LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

El 2025 estuvo marcado por ataques depredadores contra el multilateralismo, el derecho internacional y la sociedad civil. Como explicó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional con ocasión del lanzamiento del informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, “Amnistía Internacional lleva años denunciando la desintegración gradual de los derechos humanos en todas las partes del mundo, advirtiendo de las consecuencias de la flagrante vulneración de las normas por parte de gobiernos y actores empresariales. También hemos demostrado una y otra vez cómo los dobles raseros y el cumplimiento selectivo del derecho internacional han debilitado el sistema y la rendición de cuentas multilaterales”.

Colombia no es ajena a este contexto y las elecciones presidenciales de 2026 son un espacio crucial para asegurar el compromiso del gobierno venidero con una agenda que resista a la construcción del orden mundial depredador que Amnistía Internacional viene documentando en años recientes. Esto incluye, por un lado, rechazar y denunciar los crímenes de derecho internacional generalizados que siguen cometiéndose en distintos lugares del mundo -incluida Colombia- y, por el otro, apoyar el modelo de justicia internacional diseñado para combatir la impunidad y determinar responsabilidades los mismos. También implica adoptar medidas para frenar el cierre del espacio para la sociedad civil en el mundo -cierre que, por supuesto, también ocurre en Colombia- y propiciar un entorno seguro para que las personas defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su labor.

Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:

• Comprometerse a adelantar una política exterior centrada en los derechos humanos, que denuncie sin ambages las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en distintos lugares del mundo; que contribuya al fortalecimiento del multilateralismo, la justicia internacional y el orden basado en normas y, que repudie el cierre del espacio cívico y las prácticas autoritarias.

Lo anterior requiere, como es natural, una actitud correspondiente a nivel interno. Amnistía Internacional ha monitoreado por años la situación de derechos humanos en Colombia y mantiene serias preocupaciones en diversos frentes.

EL AGRAVAMIENTO DE LAS MÚLTIPLES CRISIS DE VIOLENCIA ARMADA

Durante los últimos cuatro años Amnistía Internacional recibió información coincidente y reiterada de diversas fuentes sobre múltiples crisis de violencia armada que persisten en el territorio colombiano. Recientemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que el impacto humanitario de los conflictos armados en 2025 fue una manifestación del deterioro progresivo de la situación desde 2018, en un contexto marcado por dinámicas cada vez más complejas que ampliaron su impacto en la población civil. Mientras tanto, a inicio de año la Fundación Ideas para la Paz reseñó el fortalecimiento de los grupos armados organizados en distintas regiones del país -con 23,5% más integrantes que el año anterior-, un aumento en las disputas entre grupos armados organizados -con 13 zonas de disputa activas en todo el país, casi el doble que en 2022-, un fortalecimiento del proceso de expansión territorial de esos mismos grupos armados y una respuesta principalmente reactiva de las fuerzas militares y de seguridad. La Fundación Conflict Responses por su lado, explicó que entre 2018 y 2025 los grupos armados organizados se fortalecieron en lo militar, lo económico y lo político, y se debilitaron en lo organizacional.

Amnistía Internacional, por su parte, ha recibido información sobre el deterioro de la situación en el Magdalena Medio, Antioquia, el Catatumbo, el Putumayo, el Cauca, Buenaventura, Guaviare y otras regiones del país. Razón por la que la organización ha expedido 21 acciones urgentes sobre hechos ocurridos en esas zonas desde 2022 hasta la fecha. Hoy, información sobre afectaciones graves y directas a la población civil son denunciadas constantemente, con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas recibiendo un impacto desproporcionado en términos de desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamientos de niños y niñas, entre otras violaciones de los derechos humanos.

Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:

• Comprometerse a poner los derechos humanos y el respeto al Derecho Internacional Humanitario en el centro de la política de seguridad y de la acción institucional para atender las crisis de violencia armada que persisten en distintas regiones del país.

LA PERSISTENCIA DE LA CRISIS DE VIOLENCIA CONTRA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Quien asuma la Presidencia de la República de Colombia en 2026 recibirá una herencia de violencia contra quienes defienden derechos humanos en el país extremadamente preocupante. Según reportes del Programa Somos Defensores, 2025 fue el año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno actual, con 165 asesinatos y 874 agresiones verificadas. Mientras tanto, recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 había documentado 410 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

Por décadas, Amnistía Internacional ha documentado en Colombia ataques como los que continúan ocurriendo hoy en día contra las personas defensoras de derechos humanos. También ha hecho llamados constantes a la institucionalidad colombiana para que actúe, cesando las violaciones de derechos humanos en su contra, protegiéndolas de ataques de terceros y construyendo un aparato estatal para propiciar un espacio seguro y propicio para su actividad. Los resultados son evidentes: La crisis persiste y requiere de una acción decidida por parte de quien asuma la Presidencia de la República de Colombia en 2026.

Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:

• Comprometerse a priorizar un abordaje con enfoque de derechos humanos a la crisis de violencia contra personas que los defienden, analizando la utilidad y conveniencia del actual modelo de protección y tomando decisiones estructurales que avancen efectivamente en el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. Entre ellas el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-546 de 2023 y, de no haber ocurrido para la fecha, la expedición de la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos.

LA CONTINUIDAD DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

El Comité Internacional de la Cruz Roja también reportó en su informe sobre la situación humanitaria de 2025 que la desaparición de personas relacionada con el conflicto armado no sólo continuó, sino que aumentó. Durante el año documentaron 308 casos en 17 departamentos, un aumento del 22% frente al 2024. La persistencia de la desaparición forzada de personas tiene como consecuencia también el aumento de la cantidad de personas, familias y comunidades que las buscan. Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos años los efectos que tiene la búsqueda en quienes la ejercen, principalmente, las mujeres buscadoras. El Congreso de la República aprobó en 2024 una ley para la protección de los derechos de estas mujeres y recientemente el gobierno expidió su reglamentación. No obstante, la deuda que las autoridades y la sociedad colombiana tienen con ellas sigue
aún vigente.

Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:

• Comprometerse a priorizar la implementación de la Ley 2364 de 2024 y del Decreto 63 de 2026, garantizando una participación directa y significativa de las organizaciones de mujeres buscadoras.

LA FALTA DE UNA REFORMA POLICIAL INTEGRAL CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

Durante los últimos años, especialmente después de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas multitudinarias de 2019, 2020 y 2021 en distintas ciudades y regiones del país, Amnistía Internacional ha acompañado los reclamos de organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos por una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos que garantice la no repetición de estos hechos. Ese ejercicio resultó en la presentación ante las autoridades colombianas de un Pliego de propuestas para una reforma policial integral por parte de la Mesa por la Reforma Policial y de una participación nutrida de las organizaciones integrantes de la Mesa en diálogos con las autoridades para la adopción de medidas significativas que garanticen de manera permanente el respeto de los derechos humanos en el funcionamiento y la operación de la Policía Nacional de Colombia.

Luego de cuatro años de esa presentación, las autoridades colombianas tomaron algunas medidas dirigidas a construir una Policía Nacional respetuosa de los derechos humanos y que garantice la no repetición de los hechos de 2019, 2020 y 2021. Lastimosamente, esas acciones no son suficientes y Amnistía Internacional considera que en Colombia no ha ocurrido una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos. Esta conclusión se sustenta en la persistencia de una impunidad que no permite la disuasión frente a hechos futuros de violencia policial y a la insuficiencia en los cambios a las reglas y formas de operación de la Policía Nacional en distintos escenarios.

Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:

• Comprometerse a adoptar medidas para avanzar una reforma policial integral que refleje el carácter civil que la Policía Nacional tiene según las normas colombianas, fortalezca la política de transparencia y acceso a información pública de la Policía Nacional, facilite la labor de veeduría de la sociedad civil a la actividad policial especialmente la ejercida por las organizaciones de defensa de derechos humanos- y priorice la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de la Policía Nacional.

LA INSUFICIENTE ATENCIÓN AL ACCESO EFECTIVO A DERECHOS DE LAS PERSONAS VENEZOLANAS EN COLOMBIA

Aproximadamente el 25% de la población de Venezuela (más de 7.8 millones de personas) ha huido en la última década de la emergencia humanitaria compleja, las violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes estatales. Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre las condiciones de vida de la población venezolana en Colombia y, especialmente, sobre la falta de cumplimiento por parte de sus
autoridades de las obligaciones internacionales de ofrecer protección internacional o protección complementaria a las personas venezolanas en el país.

Hoy, el número de personas venezolanas reconocidas como refugiadas en Colombia sigue siendo extremadamente bajo, lo que evidencia la ausencia de aplicación de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena. Mientras que los mecanismos de regularización migratoria que han sido implementados como paliativos a esta falta estructural de acceso al refugio también presentan serias deficiencias.

Amnistía Internacional invita a los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia a:

• Comprometerse a adoptar medidas para mejorar significativamente el acceso al reconocimiento del estatus de persona refugiada a todas las personas venezolanas e implementar mecanismos de regularización migratoria estables, sostenidos y realmente accesibles y que no estén limitados por fechas de corte, condiciones de entrada, o requisitos documentales que son prácticamente inaccesibles en Venezuela.

