Este informe analiza el impacto que la contingencia por la COVID-19 ha tenido en los servicios de procuración de justicia del Estado de México. Específicamente en la investigación de los feminicidios y las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas.
Se realizaron 23 entrevistas a personas que trabajan en la procuración de justicia, titulares de derechos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado de México.
También se revisaron estándares internacionales, especialmente los relativos a los derechos humanos de las mujeres y a la situación generada por la pandemia. Se revisó la legislación nacional y estatal en materia de feminicidio y desapariciones. Por último, se revisó la literatura existente sobre feminicidios y desapariciones, y la investigación penal de estos delitos en México y, en particular, en el Estado de México.
El Estado de México es la entidad federativa con menor calidad comunitaria del país, la segunda con mayor percepción de inseguridad pública y, en los últimos años, algunos de sus municipios han sido protagonistas de una serie de brutales feminicidios que los han llevado a ser comparados con los emblemáticos asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez.
El Estado de México, con
16,453,628
de habitantes, es la entidad federativa con más población, y una de las más urbanizadas y con mayor densidad de México. Se sitúa en el centro del país, bordeando gran parte de la capital, Ciudad de México, a la cual se desplazan diariamente millones de mexiquenses para trabajar o estudiar.
(14,056,300 personas) vivía en situación de pobreza o de vulnerabilidad por carencias o ingresos.
En concreto
de la población estaba en situación de pobreza
era población vulnerable por carencias sociales,
era vulnerable por ingresos, es decir, no tenía los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
La respuesta estatal a la pandemia ha impactado en las actividades de los servicios de procuración de justicia, los cuales fueron afectados por la limitación de la atención presencial o el cierre de algunos servicios, entre otras cuestiones. Por eso, algunas organizaciones de la sociedad civil manifestaron desde el inicio de la pandemia que, si no se tomaban las medidas adecuadas, esto podría llevar a la falta de protección de mujeres víctimas de violencia de género que necesitaran una atención inmediata y a la alteración de las investigaciones penales (y en consecuencia de los procedimientos judiciales) tanto de las nuevas causas como de las iniciadas con anterioridad.
14,334
casos confirmados
1,148
defunciones
82
Casos por cada 100,000 habitantes
Era la sexta entidad federativa con la tasa de incidencia más elevada del país.
Las investigaciones penales en el Estado de México ya han sido observadas por organismos de derechos humanos en el pasado, constatando irregularidades en diversas ocasiones y reconociendo la violación a los derechos de acceso a la justicia, a las garantías judiciales y al debido proceso –entre otros- de mujeres víctimas de violencia. Estos casos muestran que la Fiscalía en el Estado de México enfrenta importantes problemáticas desde antes de la pandemia relacionadas con la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos técnicos para la investigación, y la descoordinación entre instituciones del sistema de procuración de justicia, entre otras cuestiones. Estas deficiencias derivan en la violación a los derechos humanos de las víctimas, quienes sufren revictimización por parte del Estado por su ineficiencia y por la impunidad en la que quedan numerosos casos.
Atenco vs. México: sobre la tortura sexual a 11 mujeres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (actual FGJEM) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País (actual FEVIMTRA) no se llevaron a cabo con debida diligencia, pues –entre otras cuestiones- la recolección y el manejo de la evidencia “fue a todas luces ineficiente.”
Mariana Lima Buendía: La SCJN concluyó que las autoridades estatales cometieron varias irregularidades durante la investigación de su muerte. Destaca una incorrecta protección de la escena del crimen y las evidencias que podrían haber servido para la investigación, y una inadecuada inspección de la misma. Además, la sentencia de la SCJN señala la necesidad de que las investigaciones de muertes violentas de mujeres se lleven a cabo desde una perspectiva de género.
Con la llegada de la pandemia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México adoptó varias medidas, como la implementación de guardias del personal de atención presencial en las oficinas, la protección del personal de grupos de riesgo (quienes debían realizar la totalidad de sus jornadas desde sus domicilios), el fortalecimiento de las denuncias en línea y el uso de tecnologías de comunicación, y la priorización de los casos considerados más graves.
A pesar de las medidas adoptadas, Amnistía Internacional identificó tres problemáticas en los servicios de procuración de justicia durante el periodo entre marzo y junio del 2020 que, aunque no son nuevas en el Estado de México, provocaron deficiencias en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres, entre ellos los feminicidios y las desapariciones, y agravaron el impacto de la contingencia tanto en las mujeres víctimas de violencia como en las personas operadoras de justicia.
La primera problemática identificada es el incremento de la carga de trabajo de los servicios de procuración de justicia durante la pandemia, que aumentó hasta niveles insostenibles considerando además la disminución de personal. Este aumento tuvo distintas causas: la cantidad de mujeres que solicitaron algún tipo de apoyo o intervención por violencia de género en el ámbito familiar aumentó en los primeros meses de la contingencia; en las Fiscalías algunos trámites requieren que la persona servidora pública esté en las oficinas, de manera que la reducción de personal que trabajaba presencialmente llevó a que se acumularan algunas tareas; y finalmente la Fiscalía del Estado de México sufrió numerosas bajas de personal porque varias personas trabajadoras enfermaron de COVID-19.
