Nuestra lucha incansable, que es la de todas las familias y colectivos que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos, está llena de dolor y determinación. Exigimos que los Estados asuman su responsabilidad en la búsqueda y localización de las víctimas, juzgamiento y reparación, conforme al sistema internacional de protección a los derechos humanos. Además, instamos a los Estados que aún no han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que lo hagan a la brevedad y respondan a su obligación de garantizar las condiciones para la prevención de este flagelo.

La impunidad que padecemos es un crimen continuado producto de la falta de interés de erradicar estos patrones que se han arraigado en nuestras sociedades, aunado a políticas negacionistas cuyo fin es proteger a los perpetradores de dicho crimen. Por lo que exigimos que los Estados latinoamericanos cumplan a cabalidad con sus obligaciones internacionales contra las desapariciones forzadas en su más actual tipificación, según obligaciones ante Naciones Unidas, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La verdad, la memoria y la justicia son nuestros derechos fundamentales como víctimas, familiares y acompañantes, y de ellos se desprende nuestro derecho de búsqueda. Exigimos la creación de comisiones de la verdad, mecanismos de búsqueda efectivos que cuenten con todas las herramientas, como protocolos y alertas tempranas para la localización de víctimas, y facultades que les permitan acceder a información al más alto nivel para resolver los crímenes cometidos en el pasado y en la actualidad. La información, además, debe servir para brindar justicia a las víctimas a partir del juzgamiento de responsables en todos los países de la región.

Nos comprometemos a trabajar en red contra la impunidad y a defender los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Solicitamos la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional para lograr estos objetivos.

Unid@s, podemos lograr justicia, verdad, memoria, reparación, garantías efectivas de no repetición para todas las víctimas de desapariciones forzadas en América Latina.

¡Firmamos en solidaridad y nos constituimos en red permanente, en compromiso con la lucha por los derechos humanos para todos, todas, todes! ¡Porque vivas se las llevaron, vivas y vivos los queremos!

Adherimos, firmamos:

Amnistía Internacional

AMORES, Agrupación de Mujeres Organizadas por las y los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas

Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica

Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de DDHH de América Latina y el Caribe – AJUFIDH

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación Hondureña de Familiares de Migrantes Desaparecidos (AHFAMIDEAF)

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)/ México

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC)/ México

COFADDEM “Alzando Voces”/ Michoacán, México

Colectivo Buscadoras Guanajuato/ México

Colectivo Caso Pirasol AC/ México

Colectivo De Pie Hasta Encontrarte Guanajuato/ México

Colectivo Justicia y Esperanza/ México

Colectivo Juntos por Hidalgo/ México

Colectivo Hasta Encontrarte/ México

Comité Cerezo/ México

Comité de familiares de detenidos desaparecidos de los Ríos, Ecuador

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos/ México

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos / Guayaquil, Ecuador

Consultora Solidaria/ México

Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán, (DECOFEM)/ México

Dónde Están – Ou sont-ils/ Ginebra

FEDEFAM/ México

FEDEFAM, Vocalía Internacional/ FEDEFAM Paraguay

Forum Grita Baixada/ Brasil

Fundación Internacional de Acción de Derechos Humanos (FI-DH)/ México

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC -M)

Grupo de Acompañamiento a Familiares de Personas Desaparecidas – Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, sección México

Grupo Tortura Nunca Mais/ Brasil

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

Plataforma por la Paz y la Justicia/ Guanajuato, México

Proyecto Invisibles/ México

REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México)

Sabuesas Guerreras A.C/ México

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)/ México

T´ei´ei Grupo Interdisciplinario por la Igualdad/ México

Tesoros perdidos. Hasta encontrarlos A.C/ Mazatlán, México

Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas/ México

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Bajo el lema “No conocemos fronteras para buscarles”, se va a efectuar hoy, 10 de mayo, la XII marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus hijos e hijas ¡Verdad y Justicia!, convocada por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) integradas por familias que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas.

Amnistía Internacional se suma solidariamente, como cada año, a las contingentas y exige, junto con ellas, al Estado mexicano atención a sus demandas y la aplicación de políticas públicas para prevenir la desaparición de personas que, desde 1964 hasta finales de 2022 sumaban 109 mil personas desaparecidas y no localizadas.

