Millones de personas venezolanas han salido de su pa\u00eds buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, enfrentan m\u00faltiples problemas para ser recibidos en pa\u00edses como Ecuador, Per\u00fa, Chile o Colombia. (Foto: Juan Pablo Cohen- La Opini\u00f3n)<\/p>\n\n\n\n
Al incumplir sus obligaciones internacionales y legislaci\u00f3n nacional, el Estado chileno pone en peligro a las personas venezolanas que huyeron de su pa\u00eds y buscan protecci\u00f3n, constat\u00f3 Amnist\u00eda Internacional en un nuevo informe, \u201cNadie quiere vivir en clandestinidad\u201d: Desprotecci\u00f3n de personas refugiadas venezolanas en Chile<\/a>, <\/em>que incluye los testimonios de 12 mujeres venezolanas.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs lamentable que los principales pa\u00edses receptores de personas refugiadas venezolanas en el mundo est\u00e9n incumpliendo su obligaci\u00f3n de garantizar protecci\u00f3n a quienes que huyen de Venezuela. Ya hemos documentado los enormes desaf\u00edos en Colombia, Per\u00fa y Ecuador; y ahora ponemos en evidencia que el gobierno chileno, lejos de romper esta tendencia y otorgarles protecci\u00f3n internacional o regularizaci\u00f3n migratoria, ha venido estableciendo por a\u00f1os una infranqueable carrera de obst\u00e1culos para que no puedan establecerse en el pa\u00eds\u201d, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan cifras oficiales, Chile alberga a unas 444.400 personas venezolanas<\/a> \u2014 una cifra conservadora ya que data de diciembre de 2021. Esto lo sit\u00faa detr\u00e1s de Colombia, Per\u00fa y Ecuador, que han recibido a unas 2.500.000, 1.500.000 y 502.000 personas venezolanas respectivamente. En conjunto, estos cuatro pa\u00edses latinoamericanos albergan a casi el 70% del total de los 7.17 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja, la crisis de derechos humanos, y la posible comisi\u00f3n de cr\u00edmenes de lesa humanidad. Las cifras globales aumentan continuamente, as\u00ed como los pa\u00edses de destino. Por ejemplo, Estados Unidos ahora se sit\u00faa como tercer mayor pa\u00eds receptor global con 545.000 personas venezolanas seg\u00fan cifras oficiales de 2021. Seg\u00fan las personas venezolanas se ven obligadas a huir a pa\u00edses m\u00e1s lejanos y en situaciones m\u00e1s precarias, como Estados Unidos<\/a> o M\u00e9xico<\/a>, Amnist\u00eda Internacional ha denunciado que estos Estados incumplen sus obligaciones de garantizar acceso a procesos de solicitud de refugio y la no devoluci\u00f3n de personas venezolanas a lugares o situaciones de riesgo.<\/p>\n\n\n\n Los testimonios de mujeres venezolanas viviendo en Chile ilustran las barreras que, por a\u00f1os, deben superar las personas que han logrado ingresar a territorio chileno y buscan conseguir protecci\u00f3n internacional o regularizar su situaci\u00f3n migratoria. Estos obst\u00e1culos incluyen la imposici\u00f3n de visas de entrada con requisitos imposibles de alcanzar, rechazos en frontera, falta de informaci\u00f3n sobre el derecho a solicitar protecci\u00f3n internacional, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de pr\u00e1cticas ilegales que exigen que quienes solicitan la condici\u00f3n de refugiadas y refugiados deban presentarse ante las autoridades y se \u201cautodenuncien\u201d por entrada irregular en el pa\u00eds. Estas medidas violan su derecho a solicitar protecci\u00f3n internacional. Tambi\u00e9n ponen a las personas en riesgo de expulsi\u00f3n, riesgo que se ve agravado por la imposibilidad de regularizar su situaci\u00f3n en el pa\u00eds, y por el marco legislativo que permite y facilita las devoluciones y expulsiones inmediatas, en vulneraci\u00f3n del debido proceso.<\/p>\n\n\n\n Para Amnist\u00eda Internacional la exigencia de autodenuncia por entrada irregular es sumamente alarmante. Esta medida no solo es un obst\u00e1culo a la protecci\u00f3n internacional, sino que, en la pr\u00e1ctica, penaliza y discrimina a las personas refugiadas por su forma de entrada en el pa\u00eds que vulnera la Convenci\u00f3n sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo, de los cuales Chile es signatario. Adem\u00e1s, las pone en riesgo de expulsi\u00f3n a lugares donde su vida y sus derechos corren peligro, en vulneraci\u00f3n del principio de no devoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl Estado chileno fuerza a la mayor\u00eda de las personas venezolanas a ingresar por pasos fronterizos inseguros y no habilitados, pero a su vez las penaliza por entrar de manera irregular y obstaculiza que soliciten asilo. Sin opciones para acceder a v\u00edas de regularizaci\u00f3n ni poder ejercer sus derechos, las autoridades condenan a las personas venezolanas a una situaci\u00f3n de absoluta desprotecci\u00f3n. Las propuestas de reformas al marco normativo de movilidad humana deben estar orientadas a proteger los derechos de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluidas mujeres, ni\u00f1as y ni\u00f1os, en lugar de buscar facilitar su expulsi\u00f3n y profundizar la estigmatizaci\u00f3n hacia ellas\u201d, expres\u00f3 Sof\u00eda Lanyon, presidenta de Amnist\u00eda Internacional Chile.