Amnistía Internacional presenta Historias que resisten, su primer Museo Virtual: una experiencia inmersiva que permite recorrer más de seis décadas de movilización y defensa de los derechos humanos desde cualquier parte del mundo.

A través de cinco salas temáticas, quienes visiten el museo podrán descubrir campañas que marcaron la historia del movimiento, investigaciones, objetos originales, archivos, materiales audiovisuales y relatos de personas que, frente a la injusticia, decidieron actuar.

“La historia de Amnistía Internacional está hecha de personas que se negaron a permanecer indiferentes. Este museo nos permite reconocer su valentía, preservar la memoria de nuestras luchas y recordar que cada acción, por pequeña que parezca, puede contribuir a transformar una vida”, señaló Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional.

Este es un proyecto colectivo liderado por los equipos de Fundraising de diversas secciones nacionales en la región y en colaboración con el Secretariado Internacional. Su objetivo es acercar la historia del movimiento a nuevas audiencias e inspirar a más personas y generaciones a sumarse a la defensa de los derechos humanos.

Más que un archivo digital, Historias que Resisten es un espacio de memoria, educación y participación que muestra el impacto alcanzado cuando miles de personas se organizan y actúan frente a la injusticia.

El Museo Virtual estará disponible en español, inglés y portugués.

Cada campaña, cada investigación y cada persona que decidió actuar forman parte de esta historia. Ahora, esa historia tiene un nuevo espacio para seguir inspirando.

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81º período de sesiones de la AGONU Tercera Comisión, (A/80/737)

Firmas de adhesión a la carta para los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU

México, a 30 de agosto de 2026

Asunto: Propuesta de procedimiento para abordar la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada dirigida a la Asamblea General, de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED/C/MEX/A.34/D/1), relativa a la situación de desapariciones en México. 

I. Presentación

El 12 de mayo de 2026, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, envió una nota (A/80/737) a todos los países miembros de la Asamblea General (AGONU), informando la decisión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) sobre la activación del Artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas Las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED/C/MEX/A.34/D/1), en la que “concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios “ataques” generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil…”.

II. Objetivo de la nota

Con la presente nota, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como personas expertas y académicas, pretendemos proporcionar información a su Misión Permanente sobre la gravedad de la crisis de desapariciones en México, que sirva de insumo para el diálogo bilateral con el gobierno mexicano y, en particular, en la Tercera Comisión de la AGONU, en el marco del procedimiento iniciado por el CED en virtud de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

III. Antecedentes del asunto

1. En México hay más de 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense. Hay una deuda del Estado en materia de verdad, justicia y reparación con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana.

2. A la fecha, las políticas de prevención de las desapariciones han sido insuficientes e ineficaces, por lo que estas van en aumento en 28 de las 32 entidades federativas. 

3. Las desapariciones son cometidas por: i) particulares o grupos criminales, ii) autoridades estatales, iii) grupos criminales con apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado.

4. Hay un 99% de impunidad en los casos de desaparición y no existen mecanismos efectivos para investigarlos. Las fiscalías carecen de autonomía efectiva y  no se investiga la posible participación o colusión de servidores públicos con los perpetradores de las desapariciones.

5. Tanto los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA coinciden en su diagnóstico sobre la magnitud y la gravedad de la situación, y en la insuficiencia de las acciones adoptadas por el gobierno para frenar la crisis de violencia y desapariciones en el país.

6. Por lo anterior, el 19 de marzo de 2026, el CED resolvió invocar el artículo 34 de la Convención que rige su mandato al considerar que existen indicios suficientes de que en México las desapariciones se cometen de manera generalizada y/o sistemática y que, tal y como lo establece la Convención en su artículo 5, pudieran constituir crímenes de lesa humanidad (CED/C/MEX/A.34/D/1)

7. Por lo tanto, elevó el caso al Secretario General de las Naciones Unidas y pidió que éste fuera considerado en la próxima sesión de la Asamblea General, con el objeto de que ésta resuelva:

a. “Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y

b. Establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.

8. El gobierno de México, desafortunadamente, ha interpretado la resolución del CED como un ataque, y la Cancillería y la Secretaría de Gobernación han manifestado reiteradamente que el gobierno no está de acuerdo con el procedimiento activado por el CED, pues considera que no se sustenta la presunción de que existe una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada en el territorio nacional.

9. El 12 de mayo de 2026, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, envió el caso mexicano a todos los Estados miembros de la AGONU mediante la nota A/80/737. Actualmente el caso está enlistado en el punto 71 (Promoción y Protección de los Derechos Humanos) normalmente tratado en la Tercera Comisión, y se prevé que pueda ser analizado en octubre-noviembre de 2026. 

10. La constatación del CED de la existencia de indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad activa el Deber de Proteger (D2P) de las Naciones Unidas, de acuerdo con la Resolución Final de la Cumbre Mundial de 2005 (A/RES/60/1). El Deber de Proteger debe empezar, en este caso, por los Estados parte de la Convención, velando por que el Artículo 34, nunca antes invocado, cuente con un procedimiento eficaz para proteger a todas las personas de la desaparición forzada, en este y en futuros casos.  

IV. Propuestas

1. Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos consideramos que este procedimiento es una oportunidad única para que México reciba el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional que tanto necesita frente a una problemática cuya magnitud rebasa las capacidades del Estado. Ese proceso en ningún momento debería verse como un juicio o un ataque a gobierno alguno, sino como una forma de promover, más allá de disputas jurídicas, un diálogo profundo sobre las maneras más efectivas y cooperativas de abordar la proliferación de las desapariciones, en México y en el resto del mundo. 

2. Consideramos que, frente a la grave crisis de desapariciones en México y la ineficacia de los mecanismos establecidos hasta ahora para resolverla y ponerle fin, se hace indispensable contar con mecanismos extraordinarios que permitan avanzar de manera eficaz y concreta en la prevención, búsqueda, identificación forense de las numerosas víctimas de este crimen, así como su acceso a la verdad y la justicia.  

3. Esta es la primera ocasión en que el CED activa el artículo 34 y no existe un procedimiento claro para darle seguimiento en la Asamblea General.  Por ello, sería conveniente primero considerar la pertinencia de establecer dicho procedimiento, para lo cual sugerimos algunas opciones a desarrollar en la Tercera Comisión, a saber:

– Que uno o varios Estados adopten y promuevan el asunto ante la Tercera Comisión, en principio mediante mociones para acordar un procedimiento para la aplicación del Artículo 34 de la Convención.

– Dicho procedimiento podría definirse por una comisión o una persona experta independiente designada, que elabore una propuesta en seguimiento a la solicitud del Comité contra las Desapariciones Forzadas, en consulta con los Estados miembros de la Convención, incluido México; con expertos en la materia, incluyendo al CED; y con los colectivos de víctimas y organizaciones civiles de México. 

– Que la Tercera Comisión adopte la propuesta de la comisión independiente, asignando los recursos suficientes para ser implementada de manera urgente.

4. Es fundamental que los Estados amigos de México promuevan un diálogo bilateral con el gobierno mexicano, así como en la propia Tercera Comisión. Habría que abordar el asunto desde una perspectiva positiva y como una oportunidad para México. El objetivo es que México adopte una postura colaborativa, se abra al diálogo y se sume a la construcción de un acuerdo.

5. Idealmente, uno o varios Estados, podrían adoptar y promover el asunto ante la Tercera Comisión, en principio mediante mociones para acordar un procedimiento para el Artículo 34 de la Convención, para después redactar un proyecto de resolución que contenga las propuestas de la Comisión independiente con mecanismos concretos que cuenten con la participación, supervisión y evaluación de la Tercera Comisión, y de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil que permitan a las víctimas acceder a procesos que conduzcan a la verdad y la justicia.

6. Consideramos que se trata de un proceso de mediano plazo, en el que las organizaciones de derechos humanos estamos dispuestas a aportar insumos técnicos para la construcción de un proyecto de resolución que sea útil para frenar las desapariciones en México, acercar la verdad y la justicia a las miles de víctimas y que contribuya a generar condiciones de paz y desarrollo económico y social basadas en un estado de derecho eficaz y promotor de los derechos humanos.

7. Las organizaciones y colectivos de familiares estamos preparando acciones de incidencia en el marco del siguiente período de sesiones de la Asamblea General, como:

• Reuniones con misiones diplomáticas en Nueva York;
• Reuniones con personas expertas independientes de Naciones Unidas;
• Organización de espacios de diálogo con familiares de personas desaparecidas en eventos paralelos.

Adhesiones a esta propuesta

Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas

1. Ágape por la Libertad y el Respeto a la Vida
2. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Choluteca, Honduras (AFAMIDEH)
3. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)
4. Asociación Hondureña de Familiares de Migrantes Desaparecidos “Amor y Fe” (AHFAMIDEAF)
5. Colectivo Casa de la Esperanza (Cuauhtémoc, Chihuahua)
6. Colectivo Caso Pirasol
7. Colectivo Colibrí
8. Colectivo de Búsqueda de B.C.
9. Colectivo en Busca de Nuestros Desparecidos en Navolato, Sinaloa
10. Colectivo En Búsqueda de Verdad y Justicia, Tepic, Nayarit
11. Colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977 en Culiacán, Sinaloa
12. Colectivo Familiares Desaparecidos de Chihuahua
13. Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, Gto
14. Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Acapulco, Chilpancingo
15. Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.
16. Colectivo Renacer, Nuevo León
17. Colectivo Renacer Por Amor a Ellos, Nayarit
18. Colectivo Siguiendo Tus Pasos, Ensenada, Baja California
19. Colectivo Uniendo Corazones, Culiacán, Sinaloa
20. Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla
21. Colectivo 10 de Octubre (Parral, Chihuahua)
22. Colectivo Zapotengo Pochutla, Oaxaca
23. Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)
24. Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras
25. Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Pespire (COFAMIDEPES)
26. Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador COFAMIDE
27. Desaparecidos Justicia AC, Querétaro
28. Esposas Buscadoras México
29. Familia en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo, Gro
30. Familiares de Derechos Humanos
31. Familias Unidas Buscando a Nuestros Desaparecidos, Junax  K´ontatik
32. Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M)
33. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, FUNDEJ
34. Hasta Encontrarles, CDMX
35. Madres Buscadoras de Jalisco
36. Madres Buscadoras de San Quintín, B.C.
37. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
38. Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa
39. Resistencia de Ecos Que Siempre Resuenan
40. Red de Madres Buscando a sus Hijos
41. Sabuesos Guerreros AC
42. Somos Tu Voz, Córdoba, Veracruz
43. Tu Ausencia Nos Unió Zacatecas AC
44. Una Luz de Esperanza AC

Familiares de personas desaparecidas

1. Adriana Moreno Becerril
2. Adriana Romero
3. Adriana Romero Sandoval
4. Aida Guzmán
5. Alda Nelly Cruz Balderas
6. Alejandra Cabello
7. Alejandro Ponce Rangel
8. Alfredo Castillo Gomora
9. Ana Lucía Gasca Boyer mamá de RICARDO ARTURO LAGUNES GASCA
10. Ana Luisa Rivera
11. Ángel de Jesús Torres Lazarin
12. Angélica García Sierra
13. Angélica María Hernández Barrios
14. Angelina Jiménez Gámez
15. Araceli Arias Duran
16. Araceli Reyes Hernández
17. Araceli Rodríguez
18. Arantza Molina Márquez
19. Arlette Rangel Ortiz
20. Artemisa Ramírez Ortiz
21. Brenda Ivonne Rangel Ortiz
22. Carmen Hernández Reyes
23. Carolina Jiménez Guerrero
24. Cesar Rangel Ortiz
25. Cindy Román Ramírez
26. Cira Patricia Macías Diaz
27. Daniel Salgado Saucedo
28. Diana Iris García
29. Dionisio Noe Lazarin Sierra,
30. Dulce Monse
31. Elizabeth Uruchurtu
32. Eloisa Duran
33. Elva Rivas
34. Elvia Margarita Reyes Rodríguez
35. Emilio Ponce Rangel
36. Enrique Rangel Ortiz
37. Erick Gutiérrez Ramírez
38. Erick Pineda
39. Esperanza Pérez
40. Esperanza Sabina Quiñones Quiñones
41. Eva Luz Llanes Guerrero
42. Familiares de Ricardo Lagunes Gasca
43. Gema Antúnez Flores
44. Genaro Ríos Monay
45. Guadalupe Acosta Luna
46. Guadalupe Aragón Sosa
47. Inés Corona
48. Irma Irene Espinoza Meza
49. Isela Ramírez Jiménez
50. Ivonne Elizabeth Donaire Hernández
51. Jasson Omar Cruz Donaire
52. Jesús Roberto Franco Rangel
53. José Manuel Ramírez Sainz
54. Judith Montes Gaspar
55. Julián Gómez
56. Juliana Verdezco Chaidez
57. Karina Sugei Ochoa Zamora
58. Leonardo Ponce Rangel
59. Leticia Mora Nieto
60. Letra Pinzón Medina
61. Lizeth Verduzco Chaidez
62. Lluvia Beltrán
63. Luz Dary Calderón Zuluaga
64. Malenny Lazarin Arellano,
65. María Candelaria Medina Angulo
66. María del Carmen Bustamante Salas
67. María del Carmen Rangel Ortiz
68. María de Los Ángeles Rodríguez García
69. María del Pilar García Hernández
70. María del Socorro Martínez Martínez
71. María Guadalupe Aguilar Jauregui
72. María Guadalupe Pérez Ayala
73. María Isabel Cruz Bernal
74. María Julia Ramírez Sainz
75. María Luisa Chaidez
76. María Martínez
77. María Teresa Fuentes Hernández
78. Maribel del Carmen Pantoja
79. Marlen Ramírez Jiménez
80. Martha Beatriz Vega Ruiz
81. Marta Pablo Cruz
82. Martha Rosario Linarte Sánchez
83. Martin Villalobos Valencia
84. Mayra Ivonne Torres Lazarin
85. Mirna Medina
86. Mirtha Dolores Mendoza Cordero
87. Nancy Paulina Pérez Guerrero
88. Natalia Antúnez
89. Nora Alicia Gutiérrez Martínez
90. Nicolás Dávila Pérez
91. Olivia Márquez González
92. Padres y familia de Olin Hernando
93. Patricia Elizabeth Rosado García
94. Perla Patricia Rivera Lazarin
95. Rebeca Gómez
96. Refugio Cangas
97. Renata Simental
98. Ricardo García Huidobro
99. Ricardo Torres Lazarin
100. Romeo Mendoza
101. Rosa Aidee Retamoza Miranda
102. Rosa Lizbeth Salazar
103. Rosa Imelda Díaz Neris
104. Sara Díaz Herrera
105. Sara H. de Ramírez Duarte, integrante del Comité Eureka
106. Socorro Gil Guzmán
107. Teresita Santillanes
108. Tommy Aguilar
109. Verónica Solís Montiel
110. Víctor Manuel García Herrera
111. Viviana Lazarin Sierra
112. Yubel Gastelum Gastelum