En la XII marcha de la Dignidad Nacional se honrará la memoria de Teresa Magueyal, madre buscadora de la organización civil Una promesa por cumplir, quien fue asesinada en Celaya, el martes 2 de mayo de 2023. Igualmente se recordará a otras madres buscadoras, entre ellas Rosario Lilián Rodríguez Barraza y Blanca Esmeralda Gallardo, asesinadas en octubre de 2022 en los estados de Sinaloa y Puebla, respectivamente, y a María del Carmen Vázquez asesinada en noviembre del mismo año, en el estado de Guanajuato.

“Es inverosímil lo que ocurre en México. Dada la inacción, omisión, incapacidad y falta de recursos del Estado, las madres se han dado a la tarea de buscar a sus familiares desaparecidos. No obstante, el Estado las maltrata y estigmatiza y peor aún es incapaz de cumplir con su obligación de garantizar su vida, integridad y seguridad, así como la de todas las personas que vivimos y transitamos por el país”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“Por ello, en el contexto de la XII marcha de la Dignidad Nacional, desde Amnistía Internacional hacemos un enérgico llamado al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las madres buscadoras, investigue con la debida diligencia los asesinatos registrados y atienda las demandas del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos México”, agregó Edith Olivares Ferreto.

“La desaparición de personas está ligada a casos de violencia sexual, reclutamiento por grupos criminales, secuestros, trata de personas, entre otros delitos. Además, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), informó en noviembre de 2021, que la desaparición forzada registró un crecimiento exponencial entre 2006 y 2021. Fue en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) cuando inició el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, política que continuó el gobierno de Enrique Peña Nieto y persiste en el actual gobierno”, advirtió Edith Olivares Ferreto.

Ruta y actividades de la marcha

Como cada año, las contingentas de la XII marcha de la Dignidad Nacional saldrán del Monumento a la Madre con destino a la Victoria Alada (Ángel de la Independencia). El objetivo es sensibilizar a las personas sobre la importancia de prevenir la desaparición de personas.

Desde el 2 de mayo, las OSCs participantes efectuaron una gran diversidad de actividades, entre ellas en TikTok con el #DuetoDeCorazónaCorazón, para madres y estudiantes. En esa misma aplicación y en Facebook se realizó otra actividad con el #CorazonesPorLaJusticia donde las personas crearon videos o imágenes con corazones dibujados o hechos con las manos, en los que contaron historias breves o mensajes de empatía y apoyo a las madres buscadoras.

Durante la marcha se distribuirán stickers y las personas participantes se colocarán pañoletas en alusión a la historia de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que en Argentina se dieron a la tarea de buscar a sus familiares desaparecidos por la dictadura militar, que gobernó en ese país de 1976 a 1983.

La desaparición de personas en México

En el año 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 9 mil 826 personas desaparecidas y no localizadas, de ellas 6 mil 733 eran hombres y 3 mil 077 mujeres. De esa forma, en el periodo 1964-2022 México tenía 109 mil personas desaparecidas y no localizadas.

En nuestro Informe 2022/2023 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo advertimos que solo han sido dictadas 36 sentencias condenatorias por el delito de desaparición. También referimos que en el año 2022 un informe del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas expone la crisis forense que existe en el país donde las autoridades siguen teniendo bajo su custodia más de 52 mil cadáveres pendientes de identificación.

Información adicional:

Informe 2022/2023 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo

Informe del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED)

Para más información o para concertar una entrevista, contacte a:

Alejandro Juárez Gamero (Amnistía Internacional México)

prensa@amnistía.org.mx

+52 55 2265 4331

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El reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada por el gobierno del presidente López Obrador hace tres años, concluye que la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”. Las recientes órdenes de aprehensión dictadas a petición de la Fiscalía General de la República contra el que fuera procurador general de la república y contra mandos militares, policías municipales y estatales, entre otros, son avances sustanciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en este atroz crimen, señaló Amnistía Internacional.

