.  

El racismo como otra forma de exclusión social es una realidad que las personas migrantes y refugiadas enfrentan; discursos y actitudes que establecen una distinción negativa y que como consecuencia provocan marginación, aislamiento, desarraigo, desigualdad social, y segregación laboral. La transmisión de información en plataformas digitales, y el trato mediático que se da al tema migratorio, contribuye a la difusión de prejuicios y actitudes xenófobas. 

Derivado de lo anterior, los desafíos para hacer efectiva la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas en las comunidades de acogida, parecen insuperables, y los programas, iniciativas y políticas han sido insuficientes hasta el día de hoy, para atender la crisis humanitaria que se vive en el mundo, mientras se siga discriminando y criminalizando a las personas migrantes.  

Los Estados y las instituciones tienen la obligación de promover una migración segura, ordenada y regular, mediante el diseño e implementación de programas y políticas públicas, -formales o informales, públicas o privadas-   integrales, sostenidas, y transformadoras, donde las personas migrantes y refugiados se encuentren al centro de las mismas, garantizando el bienestar y la protección de sus derechos humanos, con la finalidad de disminuir las brechas de exclusión, ayudando a enfrentar la discriminación y marginación a nivel de inclusión social, y a disminuir los riesgos de tensiones, desórdenes y disturbios a nivel de cohesión social, y de esta forma, las personas migrantes y refugiadas puedan superar la pérdida del capital humano, financiero y social que experimentan durante la migración, y hacer efectiva su integración socioeconómica en la comunidad de acogida, desde reformas a la legislación que otorguen derechos a la libertad de circulación, y al empleo; hasta una política pública sobre el reconocimiento de cualificaciones, y acceso a prestaciones sociales; hasta la participación activa de la sociedad y las empresas, con programas como instituciones financieras inclusivas, o programas de apoyo al empleo en empresas locales. 

Con el objetivo de optimizar las oportunidades de inclusión; es necesario que las políticas públicas sean diseñadas con la participación de instancias locales y las personas migrantes, es decir, considerando las opiniones y experiencias de las personas migrantes, y el conocimiento que transcurre a nivel local, para que personas migrantes y refugiadas sean agentes transformadores durante el proceso en las decisiones que impactan sus proyectos de vida. 

Por último, es importante señalar que la inclusión social es una experiencia personal y variada en cada persona migrante, lo que implica necesidades particulares, como los trabajadores poco cualificados, las víctimas de trata o las diásporas, por mencionar algunas, por lo que para facilitar la integración socioeconómica de las personas en las comunidades de acogida, es importante que los Estados, consideren los impactos diferenciados de las migraciones, y garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través del diseño de acciones y políticas públicas de manera integral e incluyente, garantizando que los requisitos solicitados a las personas migrantes para acceder a ciertas iniciativas (como la participación política, la naturalización, o la reunificación familiar), sean razonables y acojan antes que alejen a quienes quieran optar por ellas. 

Julio

Francia: El informe de Amnistía Internacional publicado antes de los Juegos Olímpicos de París puso de manifiesto que la prohibición de competir impuesta a las atletas francesas que usan hiyab infringe el derecho internacional de los derechos humanos. La ONU mencionó el informe en octubre, cuando tachó las prohibiciones de “desproporcionadas y discriminatorias” y pidió que se revocaran.

Gambia: El Parlamento de Gambia rechazó un proyecto de ley que derogaba la Reforma de la Ley de la Mujer de 2015, que prohíbe la mutilación genital femenina (MGF). En apoyo de las organizaciones de la sociedad civil de Gambia, Amnistía Internacional abogó por el rechazo a este proyecto de ley a través de comunicación pública, entrevistas con medios de comunicación y el envío de cartas a las autoridades gambianas.

Corea del Sur: El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha confirmado en un fallo histórico que las parejas del mismo sexo tienen derecho a los mismos beneficios que las parejas heterosexuales en lo que respecta al seguro de salud. Amnistía Internacional Corea tuvo el placer de ver que sus aportaciones escritas jurídicas, que proporcionaron información adicional, tuvieron una repercusión inmediata.

Siria: Las autoridades autónomas del noreste de Siria anunciaron una amnistía amplia para hombres, mujeres y niños y niñas condenados en juicios manifiestamente injustos por supuestos delitos de “terrorismo”, lo que se ajusta directamente a una las principales recomendaciones formuladas en el informe que publicamos en abril de este año, titulado Injustice, Torture and Death in Detention in North-East Syria. Esta amnistía beneficiará a unas 4.200 personas sirias que cometieron delitos no violentos, que quedarán en libertad o verán reducida a la mitad la duración de su pena.

