\u201cComo supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadore\u00f1as est\u00e1n cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situaci\u00f3n de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dram\u00e1tica violencia que generan las pandillas y los retos hist\u00f3ricos de seguridad p\u00fablica que enfrenta el pa\u00eds, est\u00e1n sometiendo al pueblo salvadore\u00f1o a una tragedia. Las v\u00edctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero \u00e9sta s\u00f3lo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Durante las \u00faltimas semanas, un equipo de respuesta a crisis de Amnist\u00eda Internacional<\/strong> ha documentado minuciosamente 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a v\u00edctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y ex operadores de justicia, y l\u00edderes comunitarios. Adicionalmente, la organizaci\u00f3n solicit\u00f3 reuniones con diversas autoridades, incluyendo con el presidente Nayib Bukele.<\/p>\n\n\n\n Detenci\u00f3n arbitraria, privaci\u00f3n ilegal de la libertad y garant\u00edas judiciales<\/strong><\/p>\n\n\n\n El r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, las recientes reformas al C\u00f3digo Penal y el C\u00f3digo Procesal Penal, y la pr\u00e1ctica implementada en este contexto por los Juzgados Especializados, la Procuradur\u00eda General y la Fiscal\u00eda entre otros, han limitado los derechos a la defensa, a la presunci\u00f3n de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. El derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para las autoridades salvadore\u00f1as, no permite que se restrinjan estos derechos, ni siquiera en caso de estado de excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional encontr\u00f3 que miles de personas est\u00e1n siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales \u2014la existencia de una orden de aprehensi\u00f3n administrativa o judicial o en una situaci\u00f3n de flagrancia\u2014 sino \u00fanicamente por ser percibidos por las autoridades como personas se\u00f1aladas como criminales en los discursos de estigmatizaci\u00f3n del gobierno del presidente Bukele, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos v\u00ednculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginaci\u00f3n y abandono estatal hist\u00f3rico.<\/p>\n\n\n\n Tras ser detenidas, las personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayor\u00eda son acusadas del delito de \u201cagrupaciones il\u00edcitas\u201d, cuya pena versa entre 20 a 30<\/a> a\u00f1os de prisi\u00f3n. Durante la detenci\u00f3n, y antes de ser puestas a disposici\u00f3n de la autoridad judicial (que suele suceder al cumplirse 15 d\u00edas de detenci\u00f3n, tras haber suspendido, a trav\u00e9s del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, el plazo constitucional de 72 horas m\u00e1ximas para la \u201cdetenci\u00f3n administrativa\u201d), la persona detenida no suele tener contacto con su representante legal, ni siquiera momentos previos a la audiencia, o es de apenas unos minutos. Adem\u00e1s, una minor\u00eda de personas ha podido tener acceso a defensores privados, quienes no tienen acceso al expediente, desconociendo la informaci\u00f3n presentada por la Fiscal\u00eda. Estas audiencias pueden llegar a realizarse contra hasta 500 acusados a la vez y son resueltas de forma sumaria. Pr\u00e1cticamente todas las personas son sujetas a proceso por parte del Poder Judicial, aun cuando no exista ninguna evidencia.<\/p>\n\n\n\n En pr\u00e1cticamente todos los casos documentados por Amnist\u00eda Internacional, las personas expresaron que hubo momentos en los que no sab\u00edan d\u00f3nde se encontraban detenidos sus familiares. Al menos en un caso siguen sin saberlo, lo que podr\u00eda constituir en desaparici\u00f3n forzada. Esto ha llevado a decenas<\/a> de personas a interponer un recurso de exhibici\u00f3n personal (habeas corpus<\/em>) ante la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, hasta la fecha organizaciones de derechos humanos reportan que los procesos no presentan avances.