Organizaciones de Derechos Humanos

1. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente
2. Amnesty International
3. AMUMRA – Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina
4. Apuesta Solidaria A.C.
5. Armadillos Ni Un Migrante Menos
6. Artemali Ocoxal
7. Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
8. Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
9. Bloque Latinoamericano sobre Migración
10. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.
11. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
12. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP
13. Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
14. Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
15. Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)
16. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
17. Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
18. Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño AC
19. Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes COLEFOM
20. Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán
21. Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
22. Consultora Solidaria S.C.
23. Corporación Sisma Mujer (Colombia)
24. Defensores por la justicia
25. Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)
26. Despacho Jurídico Lic., Lorena González
27. Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko / Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
28. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
29. Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
30. Frontera con Justicia AC (Casa del Migrante, Saltillo)
31. Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos
32. Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
33. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
34. Global Exchange
35. Global Rights Advocacy
36. H.I.J.O.S. México
37. Initiative Mexiko
38. Instituto de Defensa Legal – IDL (Perú)
39. Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C. IIPSOCULTA
40. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
41. Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI)
42. Justicia Transicional en México, A.C. (JTMX)
43. Mira Feminismos y Democracias
44. Movimiento de Cristianas Comprometidas con las Luchas Populares
45. Mujeres en Defensa de La Mujer A.C
46. Mujeres indígenas por CIARENA AC
47. NEXO D.H.
48. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
49. Pacta Servanda e. V. Múnich, Alemania
50. Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México
51. Red de Investigadoras Por la Vida y la Libertad de las Mujeres
52. Red Europea de Comités Oscar Romero
53. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
54. Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
55. Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center
56. Sinergia por La Paz
57. Sin Fronteras IAP
58. Task Force on the Americas-National Lawyers Guild
59. Tejiendo Redes Infancia
60. Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento;
61. Unidos por La Paz, La Defensa de las Personas y los Derechos Humanos A.C.
62. Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC
63. Witness at the Border

Personas solidarias, activistas y académicos

1. Anna Karolina Chimiak
2. A Palma
3. Alfredo Limas Hernández, profesor universitario, Cd Juárez
4. Alma Janet Rojas Reyes
5. Ana Gabriela Aspuru Eguiluz
6. Ana Luisa Romo Díaz
7. Angélica de la Peña Gómez
8. Arturo Carrasco Gómez
9. Camilo Pérez-Bustillo
10. Clara Jusidman
11. Cruz Silva Del Carpio
12. Daniel Rodríguez Velázquez UNAM
13. Daniela Oliver Ruvalcaba, docente CCH-UNAM
14. Edgar Cortez
15. Eloísa González Hidalgo
16. Ernesto López Portillo
17. Hansel Gael López Angulo
18. Inti Naxhielii Barrios Hernández
19. Ita Hernández Loza
20. Jacobo Dayán
21. Jacqueline L’Hoist
22. Janekeith Orliden Durán Barberena (Costa Rica)
23. Javier Sicilia
24. Jesica Araceli Maldonado Uitz
25. José Luis Manzo Ramírez
26. Julián Vázquez Guzmán
27. Laura Carlsen
28. Lesly Noemi González Ochoa
29. Leticia Pinzón Medina
30. Liliana Vázquez Roa
31. Lucía Leonor González Enríquez
32. Manuel Ángel Castillo
33. María de Jesús López José
34. María Guadalupe Valdez Meza
35. María Luisa Núñez Barojas. Defensora de Derechos Humanos
36. María Salvadora Coronado Navarro
37. Mariann Santos Van Hoozer
38. Martha Beatriz Vega Ruiz
39. Mat Gossner
40. Michael W Chamberlin
41. Miriam Castañeda Hernández
42. Nora Martínez Lázaro/Defensora de DH
43. Olivia Rosales Nápoles
44. Oscar Miguel Calderón Calderón
45. Pablo Ramírez Obando
46. Pedro Castañeda Jiménez
47. Rafael Castelán Martínez
48. Raymundo Molina Martínez
49. Revdo. Dr. Samuel Murillo Torres, Programas de Pacificación Concilio Mundial Metodista
50. Teodomira Rosales Sierra
51. Teresa Ávila

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Colectivas de buscadoras y activistas pintaron, el 22 de agosto de 2026, una sección del muro fronterizo de las Playas de Tijuana, como parte de las actividades de la campaña #BuscarSinMiedo que impulsa Amnistía Internacional, sección mexicana. El mural contó con la colaboración del artista plástico Enrique Chiu. (Foto: Amnistía Internacional)

• Amnistía Internacional acompaña la exigencia de las familias buscadoras para que el Estado mexicano informe sobre el paradero de más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas

• La organización urge al Estado mexicano a reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y a garantizar su seguridad

• Organismos internacionales han reconocido que México atraviesa también una crisis en la búsqueda de personas desaparecidas y una crisis de identificación forense

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se efectuará en México, este 30 de agosto, en uno de los momentos de mayor visibilidad nacional e internacional de la crisis de desapariciones, de búsqueda y de identificación forense.

En los últimos 20 años familiares de personas desaparecidas han exigido al Estado mexicano que cumpla con sus deberes de buscar a las más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas e identifique a los más de 72 mil cuerpos que permanecen en diferentes morgues del país.

A pesar de que México cuenta con una legislación robusta en materia de desapariciones, que mandata la creación de una serie de instituciones que tienen la responsabilidad de prevenir y evitar las desapariciones, y de buscar a las personas desaparecidas, esas dependencias no están logrando resultados.

Por ello, desde hace varios años, las familias de las personas desaparecidas han recurrido a organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, con miras a que la comunidad internacional brinde cooperación y asistencia técnica al Estado mexicano.

“A mediados de septiembre, la comunidad internacional podría abordar en la Asamblea General de las Naciones Unidas la grave crisis de desapariciones que enfrenta México. Se trata de una oportunidad histórica para el Estado mexicano, que podría acceder a mecanismos de cooperación técnica y financiera. Pero, sobre todo, es una oportunidad para que la comunidad internacional demuestre su compromiso con las víctimas y contribuya de manera decidida a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para éstas y sus familias”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección Mexicana.

Contexto de la intervención del CED de la ONU

En marzo de 2025, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó, por primera vez, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como parte de un proceso que inició en 2014.

El 4 de abril de 2026, el Comité hizo pública su decisión de solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que ésta considerara medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. El 12 de mayo de 2026, el Secretario General trasmitió a la Asamblea General la carta de la Presidencia del CED.

Cabe recordar que la decisión del Comité concluyó que la información recibida, tanto de familias de víctimas como de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, parece contener indicios fundados de que en México se han cometido, y se siguen cometiendo, desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.

El impacto que han causado las desapariciones de personas en México es muy profundo. Éstas provocan un gran dolor a las familias afectadas y el daño trasciende a la comunidad, así como al resto de la sociedad. En las desapariciones de personas en México han estado involucrados agentes del Estado –como quedó constatado en el Rancho Izaguirre (marzo de 2025) y en el caso emblemático de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (septiembre de 2014), entre otros–, así como organizaciones criminales e incluso particulares.

“En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, desde Amnistía Internacional acompañamos las exigencias de las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas en México para que el Estado cumpla con su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas e investigue de manera expedita y efectiva cada caso y se les haga justicia”, precisó Edith Olivares Ferreto.

“El Estado debe reconocer el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos, ya que las instituciones que tienen esa responsabilidad, no los están buscando. En nuestro país, la enorme mayoría de quienes buscan a personas desaparecidas son mujeres quienes, al hacerlo, están en grave riesgo. Por ello, insistimos en que el Estado mexicano debe reconocerlas como defensoras de derechos humanos y que sean beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ante la inacción del Estado en las labores de búsqueda, ellas han sido capaces de localizar, con magros recursos, cientos de cuerpos en fosas localizadas a lo largo del país”, advirtió Edith Olivares Ferreto.

Mujeres buscadoras bajo presión constante

En el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional documentó el contexto en que las mujeres realizan el trabajo de búsqueda, caracterizado por las amenazas constantes que les hacen organizaciones criminales, la revictimización y estigmatización proveniente de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como las enfermedades que las aquejan y la precaria situación económica que enfrentan muchas de ellas.

De manera paralela al informe, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional, inició la campaña #BuscarSinMiedo en la que, hasta la fecha, se han llevado a la práctica diversas activaciones para exigir a las autoridades que garanticen su seguridad e integridad física, psicológica y emocional; acceso a medidas de protección; que se investiguen y sancionen todas las formas de violencia que se ejerce en su contra; así como la adopción de políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad, que aseguren condiciones dignas para la búsqueda, además de que se les brinden apoyos efectivos de atención médica, psicológica y legal.

La campaña incluye una Petición a la que las personas se pueden sumar aquí.

Información de contexto

Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 29 de agosto 2026, contabilizan 132,844 personas desaparecidas y no localizadas en el país.

En cuanto a la violencia contra las mujeres buscadoras, la organización Artículo 19 revela que desde 2010 a la fecha, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas.

En abril de 2026, se reportó la desaparición de la buscadora Cecilia Acosta Ramblas, quien días después fue localizada sin vida. En junio de 2026, fue asesinada Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, se unió al trabajo de búsqueda tras la desaparición de su hermana en 2021, en Guanajuato.

Información adicional

Informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México

Mujeres Buscadoras en las Américas

Buscar sin miedo: estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas.

Petición de Amnistía Internacional por las Mujeres Buscadoras

Para obtener más información o concertar una entrevista, póngase en contacto con:

Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional, sección mexicana

prensa@amnistia.org.mx

+52 55 2265 4331 (sólo whatsapp)

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Amnistía Internacional acompañó la sexta edición de la Marcha Lencha en la Ciudad de México y se sumó a las exigencias de las personas lesbianas para que las autoridades garanticen el pleno respeto de sus derechos humanos, combatan las violencias y discriminaciones que enfrentan, y adopten políticas públicas que respondan a sus necesidades específicas. 

La organización respaldó las principales demandas de la movilización, entre ellas la creación de un registro nacional especializado sobre las violencias que enfrentan las personas lesbianas y diversidades sexo genéricas; la presentación con vida de las más de 133 mil personas desaparecidas en México; el alto a los transfeminicidios y lesbofeminicidios; el reconocimiento pleno de las familias lesbomaternales, comaternales y xaternidades; así como el respeto a la autonomía corporal y al libre desarrollo de la personalidad. 

“La participación de Amnistía Internacional tiene como objetivo acompañar y visibilizar las demandas de las personas lesbianas y de las diversidades sexuales, así como recordar que el reconocimiento pleno de sus derechos humanos, la no discriminación y una vida libre de violencia siguen siendo desafíos pendientes”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.  

La Marcha Lencha, inspirada en las Dyke Marches internacionales, se ha consolidado como un espacio de resistencia, comunidad y orgullo para las poblaciones LBTQ+, visibilizando las formas específicas de discriminación que enfrentan las personas que aman, desean o construyen vínculos afectivos con otras mujeres y personas feminizadas. 

“Las autoridades tienen la obligación de garantizar el derecho a la igualdad, la no discriminación, la libertad de expresión y la protesta pacífica, así como de adoptar medidas efectivas para erradicar las violencias que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género en México”, señaló Olivares Ferreto. 

De acuerdo con la revista, Presentes en lo que va del 2026, al menos 11 mujeres trans han sido asesinadas en México. En los primeros quince días de abril asesinaron a Zamantha, Sabrina, Daniela y Ares. En todos los casos el nivel de ensañamiento es alto. Además, las activistas denuncian la falta de transparencia en las fiscalías. 

De enero hasta la primera semana de abril, en Michoacán se han registrado al menos seis asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, principalmente relacionados con discursos de odio y discriminación, lo que pone en alerta a colectivos de la diversidad sexual. 