Agosto

Benín: Amnistía Internacional puso de manifiesto que en 2023 la población reclusa de Benín estaba hacinada en celdas sucias, sin acceso a agua potable ni atención médica, y que al menos 46 personas habían muerto en cuatro de las prisiones entre enero y julio de ese año. La cuestión recibió amplia difusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales. El 19 de agosto, una decena de diputados de la oposición interrogaron al gobierno sobre las muertes en prisión, el acceso a la atención sanitaria y las reclusiones superiores al periodo legal de cinco años. En septiembre, el director general del Departamento de Prisiones confirmó el hacinamiento y las malas condiciones de reclusión en los centros penitenciarios. Ese mismo mes, los directores y el personal de enfermería de las prisiones recibieron formación sobre el trato a la población reclusa de conformidad con las Reglas de Bangkok de la ONU.

Finlandia: Amnistía Internacional Finlandia, ONG ecologistas y la juventud sami finlandesa están llevando al Gobierno de Finlandia ante los tribunales por la insuficiencia de sus medidas contra el cambio climático. Las organizaciones sostienen que la inacción del gobierno infringe la Ley del Clima de Finlandia, reconocida internacionalmente por establecer objetivos ambiciosos para alcanzar la neutralidad de carbono en 2035, e incumple las obligaciones jurídicas del Estado de proteger los derechos humanos, incluidos los derechos del pueblo indígena sami. El caso se basa en la sentencia pionera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa KlimaSeniorinnen v Switzerland.

Mozambique: En 2020, seis manifestantes sufrieron terribles lesiones tras recibir disparos de la policía en las proximidades del Parque Nacional de Banhine, en Mozambique. Una año después, el Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional publicó un informe de investigación en el que pedía una investigación exhaustiva el incidente. Esto llevó al Gobierno a iniciar acciones jurídicas que culminaron con la condena de seis agentes en agosto de 2024.

Polonia: Después de años de campaña de mujeres valientes, sobrevivientes y sus aliados, Polonia ha adoptado una definición de la violación que se basa en el consentimiento y no en la condición previa de uso de la fuerza o violencia. Será el 19º país europeo, de los 31 analizados por Amnistía Internacional, que define la violación como sexo sin consentimiento.

Taiwán: Con el apoyo de Amnistía Internacional Taiwán, los familiares de 24 solicitantes de asilo vietnamitas víctima de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas armadas taiwanesas en Kinmen en 1987 fueron invitados por el gobierno a visitar Taiwán por primera vez para buscar verdad y reconciliación.

Tran, familiar de una de las víctimas, se refirió a la importancia de contar con un sistema integral de protección de las personas refugiadas: “Pido al gobierno y al pueblo de Taiwán que les dejen considerar Taiwán como su segundo hogar, y hogar definitivo, y que no los rechacen más”.

Tailandia: Tailandia retiró su reserva al artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño en agosto de 2024, lo que garantiza a los niños y niñas refugiados la igualdad de acceso a la protección y la ayuda humanitaria.

Septiembre

Bulgaria: La Sección de creación más reciente de Amnistía Internacional celebró en septiembre dos éxitos de campaña. La Comisión de Cultura y Medios de Comunicación del Parlamento rechazó un proyecto de ley para crear un registro de “agentes extranjeros” destinado a atacar y reprimir a la sociedad civil, mientras que el Parlamento votó en contra de las reformas a una ley que habrían tipificado como delito la prestación de asistencia sanitaria de afirmación de género a menores de edad.

Japón: El Tribunal de Distrito de Shizuoka, en un fallo esperado desde hacía mucho tiempo, absolvió a Hakamada Iwao, a quien se considera la persona que más tiempo ha pasado presa en espera de ejecución en el mundo. Tras soportar casi medio siglo de encarcelamiento indebido condenado a muerte y pasar otros 10 años a la espera de un nuevo juicio, esta decisión es un reconocimiento importante de la profunda injusticia que Hakamada ha sufrido durante la mayor parte de su vida. Además, pone fin a la ejemplar lucha para limpiar su nombre que ha librado su hermana Hideko y todas las personas que lo apoyaron, incluida Amnistía Internacional, que luchó durante más de 15 años por que volviese a ser enjuiciado.

Togo: Amnistía Internacional publicó un comunicado de prensa en el que señaló la escasez de personal y de suministros y equipos médicos adecuados en algunos centros sanitarios de atención a las mujeres embarazadas y los bebés recién nacidos. Tras su publicación, las autoridades confirmaron la inclusión de las niñas y las mujeres en un nuevo programa nacional de apoyo. El director de Amnistía Internacional Togo se reunió con el ministro de Salud, que confirmó la prioridad de contratar personal y dotar los centros de equipos adecuados. En septiembre, el gobierno togolés confirmó la contratación de 193 matronas y 177 profesionales de apoyo al parto. En agosto, se destinaron 7.700 camas nuevas, más de 100 mesas de parto, así como ambulancias y equipos de radiocomunicación, a centros de salud materna.