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El gobierno libanés debe tomar medidas inmediatas y concretas para contribuir a garantizar el acceso a justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas civiles de abusos derivados del conflicto armado con Israel, han declarado hoy cinco organizaciones libanesas e internacionales de derechos humanos en una carta dirigida al ministro de Justicia y al viceprimer ministro de Líbano, que dirige el Comité Nacional Libanés para el Derecho Internacional Humanitario. 
 
Dichas organizaciones son Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Legal Agenda, el Sindicato de Periodistas de Líbano y Reporteros sin Fronteras.  
 
Un año después de que finalizara el plazo para la retirada de las tropas israelíes del sur de Líbano, los ataques y la destrucción a gran escala que está llevando a cabo Israel han impedido a decenas de miles de personas regresar a sus hogares y reconstruir sus vidas. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel ha realizado ataques en Líbano prácticamente a diario y ha matado a 380 personas, entre ellas 127 civiles. Las fuerzas armadas israelíes siguen en partes del territorio libanés y han seguido causando una enorme destrucción de infraestructuras civiles a lo largo de la frontera, lo que ha dejado a comunidades enteras haciendo frente a la destrucción y las pérdidas.   
 
Las organizaciones han declarado que el gobierno libanés está haciendo caso omiso de un conjunto específico de medidas legales que podrían haber adoptado durante el último año; para empezar, iniciar investigaciones de ámbito nacional y aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de derecho internacional cometidos en Líbano.   Deberían actuar urgentemente en ese sentido.  
 
Israel debe permitir inmediatamente el retorno sin riesgos de la población libanesa que sigue desplazada de sus localidades y proporcionar una reparación plena, efectiva y adecuada por todas las graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos que han cometido sus fuerzas armadas.     Para miles de familias, el “periodo posterior al alto el fuego” no se ha traducido en seguridad ni estabilidad. Ha supuesto desplazamiento prolongado, destrucción de sus medios de subsistencia y la angustia de vivir en un limbo, mientras que la rendición de cuentas y las reparaciones no se vislumbran por ninguna parte. 
 
Las organizaciones instan al gobierno libanés a explorar cualquier vía jurídica posible, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de derecho internacional. Una medida decisiva que el gobierno podría adoptar de inmediato es presentar una declaración a la CPI, aceptar la jurisdicción de la Corte en virtud del artículo 12.3 de su estatuto (Estatuto de Roma), para que se investiguen y enjuicien los crímenes de derecho internacional cometidos en territorio libanés al menos desde el 7 de octubre de 2023.     Asimismo, el gobierno debería plantearse ratificar el Estatuto de Roma. 
 
El gobierno debería apoyar el establecimiento de investigaciones judiciales inmediatas, exhaustivas, independientes a imparciales a nivel nacional sobre los crímenes de guerra cometidos en territorio libanés, han afirmado los grupos. Esto incluye otorgar a los fiscales la autoridad, protección y recursos necesarios para que lleven a cabo su trabajo de manera efectiva e imparcial. A fin de proporcionar un marco jurídico para esos esfuerzos, el gobierno debería elaborar y presentar urgentemente en el Parlamento una ley que penalice los crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional.  
 
El gobierno debería nombrar un secretario encargado de registrar todos los homicidios, las lesiones y otros daños causados a civiles, e invitar al relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a visitar Líbano y a recomendar medidas que Israel, Hezbolá y el gobierno libanés deberían adoptar para hacer efectivos los derechos de las víctimas. 
 
El gobierno libanés tiene la oportunidad de adoptar medidas históricas encaminadas a desmantelar la arraigada impunidad que ha caracterizado los pasados periodos de conflicto armado en el país, han sostenido las organizaciones.   De ese modo, podrá empezar a sentar las bases para que las víctimas y las comunidades afectadas puedan hacer plenamente efectivo su derecho a verdad, justicia y reparación, y puedan reconstruir sus vidas.  
 
  Otros países, especialmente Estados Unidos, deben suspender inmediatamente todas las transferencias de armas y otras formas de ayuda militar a Israel ante el riesgo significativo de que estas armas puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional, han afirmado los grupos.        
 
Dado el dilatado historial de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas israelíes en Líbano y en otros territorios, otros países también deberían redoblar sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas, incluso ejerciendo la jurisdicción universal u otras formas de jurisdicción extraterritorial para investigar las violaciones de derechos que constituyan graves crímenes de derecho internacional y, cuando existan pruebas suficientes, enjuiciarlas. El gobierno libanés debería colaborar plenamente con esos esfuerzos. 