Además, en esta edición, las organizadoras también llamaron la atención sobre los impactos sociales asociados al Mundial de Futbol 2026, incluyendo procesos de desplazamiento, gentrificación y privatización del espacio público que afectan de manera desproporcionada a comunidades históricamente discriminadas. 

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En el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y ante los hechos ocurridos la noche de ayer durante la movilización de familiares de personas desaparecidas, Amnistía Internacional llama a las autoridades de la Ciudad de México y federales a garantizar plenamente el derecho de los colectivos y familias de personas desaparecidas a manifestarse pacíficamente.  

“Las autoridades tienen la obligación de facilitar y proteger el derecho a la protesta pacífica, no de obstaculizarlo. Su actuación debe privilegiar el diálogo, la protección de la integridad de quienes se manifiestan y la adopción de medidas para prevenir cualquier forma de represión, intimidación o uso innecesario de la fuerza”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. 

Las autoridades tienen la obligación de facilitar y proteger el derecho a la protesta pacífica, no de obstaculizarlo. Su actuación debe privilegiar el diálogo, la protección de la integridad de quienes se manifiestan y la adopción de medidas para prevenir cualquier forma de represión, intimidación o uso innecesario de la fuerza”. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México

Las familias buscadoras han desempeñado un papel fundamental para visibilizar la crisis de desapariciones en México y para impulsar acciones de búsqueda, verdad, justicia e identificación. Su labor constituye una forma legítima de defensa de derechos humanos y debe ser reconocida, respetada y protegida por el Estado. 

En un contexto en el que la atención pública y mediática se concentra en acontecimientos de relevancia nacional e internacional, las autoridades deben asegurar que las demandas de las familias de personas desaparecidas puedan expresarse libremente, sin obstáculos indebidos y sin que sus integrantes sean estigmatizadas, criminalizadas o expuestas a riesgos adicionales. 

“Las familias buscan porque el Estado no ha garantizado plenamente verdad y justicia. Su exigencia no puede ser tratada como una amenaza al orden público. Garantizar su derecho a manifestarse no es una concesión: es una obligación del Estado mexicano”, Edith Olivares. 

Las familias buscan porque el Estado no ha garantizado plenamente verdad y justicia. Su exigencia no puede ser tratada como una amenaza al orden público. Garantizar su derecho a manifestarse no es una concesión: es una obligación del Estado mexicano”. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México

Amnistía Internacional llama a las autoridades a investigar cualquier denuncia sobre posibles abusos cometidos durante la movilización, garantizar la seguridad de las familias y colectivos, y asegurar que futuras protestas se desarrollen en condiciones de respeto, diálogo y protección efectiva de los derechos humanos. 

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• Despliegan mensaje gigante: “Esto también está en juego”

• Piden diálogo a Claudia Sheinbaum sobre demandas de organizaciones

En una acción histórica, más de cien organizaciones y redes de la sociedad civil de México y Estados Unidos se unieron para enviar un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las agudas problemáticas sociales y ambientales que aquejan al país, en lugar de concentrarse únicamente en el mundial de fútbol.

A dos días de la inauguración de la Copa del Mundo, con una enorme manta de 21 metros de largo desplegada a 60 metros de altura en la Estela de Luz por activistas de Greenpeace México, se denunció que los temas de migración, desapariciones, violencia, despojo, desplazamientos forzados y justicia ambiental han sido ignorados y que los intereses comerciales del T-MEC están por encima de la gente.

El mensaje enviado al Gobierno de México respecto de estas problemáticas fue claro:  “Esto también está en juego. El mundo está viendo”.

Las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Project Worldcup Spotlight y redes binacionales como el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC, alzaron la voz para expresar su rechazo a la asignación de recursos millonarios para la celebración de la Copa del Mundo por parte del Gobierno de México y demandaron atención a la grave crisis ambiental y de derechos humanos existente en la región.

Mientras que el Gobierno de México ha anunciado inversiones por hasta 2 mil millones de pesos para infraestructura en movilidad [1] en las tres ciudades sede y el despliegue de 100,000 agentes de seguridad pública, además de muchas otras inversiones millonarias por parte de los estados para asegurar la infraestructura y el desarrollo de este evento, no existe ninguna consideración por las necesidades urgentes que aquejan a la sociedad mexicana.

Con más de 133,000 personas desaparecidas en México, es urgente atender las necesidades derivadas de la desaparición forzada, garantizando el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos y la protección integral de las mujeres buscadoras que realizan esta labor frente a riesgos, amenazas y violencias. Así mismo, parar las redadas inhumanas y criminales del Instituto Nacional de Migración en México y la Agencia de Enforzamiento de Inmigración (ICE) en Estados Unidos y proteger y asegurar la inclusión de las más de 190,000 personas deportadas mexicanas [2] y cerca de 13,000 personas deportadas a México de otras nacionalidades -con estimaciones que van hasta las 20,000 personas- durante 2025 hasta marzo de 2026 [3].

En conferencia conjunta, también se alertó que la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, no debería ser para beneficiar a billonarios y corporaciones, sino a las personas trabajadoras, la naturaleza, la agricultura y a los derechos humanos, los cuales deberían prevalecer al centro de la relación comercial entre estos países.

No menos importante es la demanda de atención a las causas de la discriminación, el racismo, la violencia y el desplazamiento forzado de comunidades afro mexicanas e indígenas,  incluyendo los más de 2,000 desplazados de Chilapa, Guerrero, en el mes de mayo; así como la criminalización y el asesinato de defensores de derechos humanos.

También es urgente una política de gobierno que priorice el medioambiente y los derechos humanos sobre las inversiones en proyectos extractivistas en ecosistemas marinos y terrestres. Actualmente nos encontramos experimentando la devastación de la selva maya y los océanos a manos de un modelo de “desarrollo” que prioriza las ganancias de las corporaciones frente a la protección de la vida en todas sus formas.

La justicia ambiental es otro pendiente. Como muestra están los impactos del cambio climático, cada vez más intensos, que afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables; las comunidades desplazadas climáticas; otros procesos internos de migración forzada por el despojo de tierras y bienes naturales y un contexto nacional adverso y de alto riesgo para activistas ambientales y defensores de la tierra: tan sólo en 2025 perdieron la vida 10 personas haciendo esta labor, mientras que se registraron 314 agresiones específicas (por ejemplo difamación, estigmatización, intimidación y amenazas) [4].

Cuando hablamos de justicia, no sólo nos referimos a la social o la ambiental. Se trata, ante todo, de un derecho colectivo, porque lo que está en juego es la vida, la integridad y la dignidad de las personas.

Esto también importa y desde las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a dialogar con la sociedad civil y establecer compromisos para garantizar la justicia social y ambiental y el respeto a los derechos humanos para todas y todos.

Reiteramos que el mundo tiene los ojos puestos en los países sedes del mundial, no sólo por el evento deportivo sino como ojos vigilantes ante la falta de actuación frente a temas cruciales para la sociedad.

Posterior a este evento, las convocantes seguirán pronunciándose en México, Estados Unidos y Canadá en el marco de la Copa Mundial sobre estas causas.

NOTAS

[1]Gobierno de México, https://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-presidenta-inversion-de-2-mil-mdp-en-movilidad-para-…

[2] De acuerdo a información de la SEGOB,

[3] Human Rights Watch, “Casting Us Aside to Die” May 27, 2026 https://www.hrw.org/report/2026/05/27/casting-us-aside-to-die/cuban-and-other-third-country-nation…

[4] CEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (2025) Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2025. https://cemda.org.mx/wp-content/uploads/2026/04/Informe-Defensores-2025_Web_260415_173954.pdf

Para mayor información y o entrevistas comunicarse con:

Amnistía Internacional: César Delgado, al 55 6910 3139 y correo prensa@amnistia.org.mx

Greenpeace México: Sara Del Real, al 5540845320 y al correo sara.del.real@greenpeace.org

Global Exchange:  Elena Gutiérrez, al +13 237727598 y al correo elena@globalexchange  

CONTAREMOS CON FOTO Y VIDEO DISPONIBLES A PARTIR DE LAS 10:00 AM APROX. EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://drive.google.com/drive/folders/1rrMCkFUF7aNsnErUrMOJ8QQorfUT3ldh?usp=sharing

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“Hay que proteger y escuchar a los colectivos de mujeres buscadoras que planean una protesta pacífica para coincidir con el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de la Ciudad de México”, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del acto inaugural del torneo el 11 de junio.

Se prevé la asistencia de miles de personas a la marcha en la capital del país organizada por mujeres como homenaje a sus seres queridos desaparecidos, muchos de ellos reclutados a la fuerza por carteles de la droga o asesinados por resistirse. Amnistía Internacional actuará como entidad observadora en la protesta y habrá personas disponibles para ser entrevistadas.

A 25 de mayo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas había contabilizado 134.460 personas en paradero desconocido en México. Con poco apoyo de las autoridades, las mujeres que buscan verdad, justicia y reparación se han visto obligadas a buscar a sus seres queridos por sí mismas, llenando los vacíos que quedan cuando quienes están en el poder miran hacia otro lado. Ahora las mujeres, cuyo lema es “Que no se juegue con nuestro dolor”, reclaman justicia para sus seres queridos, más seguridad y que las autoridades acepten la ayuda de otros países para colaborar en su búsqueda.

“Cuando decenas de millones de personas de todo el mundo se preparan para sintonizar lo que la FIFA califica de ‘mayor ceremonia inaugural del planeta’, en México, miles de mujeres valientes aprovecharán la oportunidad para tomar las calles y recordar al mundo que sus seres queridos siguen en paradero desconocido y que su búsqueda continúa”, afirmó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México´.

Aunque las autoridades han dado luz verde a la marcha, las buscadoras son atacadas, insultadas, desacreditadas e incluso criminalizadas cada día por defender los derechos humanos en México.

Se trata de una crisis de proporciones enormes: son más las personas desaparecidas y en paradero desconocido en México que las que asistirán al partido inaugural de esta Copa Mundial.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México

Se trata de una crisis de enormes proporciones: son más las personas desaparecidas y en paradero desconocido en México que las que asistirán al partido inaugural de esta Copa Mundial. Es hora de que las autoridades mexicanas escuchen a estas mujeres que merecen verdad, reparación y justicia”, prosiguió Edith Olivares Ferreto. “Amnistía Internacional pide a las autoridades de todos los estados de México que respeten plenamente el derecho a la protesta pacífica y se abstengan de acciones que puedan desembocar en la represión de las manifestaciones. Vigilaremos de cerca el desarrollo de las movilizaciones en todo el país”.

Los riesgos que corren las personas que, como las buscadoras, protestan en México es una de las amenazas clave para los derechos humanos asociadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que Amnistía Internacional destacó en un informe el 30 de marzo. Además de la represión de las protestas pacíficas en los tres países anfitriones, la organización puso de relieve las políticas en materia de inmigración, abusivas y letales, de Estados Unidos, que han desembocado en una oleada de arrestos ilegales y detenciones y deportaciones masivas. En Canadá, las personas sin hogar corren el riesgo de ser objeto de redadas callejeras en las ciudades anfitrionas de Toronto y Vancouver.

No obstante los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional, grupos de personas aficionadas y otras organizaciones de derechos humanos, la FIFA y las autoridades de los países anfitriones no han ofrecido hasta el momento garantías públicas de que los eventos y encuentros relacionados con la Copa Mundial no serán objeto de actuaciones de control migratorio ni de que se permitirán protestas pacíficas dentro y fuera de los recintos. La FIFA no ha respondido aún a una carta de Amnistía Internacional en la que la organización preguntaba por estas garantías y pedía claridad sobre las banderas y pancartas que se prohibirían dentro de los recintos de la FIFA.

“No son solo los precios prohibitivos de las entradas lo que impedirá que muchas personas disfruten plenamente de esta Copa Mundial, sino que también está el hecho de que la FIFA y los países anfitriones no ofrezcan garantías de que respetarán los derechos de la afición y de las comunidades locales”, señaló Edith Olivares Ferreto. “El fútbol no puede ‘unir al mundo’ mientras las deportaciones masivas sigan devastando a las familias y sembrando el miedo y la división, ni mientras se impida que las personas se expresen libremente”.

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• AI se une a jornada de acción y alerta por la situación de más de 9 mil personas palestinas se encuentran privadas de su libertad  

•  94 mil personas respaldan petición ciudadana que solicita al Gobierno de México pronunciarse frente a la aprobación de la pena de muerte para personas palestinas  

Organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos de solidaridad con Palestina, artistas y activistas realizaron este jueves la jornada pública “El rostro del otro”, una serie de acciones pacíficas para visibilizar la situación de miles de personas palestinas privadas de la libertad y exigir el respeto irrestricto de sus derechos humanos. 

Como parte de la movilización, se entregó al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores el respaldo ciudadano de más de 94 mil firmas reunidas a través de una campaña pública que solicita al Estado mexicano condenar la aplicación de la pena de muerte y pronunciarse frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos contra personas palestinas detenidas. 

Amnistía Internacional se unió al llamado enérgico al Estado mexicano para condenar públicamente está nueva legislación. La organización advirtió que toda condena a muerte derivada de estas reformas constituye una violación del derecho a la vida, y, de ser impuesta por un tribunal militar, también constituiría un crimen de guerra.  

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana, señaló que ésta es “una acción más del apartheid, una violación grave de derechos humanos en el contexto de un régimen Institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro a fin de sostener ese sistema de exclusión”. 