Octubre

Argentina: Pierina Nochetti, defensora de derechos LGBTI+ de Necochea, Argentina, se enfrentaba a cargos penales por pintar el mensaje “¿Dónde está Tehuel?” en una pared durante una Marcha del Orgullo en 2022. Con la frase buscaba justicia para Tehuel de la Torre, un joven trans desaparecido en 2021. A pesar de que los muros urbanos son lugares que habitualmente se utilizan para expresarse públicamente, a Pierina la persiguieron por ello, y se enfrentaba a una posible pena de prisión por “daño agravado”. Amnistía Internacional Argentina realizó trabajo de incidencia en su favor, haciendo hincapié en los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los cargos ya se han retirado y el caso se ha cerrado.

Global: A finales de octubre, el Programa Global de Ayuda Ligada a la Defensa de los Derechos Humanos había ayudado a cerca de 4.700 personas de 79 países, sufragando los gastos de reubicación de personas en situación de riesgo y prestando asistencia jurídica y apoyo médico y psicológico. También ayudamos a personas en situación de riesgo proporcionándoles medidas de seguridad, además de realizar acciones de fortalecimiento de las capacidades e incidencia en favor de las que están en primera línea.

Arabia Saudí: En respuesta a las conclusiones de explotación laboral en tiendas de la marca Carrefour en Arabia Saudí formuladas por Amnistía Internacional, el gigante francés de los supermercados y su socio de franquicia Majid Al Futtaim abrieron una investigación interna sobre el trato dispensado a los trabajadores y trabajadoras migrantes en sus centros de trabajo, mientras que el grupo Carrefour ha encargado una auditoría a terceros. Majid Al Futtaim declaró que ya ha trasladado a algunos trabajadores y trabajadoras a nuevas viviendas y está revisando sus políticas sobre horas extraordinarias y honorarios de contratación, así como mejorando el acceso a su línea telefónica de atención al personal. Amnistía Internacional sigue trabajando con Carrefour para ejercer presión en favor del acceso a la justicia y a un recurso efectivo, incluido el pago de indemnizaciones adecuadas a los trabajadores y trabajadoras afectados, algunos de los cuales probablemente sean víctimas de trabajo forzoso y trata de seres humanos.

Noviembre

Costa de Marfil: En enero de 2024 se iniciaron en Abiyán operaciones a gran escala para demoler barrios y desalojar a sus habitantes, en lugares que se consideraba que corrían riesgo de inundación, como parte de un plan para demoler 176 emplazamientos. Amnistía Internacional señaló que se estaban cometiendo violaciones de derechos humanos generalizadas que afectaban a decenas de miles de personas. Los desalojos se produjeron sin previo aviso adecuado y razonable, en algunos casos con violencia, y en noviembre miles de familias desalojadas forzosamente seguían sin ser realojadas o indemnizadas por todas sus pérdidas. Tras la publicación de Amnistía no se ha demolido ningún otro emplazamiento de la lista de 176, y las autoridades marfileñas anunciaron la suspensión de todas las actividades de desalojo el 21 de noviembre, así como la aplicación de las medidas de indemnización anunciadas en marzo de 2024.

Dinamarca: Gracias al trabajo de campaña de Amnistía Internacional, Dinamarca podrá emprender acciones judiciales contra criminales de guerra por todo el alcance de sus crímenes. Se trata de un resultado positivo de una nueva ley destinada a acabar con la impunidad para garantizar que ningún criminal de guerra quede impune. La nueva ley facultará a los tribunales daneses para perseguir delitos internacionales como tortura, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Alemania: Tras llamamientos de Amnistía Internacional Alemania, entró en vigor la Ley de Autodeterminación, que permitirá a las personas transgénero, no binarias e intersexuales obtener el reconocimiento legal de su identidad de género mediante la presentación de una simple declaración en el registro. La nueva ley reemplaza la Ley Transexual de 1980, que obligaba a las personas transgénero a someterse a evaluaciones psicológicas y a un procedimiento judicial discriminatorios para conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género.

India: Tras llamamientos de Amnistía Internacional, el Tribunal Supremo de India dictó dos sentencias históricas destinadas a poner fin al clima de impunidad que rodea a la práctica cruel e inhumana de castigar a las personas mediante la demolición ilegal de sus hogares y propiedades. Se trata de una gran victoria para poner fin a las demoliciones injustas, dirigidas en su mayoría contra la minoría musulmana por las autoridades indias.

