Este amicus curiae, presentado por Amnistía Internacional ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, busca apoyar el análisis del Amparo en revisión 33/2024, aportando estándares nacionales e internacionales sobre el derecho a la salud. El documento destaca cómo las políticas punitivas sobre drogas pueden violar derechos humanos, particularmente al limitar el acceso a tratamientos como la terapia de sustitución con opioides (TSO), incluida la metadona.

El informe detalla las obligaciones del Estado mexicano para garantizar el acceso a servicios de salud basados en evidencia científica, incluyendo la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los tratamientos para la dependencia de opioides. Subraya que la falta de acceso a la TSO, especialmente en contextos de criminalización, puede traducirse en violaciones al derecho a la salud, a la integridad personal e incluso en tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Amnistía Internacional argumenta que el tratamiento voluntario y con consentimiento informado es un componente esencial del derecho a la salud. A través de este amicus curiae, la organización hace un llamado al Poder Judicial para que promueva políticas centradas en los derechos humanos y basadas en evidencia, como vía para proteger la salud y dignidad de las personas que usan drogas en México.

Amnistía Internacional presentó un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aportar argumentos jurídicos y de derechos humanos en el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, y las violaciones cometidas contra su madre, Norma Andrade.

El documento subraya cómo la violencia estructural, la impunidad y la falta de perspectiva de género siguen marcando la respuesta estatal frente a los feminicidios en México. Señala además la triple condición de víctimas que enfrentan muchas defensoras: como familiares de víctimas, como sujetas de violaciones estatales por la falta de justicia y como activistas en riesgo. El caso de Norma Andrade —maestra, madre y defensora agredida por su labor— lo ejemplifica con claridad.

El amicus denuncia las graves deficiencias en las investigaciones del feminicidio de Lilia y de los ataques contra Norma, incluyendo pérdida de pruebas, estereotipos de género y falta de diligencia, al tiempo que reconoce el trabajo incansable de miles de mujeres que, como Norma, buscan justicia ante el abandono institucional.

Amnistía Internacional insta a la Corte a incorporar una perspectiva de género e interseccional, y a sentar un precedente que reconozca el derecho a defender derechos humanos, así como la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación.

Amnistía Internacional presentó un amicus curiae ante el Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí para aportar estándares de derechos humanos nacionales e internacionales en materia de reparación del daño. El documento busca que el juez los considere en un juicio de amparo que analiza el Plan de Reparación del Daño en el caso del feminicidio de Karla Pontigo, ocurrido en 2012. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpuso dicho amparo debido a las deficiencias del plan elaborado por la CEAV.

El amicus curiae de 33 páginas destaca los elementos clave de una reparación adecuada, poniendo al centro a las víctimas y promoviendo el principio de progresividad de los derechos humanos. Subraya que en casos de feminicidio el Estado debe aplicar una perspectiva de género, considerando los efectos específicos de la violencia contra las mujeres. También recoge recomendaciones y marcos internacionales como la CEDAW y la Declaración de Nairobi.

Este documento resalta la importancia de que las reparaciones sean transformadoras, es decir, que ayuden a revertir patrones estructurales de discriminación. Amnistía Internacional sostiene que una reparación basada en el derecho internacional podría contribuir a la justicia para Karla y a sentar un precedente que beneficie a otras víctimas de feminicidio en México.