Las organizaciones convocantes: Pulso Humano Global Call to Act; el Festival Yallah!   y colectivas de solidaridad con Palestina, señalaron su preocupación por las condiciones de detención, las denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por las medidas legislativas que podrían facilitar la imposición de la pena capital contra personas palestinas bajo ocupación. 

Más de 9 mil personas palestinas se encuentran privadas de libertad en Palestina por lo que resulta urgente reiterar el llamado al respeto del derecho internacional humanitario y de los altos estándares internacionales de derechos humanos. 

7 puntos de exigencia para el Estado Mexicano 

Las organizaciones convocantes señalaron llamaron al Estado mexicano a: 

• Condenar públicamente cualquier medida que permita la aplicación de la pena de muerte contra personas palestinas detenidas. 

• Exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

• Respaldar investigaciones internacionales independientes sobre denuncias de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y otras violaciones graves a derechos humanos. 

• Promover el fin de las detenciones administrativas sin debido proceso y garantizar el respeto a las garantías judiciales fundamentales. 

• Impulsar mecanismos internacionales de monitoreo y protección para las personas palestinas privadas de libertad. 

• Exhortar a las instituciones nacionales e internacionales competentes a pronunciarse frente a estas denuncias y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. 

• Las organizaciones reiteraron que la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana requiere acciones concretas de la comunidad internacional para prevenir nuevas violaciones y garantizar justicia para las víctimas. 

Información adicional 

Israel abolió la pena de muerte para los delitos comunes en 1954, pero la ha mantenido para los delitos conforme a la Ley de Genocidio y para la traición en el Código Penal. La última ejecución se llevó a cabo en 1962. Sin embargo, el 12 de mayo el Parlamento de Israel aprobó una ley que permite imponer la pena de muerte y celebrar juicios públicos contra personas acusadas de participar en los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023. La medida fue avalada por amplia mayoría en la Knesset, con 93 votos a favor y ninguna oposición. 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de quien sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza o las circunstancias del delito y del método de ejecución. A fecha de hoy, 113 países han abolido la pena capital para todos los delitos, siete países más que en 2020. 

Pongan fin al genocidio israelí contra Gaza
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• Suman hasta abril 133,503 personas desaparecidas, colectivas y familiares redoblan esfuerzos de búsqueda 

• Las mujeres buscadoras enfrentan riesgos, violencia, estigmatización y graves daños a la salud  

• Amnistía Internacional llama al Estado mexicano aceptar la asistencia internacional impulsada por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para enfrentar la crisis y garantizar la verdad  y justicia para las familias. 

En el marco de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, que se llevó a cabo este domingo10 de mayo, madres, hermanas, esposas y familiares de personas desaparecidas se congregaron para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y acciones efectivas frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país. 

En esta movilización nacional, las familias buscadoras reiteraron su demanda de respuestas, acceso a la justicia y reparación integral, frente a una problemática que continúa afectando a más de 133,503 personas desaparecidas y a sus familias en México, según datos del Registro Nacional hasta abril de este año. 

Amnistía Internacional, acompaña a las familias y colectivas buscadoras en su exigencia justicia y reparación por parte del Estado mexicano y hace un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las autoridades a todos niveles para garantizar la seguridad de las madres y personas que realizan labores de búsqueda. 

Las colectivas de búsqueda, han logrado organizarse en colectivas de todo el país, conformadas en más de un 90% por mujeres, quienes han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas ante la falta de respuestas efectivas del Estado. 

“Frente a las graves omisiones e ineficacia de las autoridades mexicanas, han sido principalmente las mujeres —madres, esposas, hermanas e hijas— quienes han asumido las labores de búsqueda, recorriendo cárceles, calles, fosas, zonas controladas por el crimen organizado y terrenos de alto riesgo para encontrar a sus familiares. Al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011, de ellas 21 son mujeres”, advirtió Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana. 

Entre riesgos, violencia y estigmatización 

En México, buscar a una persona desaparecida es una actividad de alto riesgo. En su informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, Amnistía Internacional documenta las experiencias de mujeres buscadoras y los riesgos que viven cotidianamente.  

El documento detalla que durante la búsqueda de familiares desaparecidos, las mujeres buscadoras enfrentan amenazas, ataques, extorsiones, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. 

Además, la búsqueda incansable trae consigo graves afectaciones a la salud física y mental, entre ellas depresión, ansiedad, trastornos del sueño e incluso padecimientos físicos derivados del desgaste emocional y el llanto prolongado. A ello se suman impactos sociales, como la estigmatización y el aislamiento que enfrentan muchas familias, así como afectaciones económicas relacionadas con la pérdida de empleo, las jornadas de búsqueda y el uso de recursos propios para continuar con su labor. 

De urgente atención 

Amnistía Internacional exhorta a las autoridades mexicanas, a los distintos niveles de gobierno, a adoptar medidas integrales y efectivas que garanticen la protección, el reconocimiento y la participación de las madres y familias buscadoras en las labores de búsqueda e investigación. 

“En México cada día desaparecen 90 personas, personas que son buscadas por sus propios familiares, especialmente mujeres: madres, hijas esposas, hermanas, abuelas y queremos poner el foco en lo que enfrentan. El Estado mexicano las debe reconocer como defensoras de derechos humanos lo que activaría mecanismos de protección tanto nacionales como internacionales.”, precisó Olivares Ferreto. 

Oportunidad ante la crisis 

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional llama al Estado mexicano a aprovechar la oportunidad abierta por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) para recibir asistencia internacional frente a la crisis de desapariciones en el país, y garantizar verdad, justicia y respuestas para las familias que buscan a sus seres queridos.  

El pasado 2 de abril, el CED remitió la situación de México a la Asamblea General de la ONU en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

Esta decisión podría traducirse en apoyo técnico y financiero para fortalecer la búsqueda, la identificación forense y las investigaciones, así como en medidas de protección para las familias buscadoras y personas defensoras.  

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Información de contexto:  

La militarización e impunidad deben ser objeto fundamental de recomendaciones a México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México  

Para obtener más información o concertar una entrevista, póngase en contacto con: 

Arabella Jiménez, Amnistía Internacional México: 

prensa@amnistia.org.mx

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La señora Araceli Rodríguez Nava, madre del policía Luis Ángel León Rodríguez, al hablar en el acto de disculpa pública a nombre de las familias de los policías federales desaparecidos y de la persona civil que les acompañaba. (Foto: Amnistía Internacional)

• El Estado mexicano se disculpó por la desaparición, la incertidumbre y la revictimización que han padecido las familias desde que denunciaron la desaparición de sus seres queridos hace más de 15 años

• Al hablar a nombre de las familias, la señora Araceli Rodríguez dijo que la violencia institucional que sufrieron constituyó un proceso de tortura psicológica continuada

• Amnistía internacional advierte que la disculpa pública es un paso en la reparación integral del daño y que sigue pendiente el acceso de las familias a la verdad de los hechos, a la justicia, y a garantías de no repetición

Hoy se llevó a cabo un acto de disculpa pública para honrar la memoria de los policías federales Luis Ángel León Rodríguez, Juan Carlos Ruiz Valencia, Bernardo Israel López Sánchez, Jaime Humberto Ugalde Villeda, Pedro Vázquez Hernández, Israel Ramón Usla y Víctor Hugo Gómez Lorenzo, quienes desaparecieron el 16 de noviembre 2009 en el Estado de Michoacán, mientras cumplían con su deber, acompañados por la persona civil Sergio Santoyo Garcías.

La disculpa pública fue aceptada a nombre de las familias de los policías desaparecidos y de la persona civil, por la señora Araceli Magdalena Rodríguez Nava, madre del policía Luis Ángel León Rodríguez. La disculpa fue ofrecida por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Estado mexicano a las familias de las víctimas por la desaparición, la incertidumbre y la revictimización que han padecido a lo largo de más de 15 años, tiempo en que no han cesado de buscar a sus familiares.

Deficiencias en la actuación de la autoridad

Tras de la denuncia por la desaparición de los seis policías y la persona civil, las circunstancias exactas derivadas de ese hecho no fueron esclarecidas de manera inmediata; tampoco se activaron de manera oportuna los mecanismos de búsqueda. Además, hubo omisiones en la recolección de información clave sobre el operativo en que participaban, y sobre los posibles responsables. Igualmente se perdió un tiempo fundamental para su localización y hubo fallas en la coordinación entre autoridades federales y estatales.

La señora Araceli describió que las familias promovieron quejas ante el órgano interno de control de la policía federal, así como en asuntos internos; en la Secretaría de la Función Pública; acudieron a la Cámara de Diputados; al Senado de la República e instancias internacionales. La desaparición de su hijo fue documentada por Amnistía Internacional en el informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México.

En su búsqueda de justicia fueron víctimas de violencia institucional. Al solicitar la intervención de la autoridad, ésta les respondió que si querían saber de sus familiares los buscaran ellos mismos; les dijeron que habían desacatado sus órdenes; que eran unos desertores y que les estaban iniciando actas por abandono de trabajo.

Al hablar a nombre de las familias, la señora Araceli precisó que esas respuestas constituyeron para ellas un proceso de tortura psicológica continuada que tuvieron que soportar. Las familias llevaron el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió la Recomendación 66/2017, el 4 de diciembre de 2017.

Araceli advirtió que la disculpa pública llega después de años de dolor, silencio y lucha y que asistieron al acto con el peso de la ausencia de sus familiares desaparecidos. Precisó que la disculpa pública “es un paso importante pero no borra el daño ni devuelve lo que les ha sido arrebatado, ninguna palabra llena el vacío que dejó la ausencia, por eso hoy no estamos aquí sólo para escuchar, estamos aquí para recordar que las víctimas tenemos derecho a algo más que palabras, tenemos derecho a la verdad concreta, sin ocultamientos ni medias respuestas”.

Exigió de las autoridades garantías de que los hechos no vuelvan a repetirse, que el Estado transforme sus palabras en políticas públicas y acciones de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno; destacó la necesidad de que haya cursos de capacitación para las autoridades municipales, estatales y federales en proximidad ciudadana y primer contacto, en derechos humanos, entre otros temas diversos, para una diga atención a las víctimas y a la sociedad en general.

Manifestó su esperanza de que en México “nunca más se repitan estas injusticias y que la verdad prevalezca. Las víctimas, dijo, seguirán recordándole al Estado su responsabilidad con la verdad, la justicia, la memoria, la reparación digna y justa y la no repetición de los hechos”.

Por su parte la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto declaró: “hoy acompañamos a las familias de las ocho personas desaparecidas en este gran logro que implica para ellas haber obtenido esta disculpa pública del Estado mexicano, que es un paso significativo para honrar la memoria de sus familiares en su lucha por la reparación integral del daño. Cabe destacar que sigue pendiente que tengan acceso a la verdad de los hechos, a la justicia, así como a garantías de no repetición”.

“En Amnistía Internacional nos mantendremos atentas de que el Estado cumpla el compromiso de continuar la investigación sobre la desaparición de las ocho personas hasta dar con su paradero.

“Es importante destacar también que la desaparición de una persona genera un daño continuo en el tiempo, caracterizado por la incertidumbre y la falta de respuesta del Estado. Luis Ángel y sus compañeros no debieron desaparecer, las familias de los policías y de la persona civil no debieron hacer la búsqueda solas, no debieron verse afectadas en su salud física y mental por la desaparición de sus familiares, no debieron escuchar que éstos eran un expediente, un caso, un número. Hoy estamos aquí para nombrar que el Estado no cumplió y sigue sin cumplir con su deber de prevenir, investigar y sancionar las desapariciones”, agregó Edith Olivares Ferreto.

Información de contexto:

Informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México

Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a:

Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional México:

prensa@amnistia.org.mx

+52 55 2265 4331 (solo whatsapp)

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Foto: Amnistía Internacional, sección mexicana.

• Los controles democráticos a las fuerzas armadas, la apuesta por un modelo civil de la seguridad y la atención urgente a causas estructurales de impunidad deben ser temas centrales para avanzar en la garantía y el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho en México.

• Urgimos al Estado mexicano a mostrar apertura a las recomendaciones y transformarlas en acciones concretas para resolver los problemas estructurales de seguridad, justicia y derechos humanos en México.

Ciudad de México, 22 de abril de 2026. Las organizaciones civiles firmantes saludamos la visita a México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y le extendemos un respetuoso llamado público a considerar los retrocesos en materia de seguridad, justicia y Estado de Derecho, para que formen parte de las recomendaciones que derivarán de su visita a nuestro país.

Pese a las recomendaciones de organismos internacionales al Estado mexicano para un plan de retiro de las fuerzas armadas, su uso en seguridad pública continúa. Sin embargo, la violencia no ha disminuido y, por el contrario, preocupa que el uso de la militarización para atenderla ha causado violaciones graves a los derechos humanos.

Advertimos también que el poder político y económico de las fuerzas armadas se ha extendido a otros rubros civiles, como la administración de puertos, la construcción de infraestructura y el control de empresas. Incluso, en 2024, se eliminaron de la Constitución las normas que impedían a las fuerzas armadas emprender tareas civiles en tiempos de paz, incluidas las funciones de seguridad. Esto erosiona al Estado de Derecho, por lo que es urgente implementar mecanismos de control democrático y rendición de cuentas a las fuerzas armadas, además de insistir en la importancia de un modelo civil de la seguridad.