Sierra Leona: En una sentencia histórica dictada el 7 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) falló a favor del grupo de la sociedad civil AdvocAid en una causa incoada contra la República de Sierra Leona para impugnar la legislación sobre el merodeo. El tribunal falló que la legislación sobre el merodeo de Sierra Leona vulnera los derechos a la igualdad, la no discriminación y la libertad de circulación, y afecta de forma desproporcionada a las personas marginadas. Amnistía Internacional presentó una intervención de terceros ante el Tribunal de la CEDEAO señalando que la legislación sobre el merodeo y otras leyes sobre el vagabundeo discriminan a las personas que viven en la pobreza, a la población LGBTI y a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y vulneran su derecho a la dignidad, así como el principio de legalidad. El fallo del tribunal ordenó a Sierra Leona que reformara o derogara estas leyes, haciendo hincapié en la necesidad de una legislación que proteja a toda la ciudadanía frente a las detenciones arbitrarias y los abusos. Esta sentencia sienta un precedente jurídico crucial en toda África y fuera de ella, ya que 31 países siguen manteniendo legislación sobre el merodeo discriminatoria.

Turquía: Gracias al trabajo de Amnistía Internacional Turquía, junto con decenas de organizaciones de la sociedad civil, se retiró el proyecto de ley de espionaje, bautizada como ley “sobre agentes de influencia”. Aunque el gobierno debate la posibilidad de reintroducir la reforma en su agenda, la retirada es un triunfo importante para los derechos humanos. Al unirse para expresar con vigor sus motivos de preocupación reales, la sociedad civil turca ha ayudado a bloquear esta peligrosa medida que habría tenido un impacto devastador en su labor y en la sociedad en general.

Corea del Sur: Tras la publicación del informe Recharge for Rights: Ranking the Human Rights Due Diligence Reporting of Leading Electric Vehicle Makers (Recarga por los derechos: Clasificación de los informes de diligencia debida en materia de derechos humanos de los principales fabricantes de vehículos eléctricos), el equipo sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional viajó a Corea del Sur, Taiwán y Japón para reunirse con fabricantes mundiales de automóviles y baterías, así como con legisladores y la sociedad civil. Tras una reunión con la legisladora surcoreana Jongdeok Jeon, esta publicó una larga reflexión en Facebook que incluía las siguientes palabras: “El gobierno debe dar un paso al frente y garantizar que las empresas abordan activamente y con sensatez las violaciones de derechos humanos… Agradecemos a Amnistía Internacional sus actividades y su preocupación.” En 2025, los legisladores surcoreanos presentarán un proyecto de ley sobre la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medioambiente.

Estados Unidos: Este año se han producido importantes triunfos para el derecho al aborto en Estados Unidos, donde siete estados han ampliado o salvaguardado los derechos reproductivos. En Arizona, con la ayuda de Amnistía Internacional, se aprobó la Proposición 139 con el 62% de los votos, consagrando el derecho al aborto en la Constitución del estado. La medida anula las restricciones y prohíbe las sanciones a quienes ayuden a abortar. Este logro histórico —“el mayor número de firmas de votantes recogidas por una iniciativa ciudadana en la historia del estado”— pone de relieve el poder de la organización de base, la acción colectiva y el apoyo unificado de Amnistía Internacional, tanto a escala nacional como internacional, a la campaña de Arizona. Se trata de un paso decisivo en la lucha por los derechos reproductivos, que sienta las bases para impugnar las prohibiciones del aborto en todo el país.

Diciembre

Bélgica: Bélgica ha sido declarada responsable de crímenes de lesa humanidad por actos cometidos durante la colonización en un fallo histórico que constituye un punto de inflexión para los Estados europeos. Tras varios llamamientos de Amnistía Internacional y African Futures Lab, el Tribunal de Apelación de Bruselas ha reconocido hoy la responsabilidad del Estado belga en el secuestro y la segregación racial sistemática de niños y niñas métis durante el régimen colonial belga. Esto llega a raíz de que cinco mujeres métis nacidas entre 1948 y 1952 en el Congo belga iniciaran actuaciones judiciales contra el Estado belga. Tras perder en primera instancia en 2021, llevaron su caso ante el Tribunal de Apelación de Bruselas para obtener justicia y reparación.

Desde que comenzó Escribe por los Derechos en 2001, millones de personas han cambiado la vida de otras a las que se había privado de sus derechos humanos. De hecho, en los últimos 20 años se han llevado a cabo más de 56 millones de acciones, y más de 100 de las personas incluidas en nuestra campaña han visto cómo su caso se resolvía de manera positiva.

Es un privilegio ver cómo tus acciones pueden ser decisivas.

Te presentamos a tres personas increíbles cuyas vidas han cambiado para mejor. Descubre lo que el poder de la gente significa para ellas.

Artista y activista contra la guerra liberada

Después de una gran campaña pública, la artista y activista contra la guerra Aleksandra (Sasha) Skochilenko fue liberada en un histórico intercambio de prisioneros que tuvo lugar en agosto de 2024. Fue un acuerdo negociado entre Rusia y Bielorrusia, por un lado, y Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, Noruega y Polonia, por otro.

“Estoy aquí gracias a ustedes”.

