El Estado colombiano ha incumplido su obligaci\u00f3n internacional de garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en el pa\u00eds, pero tiene la oportunidad de cambiar esto hoy, as\u00ed lo dir\u00e1 Amnist\u00eda Internacional en una audiencia p\u00fablica en el Congreso sobre la situaci\u00f3n de personas defensoras de derechos humanos en Colombia el d\u00eda de hoy.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl Estado Colombiano sigue incumpliendo su deuda hist\u00f3rica de dar una respuesta integral a la situaci\u00f3n de riesgo que enfrentan las personas defensoras en el pa\u00eds. Las amenazas y ataques contra quienes defienden los derechos humanos siguen ocurriendo d\u00eda tras d\u00eda, poniendo a Colombia otra vez m\u00e1s como el pa\u00eds m\u00e1s letal para defender derechos humanos\u201d, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigaci\u00f3n para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa audiencia en el Congreso es una oportunidad \u00fanica para trazar una ruta para que Colombia pueda avanzar en la protecci\u00f3n de personas defensoras, y para discutir de qu\u00e9 manera se puede responsabilizar a las autoridades que no act\u00faan diligentemente frente a la grave situaci\u00f3n que se encuentran quienes defienden los derechos humanos en el pa\u00eds\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, las organizaciones Front Line Defenders<\/a> y Global Witness<\/a> han colocado a Colombia de manera consistente como el pa\u00eds con m\u00e1s asesinatos de ambientalistas y personas defensores de derechos humanos en el mundo.<\/p>\n\n\n\n En octubre de 2020, Amnistia Internacional hizo una serie de recomendaciones<\/a> en materia de protecci\u00f3n integral a personas defensoras a nivel nacional y en cuatro casos concretos. Sin embargo, a la fecha, las autoridades colombianas han hecho muy poco para garantizar condiciones seguras para defender derechos humanos en el pa\u00eds. Siguen promoviendo un modelo de protecci\u00f3n que ha demostrado ser ineficaz por estar basado \u00fanicamente en medidas de protecci\u00f3n material y la expedici\u00f3n de leyes, decretos y normas que carecen de medidas que aseguren su debida implementaci\u00f3n, as\u00ed como medidas destinadas a la protecci\u00f3n individual y no de car\u00e1cter colectivo.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, las autoridades han avanzado de manera muy lenta con diversos procesos que podr\u00edan dar respuesta a las causas estructurales de la violencia, incluyendo la investigaci\u00f3n de amenazas y ataques, el reconocimiento de territorios ind\u00edgenas y el desmantelamiento de grupos armados. Adem\u00e1s, han adoptado medidas que por el contrario agudizan los riesgos para las personas defensoras como, por ejemplo, la decisi\u00f3n de poner en marcha una vez m\u00e1s campa\u00f1as de erradicaci\u00f3n forzada de cultivos il\u00edcitos, o de reducir esquemas de protecci\u00f3n para personas defensoras en riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n durante la pandemia.<\/p>\n\n\n\n El Congreso colombiano convoc\u00f3 una audiencia p\u00fablica sobre el tema el d\u00eda de hoy para exigir rendici\u00f3n de cuentas por la falta de garant\u00edas de seguridad para personas defensoras de derechos humanos y l\u00edderes y lideresas sociales en el pa\u00eds. En la audiencia participar\u00e1n organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras, como Mar\u00eda Ciro, representante del Comit\u00e9 de Integraci\u00f3n Social del Catatumbo (CISCA), quienes viven bajo riesgo por su labor en defensa de los derechos humanos y que no cuentan con la protecci\u00f3n adecuada por parte del Estado. Tambi\u00e9n se espera la participaci\u00f3n de instituciones estatales encargadas de garantizar su protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El caso de la defensora Jani Silva es un ejemplo de la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades colombianas. A lo largo del a\u00f1o 2021, ella ha sido v\u00edctima de distintas amenazas por parte de grupos armados por defender derechos humanos, pese a que cuenta con medidas materiales de protecci\u00f3n por parte de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n y cautelares por parte de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. El \u00faltimo incidente result\u00f3 en su desplazamiento debido al alto riesgo que enfrenta. Mientras las autoridades no adopten medidas capaces de mitigar las causas estructurales que ponen en riesgo a Jani Silva, persistir\u00e1 en una situaci\u00f3n de riesgo que comprometer\u00e1 su labor como defensora de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n ha constatado que el Ministerio de Interior no ha podido establecer planes de protecci\u00f3n colectiva en los casos de la Asociaci\u00f3n para el Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amaz\u00f3nica (ADISPA), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la comunidad ind\u00edgena ASEIMPOME, pese a que fueron solicitadas hace varios a\u00f1os. La lentitud del Ministerio de Interior en establecer planes de protecci\u00f3n colectiva evidencia que las autoridades no han sido capaces de abordar las causas estructurales de la violencia contra personas y colectivos que arriesgan su vida para defender derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl Estado sigue abordando el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos desde una perspectiva totalmente normativa, material e individual, y no con una mirada realista, colectiva y transformativa. La protecci\u00f3n de personas defensoras no debe estar basada \u00fanicamente en la teor\u00eda, si no en hechos reales y en las soluciones expresadas por las propias personas y colectivos en riesgo. Si escucharan sus voces habr\u00eda un ambiente significativamente m\u00e1s seguro para defender derechos humanos en Colombia\u201d, dijo Fernanda Doz Costa.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas obligaciones en materia de derechos humanos recaen en los tres poderes del Estado, por lo que es imperioso que el Congreso priorice el tema de personas defensoras en su agenda de manera permanente, incluyendo mediante la creaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de Garant\u00edas para Personas Defensoras, que llame a rendir cuentas a las personas funcionarias del Ejecutivo que no cumplen con su deber de protecci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00bfPor qu\u00e9 nos quieren matar? La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia<\/a> (Investigaci\u00f3n, 8 de octubre de 2020)<\/p>\n\n\n\n Si desean m\u00e1s informaci\u00f3n o concertar una entrevista, p\u00f3nganse en contacto con:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Estado colombiano ha incumplido su obligaci\u00f3n internacional de garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en el pa\u00eds, pero tiene la oportunidad de …<\/p>\n