En El Salvador se recurre a la supervisi\u00f3n militar de la poblaci\u00f3n para confinar a las personas que violan la cuarentena impuesta debido a la pandemia del coronavirus. (Foto: Yuri Cortez \/AFP v\u00eda Getty Images).<\/p>\n\n\n\n
Desde que estall\u00f3 la pandemia de COVID-19 en marzo, las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garant\u00edas suficientes frente a violaciones de derechos humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias, as\u00ed lo afirma Amnist\u00eda Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.<\/p>\n\n\n\n
En su nuevo informe, Cuando la protecci\u00f3n se vuelve represi\u00f3n: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Am\u00e9ricas<\/em><\/strong><\/a> la organizaci\u00f3n documenta c\u00f3mo, en tres pa\u00edses, las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus pa\u00edses de origen y comunidades con ingresos bajos y a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentaci\u00f3n, agua ni asistencia m\u00e9dica suficientes, lo que puede constituir malos tratos. Las terribles condiciones tienden a convertirlos en espacios contraproducentes donde se corre el peligro de contraer COVID-19.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn muchas partes del mundo, las autoridades han pedido a la poblaci\u00f3n que se quede en casa o se ponga en cuarentena voluntariamente para atenuar el riesgo de contagio de COVID-19. Pero cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisi\u00f3n militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, est\u00e1n convirtiendo una intervenci\u00f3n de salud p\u00fablica en una t\u00e1ctica represiva y punitiva\u201d, afirm\u00f3 Erika Guevara Rosas, Directora de Amnist\u00eda Internacional para las Am\u00e9ricas.<\/p>\n\n\n\n A finales de agosto, seg\u00fan datos oficiales, las autoridades venezolanas sometieron a cuarentena a unas 90,000 personas que hab\u00edan regresado al pa\u00eds tras quedarse sin empleo y sin casa en pa\u00edses vecinos como Colombia y Per\u00fa, y las han enviado a centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos.<\/p>\n\n\n\n Mientras que El Salvador y Paraguay hab\u00edan cerrado sus centros estatales de confinamiento o hab\u00edan reducido su escala a finales de agosto, el gobierno del presidente Bukele ten\u00eda a m\u00e1s de 16,000 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volv\u00edan del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que hab\u00edan dado positivo en la prueba de COVID-19. A finales de junio, las autoridades de Paraguay tambi\u00e9n impusieron la cuarentena a unas 8,000 personas, que en su mayor\u00eda hab\u00edan regresado al pa\u00eds tras perder su trabajo en el sector informal del vecino Brasil debido a las medidas de confinamiento adoptadas all\u00ed con motivo de la pandemia.<\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional ha examinado y verificado decenas de v\u00eddeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organizaci\u00f3n, en su mayor\u00eda grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, incluidos almacenes, polideportivos y otras instalaciones, y en los que describen sus condiciones de alojamiento. Adem\u00e1s, realiz\u00f3 14 entrevistas telef\u00f3nicas y examin\u00f3 decenas de leyes, pol\u00edticas y protocolos sobre confinamiento y aplicaci\u00f3n de cuarentenas obligatorias recientemente aprobados, documentos judiciales e informes de observadores y periodistas independientes.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan informaci\u00f3n recibida por la organizaci\u00f3n de esos tres pa\u00edses, la gente llevaba en cuarentena bastante m\u00e1s tiempo de los 14 d\u00edas recomendados actualmente por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) y, en algunos casos, m\u00e1s de un mes. Las personas sometidas a cuarentena no ten\u00edan acceso suficiente a informaci\u00f3n sobre cu\u00e1nto tiempo estar\u00edan recluidas ni sobre los criterios cient\u00edficos aplicados en un momento dado para determinar su salida del aislamiento o confinamiento. Esto constituye una violaci\u00f3n de su derecho a la informaci\u00f3n y del requisito impuesto por el derecho internacional de los derechos humanos de que toda medida de privaci\u00f3n de libertad, aun cuando tenga la finalidad de proteger la salud p\u00fablica, debe estar prevista en la ley y ser necesaria, proporcionada y de duraci\u00f3n limitada.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades s\u00f3lo deben poner a la poblaci\u00f3n bajo custodia del Estado cuando hayan fracasado otras medidas menos invasivas, como la cuarentena voluntaria y las campa\u00f1as de educaci\u00f3n. Si imponen el cumplimiento de una cuarentena, deben proporcionar las condiciones adecuadas, proteger frente a violaciones de derechos humanos y garantizar que no se usa de forma discriminatoria contra comunidades espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n \u201cAunque estos gobiernos hayan tenido que reaccionar r\u00e1pidamente ante una pandemia sin precedentes, Amnist\u00eda Internacional concluye que su imposici\u00f3n de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicaci\u00f3n por fuerzas policiales y militares\u201d, afirm\u00f3 Erika Guevara-Rosas.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn lugar de ofrecer condiciones y garant\u00edas adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervenci\u00f3n de salud p\u00fablica en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la poblaci\u00f3n refugiada y migrante que vuelve a sus pa\u00edses de origen\u201d.