La estrategia de combate armado contra el crimen organizado no ha funcionado para reducir la violencia y la criminalidad. Por el contrario, la violencia letal y la crisis de desapariciones en México se agravan. Es indispensable que el Alto Comisionado conmine al gobierno de México a cooperar con instancias internacionales para adoptar medidas inmediatas para la prevención, búsqueda y protección de las víctimas.

La impunidad generalizada es una prioridad urgente: como señalamos al Alto Comisionado, sólo 1 de cada 100 delitos se resuelve en México. Es indispensable atender sus causas estructurales: la débil capacidad investigativa, la ausencia de protección a testigos, la corrupción y la falta de autonomía real de las Fiscalías.

La reforma judicial removió a más de 6,000 personas juzgadoras de carrera para sustituirlas mediante voto popular. Esto sin garantizar conocimientos, aptitudes e independencia, generando un retroceso en la división de poderes. Las elecciones judiciales de 2025 tuvieron consecuencias graves: resultaron electas personas sin capacidad jurisdiccional, muchas vinculadas al poder político o al crimen organizado.

Resaltamos la necesidad de abolir la prisión preventiva oficiosa —en lugar de aumentarla, como ha sucedido en los últimos años— para que las autoridades sólo puedan recurrir a la prisión preventiva cuando se justifique como necesaria y proporcional caso por caso; así como garantizar mecanismos de control constitucional como el amparo.

Confiamos en que la visita del Alto Comisionado será una oportunidad para que el Estado mexicano abra caminos de diálogo, cooperación y acciones concretas necesarias para atender las diversas problemáticas vinculadas con las violaciones a derechos humanos. Por lo que consideramos indispensable integrar las documentaciones, testimonios y voces expertas de víctimas, colectivos y sociedad civil defensora de derechos humanos, en busca de un mejor país.

Organizaciones firmantes:

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Amnistía Internacional México.

Intersecta.

Juicio Justo.

Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C.

Programa de Seguridad Ciudadana, Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Contacto con medios:

Paola Ramos | comunicacion@mucd.org.mx | (+52) 5518 400457

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Aspecto del presidium durante la presentación del capítulo México que forma parte del informe La situación de los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional. (Foto: Carla Ramírez, Amnistía Internacional)

• Amnistía Internacional presentó su informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26 y un balance del primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum

• El movimiento hace un respetuoso llamado al Estado mexicano a que atienda la solicitud del CED de la ONU, es una oportunidad histórica para abordar la desaparición de personas

• La reforma al poder judicial debe ser revertida y la seguridad pública debe recaer en un mando federal de carácter civil

• Amnistía Internacional plantea más de 30 recomendaciones orientadas a garantizar los derechos humanos en un amplio abanico de temas

La profunda crisis de derechos humanos que afecta al país sigue sin ser atendida de manera adecuada. Algunas medidas tomadas en el primer año de gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum podrían afectar aún más esa delicada situación. Entre esas decisiones está la profundización de la militarización de la seguridad pública, la decisión de mantener la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, así como seguir negando la crisis de desapariciones, que ha alcanzado niveles altísimos. Todo ello en un contexto en el que la impunidad por crímenes comunes sigue siendo motivo de alarma.

Lo anterior fue destacado hoy por Amnistía Internacional en la presentación de su informe anual global La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26, en cuyo marco se presentó también el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

En este último documento se analizan cuatro temas fundamentales: Reconfiguración institucional, seguridad ciudadana, espacio cívico y violencia contra grupos marginalizados. Estos rubros no agotan la agenda de derechos humanos, pero al leerse a la luz del informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26, se obtiene un panorama amplio de la situación de los derechos humanos en México.

“En Amnistía Internacional reconocemos que la Jefa del Ejecutivo recibió un país con una profunda crisis de derechos humanos, advertimos también que algunas medidas que ha adoptado podrían afectar aún más esa delicada situación, por lo que en nuestro informe incluimos más de treinta recomendaciones orientadas a que se avance en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.

“Ante la crisis estructural de la desaparición de personas, hacemos un llamado respetuoso a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, porque de ella pueden surgir contribuciones fundamentales para el abordaje de ese tema, que afecta a miles de familias en México. El trabajo conjunto facilitaría además la asistencia de la comunidad internacional. Estos apoyos son fundamentales para trazar el camino que eventualmente lleve justicia a las familias de las personas desaparecidas”, agregó Edith Olivares Ferreto.

Cambios institucionales cuestionados

En el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, se advierte que la reconfiguración institucional, empezando por la reforma al poder judicial, dista de cumplir con los estándares internacionales en la materia. La selección de jueces y magistrados, a través de consideraciones políticas y no técnicas ha trastocado la independencia judicial. La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que nueve de las candidaturas más votadas a la SCJN se promovieron por listas distribuidas por partidos políticos y estructuras de gobiernos locales, previo a la elección.

Respecto de la Guardia Nacional (GN), institución encargada de la seguridad pública, ésta adquirió un carácter eminentemente militar por la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, que la convirtió, en los hechos, en un componente de las Fuerzas Armadas. Pese a ello el gobierno negó que se esté militarizando el país, aduciendo que el mando de la GN recae en la presidenta y porque la estrategia de seguridad es diseñada en la Secretaría de Seguridad.

Amnistía Internacional llama la atención sobre el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no impugnara la reforma constitucional de 2024. De hecho, es notoria la postura de ese organismo de no pronunciarse sobre posibles violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, así como su tendencia a no involucrarse en los principales debates de derechos humanos del país, como la regresiva reforma del poder judicial y a favorecer la postura del gobierno mexicano.

Su posición en contra del anuncio del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), de activar el artículo 34 de la Convención Internacional contra la desaparición es otro ejemplo de ello. Incluso señaló que esa decisión violaba la soberanía de México y negó que las desapariciones se pudieran atribuir al Estado. Al no actuar de forma independiente y autónoma, como lo establecen los Principios de París, la CNDH “priva a la población (…) de un mecanismo no jurisdiccional que promueva y proteja sus derechos humanos”, precisa el referido informe.

En los dos informes referidos, Amnistía Internacional pone de manifiesto el grave problema que ha significado el cierre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones fueron transferidas al organismo denominado Transparencia para el Pueblo, que ha desechado el 99.6% de los recursos de revisión interpuestos.

Seguridad pública, se profundiza la militarización

La asignación de tareas de seguridad pública a militares implica altos riesgos para el derecho a la vida de las personas. El 2 de octubre de 2024 elementos del ejército dispararon a un vehículo donde viajaban unas 30 personas migrantes en Chiapas, muriendo seis de ellas y una decena resultaron heridas. Ese mes, en Tamaulipas, personal militar privó de la vida a tres personas en dos hechos diferentes.

En mayo de 2025 dos niñas murieron en Sinaloa cuando militares dispararon contra el vehículo familiar en que viajaban. Amnistía Internacional ha advertido al Estado mexicano que las labores de seguridad no son compatibles con la misión de las fuerzas armadas y están en tensión con el entrenamiento de su personal. Además, ve con preocupación que no hay un sistema transparente y público que monitoree las muertes de civiles como las descritas, lo que contraviene el principio de rendición de cuentas.

Amnistía Internacional reitera su llamado al Estado para abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública y para que ponga en práctica estrategias de seguridad que sitúen en el centro a las personas y sus derechos humanos.

Desaparición de personas, sin avances relevantes en su prevención

En el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, Amnistía Internacional detalla ampliamente el fenómeno estructural de la desaparición de personas y su tipología. Ésta ha alcanzado niveles altísimos con al menos 133,000 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras de fines de 2025. En general, las desapariciones permanecen en la impunidad.

En el documento se denuncia la ausencia de las autoridades en la búsqueda de esas personas, lo que ha llevado a la creación de decenas de organizaciones que hacen esa labor y que son encabezadas en su gran mayoría por mujeres; advierte además del riesgo que esa actividad implica para su vida. En 2025 se reportó el asesinato de al menos siete personas buscadoras.

Además, sigue sin haber información que establezca cuantas de esas desapariciones se pueden considerar desaparición forzada o son de otro tipo. Estos elementos, entre otras variables, enmarcan la crisis de desaparición de personas en México en la que, hasta la fecha, no se han registrado avances relevantes en materia de prevención.

Justicia penal que vulnera derechos

Respecto del sistema de justicia penal, en el informe Promesas en marcha derechos en riesgo, se advierte sobre el abuso de la figura del arraigo, que es una forma de privación de la libertad sin cargos que puede extenderse hasta por 80 días y de la prisión preventiva oficiosa, por la cual las personas acusadas de ciertos delitos enfrentan el juicio encarceladas.

Ante la insistencia del Estado mexicano de mantener ese tipo de detenciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sentencias en dos casos, en las que determina que México vulnera “los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente y a la presunción de inocencia; por lo que ordenó al Estado adecuar su ordenamiento jurídico sobre prisión preventiva oficiosa”. Dichas sentencias no han sido acatadas, bajo el argumento de que es un “despropósito (…) ponerse por encima de la Constitución”.

Derecho de manifestación en riesgo

Las autoridades no han tomado las medidas suficientes para que las personas ocupen sin restricciones indebidas el espacio cívico para expresar sus opiniones de manera libre y pacífica. Si bien las manifestaciones no son prohibidas por el Estado, en éstas se efectúa un despliegue masivo de policías que, en ocasiones, dispersan manifestaciones pacíficas sin justificación y sin cumplir los requisitos del derecho internacional de los derechos humanos.

También se llegaron a registrar detenciones arbitrarias de personas manifestantes, como en las protestas del 8 de marzo de 2025 en Chihuahua, Coahuila e Hidalgo, de acuerdo con informes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Pese a que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza regula de manera deficiente el uso de armas y de la fuerza por los cuerpos policiales en manifestaciones, la SCJN reconoció la validez de los artículos 27 y 28 relacionados con esos temas y el Congreso no ha modificado esa ley para adecuarla a las normas del derecho internacional y estándares internacionales de derechos humanos

Por otra parte, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen siendo sometidas a vigilancia selectiva, con el objetivo de interceptar indebidamente sus comunicaciones y capturar información crucial para su labor, lo que afecta su derecho a la privacidad. El Estado tampoco ha tomado medidas para investigar y sancionar esa actividad ilegal y mucho menos ha dado garantías de que eso ya no ocurra.

Al contrario, la presidenta Sheinbaum impulsó reformas legales que aprobó el Congreso y que facultan a las autoridades de seguridad a acceder a información de la población sin los debidos controles, por ejemplo, a la Guardia Nacional le es permitido tener acceso a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, sin previa autorización judicial. Otras normas facultan a autoridades administrativas, que operan en ámbitos distintos a la seguridad, para conocer información privada.

Por ello, Amnistía Internacional insta en el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, a que el Estado tome medidas enfocadas en respetar y proteger el derecho a la privacidad de las personas.

Igualmente insta a las autoridades a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realicen su trabajo sin temor a represalias. Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), revelan que 77 personas defensoras de los derechos ambientales sufrieron criminalización en 2024, en tanto que Front Line Defenders, reveló que en el mismo año fueron asesinadas en México 32 personas defensoras.

Las personas periodistas enfrentan riesgos como hostigamientos, detención arbitraria, desaparición y asesinato, actos que pueden provenir de distintas fuentes, incluyendo agentes no estatales, como el crimen organizado. Del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 fueron asesinadas, al menos, nueve personas periodistas en México. La organización Artículo 19 documentó además 51 casos en los que se ha hecho uso indebido de procedimientos judiciales, civiles e incluso electorales para silenciar periodistas.

En lo que respecta a las violencias que afectan los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, el gobierno tomó algunas medidas relevantes para mejorar la situación de las personas que enfrentan violencias y discriminación, por ejemplo, creó la Secretaría de las Mujeres y aprobó una reforma constitucional en favor de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Sin embargo, las medidas no han sido lo suficientemente efectivas para superar la discriminación y las violencias que padecen mujeres; las personas LGBTI y en particular, las personas trans, que enfrentan discriminación cotidiana y violencia en un ambiente de casi completa impunidad. Las personas de pueblos originarios y afromexicanas han visto algunos avances importantes en el reconocimiento a sus derechos con la reforma constitucional de 2024. Sin embargo, siguen enfrentando estigmas y prejuicios que impactaron en el disfrute de sus derechos debido a que el Estado no tiene políticas contra la discriminación racial estructural.

Recomendaciones al Estado mexicano

En el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, Amnistía Internacional plantea un total de 38 recomendaciones relacionadas con los temas que aborda y que están orientadas al avance en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. A continuación se refieren algunas de ellas:

Propone revertir urgentemente la reforma judicial; adoptar medidas para garantizar que la CNDH cumpla con su funsión de manera independiente; rediseñar el sistema de acceso a la información pública mediante un organismo independiente, que no responda a instrucciones del poder ejecutivo.

Reformar el sistema de seguridad pública de tal forma que el cumplimiento de la ley y las tareas de seguridad pública recaigan en un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil y con un enfoque de respeto y protección de los derechos humanos. En este sentido, insta a que se elabore un plan que retire de forma ordenada a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y que se efectúe una reforma constitucional que disponga que éstas no puedan participar en labores de seguridad ciudadana.

Reformar la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, para que delimite claramente el uso de la fuerza letal, además de que limite y especifique los tipos de armamento permitido y sus usos. Que garantice, además, el derecho a manifestaciones pacíficas.