A casi ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el asesinato de tres personas más y la tortura y persecución en contra de estudiantes, las autoridades mexicanas han mostrado avances en las investigaciones sobre la política de encubrimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo la cual se construyó una “verdad histórica”, que fue una investigación plagada de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes, con la determinación absoluta de ocultar los hechos en vez de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias. 

“Tras casi ocho años de lucha por la verdad y la justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los avances mostrados confirman, una vez más, que hubo una política intencional de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de las autoridades bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. El devastador informe de la Comisión para la Verdad, que concluye que la persecución y desaparición forzada de los jóvenes fue un crimen de Estado, debe ser una ruta para continuar con el esclarecimiento de los hechos, la localización de los jóvenes estudiantes y la garantía de no repetición con políticas integrales encaminadas a atender la profunda crisis de personas desaparecidas en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

El gobierno del presidente López Obrador creó una comisión especial para dar seguimiento al caso, así como una unidad especial en la Fiscalía General de la República. Además, México aceptó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos de desaparición en México. El 19 de agosto, bajo pedido de la Fiscalía General de la República, se dictaron órdenes de aprehensión contra el ex-Procurador Jesus Murillo Karam, encargado de las investigaciones iniciales, “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa,” y contra “20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”.

“Los recientes avances son el resultado de la lucha incansable de las madres, padres y familias de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, y el destacado y arduo trabajo de las organizaciones de derechos humanos que los han acompañado. El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por esclarecer los hechos sobre la desaparición forzada de los estudiantes, así como fortalecer a las instancias del Estado dedicadas a la investigación de este atroz crimen, lo cual contribuye positivamente al saldo de la deuda después de casi 8 años. Es momento también de adoptar políticas integrales para atender la grave crisis de personas desaparecidas, que ya rebasa las cien mil personas, en un país atravesado por la injusticia y la impunidad,” dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México

Antecedentes 

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzadamente la noche del 26 de Septiembre de 2014, después de haber sido arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México, para conmemorar la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de Octubre de 1968.

A pesar de la fuerte presión internacional, nacional y de las familias de los estudiantes desaparecidos, aún se desconoce su paradero, y sigue bajo investigación el esclarecimiento de los hechos en los que se dieron estas graves violaciones a los derechos humanos.

Diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales, así como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pusieron siempre en cuestionamiento la versión oficial de los hechos en su momento, y presentaron críticas exhaustivas de las investigaciones realizadas. El gobierno de entonces se empeñó en seguir una sola línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local). La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por el GIEI, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.

Amnistía Internacional también denunció por años las falencias en la investigación, y la decisión política de ocultar la verdad, y con ello obstaculizar los esfuerzos de justicia en el caso de la desaparición forzada de los normalistas. En varios informes, Amnistía Internacional confirmó la deficiencia de las investigaciones, que no apuntaban al esclarecimiento mínimo de la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas, pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental. Asimismo, las constantes denuncias de tortura y malos tratos de las personas detenidas con relación a las desapariciones, violaciones al debido proceso, manipulación de evidencias y protección de oficiales sospechosos de participación fueron otras violaciones de derechos humanos documentadas durante los primeros años de las investigaciones. 

Para más información o para concertar una entrevista, contacte a:

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• Amnistía Internacional hace un llamado a investigar el posible uso excesivo de la fuerza en los hechos ocurridos en Chiapas, y a evitar su repetición a lo largo del recorrido de la caravana de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Amnistía Internacional expresa su preocupación por las agresiones que sufrieron jóvenes normalistas, así como las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el domingo 16 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando se disponían a sostener una serie de reuniones programadas en la escuela Normal Rural Mactutzá Chiapas.

“Hemos tenido conocimiento de que durante el despliegue de cuerpos de seguridad estatales se realizaron actos de agresión que afectaron la integridad física y el derecho de reunión pacífica de las madres y los padres de los 43 jóvenes desaparecidos”, declaró Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“Desde Amnistía Internacional reiteramos nuestro llamado al gobierno del estado de Chiapas para que garantice la integridad de todas las personas participantes de la caravana, y que lleve a cabo una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva, sobre el posible uso excesivo de la fuerza contra las y los estudiantes normalistas y las madres y padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa,”, precisó Tania Reneaum Panszi.

