Si bien dicho corte temporal se realiz\u00f3 por razones metodol\u00f3gicas, se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020 -momento en que las manifestaciones cesaron temporalmente debido a la pandemia de la Covid-19. Recientemente, y tras la activaci\u00f3n de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de 16 a\u00f1os que cay\u00f3 de un puente tras ser empujado por un carabinero, quien fue imputado por homicidio frustrado.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos mandos estrat\u00e9gicos de Carabineros permitieron la comisi\u00f3n de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa. A trav\u00e9s de \u00f3rdenes t\u00e1citas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, entre muchos otros\u201d, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa cadena de omisiones que Amnist\u00eda Internacional identific\u00f3 a lo largo de las rutas institucionales que podr\u00edan haber puesto fin a las violaciones de derechos humanos por parte de los mandos estrat\u00e9gicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habr\u00edan cometido en base a una pol\u00edtica cuyo fin \u00faltimo era desalentar la protesta social\u201d.<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-2-ajustada-Pablo-Ubilla-carabineros-derecho-de-respirar-en-paz.jpg\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\nFoto: Pablo Ubilla.<\/p>\n\n\n\n
El uso excesivo de la fuerza y la impunidad al interior de la instituci\u00f3n por violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros no son exclusivas de los hechos acontecidos desde octubre del 2019, sino que son parte de un patr\u00f3n hist\u00f3rico que pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la instituci\u00f3n, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n
Mandos estrat\u00e9gicos o directivos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional investig\u00f3 a profundidad las violaciones del derecho a la vida y la integridad personal de 12 personas, a trav\u00e9s de carpetas de investigaci\u00f3n, expedientes judiciales, entrevistas con v\u00edctimas, personas defensoras de derechos humanos, y autoridades, entre ellas fiscales a cargo de las investigaciones. Adem\u00e1s, la organizaci\u00f3n analiz\u00f3 m\u00e1s de 200 piezas videogr\u00e1ficas y realiz\u00f3 14 solicitudes formales de informaci\u00f3n a distintos ministerios, incluido el Ministerio del Interior.<\/p>\n\n\n\n El informe pone en evidencia que existen razones para considerar que al menos el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de Carabineros habr\u00edan sabido de las violaciones de derechos humanos a trav\u00e9s de informaci\u00f3n p\u00fablica y oficial. Por ejemplo, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas a diario con la munici\u00f3n disparada con escopetas, o con bombas lacrim\u00f3genas, entre ellas trauma ocular, cuya cifra ascendi\u00f3 a 347 casos hasta el 30 de noviembre. A marzo de 2020, seg\u00fan el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta cifra ascend\u00eda a 460.<\/p>\n\n\n\n Los mandos estrat\u00e9gicos analizados en el informe demoraron un mes en limitar el uso de la munici\u00f3n y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad y de que los casos de trauma ocular sobrepasaban los 250. Aunque se cre\u00f3 una \u201cPlana Mayor Nacional\u201d para asesorar al General Director, la estrategia y planificaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de las operaciones se mantuvo pr\u00e1cticamente sin cambios pese al desastre. No modificaron los protocolos y dictaron \u00f3rdenes vagas y generales, casi id\u00e9nticas a las anteriores, sin incorporar instrucciones espec\u00edficas para minimizar el da\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Durante el periodo analizado por Amnist\u00eda Internacional, no hubo pr\u00e1cticamente sanciones disciplinarias a pesar de que hab\u00eda m\u00e1s de 4,000 denuncias ante la Fiscal\u00eda en contra de oficiales de Carabineros. De las 170 sanciones anunciadas por la instituci\u00f3n policial en el mes de julio de 2020, \u00fanicamente 16 supon\u00edan la remoci\u00f3n del puesto. En dos de los casos con sanciones administrativas de este tipo, los de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, la conducta castigada no tuvo relaci\u00f3n con el uso de la fuerza. En otros casos, a pesar de que oficiales de Carabineros aceptaron su autor\u00eda en las lesiones graves, no fueron sancionados. Esto permiti\u00f3 que funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos permanecieran en sus puestos, operando a diario, y alent\u00f3 la repetici\u00f3n de violaciones debido a la impunidad imperante en la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cOficiales de Carabineros reprimieron las protestas disparando munici\u00f3n altamente lesiva, de amplia dispersi\u00f3n y contraria al est\u00e1ndar internacional sobre uso de la fuerza. Lejos de prohibir estos balines de goma y metal como munici\u00f3n antidisturbios, como se deber\u00eda haber hecho, fueron disparados de manera descontrolada, en ocasiones con la intenci\u00f3n de da\u00f1ar a los manifestantes, o sabiendo que era probable que ocurriese\u201d, dijo Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n \u201cSolo en el mes de octubre Carabineros dispar\u00f3 m\u00e1s de 104,000 cartuchos de dichos balines. El menosprecio por la integridad de las y los manifestantes ocasion\u00f3 que diariamente nuevas personas resultaran lesionadas de gravedad, sin importar que muchas de estas conductas pod\u00edan constituir delitos penales. Esta estrategia de impunidad se vio favorecida por la falta de trazabilidad de la munici\u00f3n empleada, debido a que no quedaban huellas en el arma desde la que se disparaba\u201d.