<\/p>\n\n\n\n En El Salvador, por ejemplo, el ministro de Justicia y Seguridad P\u00fablica advirti\u00f3 en abril que las personas que incumplieran el confinamiento nacional ser\u00edan enviadas a un centro de contenci\u00f3n, \u201clejos de sus familias, y en esos centros de cuarentena corren tambi\u00e9n el riesgo de contraer el virus\u201d. Esto indica que la cuarentena se considera un castigo y que las autoridades son plenamente conscientes de que los centros carecen de las medidas adecuadas para prevenir contagios.<\/p>\n\n\n\n \u201cMe gustar\u00eda olvidar todo esto, pero no puedo\u201d, dijo Ana Cristina a Amnist\u00eda Internacional, tras describir los 40 d\u00edas que hab\u00eda pasado durmiendo en un colch\u00f3n sucio tirado en el suelo del centro de cuarentena de El Salvador. Fue conducida all\u00ed a mediados de abril por unos agentes de polic\u00eda que la acusaron de saltarse el confinamiento nacional cuando estaba comprando comida y medicamentos, actividad permitida y considerada esencial en el momento de su detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El ejemplo m\u00e1s inquietante de campa\u00f1as de estigmatizaci\u00f3n y discriminaci\u00f3n auspiciadas por el Estado llega de Venezuela. Todas las personas que han regresado a Venezuela en los \u00faltimos meses fueron obligadas a recluirse en instalaciones destinadas a la cuarentena, en tanto que altos cargos del gobierno de Nicol\u00e1s Maduro afirmaban que quienes volv\u00edan de Colombia eran \u201carmas biol\u00f3gicas\u201d, enviadas para infectar a la poblaci\u00f3n que se encuentra en Venezuela. Tambi\u00e9n han tachado de \u201ctraidoras\u201d a las personas que volv\u00edan.<\/p>\n\n\n\n Este discurso, basado en las supuestas ideas pol\u00edticas de quienes vuelven y su pretendida asociaci\u00f3n deliberada con la COVID-19, sumado a la medida de cuarentena obligatoria en centros dirigidos por el Estado, hace pensar que su privaci\u00f3n de libertad es discriminatoria y arbitraria.<\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional pide a los gobiernos que est\u00e1n recluyendo a la poblaci\u00f3n en centros de cuarentena, gestionados por el Estado, por motivos de salud p\u00fablica, que permitan de inmediato a organizaciones humanitarias y observadores independientes de derechos humanos el acceso a estos centros para que puedan comprobar si las condiciones, las garant\u00edas frente a malos tratos y la provisi\u00f3n de comida, agua y otros art\u00edculos se ajustan a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a las recomendaciones de la OMS sobre medidas de cuarentena.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, las autoridades deben evitar las detenciones indefinidas y garantizar que los periodos de aislamiento y cuarentena se limitan al m\u00ednimo necesario, bas\u00e1ndose en la evidencia cient\u00edfica y las buenas pr\u00e1cticas, y ofrecer informaci\u00f3n clara sobre la duraci\u00f3n y el proceso de detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Mientras contin\u00faa la pandemia de COVID-19, y los pa\u00edses de todo el continente americano se enfrentan a la posibilidad de repetir el confinamiento, esta investigaci\u00f3n inicial sobre las cuarentenas gestionadas por el Estado pone de relieve la necesidad de que las autoridades eviten recurrir a enfoques coercitivos, punitivos y discriminatorios al adoptar medidas de salud p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n \u201cSabemos por otras pandemias que los enfoques punitivos no protegen a las comunidades y que asociar un virus a comunidades concretas s\u00f3lo conduce al estigma y la discriminaci\u00f3n. En cambio, los enfoques basados en los derechos humanos, que empoderan a la gente con los conocimientos que necesita para proteger su salud y la dotan de los recursos y el apoyo que necesita para cumplir medidas voluntarias, hist\u00f3ricamente han demostrado ser m\u00e1s efectivos\u201d, declar\u00f3 Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n Si desean m\u00e1s informaci\u00f3n o concertar una entrevista, p\u00f3nganse en contacto con Duncan Tucker: +52 1 55 4848 8266, <\/strong>duncan.tucker@amnesty.org<\/a><\/p>\n\n\n\n M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Cuando la protecci\u00f3n se vuelve represi\u00f3n: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Am\u00e9ricas <\/em>(Investigaci\u00f3n, 17 de septiembre de 2020) https:\/\/www.amnesty.org\/es\/documents\/amr01\/2991\/2020\/es\/<\/a><\/p>\n\n\n\n \u201cAm\u00e9ricas: Las autoridades deben proteger a la poblaci\u00f3n del COVID-19 en lugar de recurrir a medidas represivas\u201d (Noticia, 15 de mayo de 2020) https:\/\/www.amnesty.org\/es\/latest\/news\/2020\/05\/americas-authorities-must-protect-people-covid19-repressive-measures\/<\/a><\/p>\n\n\n\n El costo de curar: los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Am\u00e9ricas durante la COVID-19 y m\u00e1s all\u00e1 (Investigaci\u00f3n, 19 de mayo de 2020), https:\/\/www.amnesty.org\/es\/documents\/amr01\/2311\/2020\/es\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En El Salvador se recurre a la supervisi\u00f3n militar de la poblaci\u00f3n para confinar a las personas que violan la cuarentena impuesta debido a la pandemia del coronavirus. 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