Información complementaria

El acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel entró en vigor en noviembre de 2024 e incluía el requisito de que las fuerzas armadas israelíes se retiraran del sur de Líbano en un plazo de 60 días. Sin embargo, el 18 de febrero de 2025, Israel anunció que iba a mantener presencia militar, y control temporal, en cinco puntos “estratégicos” del sur de Líbano.

El 27 de febrero, el ministro de Defensa de Israel declaró que las fuerzas armadas israelíes iban a “quedarse indefinidamente” en una zona de separación situada en la frontera. En agosto, el primer ministro israelí supeditó además la “reducción progresiva” de tropas al desarme de Hezbolá.

Los grupos libaneses e internacionales de derechos ya habían denunciado anteriormente las devastadoras consecuencias para la población civil de las hostilidades entre Israel y Hezbolá. Entre ellas figuran el uso por parte de las fuerzas armadas israelíes de fósforo blanco, explosiones indiscriminadas masivas y simultáneas de dispositivos electrónicos, y ataques contra periodistas, instalaciones médicas, ambulancias y personal de urgencias médicas. Otro informes han documentado ataques aéreos ilícitos contra la población civil y bienes de carácter civil, la destrucción constante y generalizada de pueblos fronterizos en Líbano incluso después del alto el fuego, así como reiterados ataques de Hezbolá con cohetes no guiados contra zonas civiles densamente pobladas de Israel.

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• El organismo omite referir sentencias de la CoIDH y otras recomendaciones de organismos de derechos humanos que limitan la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y ordena la eliminación de la prisión preventiva oficiosa

• Soslaya las matanzas protagonizadas por militares, así como su responsabilidad en la muerte de mujeres, jóvenes, niñas y bebés

• La prisión preventiva oficiosa (PPO) es una grave violación a los derechos humanos, vulnera los derechos de toda persona a la presunción de inocencia, la independencia judicial, el derecho a la defensa y a no ser privada arbitrariamente de la libertad

• Ni la PPO ni la militarización de la seguridad pública han servido para frenar la impunidad ni la incidencia delictiva

En días recientes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe relacionado con la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y un Pronunciamiento sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO). Los documentos ofrecen una visión parcial de esos temas, omiten información de contexto fundamental y son omisos en mencionar las obligaciones que tiene el Estado mexicano con el sistema internacional e interamericano de derechos humanos.

El comunicado de la CNDH omite referirse a la prisión preventiva oficiosa, y solamente se refiere a la prisión preventiva justificada. En el comunicado a la CNDH afirma que “la reforma del artículo 19 permite al Ministerio Público solicitar al juez la prisión preventiva”, cuando eso es la prisión preventiva justificada. Lo que no dice es que la reforma al artículo 19 no se refiere a eso, sino que obliga al juez a ordenar la prisión preventiva de manera automática e injustificada para una cada vez más larga lista de delitos, lo que el comunicado del CNDH omite mencionar. Esta omisión no puede considerarse un “error” o “negligencia” por parte de la CNDH, sino una deliberada abstención de informar lo que en realidad significa la reforma constitucional respectiva.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (Osc) no podemos dejar de advertir estos señalamientos dada la importancia que tienen ambos temas para el respeto y vigencia de los derechos humanos en México.

El Informe Especial sobre la Incursión de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, Prevención y Cultura de la Paz –del 20 de diciembre de 2024–, justifica la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y dista mucho de ser una evaluación imparcial sobre la forma en que esa intervención ocurre.

Su definición de la militarización es inconsistente y sesgada. Omite señalar que en México se vive un proceso de militarismo en el que el Estado ha dado autoridad a las fuerzas armadas para atender los problemas de seguridad pública privilegiando tácticas y armas de guerra.

Las omisiones de la CNDH

Ni por el menor asomo la CNDH hace referencia en dicho informe a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), incluso algunas dirigidas a México, sobre los casos Alvarado Espinoza y otros Vs. México, de 2018; Montero Aranguren y otros vs. Venezuela y Cabrera García y Montiel Flores vs. México, de acuerdo con las cuales las fuerzas armadas no deben intervenir en tareas de seguridad pública y, en caso de que así fuera, definen el marco para que ello suceda.