Según la información recabada, las fuerzas de seguridad del estado de Chiapas emplearon granadas de gas lacrimógeno contra dichas personas, quienes se encontraban reunidas pacíficamente y, además, se utilizaron camiones blindados en tal operativo. Resulta totalmente incomprensible este despliegue de fuerza en contra de familiares y estudiantes que recorren el país para reclamar justicia.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades del estado para que se brinde, pronta y eficientemente, la atención médica que requieran todas las personas que resultaron lesionadas durante la agresión, incluida una menor de edad.

Amnistía Internacional insta al gobierno del estado a revisar sus protocolos de actuación y asegurarse que cumplen con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza. Es necesario hacer notar que la caravana de madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa tiene planeado transitar por otros estados como parte de las visitas programadas en diversas escuelas normales rurales del país. Por ello, sería adecuado que las autoridades estatales y federales adopten las medidas necesarias para que no se repitan hechos como los ocurridos en Chiapas en ninguna otra entidad federativa.

Amnistía Internacional México lleva a cabo actualmente una campaña relacionada con el uso de la fuerza, en la que advierte que la ley nacional a ese respecto, aprobada por el Congreso de la Unión, no cumple con los principios básicos de uso de la fuerza y de armas de fuego establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos y puede poner en peligro la seguridad de todas las personas en México.

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En respuesta a los informes de que el Presidente Donald Trump está extendiendo lo que se ha conocido como la prohibición musulmana, Amnistía Internacional USA (AIUSA), junto con una coalición de grupos defensores de los derechos de las personas inmigrantes, que lideran el trabajo para proteger los derechos de las comunidades afectadas por la prohibición, informarán a la prensa sobre los impactos de esta expansión y las acciones a tomar frente a estas políticas crueles e inhumanas.

Luego de la prohibición inicial presentada hace exactamente tres años, AIUSA realizó una docena de estudios de caso de los daños causados a personas y familias de Yemen, Irán, Sudán y otros lugares, y documentó las formas en que la prohibición alteró las vidas de las personas. En 2019, los investigadores de AIUSA viajaron al Líbano y Jordania donde realizaron casi 50 entrevistas con refugiados que, como resultado de la prohibición, quedaron varados en países donde enfrentan políticas restrictivas, entornos cada vez más hostiles y carecen de los mismos derechos que los residentes permanentes o los ciudadanos. Dos de las familias que aparecen en el informe están disponibles para entrevistas.

Quienes deseen llamar deben confirmar su asistencia a Mariya Parodi en media@aiusa.org. Las líneas internacionales estarán disponibles. Por favor, háganos saber desde dónde llama, si está fuera de los Estados Unidos.

QUÉ: Sesión informativa de AIUSA y otros grupos de defensa de derechos humanos, sobre el anuncio de la expansión de la prohibición musulmana de la administración Trump.

CUANDO: Martes, 28 de enero de 2020, 2:00 PM ET

CÓMO: Por favor, confirme su asistencia a media@aiusa.org para obtener información sobre la llamada.

OMS:
Margaret Huang, Directora Ejecutiva, Amnistía Internacional USA
Madihha Ahussain, Consejero Especial para el Fanatismo Antimusulmán, Abogados Musulmanes.
Linda Sarsour, Directora Ejecutiva, MPower Change & Miembro del Comité Directivo, Campaña No a la Prohibición de los Musulmanes.
Abed Ayoub, Director Nacional Jurídico y de Políticas, Comité Árabe-Americano contra la Discriminación.
Donna Farvard, Directora de Organización Nacional, Consejo Nacional Iraní-Americano.
Robert McCaw, CAIR Director Nacional del Departamento de Asuntos Gubernamentales, Consejo de Relaciones Islámico-Americanas.
Patrice Lawrence, Co-director de la Red UndocuBlack.

Esta declaración está disponible en: https://www.amnestyusa.org/press-releases/amnesty-international-usa-and-partners-to-brief-press-on-trump-administrations-muslim-ban-expansion/

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