Aleksandra (Sasha) Skochilenko

Las autoridades rusas detuvieron a Sasha en abril de 2022 después de que sustituyera las etiquetas de los precios de una tienda de comestibles por información sobre la invasión rusa de Ucrania. Fue acusada de difundir “información falsa” sobre las actividades militares del país.

“Quiero manifestar mi enorme agradecimiento a Amnistía Internacional. Es difícil expresar mi gratitud con palabras, porque, en gran medida, estoy aquí gracias a ustedes», afirmó Sasha.

Defensora de los derechos humanos absuelta

Rita Karasartova, de Kirguistán, es defensora de los derechos humanos y experta en gobernanza ciudadana. Durante más de 10 años ha dedicado su vida a proporcionar asesoramiento jurídico independiente y a ayudar a personas cuyos derechos habían sido violados.

“Gracias a todo el mundo”.

Rita Karasartova

Junto con otras 26 personas, Rita fue detenida por oponerse a un nuevo acuerdo fronterizo que otorgaba el control de un embalse de agua dulce a Uzbekistán.

Tras haberse presentado cargos en su contra por intentar “derrocar al gobierno por medios violentos” —delito castigado con penas de hasta 15 años de prisión—, Rita y 21 personas más fueron absueltas el 14 de junio de 2024.

“Me gustaría expresar mi inmensa gratitud. Sus oportunas acciones —esas cartas, esas peticiones, esas firmas y la enorme cantidad de cartas que llegaron al tribunal, a la fiscalía…— fue todo muy impactante”, afirmó Rita.

De hecho, para todos nosotros y nosotras fue realmente empoderador […] Por supuesto, la absolución fue totalmente inesperada. Aún no sé cómo procesarla. Habíamos contemplado todo tipo de hipótesis, imaginado distintos resultados, ¡pero jamás pensamos que pudieran absolver a todo el grupo! Gracias a todo el mundo.”

Visado de estudiante concedido

En agosto de 2017, el ejército de Myanmar desencadenó una limpieza étnica contra la población rohinyá musulmana, una minoría étnica que desde hace decenios sufre una grave discriminación auspiciada por el Estado en Myanmar. Más de 620.000 rohinyás huyeron a Bangladesh desde que las fuerzas de seguridad myanmaras pusieron en marcha la campaña de violencia, matando a un número indeterminado de rohinyás, violando a mujeres y niñas de esta etnia, colocando minas terrestres y arrasando con fuego pueblos rohinyás.

Para salvar la vida, Maung Sawyeddollah —que por entonces tenía 17 años— y su familia huyeron a Bangladesh, caminando durante 15 días hasta llegar a los campos para personas refugiadas de Cox Bazar. Impulsado por su deseo de ser abogado, Sawyeddollah quería pedir justicia por el sufrimiento que lo rodeaba.

A la vez que estudiaba, inició una campaña para pedir a la empresa propietaria de Facebook, Meta, que asumiera la responsabilidad por la forma en que sus algoritmos amplificaban la incitación al odio contra la comunidad rohinyá en esa plataforma, fomentando así la violencia de las fuerzas armadas en el país.

En su campaña, Sawyeddollah pidió a Meta que pagara indemnizaciones —incluida la financiación de programas educativos en los campos de personas refugiadas de Cox’s Bazar— con la esperanza de que la educación ayudara a reconstruir las vidas destrozadas de las personas de su comunidad.

En 2023, Sawyeddollah se enfrentaba a graves riesgos de seguridad en los campos. Junto con sus socios Victim Advocates International y Dev.tv, Amnistía Internacional reunió recursos para ayudar a garantizar la seguridad de Sawyeddollah. A través del Equipo para el trabajo sobre ayuda ligada a la defensa de los derechos humanos de Amnistía Internacional, se le proporcionó ayuda económica urgente para apoyar sus necesidades de seguridad durante todo el año.

“Estoy especialmente agradecido a muchas personas […] sin cuyo apoyo esta andadura no habría sido posible”.

Maung Sawyeddollah

En agosto de 2024, Sawyeddollah obtuvo un visado de estudiante y se mudó a Estados Unidos para continuar con sus estudios. Aterrizó en Nueva York el 19 de agosto de 2024 y ahora es estudiante internacional en la Universidad de Nueva York.

Amnistía realizó un gran esfuerzo para apoyar las solicitudes de Sawyeddollah para entrar en la universidad, ¡y no lo podría haber hecho sin ti!

“Mi más sincero agradecimiento a mis padres, familiares, amigos, parientes y simpatizantes que me animaron a perseverar. Estoy especialmente agradecido a muchas personas y organizaciones, como Amnistía Internacional, sin cuyo apoyo esta andadura no habría sido posible”, expresó Sawyeddollah.

