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Ejecución ilegal de ciudadano mexicano en Estados Unidos

Fecha: 11 noviembre, 2017

©Amnistía Internacional

El ciudadano mexicano Rubén Cárdenas Ramírez fue ejecutado en Texas a últimas horas del 8 de noviembre, en lo que constituye una violación del derecho internacional. Además de los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano, diversos expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían pedido una suspensión de la ejecución.

Rubén Cárdenas Ramírez fue ejecutado en Texas a últimas horas del 8 de noviembre, en lo que constituye una violación del derecho internacional. Había sido acusado del asesinato de su prima, Mayra Laguna, de 16 años, cometido en 1997. Como ciudadano mexicano, tenía derecho a ponerse en contacto con el consulado de México para recibir asistencia “sin retraso alguno” después de su detención (artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares). A Rubén Cárdenas no le informaron de este derecho. Lo interrogaron y finalmente confesó, sin asistencia consular y sin un abogado que lo asesorara. En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que Estados Unidos había violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en el caso de Rubén Cárdenas Ramírez y ordenó al país que sometiera a “revisión y reconsideración” judicial la declaración de culpabilidad y la condena de Rubén Cárdenas para determinar si éste se había visto perjudicado por las violaciones de la Convención de Viena. En 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que, aunque la decisión de la CIJ “constituye una obligación de derecho internacional” para Estados Unidos, no era “automáticamente vinculante para la legislación local”, y que la autoridad de aplicarla recaía en el Congreso. El Congreso no ha aprobado la legislación relativa a la aplicación.

El 6 de noviembre, dos expertos de la ONU —el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria— pidieron que se detuviera la ejecución diciendo que, si seguía adelante, equivaldría a “la privación arbitraria de la vida”, y Estados Unidos estaría “incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculantes para todos los niveles de gobierno y todas las autoridades públicas”. Al día siguiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió una suspensión de la ejecución y reiteró su llamamiento realizado hace casi una década de que se anulara la condena a muerte de Rubén Cárdenas Ramírez y se concediera a éste un nuevo juicio en el que se garantizaran todas las salvaguardias del debido proceso.

Las apelaciones judiciales para que se permitiera realizar análisis modernos de ADN a las pruebas del delito no prosperaron. La ejecución se retrasó unas cuatro horas respecto a la hora fijada —las seis de la tarde— mientras se examinaban las apelaciones de última hora. La Corte Suprema de Estados Unidos denegó la suspensión, y la ejecución se llevó a cabo poco después de las diez de la noche. La muerte de Rubén Cárdenas se certificó a las 10:26 de la noche.

En un tuit, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo: “Expreso mi firme condena a la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez en Texas, que viola la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Mi más sentido pésame a los deudos”.

En lo que va de año se han llevado a cabo 23 ejecuciones en Estados Unidos, siete de ellas en Texas.

Texas ha sido responsable de 545 de las 1.465 ejecuciones llevadas a cabo en el país desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los estatutos revisados de pena capital.
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