<\/p>\n\n\n\n Familiares de personas detenidas durante el estado de emergencia sostienen carteles en los que se lee “Alicia es mi hermana, es empresaria y madre y no delincuente” y “Marvin es mi hijo y ayudante de alba\u00f1il” durante una protesta frente a la Corte Suprema, en San Salvador, efectuada el 5 de mayo de 2022. (Foto: REUTERS\/Jose Cabezas).<\/p>\n\n\n\n En un caso, la polic\u00eda detuvo a una vendedora de comida y madre soltera, dentro de su casa al inicio de abril, sin orden de aprehensi\u00f3n, ni allanamiento, por ser supuestamente operadora de una pandilla. En la audiencia de imposici\u00f3n de medidas, celebrada en contra m\u00e1s de 500 personas al mismo tiempo, un Juzgado Especializado le impuso detenci\u00f3n provisional por el delito de agrupaciones il\u00edcitas, a pesar de que, seg\u00fan su familia, no exist\u00eda evidencia para ello. A\u00f1os atr\u00e1s, polic\u00edas hab\u00edan detenido a la vendedora por la misma acusaci\u00f3n y la golpearon fuertemente durante la detenci\u00f3n. Adem\u00e1s de no comprobarse los cargos, gan\u00f3 una reparaci\u00f3n econ\u00f3mica tras denunciar a los polic\u00edas por abuso de autoridad. Desde entonces, tuvo que desplazarse forzadamente junto con sus hijos debido a constantes amenazas de la polic\u00eda. Ella y su familia hab\u00edan regresado a su vivienda pocos meses antes de su detenci\u00f3n en abril.<\/p>\n\n\n\n Su hija relat\u00f3 que, al d\u00eda siguiente, polic\u00edas de la localidad regresaron a la vivienda y le pusieron una pistola en la cabeza, amenaz\u00e1ndola de que ser\u00eda la siguiente. En mayo, la joven fue detenida por los mismos polic\u00edas que detuvieron a su madre y la amenazaron previamente. Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 otros dos casos en que las detenciones fueron precedidas de situaciones de abuso policial que las v\u00edctimas hab\u00edan denunciado ante las autoridades en a\u00f1os anteriores.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs alarmante observar c\u00f3mo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, est\u00e1n funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso pol\u00edtico de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y est\u00e1 favoreciendo la comisi\u00f3n de graves violaciones de derechos humanos e incluso cr\u00edmenes de derecho internacional\u201d, dijo Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa detenci\u00f3n y procesamiento penal sin las debidas garant\u00edas judiciales de m\u00e1s de 35 mil personas en menos de tres meses no habr\u00eda sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato. En cambio, est\u00e1n actuando como c\u00f3mplices de una pol\u00edtica de seguridad ordenada desde el m\u00e1s alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situaci\u00f3n de pobreza\u201d.<\/p>\n\n\n\n Derecho a la vida y la integridad personal<\/strong><\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detenci\u00f3n. Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estar\u00edan resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y \u00fatiles b\u00e1sicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas. Para finales de mayo, medios locales reportaban<\/a> que, debido al incremento en las detenciones, el 1.7 por ciento de la poblaci\u00f3n mayor de 18 a\u00f1os del pa\u00eds se encontrar\u00eda detenida, lo que supondr\u00eda un hacinamiento de m\u00e1s del 250 por ciento de la capacidad de los centros penales.<\/p>\n\n\n\n En un caso, un adolescente de 16 a\u00f1os fue detenido el 29 de abril por agentes de la polic\u00eda y las fuerzas armadas, y privado de la libertad durante 13 d\u00edas tras ser acusado del delito de agrupaciones il\u00edcitas. Durante la primera noche fue encadenado a la pared en un centro de detenci\u00f3n policial para adultos y expres\u00f3 haber sido golpeado por agentes policiales. Posteriormente fue trasladado a un Centro de Resguardo de Menores, donde miembros de una pandilla con quienes compart\u00eda celda le torturaron continuamente, mediante pu\u00f1etazos en la cabeza y la cara, patadas en el pecho, abdomen y piernas, y amenazas constantes. Adem\u00e1s, dijo que le arrojaron una bolsa llena de orina en la cabeza. Seg\u00fan declar\u00f3, estos actos de tortura y malos tratos se dieron con el conocimiento y tolerancia de los funcionarios del Centro.