<\/p>\n\n\n\n Foto: Karol Urzua.<\/p>\n\n\n\n Mandos operativos o t\u00e1cticos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ciertos mandos operativos de la Regi\u00f3n Metropolitana, como el Jefe de Zona Metropolitana (STGO1) o el Jefe de Zona de Orden, Control e Intervenci\u00f3n (STGO4), tampoco habr\u00edan ejercido un debido control sobre sus subordinados, como era su obligaci\u00f3n, y dirigieron y coordinaron operaciones como la del 8 de noviembre en \u201cPlaza Italia\u201d, donde oficiales de las Fuerzas Especiales dispararon su armamento de forma indiscriminada y hacia zonas corporales de alta letalidad.<\/p>\n\n\n\n S\u00f3lo en esa intervenci\u00f3n, en la que result\u00f3 ciego Gustavo Gatica, y que fue comandada por el Prefecto de las Fuerzas Especiales (G-1) y sus subprefectos (G-2 y G-3), se detonaron m\u00e1s de 2,000 cartuchos de 12 balines cada uno. Operaciones como esta no fueron la excepci\u00f3n, sino la regla. Amnist\u00eda Internacional identific\u00f3 que este modus operandi<\/em> se repiti\u00f3 durante el mes y medio analizado, y que dichas operaciones en la Regi\u00f3n Metropolitana contaron con los mismos oficiales, que d\u00eda tras d\u00eda disparaban de forma injustificada y sin control, y en ocasiones a trav\u00e9s de estrategias ofensivas en contra de manifestantes. Entre los oficiales identificados repetidamente se encuentran G-2 y G-3, este \u00faltimo imputado recientemente como posible autor de las lesiones a Gustavo Gatica.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl hecho de que estos mandos operativos de la Regi\u00f3n Metropolitana dirigieran y coordinaran las operaciones y estuvieran directamente implicados en violaciones de derechos humanos, habr\u00eda alentado al resto de sus subordinados a operar de la misma manera en contra de manifestantes\u201d, dijo Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n Responsabilidad del Ejecutivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional considera que la pol\u00edtica que los mandos estrat\u00e9gicos de Carabineros llevaron a cabo no podr\u00eda haberse dado si la administraci\u00f3n del presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era hubiera ejercido un control adecuado. Los intentos del Ejecutivo fueron insuficientes y el discurso de apoyo a la labor de Carabineros favoreci\u00f3 la continuidad de dicha estrategia.<\/p>\n\n\n\n \u201cSe deben deslindar todas las responsabilidades pol\u00edticas, administrativas e incluso penales, hasta el m\u00e1ximo nivel, de todas aquellas personas que en su posici\u00f3n de garantes conoc\u00edan o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligaci\u00f3n de hacerlo,\u201d dijo Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n Para garantizar la no-repetici\u00f3n de hechos como los analizados en el informe, no s\u00f3lo es necesario que se juzgue a todas las personas responsables hasta el m\u00e1ximo nivel posible, sino que adem\u00e1s se reforme la instituci\u00f3n de Carabineros.<\/p>\n\n\n\n \u201cSi algo puso en evidencia esta crisis es que la instituci\u00f3n de Carabineros est\u00e1 obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la poblaci\u00f3n, someti\u00e9ndose al poder civil de manera plena, y ejerciendo sus funciones desde el absoluto respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas.\u201d<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, es necesario atender las demandas de la poblaci\u00f3n que detonaron el \u201cestallido social\u201d en Chile. En este sentido, Amnist\u00eda Internacional considera que el proceso para la adopci\u00f3n de una nueva Constituci\u00f3n es una oportunidad hist\u00f3rica, donde se debe lograr que los derechos econ\u00f3micos y sociales demandados por la poblaci\u00f3n se garanticen para todas las personas en Chile, sin discriminaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Aunque no es objeto del informe, Amnist\u00eda Internacional tambi\u00e9n document\u00f3 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes fueron desplegadas del 18 al 28 de octubre por el presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era en algunas regiones de Chile, durante la vigencia de un estado de excepci\u00f3n constitucional de emergencia, a pesar de no ser su rol el control del orden p\u00fablico en manifestaciones. Oficiales de las Fuerzas Armadas fueron acusados de numerosos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de utilizar munici\u00f3n letal contra manifestantes en varias ocasiones, y de matar a tres personas en contextos de protesta. Las responsabilidades penales por estas muertes y lesiones deben ser esclarecidas de inmediato de manera imparcial y exhaustiva.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa Fiscal\u00eda Nacional y el Poder Judicial tienen una labor tit\u00e1nica por delante, pero crucial para el bienestar del pa\u00eds: terminar con la tradici\u00f3n de impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros. La justicia, la verdad y la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas es el mejor remedio para un pa\u00eds herido\u201d, dijo Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Amnesty-Karol-Urzua-casquillos-ajustada-1-13-oct-20-A-09.jpg\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n