May Carolan, encargada de campañas sénior para Escribe por los Derechos, señaló:

“Amnistía da lo mejor de sí cuando trabajamos junto a defensores y defensoras de los derechos humanos que corren peligro, como Sawyeddollah, apoyándolos en sus peores momentos y asegurándonos de que sus voces se escuchen.

Muchas gracias a todas las personas que apoyaron el caso de Sawyeddollah a través de Escribe por los Derechos y se aseguraron de que la comunidad internacional no olvide la causa rohinyá. Desde la campaña, Sawyeddollah se ha convertido en la primera persona de etnia rohinyá que consigue un visado de estudiante directamente desde los campos de refugiados de Bangladesh”.

La campaña de este año estará protagonizada por nueve personas y grupos de todo el mundo: desde una tiktokera de Angola hasta una defensora de los derechos de las mujeres de Arabia Saudí. Lo que toda esta gente estimulante tiene en común es que ha sufrido violaciones de sus derechos humanos.

Cada acción supone mucho, como puedes ver en las historias anteriores, así que escribe una carta, firma una petición o comparte nuestras publicaciones en las redes sociales. Con tu ayuda esperamos contribuir a cambiar las vidas de aún más personas este año.

Perla Lizeth, docente de telesecundaria, licenciada en pedagogía y egresada de la Universidad Veracruzana, lleva 21 años al frente de grupos de estudiantes, pero su trayectoria no solo refleja experiencia, sino una convicción profunda por transformar realidades desde la educación.

Hace algunos años, la maestra Perla conocía la palabra “feminismo”, pero fueron las desigualdades que veía a su alrededor las que despertaron su conciencia. Ella misma señala que se dio cuenta de las situaciones en las que las mujeres eran perjudicadas, y no fue ella la única: comenzó un movimiento que buscaba equilibrio.

“El feminismo no nace del libro: nace del dolor y de la injusticia.”

Para Perla, ser una maestra feminista en el México actual significa todo, porque implica inculcar una perspectiva distinta, capaz de marcar un antes y un después en sus estudiantes.

“En un país que nos quiere calladas, enseñar a cuestionar es un acto de rebeldía.”

En el aula, integra la perspectiva de género y los derechos humanos concientizando a sus alumnxs desde una perspectiva humanista, donde siempre se respeten los derechos de todxs, realizando talleres, exposiciones y marchas en las que la participación activa es central.

Pero su trabajo no ha estado libre de obstáculos. Señala que el contexto de la comunidad donde trabaja aún es muy machista y no se puede cambiar de un día para otro, aunque a lo largo de los años ha visto avances positivos.

“El machismo no se derrumba de un golpe, pero una maestra feminista sí puede empezar a agrietarlo.”

Sus estudiantes reaccionan con interés y apertura. Muchos comparten vivencias propias, experiencias dolorosas o reflexiones que les permiten canalizar soluciones tanto individuales como colectivas.

“Cada testimonio estudiantil es una herida abierta… pero también una semilla de cambio.”

La maestra Perla tiene claro que la educación juega un papel determinante en la erradicación del machismo, pero recuerda que esto debe hacerse en conjunto: escuela, familia y sociedad.

En su institución también llevan a cabo campañas para que el cuerpo estudiantil conozca los derechos de las mujeres y participen activamente en el Día Naranja, buscando erradicar cualquier tipo de violencia.

Sobre los cambios urgentes para lograr una igualdad real, señala que es necesario involucrar más a las familias y que el Estado brinde facilidades, porque aún en nuestros días hay mentes cerradas que viven en el machismo opresor.

Al imaginar el futuro de la educación feminista en México, expresa que lo visualiza con mayor participación y en espacios donde no exista acoso hacia las alumnas, donde puedan estudiar en espacios seguros y libres.

“La educación feminista no es una moda: es una forma de salvar vidas.”

Su mensaje para las nuevas generaciones de docentes es poderoso: que realicen su mejor esfuerzo, que crean y defiendan siempre a sus alumnas, porque tienen un material humano precioso y valioso que puede transformar generaciones enteras.

“Una docente que cree en sus alumnas puede cambiar el rumbo de una comunidad.”

Finalmente, la maestra Perla agradece a Amnistía Internacional por la parte activa que toma para la defensa de las mujeres y niñas. Ese agradecimiento es también un recordatorio de que la lucha sigue viva, en las calles, en los hogares y también en las escuelas.

Mientras exista una maestra feminista en una comunidad, existe esperanza.

En este momento crítico de la historia debemos tomar una decisión: unirnos para oponernos y defender los derechos humanos, o continuar permitiendo que las prácticas autoritarias erosionen nuestras libertades.

Escribe por los Derechos pide a millones de personas que se unan para cambiar la vida de personas que han sufrido violaciones de sus derechos. La campaña demuestra que, incluso cuando todo parece demasiado, puedes seguir logrando grandes cambios haciendo cosas “pequeñas”. Escribir una carta, publicar en redes sociales, firmar una petición: sí, es así de simple: puedes ayudar a cambiar el mundo y salvar la vida de alguien.