<\/p>\n\n\n\n En v\u00edsperas del 8 de marzo, agreg\u00f3: \u201cA las puertas de una nueva conmemoraci\u00f3n del D\u00eda Internacional de la Mujer, es un momento id\u00f3neo para dar a conocer las injusticias a las que se enfrentan las mujeres venezolanas en Chile y, al mismo tiempo, una oportunidad para exigir que el gobierno brinde respuestas a estas violaciones de derechos humanos que se est\u00e1n cometiendo en nuestro pa\u00eds, incluido que garantice el acceso urgente a la protecci\u00f3n internacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n En este contexto y en l\u00ednea con las investigaciones previas de Amnist\u00eda Internacional en la materia, es particularmente preocupante la situaci\u00f3n de las mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia basada en g\u00e9nero que no cuentan con un estatus migratorio regular. Amnist\u00eda Internacional teme que, en Chile, los graves obst\u00e1culos para acceder a la protecci\u00f3n internacional u otra forma de regularizaci\u00f3n migratoria que expone su investigaci\u00f3n puedan impactar negativamente en los derechos de estas mujeres, dej\u00e1ndolas en una situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad frente a la violencia basada en g\u00e9nero.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n hace un llamado urgente al gobierno chileno a que garantice el acceso efectivo y sin discriminaci\u00f3n de todas las personas con necesidad de protecci\u00f3n al procedimiento para el reconocimiento de la condici\u00f3n de refugiado; a que respete el principio de no devoluci\u00f3n, incluyendo la prohibici\u00f3n de rechazos en frontera; y a que elimine el requisito de autodenuncia para cumplir con los est\u00e1ndares internacionales de no criminalizaci\u00f3n de la entrada irregular.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n de Amnist\u00eda Internacional se realiz\u00f3 entre noviembre de 2022 y enero de 2023 e incluy\u00f3 trabajo de campo en las ciudades de Arica, Iquique y Santiago. Adem\u00e1s de los testimonios de las 12 mujeres venezolanas, se entrevist\u00f3 a 23 representantes de organizaciones de sociedad civil, cuatro organizaciones internacionales, y nueve entidades gubernamentales. Tambi\u00e9n se realizaron tres solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n. Amnist\u00eda Internacional adem\u00e1s se sirvi\u00f3 de sus investigaciones en Venezuela, Colombia, Ecuador y Per\u00fa para constatar las condiciones de salida y tr\u00e1nsito de personas venezolanas refugiadas en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Como en investigaciones previas, Amnist\u00eda Internacional se refiere a personas refugiadas venezolanas en tanto el Estado chileno ha suscrito los instrumentos de derecho internacional que establecen las obligaciones de los Estados respecto de personas refugiadas, en concreto la Convenci\u00f3n de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaraci\u00f3n de Cartagena de 1984, incorporada a la legislaci\u00f3n chilena a trav\u00e9s de la Ley No. 20.430 sobre protecci\u00f3n de personas refugiadas. En base a estas normas legales, el Estado chileno est\u00e1 obligado a proteger a las personas venezolanas que han huido de su pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n o concertar una entrevista, p\u00f3nganse en contacto con Carlos Mendoza: +52 55 4145 7003,<\/p>\n\n\n\n carlos.mendoza@amnesty.org<\/a><\/p>\n\n\n\n Informaci\u00f3n complementaria:<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u201cNadie quiere vivir en clandestinidad\u201d: Desprotecci\u00f3n de personas refugiadas venezolanas en Chile (investigaci\u00f3n, 7 de marzo de 2023)<\/a><\/p>\n\n\n\n Desprotegidas en Ecuador: Mujeres venezolanas refugiadas y sobrevivientes de violencia basada en g\u00e9nero (investigaci\u00f3n, 17 de noviembre de 2022)<\/a><\/p>\n\n\n\n Desprotegidas: Violencia de g\u00e9nero contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Per\u00fa (investigaci\u00f3n, 12 de julio de 2022)<\/a><\/p>\n\n\n\n Entre la invisibilidad y la discriminaci\u00f3n: personas refugiadas venezolanas LGBTIQ+ en Colombia y Per\u00fa (investigaci\u00f3n, 20 de junio de 2022)<\/a><\/p>\n\n\n\n