Mientras representantes de los gobiernos se re\u00fanen en la asamblea anual de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) para tomar decisiones fundamentales en relaci\u00f3n con la respuesta internacional a la pandemia del COVID-19, Amnist\u00eda Internacional ha publicado hoy un informe sobre la deplorable situaci\u00f3n del personal sanitario en las Am\u00e9ricas. El informe insta a los pa\u00edses de la regi\u00f3n a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y despu\u00e9s de \u00e9sta, y hace un llamamiento a Estados Unidos para que tome medidas r\u00e1pidas y contundentes para garantizar la continuidad de la financiaci\u00f3n de la OMS.<\/p>\n\n\n\n
El costo de curar: Los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Am\u00e9ricas durante el COVID-19 y m\u00e1s all\u00e1<\/em><\/strong><\/a>documenta c\u00f3mo quienes se enfrentan en primera l\u00ednea a la pandemia trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protecci\u00f3n insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situaci\u00f3n, mientras que en algunos casos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques f\u00edsicos. El informe pide tambi\u00e9n a los gobiernos que garanticen unas condiciones de trabajo seguras para las personas que trabajan en el \u00e1rea de limpieza y otro personal de apoyo que est\u00e1 en situaci\u00f3n de riesgo debido a su trabajo en instalaciones de atenci\u00f3n de la salud y residencias de personas mayores.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn estos tiempos dif\u00edciles, tenemos una inmensa deuda de gratitud con el personal de limpieza de hospitales y residencias de personas mayores, personal m\u00e9dico y de enfermer\u00eda, auxiliares de enfermer\u00eda, personal subalterno de hospitales y especialistas en epidemiolog\u00eda por su incansable trabajo para mantenernos seguros. Pero no basta con darles las gracias. Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que no se vuelven a poner en un riesgo tan horrendo sus derechos b\u00e1sicos y su seguridad\u201d, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn las Am\u00e9ricas viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar el COVID-19, con alrededor de 2 millones de casos confirmados. Mientras Latinoam\u00e9rica sufre sus semanas m\u00e1s mort\u00edferas, es de vital importancia que todos los pa\u00edses se unan para garantizar que la financiaci\u00f3n de la salud no se ve menoscabada en este momento decisivo. Esta pandemia no conoce fronteras, y Estados Unidos debe apoyar una soluci\u00f3n global uni\u00e9ndose a otros pa\u00edses en la financiaci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud para garantizar que su capacidad t\u00e9cnica y de personal experto se despliega donde m\u00e1s se necesita.\u201d<\/p>\n\n\n\n De 21 entrevistas en profundidad realizadas por Amnist\u00eda Internacional con profesionales sanitarios en Estados Unidos, M\u00e9xico, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Rep\u00fablica Dominicana, Colombia y Paraguay, s\u00f3lo en dos casos dijeron a Amnist\u00eda Internacional que consideraban que ten\u00edan equipos de protecci\u00f3n personal (EPP) adecuados o casi adecuados. El resto plantearon motivos de preocupaci\u00f3n relativos a la falta de EPP adecuados. Tambi\u00e9n plantearon inquietudes relativas a bajas por enfermedad, periodos de descanso y apoyo de salud mental inadecuado en el trabajo.<\/p>\n\n\n\n Las directrices de la OMS sobre uso racional de los EPP establecen que el personal de limpieza y mantenimiento deben tener m\u00e1s EPP que muchos otros miembros del personal hospitalario, incluido el personal m\u00e9dico y de enfermer\u00eda que pueden no tener contacto con pacientes del COVID-19. Sin embargo, Amnist\u00eda Internacional observ\u00f3 que a menudo el personal de limpieza est\u00e1 mal pagado, recibe prestaciones de seguridad social precarias, y en algunos casos trabaja para empresas que no garantizan el uso de EPP adecuados. Un m\u00e9dico de Honduras dijo a Amnist\u00eda Internacional que ve\u00eda a personal de limpieza en su hospital realizar las tareas de limpieza con las manos desnudas en zonas que hab\u00edan estado expuestas a pacientes con COVID-19.<\/p>\n\n\n\n Un limpiador de 70 a\u00f1os que ganaba poco m\u00e1s de 5 d\u00f3lares de Estados Unidos al d\u00eda trabajando para una empresa privada en un hospital estatal de Ciudad de M\u00e9xico dijo a Amnist\u00eda Internacional que, cuando pregunt\u00f3 si pod\u00eda dejar de limpiar las zonas donde est\u00e1n ingresados decenas de pacientes del COVID-19, ya que no ten\u00eda EPP alguno y corr\u00eda un riesgo especial debido a su edad, su empleador accedi\u00f3, pero le redujo el salario en 16%.