México enfrenta una crisis de derechos humanos sin precedentes: más de 128,000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 1952. Esta crisis no ha sido enfrentada con la responsabilidad que exige, las autoridades mexicanas, usualmente, no han sido eficientes en su labor de búsqueda y protección. En muchos casos, han dejado vacíos que han obligado a las propias familias, principalmente mujeres, a asumir la dolorosa y peligrosa tarea de buscar a sus seres queridos.

Estas mujeres, madres, hermanas, hijas y esposas, salen a rastrear fosas, recorren territorios controlados por el crimen organizado, enfrentando amenazas, ataques y estigmatización. Lo hacen sin garantías mínimas de seguridad, muchas veces sin apoyo legal ni psicológico. Mientras tanto, las autoridades ignoran sus necesidades, incumplen la ley y, en algunos casos, las revictimizan o criminalizan.