Plantea también reconocer la crisis de desaparición que ocurre en México y tomar todas las medidas pertinentes para que cesen esas desapariciones y se lleve a las personas sospechadas de responsabilidad penal ante los tribunales de carácter civil, en juicios justos.

Adoptar medidas concretas para erradicar la impunidad; garantizar la integridad, probidad e independencia del personal que dirige tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales.

Reconocer públicamente la legitimidad del derecho a la libertad de reunión pacífica; derogar las reformas legales que permiten la vigilancia de la población y la intervención de comunicaciones o la geolocalización de dispositivos móviles; reconocer la legítima labor que llevan a cabo las personas defensoras de derechos humanos y las personas periodistas; reconocer pública e institucionalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos.

Reconocer públicamente la magnitud del problema de los feminicidios en México; tomar medidas en contra de la impunidad en casos de feminicidios y garantizar una reparación integral a las familias de las víctimas de ese delito; eliminar el delito de aborto consentido de los códigos penales de la federación y las entidades federativas.

Asegurar en la ley y en la práctica el derecho de los pueblos indígenas; reconocer ampliamente, mediante una nueva reforma constitucional, los derechos de los pueblos indígenas a la posesión, titularidad, uso, control y desarrollo de sus tierras, territorios y recursos; garantizar que toda la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de migración se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos; garantizar que la Guardia Nacional no realice acciones de control migratorio.

Información de contexto

En la presentación de ambos informes, efectuada en Casa Creatura-Pensamiento Crítico, participaron:

La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana, Edith Olivares Ferreto; Roberto Miguel Sánchez Campos, Codirector de Kanan Derechos Humanos; María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño, víctima de feminicidio. Su caso fue documentado por Amnistía Internacional en el informe Juicio a la justicia, deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.

También se contó con la participación de la señora Beatriz Zapoteco Neri, mujer buscadora de la comunidad Nahua en Zitlala, Guerrero, quien busca a su esposo Santiago Tixteco Cosme. Su caso fue incluido en el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México.

Los comentarios a ambos informes fueron hechos por la periodista y comunicadora mexicana Carmen Aristegui.

Información adicional

Informe: La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26

Informe: Promesas en marcha, derechos en riesgo, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

México: Activación del artículo 34 de la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Comité contra la Desaparición Forzada (CED) Decisión en virtud del artículo 34 de la Convención: México

Si desea información adicional, o concertar una entrevista, puede contactar a:

Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional sección mexicana.

prensa@amnistia.org.mx

+52 55 2265 4331 (sólo whatsapp)

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Aspecto de la contingenta de Amnistía Internacional que participó en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX. (Foto Amnistía Internacional, sección mexicana)

• El aparato institucional y legal, creado para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, trabaja con lentitud y sus avances no alcanzan niveles promisorios

• Amnistía Internacional demanda al Estado mexicano que respete el derecho de las colectivas que se manifiestan este 8M en todo el país

“¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!”, al convocante grito de esta consigna y con el ritmo de fondo de una batucada, activistas de Amnistía Internacional en la CDMX, y en diversos estados del país, participan hoy en la emblemática marcha por el Día Internacional de la Mujer (8M), para manifestarse contra la dominación y opresión institucionalizada y sistemática basada en el género, por la exigencia de justicia, por la igualdad y el fin de la violencia de género.

Contingentas de activistas de Amnistía Internacional marcharán en los estados de México; Guanajuato; Michoacán; Puebla; Veracruz; San Luis Potosí; Querétaro y Baja California, entre otros. En la CDMX la contingenta de Amnistía Internacional saldrá de la Glorieta de las Mujeres que luchan.

Como cada año, millones de mujeres en todo el país toman las calles ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y manifestación para reiterar la exigencia al Estado mexicano de instaurar políticas públicas adecuadas y eficaces para lograr la igualdad de género y el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Desde Amnistía Internacional vemos con preocupación que el aparato institucional y legal creado desde hace más de 30 años para ese fin en México, si bien ha tenido avances, éstos se dan con lentitud y sus resultados no alcanzan aún niveles promisorios de cambio.

“Desde Amnistía Internacional reiteramos al Estado mexicano que respete el derecho de las mujeres a manifestarse pacíficamente y se abstengan de realizar detenciones arbitrarias o uso indebido de la fuerza. Nuestro llamado tiene como antecedente la represión que sufrieron colectivas feministas en 2020 –que se manifestaban contra la violencia de género–, por parte de las fuerzas de seguridad en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México. Los hechos fueron documentados en nuestro informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.

“Las mujeres mantenemos nuestra exigencia porque se ponga fin a los feminicidios, a la violencia sexual y física, a las que se suma la digital; así como la trata de personas. Demandamos la vigencia de nuestros derechos sexuales y reproductivos; la despenalización completa del aborto; el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres de la diversidad y de las personas con capacidad de gestar; de las madres que buscan a sus hijas desaparecidas; de las mujeres indígenas; de las madres con infancias; de las mujeres con discapacidad y de las mujeres migrantes.

“La lista es larga y el Estado mexicano, sexenio tras sexenio, sigue sin estar a la altura de la responsabilidad que tiene ante las mujeres que somos más de la mitad de los habitantes de este país”, agregó Edith Olivares Ferreto.

“Es necesario advertir también que, además de su legislación interna, el Estado mexicano adquirió compromisos internacionales en pro de los derechos de las mujeres, entre ellos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, considerada el marco de políticas internacional más exhaustivo para concretar los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, desde Amnistía Internacional vemos que la falta de voluntad política del Estado es un obstáculo para cumplir con dicho instrumento y para que las instituciones encargadas de las políticas públicas en materia de género funcionen”, precisó Edith Olivares Ferreto.

Miles de mujeres volvieron a tomar las calles para mantener la exigencia al Estado mexicano de salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres, el fin de las diferentes violencias que las afectan y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado para garantizar sus derechos humanos. (Foto: Amnistía Internacional, sección mexicana)

Lucha sostenida

El 8M es la fecha emblemática en la que las mujeres toman las calles para reclamar la vigencia de sus derechos humanos. Pero a lo largo del año las colectivas feministas organizan también talleres, conferencias, jornadas de reflexión, acciones simbólicas, entre muchas otras actividades, en algunas de las cuales se cuenta con el acompañamiento de Amnistía Internacional.

Es una lucha que no termina y que tiene el impulso de un movimiento de mujeres muy jóvenes, que es muy amplio y diverso, que mantiene vivas las exigencias y la esperanza de que la situación de las violencias contra las mujeres cambié en México.

Información de contexto

En mayo de 2025, Amnistía Internacional junto con Ipas Latinoamérica y el Caribe, enviaron un informe sombra al 91 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el marco del examen del octavo informe periódico que se practicó a México.

En él se documentaron las violencias y afectaciones que sufren las mujeres que buscan a las personas desaparecidas en México; las deficiencias en las investigaciones de feminicidios; casos de mujeres mexicanas que tuvieron que huir de su lugar de origen para buscar protección en Estados Unidos, debido a violencia de género, así como las barreras que impiden acceso al aborto legal. Cada tema se acompaña con una serie de recomendaciones, las cuales fueron retomadas por el Comité en incluidas en su informe final dirigido a México.

En junio del mismo año, la Alianza por los derechos de Mujeres y Niñas en toda su diversidad CEDAW 91, de la que forma parte Amnistía Internacional sección mexicana, envío a dicho Comité un diagnóstico sobre las vulneraciones a las vidas y los derechos de las niñas y mujeres en toda su diversidad.

El documento incluyó, entre otros temas, obstáculos estructurales en el acceso a la justicia para mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas, trans y privadas de la libertad; la problemática para el acceso a un aborto seguro; ausencia de políticas efectivas para eliminar la violencia por razón de género; situación de los feminicidios; violencia contra mujeres trans y exclusión de las mujeres agrícolas.

El documento incluyó también una serie de recomendaciones dirigidas a la CEDAW para que fueran presentadas al Estado mexicano.

Datos sobre violencia contra las mujeres

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , en enero de 2025 se registraron 187 mujeres víctimas de homicidio doloso, mientras que en enero de 2026 la cifra bajó a 128 víctimas. Esta disminución representa una reducción significativa en el número de mujeres asesinadas con intención dolosa de un año a otro. La misma fuente indica que en enero de 2026 hubo 31.6% menos homicidios dolosos contra mujeres que en enero de 2025.

Otro dato alarmante es que del total de personas desaparecidas, 102,684 eran hombres (77,87%), 28,769 mujeres (21,88 %) y 406 no identificadas ( 0,31 %). En enero de 2026 desaparecieron 631 personas, de las cuales 470 eran hombres (74,48%), 161 mujeres. El mes siguiente, febrero, desaparecieron un total de 621 personas. De ellas, 438 eran hombres (70,53%), 183 mujeres (29,47%). En este mes, los estados con más desapariciones fueron: México, 109; Guanajuato, 55 y Sonora con 48.

En enero más de la mitad del total de mujeres desaparecidas eran menores de 19 años (55,3) y en febrero esta cifra casi llega a la mitad del total (49,7%).

En cuanto a la cifra de feminicidios, ésta ha permanecido igual en enero de 2025 y enero de 2026, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En enero de 2026, unas 5 mujeres menores de edad fueron asesinadas.

Si desea información adicional, o concertar una entrevista, puede contactar a:

Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional México.

prensa@amnistia.org.mx

+52 55 2265 4331 (solo whatsapp)

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·         Durante su participación, las juventudes de Querétaro urgieron a las autoridades competentes a  crear o fortalecer mecanismos, legislaciones, políticas públicas y áreas especializadas en diversidad sexual para prevenir discriminación y violencia hacia las personas LGBTTTIQ+, además de trabajar por lograr una justicia incluyente.

·         En el marco del 01 de marzo “Día de la Cero Discriminación”.

“Con esta capacitación estamos brindando herramientas teóricas y creativas a estudiantes, así como a jóvenes de organizaciones juveniles de la sociedad civil para que puedan identificar y saber cómo responder a los actos de discriminación e intolerancia en la vida cotidiana, en base a los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, así como a los derechos de las personas LGBTTTIQ+, además de darles a conocer la labor de incidencia y modelo de activismo de Amnistía Internacional en nuestra entidad”. Así lo expresó Andrea Melissa Olvera Aguilar, activista y voluntaria de Amnistía Internacional en Querétaro, al impartir la capacitación “Latido Común: Jóvenes por la Diversidad”, a más de 50 estudiantes universitarios y juventudes de SOS Discriminación Internacional Querétaro, México en las instalaciones del Centro Cultural “La Casa del Faldón”, en el marco del 01 de marzo “Día de la Cero Discriminación”.

En ese sentido, las juventudes de SOS Discriminación Internacional Querétaro y estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro; la Universidad Politécnica de Querétaro; la Universidad Aeronáutica en Querétaro; la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Londres, destacaron la importancia de la mencionada capacitación, sobre todo en el marco del 01 de marzo “Día de la Cero Discriminación”, ya que dicha fecha se conmemora para hacer frente a la discriminación sea cual sea.

“Porque tal y como lo establece el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948: ´Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos´, agregando que las personas dotadas de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente. En ese sentido, nadie tiene la potestad de discriminar o violentar a alguien para arrebatarle su dignidad, así como sus derechos y mucho menos por causa de su edad, género, orientación sexual, identidad de género, color de piel, discapacidad, estado de salud, condición económica o cualquier otra diferencia”. Puntualizaron las y los estudiantes.

En el mismo tenor, las juventudes de SOS Discriminación Internacional Querétaro, México lamentaron que durante 2025 la Fundación Arcoíris A.C., registró 89  casos de violencia contra las personas LGBT+ en México, pues los crímenes de odio hacia la diversidad sexual persisten al igual que la impunidad, en un contexto en el que se reducen los espacios seguros para dicha población, ya que los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTTTIQ+, que se conforma a partir de información recuperada de notas periodísticas (ante la falta de un registro oficial sobre crímenes de odio por orientación o identidad de género que de un panorama real), durante 2025 registró 40 homicidios y 49 desapariciones de personas de la diversidad sexual.

Por ello, urgieron a las autoridades competentes de Querétaro, así como de todo el país a  crear o fortalecer mecanismos, legislaciones, políticas públicas y áreas especializadas en diversidad sexual para garantizar su derecho constitucional a la no discriminación y a vivir libres de violencia. Además de brindar capacitación al personal policial, de investigación y jueces libre de estigmas o prejuicios para atender la violencia que sufre la población LGBTTTIQ+ y que se brinde una justicia incluyente, libre de cualquier forma de discriminación y violencia.

Finalmente, Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, maestro en estudios de género, identidad y ciudadanía por la Universidad de Huelva, España y presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro, México felicitó los estudiantes y juventudes de Querétaro por su interés, dedicación y participación en los temas de derechos humanos y no discriminación.

Del mismo modo, reconoció a la activista juvenil Andrea Melissa Olvera Aguilar, así como a todo el voluntariado de Amnistía Internacional en Querétaro, México, España y de todo el mundo, debido a que con su labor incansable continúan promoviendo la participación activa y unida de la gente joven, a través del empoderamiento y la formación en derechos humanos para prevenir y hacer frente a cualquier forma de discriminación, así como de violencia.

