Al desvanecerse la atención internacional, la represión de manifestantes se ha intensificado.  Las autoridades han hecho uso de fuerza ilegítima, detenciones y procesamientos arbitrarios y tortura y otros malos tratos, así como violencia de género. Las personas que se manifiestan se han enfrentado a gas lacrimógeno y otras sustancias químicas irritantes, cañones de agua y palizas a manos tanto de la policía como de grupos no identificados. Se ha atacado a periodistas y activistas por medios como campañas de desprestigio en las que se los ha calificado de “agentes extranjeros”.  

Según la Defensoría del Pueblo, se han documentado más de 300 casos de tortura y otros malos tratos, y se ha reconocido oficialmente a una serie de víctimas, aunque la cifra real probablemente es más alta.

A pesar de algunas investigaciones recientes, apenas ha habido una rendición de cuentas significativa por estas violaciones de derechos humanos, lo que ha permitido que continúen los abusos.