El Acuerdo de Escaz\u00fa reconoce la importancia del trabajo de las personas defensoras del medio ambiente y obliga a los Estados a garantizar su protecci\u00f3n. En la foto, Danelly Estupi\u00f1\u00e1n, defensora de los derechos de comunidades afro, de Colombia, quien tuvo que abandonar su hogar despu\u00e9s recibir amenazas y hostigamiento. Foto: Duncan Tucker\/Amnesty International.<\/p>\n\n\n\n
Por Graciela Mart\u00ednez<\/em><\/p>\n\n\n\n La crisis sanitaria mundial que ha marcado el 2020 no ha interrumpido otra de las pandemias que acucia a Am\u00e9rica Latina y el Caribe: la de los asesinatos y ataques a personas defensoras del medio ambiente. A pesar de que el COVID-19 ha eclipsado el impulso de j\u00f3venes activistas de todo el planeta frente a la emergencia clim\u00e1tica que marc\u00f3 el 2019, su esfuerzo, aunado al de organizaciones y coaliciones de toda la regi\u00f3n, ha tenido un resultado positivo este a\u00f1o tan complicado que termina: m\u00e1s de 11 pa\u00edses han aprobado la ratificaci\u00f3n el Acuerdo de Escaz\u00fa y, por tanto, entrar\u00e1 finalmente en vigor. Eso s\u00ed, a\u00fan falta que se sumen efectivamente los otros 21 pa\u00edses de la regi\u00f3n. Representantes de la ONU han se\u00f1alado que la pandemia debe considerarse un llamado de atenci\u00f3n para repensar nuestra relaci\u00f3n con el medio ambiente, y no una excusa para dejar de avanzar en la protecci\u00f3n de nuestro planeta. Por ello, el Acuerdo de Escaz\u00fa es m\u00e1s importante que nunca.<\/p>\n\n\n\n En marzo 2018, gobiernos en Am\u00e9rica Latina y el Caribe acordaron el primer tratado vinculante en la regi\u00f3n para proteger el derecho de las personas y colectivos al acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, a la participaci\u00f3n y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Costa Rica y Chile fueron los pa\u00edses que lideraron el proceso de negociaci\u00f3n previo a la adopci\u00f3n. Sin embargo, el primero est\u00e1 a\u00fan en proceso de ratificarlo, est\u00e1 en manos de la Asamblea Legislativa, y el segundo ni siquiera lo ha firmado. La ausencia de Chile es especialmente sorprendente y contradictorio, ya que el pa\u00eds ha encabezado espacios internacionales sobre la protecci\u00f3n del medio ambiente como la presidencia de la COP25.<\/p>\n\n\n\n El Acuerdo de Escaz\u00fa es innovador, entre otras cuestiones, porque se trata del primer instrumento vinculante de este tipo en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras del medio ambiente. El tratado reconoce la importancia de su trabajo y obliga a los Estados a garantizar su protecci\u00f3n, estableciendo lineamientos para que tomen medidas adecuadas y efectivas para que puedan actuar sin riesgos.<\/p>\n\n\n\n Estas disposiciones responden al clima hostil que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Colombia, Brasil, M\u00e9xico, Guatemala y Honduras se encuentran entre los pa\u00edses m\u00e1s peligrosos para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente del mundo, seg\u00fan el \u00faltimo informe<\/a> de la organizaci\u00f3n internacional Global Witness. Coincide que casi ninguno de estos pa\u00edses ha ratificado a\u00fan el Acuerdo de Escaz\u00fa (el Senado mexicano hace apenas un mes aprob\u00f3 la ratificaci\u00f3n). Es m\u00e1s, Honduras, que tiene las cifras m\u00e1s altas de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente per c\u00e1pita, de acuerdo con este mismo informe, ni siquiera lo ha firmado.<\/p>\n\n\n\n Otros de los grandes pa\u00edses ausentes de la ratificaci\u00f3n y en donde hemos documentado ataques en contra de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en los \u00faltimos a\u00f1os son Per\u00fa y Paraguay.