<\/p>\n\n\n\n Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18<\/a> personas muertas bajo tutela del Estado durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el n\u00famero de v\u00edctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 el fallecimiento de William Alexander Galeas Gonzales, de 36 a\u00f1os, quien fue detenido el 13 de abril junto a su madre y su hermana, por supuestos v\u00ednculos con pandillas. El 12 de mayo una funeraria visit\u00f3 a la familia para informarles de la muerte de William, con quien no se hab\u00edan podido comunicar desde su detenci\u00f3n. Ninguna autoridad les notific\u00f3 de la muerte ni les ha contactado hasta el momento. Seg\u00fan un documento del Instituto de Medicina Legal, el dictamen forense apunta a un edema pulmonar como causa preliminar de la muerte. La familia relat\u00f3 que al revisar el cuerpo observaron m\u00faltiples moretones.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa pol\u00edtica implementada con la supuesta justificaci\u00f3n de reducir la violencia en el pa\u00eds a toda costa, encuentra su m\u00e1xima expresi\u00f3n de ensa\u00f1amiento en estas muertes bajo la custodia del Estado. Las autoridades salvadore\u00f1as deben investigar todas las muertes arbitrarias inmediatamente y no permitir ni una m\u00e1s\u201d, dijo Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n Derechos de la ni\u00f1ez y adolescencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan datos del Instituto Salvadore\u00f1o para el Desarrollo Integral de la Ni\u00f1ez y Adolescencia, del 27 de marzo al 17 de mayo al menos mil 190 personas menores de 18 a\u00f1os fueron detenidas y recluidas en Centros de Resguardo. La mayor\u00eda fueron acusadas de los delitos de agrupaciones il\u00edcitas y organizaciones terroristas.<\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 el caso de dos primos de 14 y 15 a\u00f1os, ambos detenidos el 26 de abril mientras jugaban fuera de su casa en Ilopango. Sus familias relataron que agentes policiales los acusaron de tener \u201ccara de malandros,\u201d sin dar mayor justificaci\u00f3n por su detenci\u00f3n, adem\u00e1s de asegurarles a las madres que sus hijos pasar\u00edan 30 a\u00f1os detenidos. Desde entonces sus madres no han podido comunicarse con ellos y apenas tienen informaci\u00f3n sobre el proceso penal que enfrentan. Dicen que la abogada p\u00fablica asignada les dio muy poca informaci\u00f3n y escasamente argument\u00f3 en favor de sus hijos durante la audiencia.<\/p>\n\n\n\n Periodistas, personas defensoras y funcionarios judiciales<\/strong><\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional convers\u00f3 con cinco personas periodistas salvadore\u00f1as, de las cuales tres hab\u00edan tenido que cambiar de domicilio o de pa\u00eds debido al hostigamiento estatal y de terceros. Dos se\u00f1alaron tener informaci\u00f3n confiable sobre posibles investigaciones criminales en su contra como forma de represalia. En el contexto del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n no s\u00f3lo se han aprobado reformas legales que ponen en riesgo de criminalizaci\u00f3n a quienes informen sobre el fen\u00f3meno de las pandillas con condenas de hasta 15 a\u00f1os<\/a> de prisi\u00f3n, sino que, adem\u00e1s, funcionarios p\u00fablicos<\/a> y medios oficialistas<\/a> han acusado p\u00fablicamente y sin pruebas a periodistas e investigadores de tener v\u00ednculos con pandillas, en un intento de estigmatizar y cohibir el ejercicio period\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n El 11 de abril, desde su cuenta de Twitter, el presidente Bukele llam\u00f3 \u201cbasura<\/a>\u201d, a Juan Mart\u00ednez, investigador y antrop\u00f3logo especializado en temas de violencia y pandillas, a ra\u00edz de una entrevista donde \u00e9l opinaba sobre el fen\u00f3meno de las pandillas en el pa\u00eds. Mart\u00ednez coment\u00f3 a Amnist\u00eda Internacional que las autoridades buscan el silencio y el exilio del periodismo, as\u00ed como desacreditar las recientes investigaciones period\u00edsticas que se\u00f1alan la existencia de negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas. Horas despu\u00e9s de que el presidente Bukele denigrara p\u00fablicamente a Mart\u00ednez, el director de Centros Penales acusaba<\/a> a periodistas del peri\u00f3dico El Faro de ser terroristas, portavoces de las pandillas y mercenarios.