Desde que comenzó Escribe por los Derechos en 2001, millones de personas como tú han cambiado la vida de personas a las que se habían arrebatado sus derechos humanos. Desde 2001 hemos llevado a cabo más de 50 millones de acciones, y más de 100 de las personas incluidas en nuestra campaña han visto cómo su caso se resolvía de manera positiva.

Es fácil participar, y podemos decir con sinceridad que enviar, publicar o escribir una carta realmente cambia la vida de las personas a las que apoyamos: muchas envían su sentido agradecimiento cada año, por haberles ayudado a alcanzar la libertad o haberles mostrado solidaridad con su lucha.

Luchando por el indulto

En 2023, Rocky Myers, de raza negra y con discapacidad intelectual protagonizó nuestra campaña Escribe por los Derechos. Pasó 30 años en el corredor de la muerte en Alabama por asesinato. Su declaración de culpabilidad se basó en testimonios plagados de incoherencias, a los que se unieron presuntas presiones policiales. Fue condenado a muerte por un juez que le impuso la pena capital en contra del criterio del jurado, práctica denominada “invalidación judicial” que fue abolida en Alabama en 2017 aunque dicha abolición nunca se aplicó con carácter retroactivo a Rocky ni a otras personas condenadas a muerte como él.

Cientos de miles de simpatizantes de Amnistía pidieron la libertad de Rocky, escribiendo cartas en las que exigían a la gobernadora de Alabama su indulto y la conmutación de su condena a muerte, medida que fue concedida en febrero de 2025.

Saber que tantas personas se sintieron interpeladas a actuar es muy estimulante.

Miriam Bankston, perteneciente al equipo jurídico de Rocky Myers

La batalla de Rocky por la justicia está lejos de concluir, ya que intenta obtener justicia por las violaciones de derechos en su causa. Pero se ha puesto fin a la amenaza de ejecución.

“Esta campaña no sólo sensibilizó sobre su caso, sino que la forma como se llevó a cabo rendía homenaje a Rocky como persona, como padre y como abuelo”, ha dicho Miriam Bankston, del equipo jurídico de Rocky Myers.

“Sé que la avalancha de apoyo significó muchísimo para Rocky, y saber que tantas personas se sintieron interpeladas a actuar es muy estimulante.”

Reunida con su familia

Recientemente, el poder de la gente se demostró en el caso de Dorgelesse Nguessan.

En septiembre de 2020, la preocupación por la situación económica de Camerún llevó a Dorgelesse Nguessan a protestar por primera vez. Dorgelesse fue detenida durante las manifestaciones pacíficas. Fue acusada de “insurrección y participación en concentraciones, reuniones y manifestaciones públicas” y condenada a cinco años de prisión.

Nos tendieron la mano cuando más lo necesitábamos.

Dorgelesse Nguessan

Formó parte de Escribe por los Derechos 2022, y miles de personas pidieron su libertad. Una acción de campaña sostenida llevó a la liberación de Dorgelesse, quien pudo reunirse con su familia en 2025.

Dorgelesse expresó su agradecimiento a Amnistía.

“Nos tendieron la mano cuando más lo necesitábamos. Mi hijo estaba enfermo, mi madre estaba enferma. Mi encarcelamiento afectó mucho a mi madre, la debilitó. Esta campaña le imprimió fuerza. Nos dio ánimos a todos y todas. No sé cómo dar las gracias a Amnistía.”

Es hora de cambiar las cosas

El año está llegando a su fin y es hora de elegir los derechos humanos.

La campaña de este año estará protagonizada por nueve personas y grupos que han sufrido violaciones de sus derechos. Es hora de que actúes para cambiar las cosas, como hicieron nuestros/as simpatizantes en el caso de Sawyeddollah.

Sawyeddollah huyó de su hogar cuando las fuerzas de seguridad de Myanmar emprendieron una campaña de limpieza étnica contra la población rohinyá. El adolescente y su familia caminaron durante 15 días hasta llegar al campo para personas refugiadas de Cox’s Bazar, en Bangladesh, en 2022. Protagonizó Escribe por los Derechos en 2023 y llamamientos posteriores de Amnistía, obtuvo un visado de estudiante en agosto de 2024 y se trasladó a Estados Unidos para estudiar.

“Mi más sincero agradecimiento a mis padres, familiares, amigos, parientes y simpatizantes que me animaron a perseverar”, expresó Sawyeddollah. “Estoy especialmente agradecido a muchas personas y organizaciones, como Amnistía Internacional, sin cuyo apoyo esta andadura no habría sido posible.”