Desde diversos foros, las OSC hemos insistido al Estado mexicano que la militarización de la seguridad pública no es el camino. Que la seguridad pública debe tener como centro a las personas y sus derechos humanos; que la criminalidad y la violencia deben abordarse con políticas de seguridad ciudadana. Hemos reiterado la urgencia de fortalecer a las corporaciones policiacas con recursos técnicos, capacitación adecuada y suficiente y dotarlas del equipamiento necesario para que cumplan su labor de manera eficaz, eficiente y profesional, para que garanticen la seguridad y la vida de todas las personas.

El informe de la CNDH tampoco se refiere el proceso de militarización por el cual el Estado mexicano ha otorgado facultades a militares para la toma de decisiones por encima de autoridades e instituciones de carácter civil. Las OSC y personas académicas expertas denunciamos que este proceso creció exponencialmente desde 2006 e implicó que en el sexenio pasado los militares desempeñaran funciones de diversas secretarías de estado, con el correspondiente manejo de presupuestos millonarios.

El informe de referencia hace un recuento de las actividades realizadas por las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pero no analiza el impacto de éstas en la incidencia delictiva. Por supuesto, omite precisar los riesgos que ha implicado su presencia en las calles del país.

En ese sentido, no menciona las masacres que han protagonizado, como la ejecución de un joven, ocurrida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2020; la ejecución de cinco personas en Nuevo Laredo en 2023 y la matanza de migrantes en Chiapas, de octubre de 2024; mucho menos refiere la muerte de mujeres, personas jóvenes, estudiantes, niñas y bebés a manos de elementos de la militarizada GN, el ejército o la marina, ocurridas en Chihuahua, 2020; Guanajuato, 2022; y Nuevo Laredo, 2022.

Tampoco menciona que la presencia de los militares en las calles incrementó los homicidios en un 28 por ciento, como se advierte en el informe del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de abril de 2022. Por si fuera poco, la CNDH minimiza las quejas que ha recibido contra las fuerzas armadas por tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.

Prisión preventiva oficiosa, las otras omisiones de la CNDH

Respecto de la reforma constitucional que incrementa el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO), aprobada el 31 de diciembre de 2024, es errónea la afirmación de la CNDH en el sentido de que ésta considera el respeto a los derechos humanos “de manera preponderante”.

Las organizaciones sociales hemos demostrado que la PPO que se aplica en México desde 1993, es una grave amenaza para el principio de presunción de inocencia y para la libertad personal. En numerosas ocasiones organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, ha señalado que la prisión preventiva oficiosa o automática es una forma de detención que no respeta los derechos de debido proceso legal y por tanto es arbitraria. De la misma forma, organizaciones de la sociedad civil, han identificado que la PPO afecta principalmente a personas de escasos recursos, marginalizadas, jóvenes, racializadas, que habitan en zonas periféricas de la metrópoli o de zonas empobrecidas.

Sentencia de la CoIDH contra la PPO

Es lamentable que la CNDH omita referir en su Pronunciamiento sobre el tema –emitido el 11 de enero de 2025–, que en el año 2022 la CoIDH condenó a México por haber mantenido en prisión preventiva oficiosa, durante 17 años, a Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, sin que se les comprobaran los delitos que les imputaban.

Las Osc que acompañamos este comunicado hemos advertido en diversos foros que para combatir la impunidad se debe revisar y mejorar el trabajo de la Fiscalía General de la República, y las fiscalías de los estados. Es ahí donde las investigaciones de los delitos no prosperan por la ineficacia de sus funcionarios para investigarlos.

En reiteradas ocasiones señalamos que las fiscalías carecen de personal debidamente capacitado; no inspeccionan correctamente los lugares donde ocurren los hechos; tampoco resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; además de que no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios y muchos menos aplican los protocolos de investigación de manera correcta, como lo hemos visto en los casos de feminicidio.

Advertimos que paralelo al mejoramiento de las fiscalías se debe fortalecer a las policías, además de aplicar medidas de prevención de la violencia. Sólo así, cerrando ese círculo, podremos empezar a hablar de una disminución de la impunidad en los delitos, así como de la incidencia delictiva.

La realidad contrasta con las afirmaciones que hace la CNDH en los dos documentos referidos. Las Osc instamos una vez más a la CNDH a hacer propuestas constructivas hacia la mejor vigencia de los derechos humanos en México y hacer valer el espíritu con el que esa institución fue creada en 1990.

Hacemos también un nuevo llamado al Estado mexicano a elevar el nivel del diálogo, a que tienda puentes que permitan a las Osc, a las personas de la academia, a las personas expertas, exponerle nuestro conocimiento y experiencia para contribuir a la consolidación del sistema de derechos humanos en México.

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