<\/p>\n\n\n\n Numerosos profesionales de la salud expresaron su temor a sufrir represalias por denunciar condiciones de trabajo inseguras, y algunos de quienes hablaron con Amnist\u00eda Internacional hab\u00edan sido despedidos de su empleo por denunciar irregularidades o hab\u00edan sido objeto de procedimientos disciplinarios en el trabajo. Tainika Somerville, auxiliar de enfermer\u00eda en una residencia de personas mayores, propiedad de una empresa privada en Chicago, fue despedida despu\u00e9s de filmar una emisi\u00f3n en directo en Facebook en la que denunciaba la falta de EPP en su lugar de trabajo. Las personas que trabajan en residencias de personas mayores corren un riesgo especial, y medios de comunicaci\u00f3n de Estados Unidos y Canad\u00e1 han informado de que son epicentros de muertes relacionadas con el COVID-19.<\/p>\n\n\n\n En Nicaragua, el personal sanitario corre un riesgo especial porque el gobierno ha subestimado reiteradamente la magnitud de la pandemia del COVID-19 en el pa\u00eds. El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua dijo a Amnist\u00eda Internacional que no s\u00f3lo se ha despedido a profesionales de la salud por usar EPP en el trabajo, sino que a veces se les ha despojado violentamente de su equipo de protecci\u00f3n. Aunque la vicepresidenta de Nicaragua anunci\u00f3 el 28 de abril que pod\u00edan usarse EPP y que comenzar\u00eda el distanciamiento social, el gobierno de Daniel Ortega sigue restando importancia a la pandemia, a pesar del aumento del n\u00famero de casos. La Organizaci\u00f3n Panamericana de la Salud ha advertido de medidas inadecuadas en Nicaragua, mientras la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos ha planteado su preocupaci\u00f3n respecto a los despidos injustos de profesionales de la salud que han expresado su opini\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Las restricciones de la libertad de expresi\u00f3n han afectado tambi\u00e9n al derecho a la salud y al acceso de las personas a informaci\u00f3n relacionada con la salud. En Venezuela, donde las autoridades han encarcelado a periodistas por publicar informaci\u00f3n sobre la pandemia, los datos oficiales cuando se redacta este comunicado informan de solamente 541 personas infectadas con COVID-19 y 10 muertes, cifras que parecen inferiores a las reales.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs imposible proteger la salud de m\u00e1s de mil millones de personas que viven en las Am\u00e9ricas si los gobiernos insisten en silenciar a quienes denuncian irregularidades, periodistas y profesionales de la salud que alzan su voz con valent\u00eda para denunciar condiciones de trabajo inseguras y exigen con justicia una respuesta adecuada y responsable a la pandemia\u201d, ha manifestado Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n Los profesionales de la salud han sufrido tambi\u00e9n estigmatizaci\u00f3n, ataques f\u00edsicos, amenazas de muerte y denegaci\u00f3n de uso del transporte p\u00fablico en pa\u00edses como Colombia y M\u00e9xico, e incluso lapidaci\u00f3n p\u00fablica en Bolivia. Mientras que algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilizaci\u00f3n para apoyar p\u00fablicamente el papel que desempe\u00f1an las personas que trabajan en el \u00e1rea de la salud, otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlas.<\/p>\n\n\n\n A mediados de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vet\u00f3 dos decretos que habr\u00edan reforzado la seguridad del personal sanitario en el trabajo, s\u00f3lo unos d\u00edas despu\u00e9s de haber acusado a organizaciones de derechos humanos de trabajar \u201cpara lograr que mueran m\u00e1s humanos\u201d. Esta declaraci\u00f3n del presidente pasaba por alto el hecho de que la OMS indica expresamente que \u201clas violaciones o la inobservancia de los derechos humanos pueden conllevar graves consecuencias sanitarias\u201d.<\/p>\n\n\n\n Si desean m\u00e1s informaci\u00f3n o concertar una entrevista, p\u00f3nganse en contacto con Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, <\/strong>duncan.tucker@amnesty.org<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n El costo de curar: Los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Am\u00e9ricas durante el COVID-19 y m\u00e1s all\u00e1 <\/em>(investigaci\u00f3n, 19 de mayo de 2020) https:\/\/www.amnesty.org\/es\/documents\/amr01\/2311\/2020\/es\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mientras representantes de los gobiernos se re\u00fanen en la asamblea anual de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) para tomar decisiones fundamentales en relaci\u00f3n con la respuesta internacional a …<\/p>\n