<\/p>\n\n\n\n De igual manera, funcionarios p\u00fablicos del m\u00e1s alto nivel han acusado<\/a> p\u00fablicamente a organizaciones<\/a> de derechos humanos de estar a favor de la delincuencia generada por pandillas. Adem\u00e1s, la Red Salvadore\u00f1a de Defensoras de Derechos Humanos registr\u00f3 la detenci\u00f3n de seis lideresas comunitarias del municipio de Jiquilisco en Usulut\u00e1n en el contexto del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n. Las autoridades las privaron de su libertad en sus hogares sin dar los motivos de la detenci\u00f3n, y posteriormente han sido acusadas de tener v\u00ednculos con pandillas.<\/p>\n\n\n\n En otro caso, Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 la detenci\u00f3n de cuatro personas sindicalistas, entre ellas Dolores Almendares, trabajadora de la alcald\u00eda de Cuscatancingo y secretaria general del sindicato SETRAMUC, quien fue detenida el 6 de mayo mientras guardaba baja laboral en casa por una lesi\u00f3n en el brazo. Fue acusada y detenida provisionalmente por el delito de agrupaciones il\u00edcitas, pero su familia y colegas del sindicato creen que la detenci\u00f3n podr\u00eda tener alg\u00fan v\u00ednculo con su defensa de los derechos laborales.<\/p>\n\n\n\n Adicionalmente, Amnist\u00eda Internacional convers\u00f3 con dos ex funcionarios judiciales y un juez en funciones, quienes detallaron las afrentas a la independencia judicial que sufren los operadores de justicia, incluyendo reprimendas y llamados de funcionarios judiciales de alto nivel exigiendo no exonerar a los acusados en el marco del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n y dictar detenci\u00f3n provisional como regla general.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al pa\u00eds de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protecci\u00f3n de la ONU, en particular a los centros de detenci\u00f3n y audiencias judiciales, para que puedan verificar las condiciones generales de observancia de los derechos humanos\u201d, dijo Erika Guevara Rosas.<\/p>\n\n\n\n \u201cLlamamos al gobierno del presidente Bukele a revertir de forma inmediata las recientes medidas violatorias de derechos humanos y a establecer un di\u00e1logo con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y los mecanismos internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos, con el fin de establecer una pol\u00edtica de seguridad p\u00fablica efectiva y respetuosa de los derechos humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Si desean m\u00e1s informaci\u00f3n o concertar una entrevista, p\u00f3nganse en contacto con:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org<\/a><\/p>\n\n\n\n M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Salvador: El estado de excepci\u00f3n ha creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos (Noticias, 25 de abril de 2022) https:\/\/www.amnesty.org\/es\/latest\/news\/2022\/04\/el-salvador-state-of-emergency-human-rights-violations\/<\/a><\/p>\n\n\n\n El Salvador: Violencia demanda una respuesta integral y respetuosa de los derechos humanos (Noticias, 1 de abril de 2022) https:\/\/www.amnesty.org\/es\/latest\/news\/2022\/04\/el-salvador-crisis-violence-comprehensive-response\/<\/a><\/p>\n\n\n\n El Salvador: Carta abierta al Presidente Nayib Bukele (1 de abril de 2022) https:\/\/www.amnesty.org\/es\/documents\/amr41\/5433\/2022\/es\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agentes de polic\u00eda escoltan a un detenido al llegar a un centro de detenci\u00f3n policial, despu\u00e9s de que el gobierno de El Salvador invocara poderes de emergencia para frenar la …<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Protest-ajustada.jpg\")
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