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7 Preguntas sobre la Guardia Nacional

Fecha: 13 febrero, 2019

©Amnistía Internacional

El pasado martes 12, Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, fue parte de las Audiencias Públicas en torno a la creación de la Guardia Nacional. Durante su uso de palabra, planteó 7 preguntas a las y los senadores presentes.

¿Por qué la creación de la Guardia Nacional quiere hacerse a través de una reforma constitucional?

No es un tema menor: ya no nos proponen una alternativa transitoria, para una situación de emergencia, nos proponen una alternativa que implica una ruptura directa al pacto democrático que establece mecanismos para sujetar el poder militar al poder civil.

¿Por qué se piensa que el nuevo organismo a cargo de la seguridad pública –la Guardia Nacional- no debe tener una adscripción y por qué se piensa que eso no pone en riesgo a la figura presidencial?

La reforma constitucional que pretende crear la guardia nacional dará un lugar de primer nivel a este nuevo organismo y sin contrapesos civiles eficaces, la Guardia Nacional tendrá un poder casi ilimitado. Es importante tomar eso en cuenta porque si las revisiones del mandato se realizan cada 5 años, debemos preguntarnos hoy qué podría pasar con los próximos presidentes: estaríamos dejando a los próximos gobiernos la posibilidad de disponer de este organismo: ¿Qué pasaría si el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene un enfoque militar de mano dura con poderes sin límites? Además, tendríamos que preguntarnos si queremos que el poder militar goce de más autonomía e independencia no sólo hoy, sino en el futuro.

¿Por qué se piensa que con las fuerzas armadas que tenemos podemos tener una mejor seguridad pública?

Han pasado ya más de diez años desde que México encomendara a las fuerzas armadas aspectos centrales de la seguridad pública en todo el país. En todos estos años, las fuerzas armadas han podido actuar con gran autonomía y sin necesidad de coordinación ni subordinación directa a la autoridad civil.

Esta política pública no ha logrado reducir la delincuencia ni la violencia en el país. Por el contrario, se ha registrado un aumento en los principales indicadores de violencia: las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran los homicidios dolosos se han venido incrementando hasta llegar a 31 mil 285 en 2018. Esta es la cifra más alta de la que se tiene registro y en comparación con el año anterior (que era el año récord) implica un incremento de casi el 16% en la incidencia de asesinatos. Ha sido ese precisamente el marco en el que se han cometido crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

¿Por qué el Estado mexicano desoye las recomendaciones internacionales?

La propuesta de creación de una guardia nacional conformada por elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, es decir miembros tanto del Ejército como de la Marina mexicanos, para llevar a cabo de forma general funciones de seguridad pública que normalmente corresponderían a las policías civiles se encuentra en contradicción con el derecho internacional de los derechos humanos, que dispone que el uso de fuerzas armadas para tales labores debe ser excepcional y estar sujeto a limitaciones. Al menos seis mecanismos internacionales han recomendado a México NO utilizar las fuerzas armadas para labores de seguridad pública:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo es México, pueden desplegar a las fuerzas armadas para cuestiones que no sean un conflicto bélico, por ejemplo, para enfrentar problemas excepcionales de criminalidad o de violencia interna. Pero en dichos casos, la Corte ha señalado que los Estados deben siempre limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas.

En diciembre de 2017, expertos y expertas de las Naciones Unidas hicieron un llamado al Estado Mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior. Argumentaban que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitaría la protección de los derechos humanos. Resaltaban su preocupación sobre la manera precipitada de llevar a cabo el proceso legislativo ya que la incitativa tendrá un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos. Los argumentos que los y las expertas expresaron hace un año siguen siendo válidos con esta nueva propuesta que pretende militarizar la seguridad pública.

En su reciente sentencia en el caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, el tribunal determinó que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles” y que la participación excepcional de las fuerzas armadas en estas tareas debe ser:

a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;

b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces

¿Por qué se piensa que las fuerzas armadas ahora sí van a respetar los derechos humanos?

El despliegue del Ejército y la Marina en México ha sido acompañado de un aumento de quejas por graves violaciones de derechos humanos como tortura, desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias, entre otras. Asimismo, la información recolectada por académicos ha identificado la presencia de las fuerzas armadas como un detonante que causa de forma directa el aumento de la violencia en los municipios donde están desplegadas. El estudio publicado por el CIDE “La guerra contra las drogas: Análisis de los combates de las fuerzas públicas” 2006-2011, muestra que los enfrentamientos muchas veces empiezan porque los militares se encuentran haciendo patrullajes y terminan persiguiendo a personas que consideran “sospechosas”, detonando así los episodios de violencia, sin contar con una orden de aprehensión o razones para disparar. De igual manera, aparte de detener a personas de manera arbitraria, el Ejército y la Marina son más propensos a hacer uso de la fuerza letal.

El Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 reconoce expresamente que “un contingente militar tiene como propósito último enfrentar, neutralizar y aniquilar a una fuerza enemiga.” No obstante, culpa los errores de las fuerzas armadas a su formación, y promete poder cambiar eso a través de capacitación en derechos humanos para la Guardia Nacional. La realidad es que las Fuerzas Armadas ya han tenido mucha capacitación sobre derechos humanos. De hecho, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, más de un millón de elementos de la SEDENA fueron capacitados en Derechos Humanos y esto no ha detenido las graves violaciones de derechos humanos que cometen los militares, ya que lo que realmente se requiere son mecanismos apropiados de evaluación y una reformulación del enfoque de seguridad que apueste por el fortalecimiento de las policías. Es opinión de Amnistía Internacional que, si los Estados no pueden garantizar que tales requisitos serán cumplidos, las fuerzas armadas no deben ser desplegadas para realizar labores de seguridad pública.

¿Por qué se piensa que la guardia nacional va a mejorar la investigación de los delitos en tareas de ministerio público?

La propuesta considera modificar el artículo 21 de la Constitución para permitir a la Guardia Nacional participar en la investigación de los delitos y, en general, actuar como auxiliar del Ministerio Público. Esta propuesta está en contra del derecho internacional que señala que las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en acciones propias de la persecución de delitos y administración de justicia. Como se indicó antes, la Corte Interamericana ha establecido que entre las limitaciones a las funciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se encuentra que su participación debe ser “subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial”.

La reforma propuesta incluye una disposición que indica que las personas detenidas deberán ser puestas a disposición exclusivamente ante autoridades de carácter civil. Sin embargo, no se incluye ninguna norma que limite los casos en que los militares integrantes de la Guardia Nacional podrían llevar a cabo arrestos o detenciones, facultad que debe ser limitada de forma estricta sólo a las situaciones más excepcionales. Al respecto, la Corte Interamericana estableció en otro caso relativo a México una fuerte limitante al uso de fuerzas armadas en actos que impacten en el derecho a la libertad personal al establecer que: “la posibilidad de otorgar a las Fuerzas Armadas funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles, además de atender a los requisitos de estricta proporcionalidad en la restricción de un derecho, debe responder, a su vez, a criterios estrictos de excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales”.

¿Cómo dialoga esta propuesta de organismo con el discurso de que la inseguridad se vincula con la pobreza?

Termino con esta pregunta porque en Amnistía Internacional observamos con preocupación que la creación de la Guardia Nacional se inscribe en un conjunto de iniciativas punitivas, entre los que se encuentra la ampliación del catálogo de delitos aplicables para la prisión preventiva oficiosa, sobre la que también vinimos a exponer nuestra oposición apenas la semana pasada.

Estamos frente a un populismo punitivo que no busca atacar las raíces de los problemas estructurales de la inseguridad sino que estigmatiza y criminaliza a patrones arraigados en la sociedad mexicana como es la pobreza. Francamente no entendemos cómo dialoga el discurso que plantea que la inseguridad se asocia a la pobreza, y que teniendo más oportunidades, más trabajo, más bienestar, entonces habrá más seguridad, con políticas que castigan la pobreza a través de la criminalización y la estigmatización.

Las políticas de militarización de la seguridad pública implementadas durante los dos últimos sexenios para combatir la denominada “guerra contra el narco tráfico” no se han traducido en una reducción de la inseguridad y violencia. Al contrario,hemos asistido a un aumento drástico de las violaciones graves a derechos humanos cometidas por parte de las Fuerzas Armadas, tales como detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales. La propuesta de Reforma Constitucional para crear la Guardia Nacional no puede obviar a los estándares internacionales de derechos humanos otorgando mayor poder a las fuerzas armadas (poder en las investigaciones como auxiliar del ministerio público) y restringiendo un control civil eficaz abogando por mayor rendición de cuenta. Hoy más que nunca, para que el próximo año no tengamos que pararnos en contra de otra iniciativa que pretende militarizar la seguridad pública, se debe fortalecer a las policías civiles a través de un procedimiento nacional, transparente, que incluya a especialistas y organizaciones de la sociedad civil, para facilitar un retiro ordenado de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.

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