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Integrantes de #HastaEncontrarte y de Amnistía Internacional, luego de reunirse con representantes de la Secretaría de Gobierno y de diversas dependencias del gobierno del Estado de Guanajuato.

• En los encuentros se trataron temas relacionados con la seguridad, la salud y apoyos que requieren las mujeres buscadoras

• Las reuniones se realizaron con la Secretaría de Gobierno, las Comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas y con el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado

• En el marco del 5° aniversario de #HastaEncontrarte, Amnistía Internacional entregó a la colectiva firmas de activistas alemanes que expresan su solidaridad con las labores de búsqueda que realizan

Una delegación de Amnistía Internacional brindó acompañamiento a integrantes de la colectiva #HastaEncontrarte en una serie de reuniones con autoridades del gobierno de Guanajuato. La agenda de trabajo incluyó temas vitales para las mujeres buscadoras, tales como atención a su salud física y emocional, económicos, de educación, asesoría jurídica y medidas de seguridad que requieren al realizar búsquedas.

Los encuentros se llevaron a cabo los días 18 y 19 de febrero de 2026, en seguimiento de los acuerdos establecidos entre las partes el 31 de agosto de 2025.

Integrantes de Amnistía Internacional asistieron también, el 19 de febrero, al 5° aniversario de la colectiva #HastaEncontrarte, a cuyas integrantes les entregaron cartas de apoyo a su labor –físicas, además de otras digitales–, que les fueron enviadas por activistas de la sección alemana de Amnistía Internacional en el marco de la campaña Buscar sin miedo.

Esta campaña incluye el informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, que ha recibido una amplia difusión en las secciones de Amnistía Internacional de diversos países. El informe documenta la grave violencia institucional y de grupos delincuenciales que afecta la labor de las mujeres buscadoras, así como los daños a su salud. Incluye testimonios de 600 mujeres buscadoras de 30 estados de México, y de países como El Salvador, Guatemala y Honduras.

“La entrega de firmas es una expresión de solidaridad que llega desde un país tan lejano como Alemania, que les reafirma que no están solas en la enorme labor que realizan a costa de su salud, de importantes carencias económicas y de la falta de acción de las autoridades que incumplen con su obligación de buscar a las personas desaparecidas”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.

“En el marco de la misión a Guanajuato y del 5° aniversario de #HastaEncontrarte, reiteramos que el Estado mexicano debe reconocer a las mujeres buscadoras del país en su calidad de personas defensoras de derechos humanos. Con su labor salvaguardan los derechos violados por el acto de desaparición forzada, entre ellos: la libertad y la seguridad personales, la protección de la ley, a no ser privados arbitrariamente de la libertad, el reconocimiento de la personalidad, no ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, precisó Edith Olivares.

La entrega de firmas enviadas por activistas alemanes a la colectiva #HastaEncontrarte se realizó en el mural dedicado a las madres buscadoras que se encuentra en Irapuato, Guanajuato.

Encuentros con autoridades

El jueves 18 de febrero la colectiva #HastaEncontrarte, con el acompañamiento de Amnistía Internacional, se reunió con representantes de la Secretaría de Gobierno; la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas y del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.

En el encuentro se brindó información sobre las medidas adoptadas para brindar protección a las mujeres buscadoras y los apoyos que requieren para realizar sus labores de búsqueda. Integrantes de la colectiva demandaron que en las mesas de trabajo establecidas desde el año pasado se incorporen otras dependencias que puedan brindar apoyos para revertir los riesgos que enfrentan en sus labores de búsqueda.

Igualmente se planteó la posibilidad de establecer un convenio con la Universidad Virtual de Guanajuato, para que mujeres buscadoras y familiares puedan continuar sus estudios de nivel básico a superior, y reciban capacitación para proyectos de emprendimiento.

El mismo jueves, se realizó una reunión con el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, a la que asistieron también el Fiscal especialidad en derechos humanos del estado de Guanajuato, Zucé Hernández Martínez y la fiscal especializada en delitos de desaparición forzada, Lucia Acosta.

La colectiva #HastaEncontrarte destacó la necesidad de que se haga un análisis mensual del contexto en que ocurren los asesinatos y las desapariciones en el estado y de que se apliquen medidas para evitar la revictimización de las mujeres buscadoras y de las colectivas de búsqueda; que haya una mayor comunicación y cooperación entre las autoridades y reiteraron la necesidad de que los agentes del ministerio público y personal de la fiscalía cuenten con capacitación en enfoque de género y la apliquen al hacer sus investigaciones.

Aspecto de la reunión con autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado informó por su parte que luego de analizar el informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México identificaron tres grandes áreas donde profundizar su trabajo: situaciones de riesgo para las mujeres buscadoras, estigmatización y abandono a colectivas y mujeres buscadoras.

En ese sentido, precisó que desarrollaron un plan de trabajo que tiene cinco estrategias clave: Coordinación; garantizar la no estigmatización; Salud integral, transparencia y participación y capacitación. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía ya están llevando acciones en cada uno de los puntos referidos.

Por otra parte, el mismo jueves 19 de febrero, las integrantes de la comitiva de #HastaEncontrarte y de Amnistía Internacional se reunieron con el representante del Congreso del estado de Guanajuato David Martínez Mendizabal. En el encuentro presentaron el informe Desaparecer otra vez e intercambiaron puntos de vista sobre una eventual iniciativa de ley que permita ampliar el acceso a la salud de las mujeres buscadoras en el estado.

Información de contexto

Al 31 de diciembre de 2025 los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO) contabilizaban 131,424 personas desaparecidas y no localizadas en el país. En el periodo enero-diciembre de 2025 se registraron 12 mil 692 desapariciones en todo el país, equivalente a 34 personas por día. Los estados con mayor número de desapariciones en ese periodo fueron: Estado de México, mil 795; Guanajuato, 959 y Sinaloa, 947.

Información adicional

Informe: Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México

Mujeres buscadoras en las Américas

Petición de Amnistía Internacional por las Mujeres Buscadoras

Si desea información adicional, o concertar una entrevista, puede contactar a:

Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional México.

prensa@amnistia.org.mx

+52 55 2265 4331

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Foto: Federico Parra / colaborador GettyImages

La acción militar llevada a cabo hoy por la Administración Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana. Muy probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, al igual que la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.

Amnistía Internacional está particularmente preocupada por el riesgo de una mayor escalada de violaciones de derechos humanos en el país, ya sea como resultado de nuevas operaciones estadounidenses o de las respuestas del gobierno venezolano a los ataques de Estados Unidos.

La organización insta al gobierno estadounidense a cumplir con el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, priorizar la protección de la población civil y garantizar los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, incluido el debido proceso y un trato humano.

También hace un llamado a las autoridades venezolanas para que se abstengan de más represión en contra de la población, recordándoles que están obligadas por el derecho internacional a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en Venezuela.

Las personas en mayor riesgo inmediato incluyen a personas defensoras de derechos humanos y activistas políticos que han enfrentado durante años las violaciones y crímenes de derecho internacional cometidos por el gobierno de Maduro. Amnistía Internacional se solidariza con el pueblo venezolano: los miles de víctimas y sobrevivientes, y los millones de personas que han huido tras años de sufrir graves violaciones y crímenes de lesa humanidad.

Amnistía Internacional reitera su llamado de larga data para que el gobierno de Maduro sea investigado y, cuando existan pruebas suficientes, las personas responsables sean procesadas ante un tribunal independiente e imparcial, a fin de garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y sobrevivientes de violaciones en Venezuela.

Amnistía Internacional está alarmada porque el ataque contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas profundizan aún más el colapso del derecho internacional y del orden global basado en normas. Estas acciones dan señales de un sistema internacional regido por la fuerza militar, las amenazas y la intimidación, y aumentan el riesgo de acciones de imitación por parte de otros actores.

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• Las organizaciones mexicanas y europeas emitieron recomendaciones en materia de movilidad humana, derechos de los pueblos originarios, desapariciones, fortalecimiento del Estado de Derecho, personas privadas de libertad, represión policial, protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, empresas y derechos humanos, Acuerdo Global modernizado, entre otras áreas de preocupación.

Ciudad de México a 18 de diciembre de 2025.- El 16 de diciembre, más de 20 organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente tanto mexicanas como europeas nos reunimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para llevar a cabo el 11° Seminario con Organizaciones de la Sociedad Civil que ocurre en el marco del XIII Diálogo de Alto Nivel de Derechos Humanos México – Unión Europea (UE), un mecanismo que se ha sostenido por más de trece años como una buena práctica, y un importante canal formal de interlocución, involucrando significativamente a la sociedad civil.

El objetivo del Seminario es dialogar acerca de las necesidades que existen en materia de derechos humanos, buscando aportar elementos al diálogo entre las autoridades de ambas latitudes, que abonen a ajustar las políticas públicas y alinear la cooperación para cumplir con las obligaciones de garantizar los derechos fundamentales en México y la Unión Europea. En este espacio se quiere reafirmar la importancia de una red internacional de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales. 

Desde su primera edición, este espacio ha evolucionado con los aportes que desde las organizaciones hemos colocado, y que seguimos impulsando, con la intención de que el seminario tenga la mayor trascendencia en el intercambio y los acuerdos alcanzados entre las autoridades mexicanas y europeas en el marco del diálogo político, así como en las prioridades de cooperación, y el impacto efectivo en el ecosistema de los derechos humanos.

A lo largo de la jornada, organizaciones de la sociedad civil compartimos análisis críticos sobre la situación de los derechos humanos en ambas regiones y formulamos decenas de recomendaciones en múltiples ámbitos, entre ellos: movilidad humana; derechos de los pueblos originarios; desapariciones forzadas y la labor de las mujeres buscadoras; condiciones de las personas privadas de libertad; represión policial y criminalización de la protesta social; protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; uso de tecnologías de vigilancia sin salvaguardas adecuadas; devastación ambiental; responsabilidad empresarial y transición energética, entre otras problemáticas urgentes.

De igual forma, alertamos sobre el cierre progresivo del espacio cívico, la criminalización de la solidaridad y la erosión del Estado democrático de Derecho, tanto en países de la UE como en México, y el avance de marcos normativos que obstaculizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y atentan contra el goce de los derechos humanos y las libertades. A ello se suman los recortes a la cooperación internacional, su creciente securitización e instrumentalización y los impactos de políticas europeas, como el Global Gateway, que pueden tener impactos directos en comunidades  y territorios fuera de Europa como México.

Sin embargo, también identificamos áreas de oportunidad y mejora en este ejercicio. A lo largo del Seminario observamos la ausencia de altos funcionarios por parte de la UE, lo cual resulta preocupante, ya que transmite la impresión de que este espacio se reduce a un ejercicio meramente formal o de cumplimiento, sin reflejar un compromiso genuino con la escucha activa, el intercambio sustantivo de recomendaciones ni la rendición de cuentas; así como la ausencia de funcionarios de la UE que puedan responder y prestar cuentas sobre el cumplimiento de derechos humanos y fundamentales al interno de la Unión.

Reiteramos que la presencia, tanto de las autoridades mexicanas como europeas de alto nivel en este espacio es fundamental. Año con año hemos subrayado que su participación y la interlocución con las organizaciones es un componente indispensable para garantizar que las preocupaciones, evidencia y propuestas de la sociedad civil sean tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisión. 

En ese mismo sentido, expresamos nuestra disposición a colaborar en el fortalecimiento del Seminario, mediante el desarrollo de metodologías más eficaces y de herramientas de seguimiento que sean verdaderamente inclusivas y participativas, y que permitan dar continuidad a las recomendaciones y peticiones formuladas.  Defendemos, valoramos y reivindicamos espacios como este porque constituyen un canal imprescindible de diálogo directo entre autoridades y sociedad civil, fortalecen la confianza institucional y permiten construir respuestas conjuntas basadas en evidencia frente a los desafíos en materia de derechos humanos. 

A partir de lo anterior, las organizaciones solicitamos de manera prioritaria y puntual la consideración de cinco recomendaciones de carácter transversal, que pensamos son fundamentales y que deberán orientar la cooperación birregional: 

1. Establecer un mecanismo de seguimiento conjunto entre la UE, el Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil de ambos lados, de manera estructurada y permanente, que garantice avances reales y rendición de cuentas sobre los acuerdos tomados entre cada sesión del Diálogo de Derechos Humanos.
2. Poner los derechos humanos en el centro de las relaciones entre México y la Unión Europea, de manera transversal y coherente, y en este sentido, fortalecer el componente de derechos humanos del Acuerdo Global México – UE, entre otros, garantizando la participación efectiva en los grupos consultivos de las organizaciones de la sociedad civil y comunidades de los territorios con actividades empresariales europeas.
3. Proteger de manera activa y robusta el espacio cívico, Estado de derecho y los derechos humanos, mediante acciones y políticas públicas, y contribuir a frenar las iniciativas y narrativas globales que atentan contra el Estado de derecho y la libertad de expresión,  que obstaculizan y criminalizan la labor de la prensa y las personas defensoras de derechos humanos y de ambiente, tierra y territorio y organizaciones de la sociedad civil, en México y en la UE;
4. Por parte de la UE y sus estados miembros, detener los recortes en materia de cooperación internacional y priorizar recursos con el Estado mexicano y con las organizaciones de sociedad civil en materia de derechos humanos, para garantizar financiamiento estable, flexible y accesible para organizaciones, personas defensoras y periodistas tanto en México como en la UE.
5. Asegurar que la estrategia Global Gateway no reemplace la cooperación tradicional ni priorice intereses geopolíticos y comerciales por sobre el bienestar humano y los intereses de las comunidades locales. Estos proyectos deben cumplir con evaluaciones de impacto ambiental y social transparentes, inclusivas e integrales, consultas públicas y comunitarias efectivas, y mecanismos de quejas accesibles y transparentes. En lo que respecta a los Pueblos Indígenas, esto también incluye el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)

Firman:

• Amnistía Internacional
• Antigone
• ARTICLE 19 México y Centroamérica
• Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
• Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México
• Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) 
• Consorcio Oaxaca
• Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México (DMRKM)
• Educación e Investigación (PODER)
• EQUIS: justicia para las mujeres 
• Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
• Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C. (INEPPA)
• Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
• Ligue des droits de l’Homme
• Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR)
• Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
• Open Arms
• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
• Red EU-LAT
• Saami Council
• Servicios y Asesoría para la Paz – SERAPAZ
• Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
• Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

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• Amnistía Internacional observa con preocupación una tendencia a la realización de prácticas represivas y discursos estigmatizantes hacia las personas, grupos y comunidades que ejercen el derecho a protestar  

• El Estado mexicano debe aplicar directrices del derecho internacional para respetar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. 

