Desde 2011, el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí se ha venido utilizando como instrumento de represión para silenciar la disidencia. Esto ha tenido efectos paralizantes. Entre las personas a las que el Tribunal ha impuesto duras penas hay periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la esfera política, profesionales de la literatura, clérigos y activistas de los derechos de las mujeres. Aplicando de forma generalizada la draconiana legislación antiterrorista y la Ley de Delitos Informáticos del país, los jueces del Tribunal Penal Especializado han presidido juicios manifiestamente injustos y han impuesto penas de hasta 30 años de prisión y múltiples condenas de muerte.
Amnistía Internacional ha documentado los casos de 95 personas —en su mayoría hombres— que fueron juzgadas por el Tribunal Penal Especializado entre 2011 y 2019. Entre ellas hay muchas procesadas por cargos basados únicamente en el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. La organización ha documentado los horribles detalles de sus casos y los patrones de violaciones de derechos humanos que ponen de manifiesto.
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