La segunda problemática identificada tiene que ver con una insuficiente digitalización y el acceso desigual a la tecnología. Ante la necesidad de reducir la cantidad de personal presente en las Fiscalías, se potenció la denuncia en línea, si bien se mantuvo la posibilidad de denunciar de forma presencial los delitos de “alto impacto” (o delitos graves), como la desaparición, el feminicidio o la violación. No obstante, se identificaron algunos problemas:
En los casos de delitos graves es necesario ratificar la denuncia presencialmente, de manera que la denuncia en línea no evitó que las personas tuvieran que acudir a presencialmente a las oficinas
Algunas personas no pudieron ratificar la denuncia presencialmente por problemas relacionados con la aplicación o porque cuando acudieron a las oficinas, estas estaban colapsadas.
No todas las personas tienen acceso a las tecnologías de la información necesarias.
Si bien algunas organizaciones reconocen que el Estado de México está más avanzado que otras entidades federativas en el nivel de digitalización de los servicios del sistema de justicia, varias de las personas entrevistadas consideran que esta no es suficiente. Por ejemplo, hay expedientes que no están digitalizados, lo que dificulta que el seguimiento se pueda realizar a distancia.
La tercera problemática identificada está relacionada con la descoordinación, especialmente a nivel interinstitucional. Hubo instituciones de los servicios de procuración de justicia y del gobierno estatal que cerraron, mientras que otras suspendieron algunas actuaciones, lo que impactó en aquellas con las que deben coordinarse para atender e investigar ciertos delitos. En otras ocasiones, el cierre o suspensión de actividades no fue programado sino que hubo unidades que se vieron obligadas a cerrar temporalmente debido al contagio por COVID-19 de sus integrantes, causando, por ejemplo, la necesidad de derivar la atención a las víctimas a sedes de otros municipios.
Algunas/os profesionales manifestaron que la coordinación intrainstitucional no siempre fue apropiada y que tuvo graves consecuencias para algunas víctimas, como la imposibilidad de denunciar. La falta de coordinación no siempre se debió al cierre o la suspensión de las actividades, sino a una mala comunicación entre instituciones y a la falta de planeación.
*Interinstitucional (por ejemplo, entre la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda)
*Intrainstitucional (por ejemplo, entre las Fiscalías Regionales y las Fiscalías Especializadas, así como entre los agentes del Ministerio Público de una misma Fiscalía Especializada destinados a sedes ubicadas en diferentes municipios de la entidad federativa)
La mayor sobrecarga de trabajo, la insuficiente digitalización y el acceso desigual a las tecnologías, y la descoordinación entre instituciones causaron tres graves deficiencias:
Hubo mujeres que no pudieron interponer una denuncia.
Algunas investigaciones penales quedaron totalmente paralizadas.
Hubo evidencias que se perdieron.
Estas deficiencias inciden directamente en la probabilidad de que estos casos queden impunes e impiden cumplir con el debido proceso, constituyendo una violación del derecho de las víctimas a acceder a justicia, verdad y reparación.
Las problemáticas y las deficiencias señaladas, no son cuestiones nuevas surgidas por la pandemia de COVID-19. Son fallas estructurales del sistema de procuración de justicia mexiquense. La pandemia, no obstante, ha evidenciado una vez más un sistema de procuración de justicia deficiente, cuyas fallas estructurales han impedido reaccionar a la crisis sanitaria de manera más apropiada y han exacerbado sus consecuencias en un momento especialmente complejo para las mujeres víctimas de violencia así como para las personas servidoras públicas.
Asegurar que los servicios de procuración de justicia cuenten con los recursos humanos y la infraestructura necesarias para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas. Se debe proveer al personal de equipos de protección individual adecuados y suficientes para protegerse durante la pandemia.
Elaborar un plan de respuesta inmediata para las situaciones en las que miembros de una misma unidad se contagien o deban estar en cuarentena, de manera que se evite el cierre de la unidad y la detención de sus funciones. Cubrir las vacantes surgidas en el contexto de la pandemia y reforzar la plantilla para reaccionar con celeridad ante nuevas posibles bajas
Asegurar la correcta digitalización de los servicios de procuración de justicia, a través de medidas como la digitalización de todos los expedientes, la provisión del material necesario para poder llevar a cabo las funciones a distancia, y la capacitación técnica del personal que lo requiera en las tecnologías de la comunicación.
Prever un sistema de denuncia alternativo en el contexto de la pandemia para las mujeres que no tienen acceso a internet u otras tecnologías de la comunicación o un sistema de apoyo para que puedan interponer las denuncias en línea.
Resolver los problemas técnicos del sistema de denuncias en línea para que se garantice que todas las personas reciban un comprobante de la denuncia y una fecha para la ratificación de la misma.
Coordinar el establecimiento de mesas de trabajo periódicas entre las distintas unidades e instituciones de los servicios de procuración de justicia, y entre aquellos servicios y colectivos que participen en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres, prestando especial atención a las necesidades de las personas titulares de derechos.