Amnistía Internacional observa con preocupación que, en los últimos años, y particularmente en los últimos meses, en algunas protestas se han presentado prácticas represivas por parte de cuerpos policiales y un discurso estigmatizante de la protesta social por parte de algunas autoridades para deslegitimar las causas que las originan. Esta situación ocurrió este año en al menos 14 estados del país, lo que afecta de manera importante el derecho de las personas a la reunión o protesta pacífica, que es una forma de llamar la atención sobre hechos violatorios de derechos humanos, cuando otras formas de negociación con el Estado no han dado resultado. 

A ello se agrega otro elemento, pues la actuación de las autoridades en contextos de manifestaciones pacíficas no está guiada por los estándares internacionales de derechos humanos, lo que conduce eventualmente al uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves de derechos humanos. 

En lo que va del año, la represión de las protestas sociales se ha observado en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. La represión de reuniones o manifestaciones pacíficas tiene otra peculiaridad y es que va dirigida principalmente a personas racializadas no blancas, a personas de pueblos originarios, o mujeres que reclaman el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

Las personas o comunidades recurren al derecho a la protesta pacífica para exigir el actuar de las autoridades ante ciertas problemáticas sociales. Entre los ejemplos emblemáticos están las marchas del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer; del 10 de mayo, Por la dignidad nacional, Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia o la del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las personas de comunidades originarias recurren también a ese derecho para defender sus tierras de la invasión de grandes empresas que buscan explotar sus recursos naturales en detrimento de poblaciones enteras. 

Represión que prolifera 

El 8 de marzo de 2025, mujeres que acudieron a las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, fueron agredidas en diversos estados del país. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reportó al menos 16 detenciones arbitrarias en Hidalgo, Chihuahua y Coahuila; el uso de gas lacrimógeno en los estados de Yucatán, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo. En este último estado también hubo golpes y encapsulamientos a mujeres. En Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León manifestantes protagonizaron diversos tipos de agresiones, incluso por redes sociales, en contra de las mujeres que protestaban. 

En agosto, en Puebla, policías detuvieron a cuatro mujeres que protestaban con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las mujeres fueron golpeadas y estuvieron desaparecidas por al menos seis horas. En septiembre, en la localidad de Teteles, Puebla, 105 mujeres estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, fueron detenidas por al menos 400 elementos policiales estatales y municipales, con uso excesivo de la fuerza. Las estudiantes intentaban llamar la atención sobre problemas en los procesos de inscripción en dicha Escuela normal. 

Amnistía Internacional publicó en 2021 el informe México: La era de las mujeres donde se detalla la represión y estigmatización a colectivas feministas que se manifestaban pacíficamente contra la violencia de género en Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Guanajuato y Ciudad de México. Las autoridades y algunos medios de comunicación calificaron esas manifestaciones como violentas lo que generó un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitimó su activismo y facilitó que tanto autoridades como particulares ejercieran más violencia en su contra. 

El 2 de octubre de este año, en el Estado de México, agentes del Estado reprimieron a las personas que marcharon durante la conmemoración de la matanza de estudiantes de 1968; la organización Articulo 19 documentó agresiones contra periodistas durante las protestas ocurridas los días 1 y 3 de noviembre, registradas luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. En noviembre, agentes del Estado impidieron que personas estudiantes del Instituto Tecnológico de León (TecNM), mantuvieran su protesta pacífica para demandar a dicha institución académica atención a sus exigencias. 

El 7 de octubre, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una alerta urgente por la agresión y amenazas a siete buscadoras de la Colectiva Madres en Resistencia en Chiapas por parte de policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, mientras ejercían su derecho a protestar frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para exigir justicia para sus familiares desaparecidas.  

Finalmente, el 15 de noviembre durante las protestas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, diversos videos publicados en redes dieron cuenta del uso excesivo de la fuerza por parte de policías contra manifestantes y de la estigmatización por parte de autoridades contra manifestantes.  

Directrices que debe respetar el Estado mexicano 

Amnistía Internacional recuerda que la protesta pacífica es un derecho que se encuentra protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando ese derecho está en juego, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar, sin discriminación, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. 

De acuerdo con diversos estándares internacionales de derechos humanos el Estado mexicano está obligado a cumplir diversas directrices para que realmente haya en el país una garantía del derecho a la protesta. Entre ellas está el que debe de contar con un marco jurídico que proteja y garantice el derecho a la reunión pacífica. 

Sin embargo, en los hechos Amnistía Internacional ha observado que delitos como la obstrucción a las vías públicas y oposición a la obra pública y otros de tipo ambiguo como motín, pandillerismo e incluso secuestro –incluidos en los Códigos penales federal y estatales– son utilizados para criminalizar a las personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica. 

El mero ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica no debe tratarse como un delito penal. Las autoridades no deben criminalizar ni a quienes organizan ni a quienes participan en reuniones pacíficas. Además, las personas funcionarias públicas deben abstenerse de hacer declaraciones que busquen estigmatizar o incriminar a quienes simplemente ejercen sus derechos humanos. 

Otra directriz tiene que ver con la facilitación de las manifestaciones pacíficas. Para ello el Estado debe contar con políticas y protocolos que guíen la actuación policial en las manifestaciones. La base de éstas debe ser la facilitación para que organizadores/as y participantes alcancen sus objetivos. Otro aspecto importante en este tema es que las manifestaciones no deben ser vistas desde el principio como violentas. Además de que la actuación policial debe evitar que ocurran problemas y mantener una relación constructiva (y voluntaria) con sus organizadores y participantes. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que son emplazados en manifestaciones deben estar debidamente capacitados en la facilitación de éstas, lo cual implica que hayan recibido formación sobre las normas de derechos humanos; además, deben tener conocimiento de las leyes aplicables a las manifestaciones, así como habilidades efectivas de comunicación, negociación y mediación, entre otros temas. 

Otras directrices del derecho internacional implican que: los organismos encargados de hacer cumplir la ley no deben tratar las manifestaciones como una amenaza; las detenciones arbitrarias están prohibidas en todo momento; la táctica policial de contención, conocida como “encapsulamiento”, debe evitarse; las autoridades sólo podrán recurrir a la dispersión de una manifestación como último recurso; todo uso de la fuerza debe cumplir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y no discriminación y las autoridades deben garantizar una supervisión adecuada de cómo se lleva a cabo la labor policial. 

Recomendaciones 

Por lo expuesto, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano, que incluye al Ejecutivo Federal y a los estados y municipios a:  

Abstenerse de emitir declaraciones estigmatizantes contra manifestantes o manifestaciones; revisar los marcos legislativos para que se apeguen a los estándares internacionales de derechos humanos y a modificar aquellos que son usados para criminalizar la protesta. 

El llamado incluye revisar la Ley de Uso de la Fuerza; garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y que el uso de la fuerza sea solo en casos excepcionales y configurados por el derecho internacional de los derechos humanos, y bajo los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad; abstenerse de usar indebidamente el sistema de justicia para criminalizar la protesta; crear o revisar los protocolos existentes de intervención policial en manifestaciones y crear mecanismos de supervisión policial con participación de la sociedad civil. 

Información de contexto: 

Informe México: la era de las mujeres, estigma y violencia contra las mujeres que protestan 

Informe Mexico: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de Personas Defensoras de Tierra, Territorio y Medio Ambiente 

Directrices sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica 

Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a:  

Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional México. 

prensa@amnistia.org.mx  

+52 55 2265 4331 

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• Además de reconocer ese derecho, el Estado debe brindar protección a las personas buscadoras frente a los riesgos, amenazas y ataques que sufren al realizar esa labor 

• Reconocer el derecho de búsqueda por cuenta propia no exime al Estado de su obligación de buscar a las personas desaparecidas 

Lo anterior fue manifestado por Amnistía Internacional en las mesas de trabajo convocadas por el gobierno mexicano, llevadas a cabo esta semana con la participación de familias de personas desaparecidas, colectivas, personas académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil. En la jornada se discutieron modificaciones al Protocolo de actuación homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano para que reconozca el derecho de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México a realizar labores de búsqueda por cuenta propia. Esto sin disminuir la obligación que tiene el Estado de efectuar dicho trabajo. 

En las sesiones de trabajo Amnistía Internacional reconoció la convocatoria gubernamental para analizar los referidos protocolos. Es un proceso necesario ante la crisis de desapariciones que vive el país, que asciende a 133,552 personas desaparecidas y las omisiones en que incurre el Estado mexicano para encontrarlas. 

En el encuentro, la Jefa de Investigación de Amnistía Internacional, sección mexicana, Norma González Benítez, advirtió que ante las omisiones en que incurre el Estado en la búsqueda de personas desaparecidas, son las familias quienes, desesperadas por la inacción de las autoridades, realizan dicha labor sin el acompañamiento o involucramiento de éstas. 

El impacto de esas omisiones en la vida diaria de las personas que buscan a sus familiares les implica utilizar sus propios recursos para transportarse; para comprar herramientas, como palas o picos, entre otros materiales. Además de que realizan las búsquedas en condiciones inseguras al adentrarse a zonas controladas por grupos delincuenciales o por ingresar a propiedad privada, lo que compromete su vida e integridad. 

En su informe Buscar sin Miedo. Estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas, Amnistía Internacional da cuenta de cómo el nivel de involucramiento en las búsquedas tanto de las familias, los seres queridos y comunidades a las que pertenece una persona desaparecida depende de diversos factores, en los cuales también es necesario contar con una respuesta estatal. 

El Estado no sólo es quien tiene la obligación de buscar, sino que suele estar en mejor posición para hacerlo, dados sus recursos y capacidades, su mayor acceso a información relevante y el posible involucramiento de agentes estatales en los hechos. Sin embargo, usualmente su intervención es deficiente, dilatada o nula, por lo que las familiares se ven en la necesidad de realizar muchas de las búsquedas por cuenta propia. 

La falta de reconocimiento de las búsquedas por cuenta propia, como una forma de participación de las familias y comunidades, agrava la situación de éstas porque en muchas ocasiones las autoridades no les brindan protección y las responsabilizan de los riesgos que enfrentan por no alinearse a lo establecido en el protocolo. 

Amnistía Internacional considera que existe un derecho a buscar a las personas desaparecidas, y existen dos escenarios para realizarlas. Por un lado, cuando las personas participan en las búsquedas desarrolladas por autoridades. Por otro lado, cuando las personas realizan las búsquedas por cuenta propia. Este último escenario no exime al Estado de brindarles protección frente a los riesgos, amenazas y ataques que sufren en el camino. 

Al buscar a una persona desaparecida, los familiares de ésta ejercen su derecho a la verdad y a la protección judicial. La búsqueda no solo es el reflejo de un impulso de las familias para llenar el vacío de información que deja la desaparición de un ser querido, es también el ejercicio de un derecho a saber la verdad sobre el paradero de ésta. La combinación del ejercicio de los derechos a la verdad, a buscar y recibir información y a la protección judicial se manifiesta de manera única en los casos de búsqueda de personas desaparecidas. 

La combinación de esos tres derechos constituye en si misma el derecho a buscar, que a la vez implica el derecho a defender derechos humanos. Los Estados están obligados a respetar, garantizar y proteger ambos derechos. 

Amnistía Internacional considera importante que dentro del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas se incluya el reconocimiento de las búsquedas por cuenta propia como parte de la diversidad de formas de ejercer el derecho a participación, sin dejar de reafirmar que es responsabilidad de las autoridades buscar a las personas desaparecidas y garantizar las condiciones para que las personas buscadoras lleven a cabo las búsquedas por cuenta propia. 

Entre esas condiciones están: abstenerse de impedir el ejercicio del derecho u obstaculizarlo; poner a disposición de las personas la institucionalidad para que puedan ejercer el derecho; activar los mecanismos existentes para salvaguardar su integridad cuando está en riesgo; hacer un diagnóstico de las necesidades de las personas y colectivas cuando realizan búsquedas por cuenta propia y crear los mecanismos para su pronta atención. 

Información de contexto: 

Informe: Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México 

Mujeres Buscadoras en las Américas. 

Informe: Buscar sin miedo: estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas. 

Petición de Amnistía Internacional por las Mujeres Buscadoras 

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