<\/p>\n\n\n\n Hay varios rostros m\u00e1s o menos conocidos que ilustran este contexto y sobre los que hemos estado trabajando en los \u00faltimos a\u00f1os. La defensora ind\u00edgena Lenca Berta C\u00e1ceres fue asesinada en Honduras en 2016 a ra\u00edz de su oposici\u00f3n al proyecto de la presa hidroel\u00e9ctrica Agua Zarca como coordinadora del Consejo C\u00edvico de Organizaciones Ind\u00edgenas Populares de Honduras (COPINH). O el defensor ind\u00edgena Rar\u00e1muri Juli\u00e1n Carrillo, asesinado hace dos a\u00f1os en la Sierra Tarahumara, al norte de M\u00e9xico, despu\u00e9s de manifestar su oposici\u00f3n a una concesi\u00f3n minera en territorio de su comunidad por los impactos sociales y ambientales. Sus familias siguen buscando justicia.<\/p>\n\n\n\n Hay quienes siguen vivos, pero est\u00e1n en la c\u00e1rcel o se ven obligados a desplazarse. En Guatemala, Bernardo Caal Xol, l\u00edder ind\u00edgena del pueblo maya q\u2019eqchi’ y preso de conciencia<\/a>, lleva m\u00e1s de dos a\u00f1os en prisi\u00f3n de forma injusta por defender los derechos de las comunidades de Santa Mar\u00eda Cahab\u00f3n, afectadas por la construcci\u00f3n de la planta hidroel\u00e9ctrica OXEC sobre los r\u00edos Oxec y Cahab\u00f3n. Danelly Estupi\u00f1\u00e1n, defensora de los derechos de comunidades afro, de Colombia, tuvo que dejar su hogar despu\u00e9s recibir amenazas y hostigamiento.<\/p>\n\n\n\n Casi todas estas personas han tenido alg\u00fan esquema de protecci\u00f3n en sus respectivos pa\u00edses, pero este no ha respondido a las causas estructurales de la violencia que enfrentan. Coincide tambi\u00e9n que todas ellas provienen de realidades culturales diferentes, que representan la diversidad latinoamericana y caribe\u00f1a. El Acuerdo de Escaz\u00fa reconoce precisamente esa diversidad, y aunque no mencione expl\u00edcitamente el derecho a una consulta previa, libre e informada, reconocida en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), ambos instrumentos son claramente complementarios.<\/p>\n\n\n\n Este punto es realmente importante, porque detr\u00e1s de muchos de los conflictos socioambientales est\u00e1 la falta de informaci\u00f3n e inclusi\u00f3n de las personas afectadas en el proceso de toma de decisiones y de mecanismos efectivos de acceso a la justicia. Y esto es m\u00e1s evidente en el caso de los pueblos ind\u00edgenas y tribales, cuya exclusi\u00f3n es hist\u00f3rica. El derecho a tener acceso a la informaci\u00f3n en asuntos ambientales, clave en el Acuerdo de Escaz\u00fa, es parte del consentimiento informado de los pueblos ind\u00edgenas y tribales. Asimismo, la participaci\u00f3n efectiva a trav\u00e9s de representaciones leg\u00edtimas e incorporando y facilitando los m\u00e9todos de toma de decisiones tradicionales.<\/p>\n\n\n\n De los 33 pa\u00edses de la regi\u00f3n, 24 ya han firmado el Acuerdo de Escaz\u00fa y 12 lo han ratificado. Argentina y M\u00e9xico a\u00fan tienen pendiente depositar el instrumento ante la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina y el Caribe (CEPAL)<\/a> para que sea oficial. Una vez uno de ellos lo haga, pasados 90 d\u00edas, el tratado entrar\u00e1 en vigor. Los pa\u00edses que no lo han ratificado todav\u00eda pueden continuar con el proceso. El per\u00edodo para depositar la firma cerr\u00f3 el pasado 26 de septiembre, por lo que los 9 pa\u00edses que no lo han firmado pueden ahora adherirse al instrumento.<\/p>\n\n\n\n Queda a\u00fan mucho camino por recorrer, sin contar con todo lo que implicar\u00e1 la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Escaz\u00fa en cada pa\u00eds. Pero hoy, en el 22\u00ba aniversario de la Declaraci\u00f3n sobre defensores, cuando se conmemora el d\u00eda internacional de las personas defensoras de los derechos humanos, Am\u00e9rica Latina y el Caribe puede celebrar que este a\u00f1o ha dado un paso hist\u00f3rico y, si no hay sobresaltos, pronto tendr\u00e1 por fin un instrumento que responde a otra de las pandemias de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n