Anas Al Sharif murió por su labor como periodista el genocidio en Gaza. El joven de 28 años no solo era el reportero estrella de Al Jazeera, y el rostro valiente del periodismo en conflictos armados, era también el padre de dos pequeños: Sham, una niña de cuatro años, y su hermanito de un año, Salah. 

“Les encomiendo que cuiden de mi familia, les encomiendo a la luz de mis ojos, mi amada hija Sham (…) y mi amado hijo Salah, a los que los días no me permitieron ver crecer como soñaba”, pidió Al Sharif en su mensaje póstumo que escribió el pasado 6 de abril y que se dio a conocer tras su asesinato, ocurrido el pasado domingo 10 de agosto. 

El periodista fue asesinado junto con cuatro colegas (el corresponsal Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa) en un ataque con drones israelí contra la tienda de campaña en la que se encontraban, cerca del complejo hospitalario Al Shifa en la ciudad de Gaza, reportó la cadena de noticias Al Jazeera.

Anas Al Sharif y sus compañeros se integran a duras estadísticas: Desde octubre de 2023 alrededor de 240 periodistas han sido asesinados cubriendo el recrudecimiento de la violencia en la zona, según el Sindicato de Periodistas Palestinos. Mientras que Sham y Salah se unen a  datos: 39.384 niñas y niños han perdido a uno o ambos padres desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.  Así lo dio a conocer la Oficina Central de Palestina de Estadísticas en abril de este año, con información recabada hasta el 23 de marzo, por lo que las cifras han aumentado con los ataques posteriores. 

La otra cara del conflicto 

A pesar de ser solo una pequeña, Sham compartió cámara con su padre en algunos momentos, siendo la cara de una infancia marcada por la violencia y la destrucción en Gaza. 

“Hija, Trump dice que quiere forzarnos a abandonar Gaza, ¿quieres dejar Gaza?”, le pregunta Al Sharif a su hija en uno de los videos que circulan en redes sociales. “No nos iremos”, responde la niña, alentada por el periodista. Aunque el joven mantuvo una expresión seria la mayor parte del tiempo, la sonrisa y el entusiasmo de Sham lo contagia y para el final del video ambos sonríen

Días después de la muerte de Anas, Al Jazeera compartió un video que recopila momentos del palestino con sus hijos. En una parte se puede ver a Al Sharif con su chaleco de prensa, su casco y su micrófono dando una cobertura y su pequeña hija a su lado, observándolo como miles de niños y niñas ven a sus padres: como un héroe. 

No solo la valentía y su amor a su tierra quedó inmortalizado ante las cámaras, también su amor de padre. Cuando alguien, detrás de la cámara, le pregunta a Anas Al Sharif qué significa para él sus hijos, con una sonrisa, y sin titubear, él responde ¨son mi vida¨, mientras tiene a Sham y Salah en sus piernas. 

El último mensaje 

“Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz”, así arranca la carta de despedida del periodista, que dejó escrita meses atrás ante el temor de que Israel lo ha traducido a diferentes idiomas, compartid en redes sociales y por medios de comunicación. 

“Viví el dolor en todos sus detalles, probé la angustia y la pérdida una y otra vez, y aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin falsificaciones ni distorsiones”, relató el palestino. 

El propio Al Sharif vivió en carne propia lo que es perder a su padre cuando este murió en un ataque Israelí en diciembre del 2023. Hoy sus hijos se enfrentan a la misma suerte pero a una corta edad. 

Israel les robó a estos dos niños, como a tantos otros, años de memorias con su padre. Cumpleaños, graduaciones y aquellos momentos preciosos de la vida ordinaria que el tiempo vuelve invaluables. Los recuerdos de Sham serán escasos, debido a su corta edad, mientras que el pequeño Salah ni siquiera podrá recurrir a su propia memoria y conocerá a su padre a través de fotos y de la memoria de otros. 

Por su parte, el ejército Israelí, tras el mortal ataque, acusó a Al Sharif de hacerse pasar por un periodista y ser en realidad un colaborador terrorista de Hamás, así se externó un comunicado oficial. 

Anas Al Sharif no solo fue un periodista valiente, fue un hijo que lloró la pérdida de su padre, un hombre que vio el desplazamiento de su familia, un padre que soñaba con una Palestina de paz para que sus hijos pudieran vivir una infancia feliz, un esposo que ya no podrá envejecer con la mujer que amaba, a la que describió como “mi compañera de siempre, mi amada esposa, Umm Salah (Bayan)”. 

“No olviden a Gaza… Y no me olviden en sus oraciones sinceras por el perdón y la aceptación”, carta que nadie debería verse forzado a escribir, una carta que nunca debió haber salido a la luz porque eso significaría, no que el mundo tuviera un periodista más, sino que dos niños hoy tendrían a su padre.

¿Podrías hablarme de tu función en Amnistía y qué te llevó a realizarla?