
{"id":24724,"date":"2023-06-21T13:13:36","date_gmt":"2023-06-21T18:13:36","guid":{"rendered":"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/?p=24724"},"modified":"2023-06-21T13:20:49","modified_gmt":"2023-06-21T18:20:49","slug":"carta-abierta-a-los-jefes-y-las-jefas-de-estado-de-estados-americanos-en-ocasion-de-la-liii-sesion-ordinaria-de-asamblea-general-de-la-oea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/index.php\/carta-abierta-a-los-jefes-y-las-jefas-de-estado-de-estados-americanos-en-ocasion-de-la-liii-sesion-ordinaria-de-asamblea-general-de-la-oea\/","title":{"rendered":"Carta abierta a los jefes y las jefas de Estado de Estados Americanos en ocasi\u00f3n de la LIII sesi\u00f3n ordinaria de Asamblea General de la OEA"},"content":{"rendered":"\n<h2><strong>La Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA), en ocasi\u00f3n de su 53\u00b0 Sesi\u00f3n Ordinaria de la Asamblea General los Estados de las Am\u00e9ricas, ha llamado discutir a sobre la necesidad del fortalecimiento a la cultura de responsabilidad democr\u00e1tica con promoci\u00f3n y protecci\u00f3n e igualdad de los derechos humanos en las Am\u00e9ricas.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Amnist\u00eda Internacional reconoce la relevancia de los foros multilaterales como espacios fundamentales para la discusi\u00f3n y la soluci\u00f3n integral de las principales problem\u00e1ticas de derechos humanos en el mundo. En ese sentido, la organizaci\u00f3n celebra la inclusi\u00f3n en esta Asamblea General de una agenda donde se privilegie el debate sobre la protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de los derechos humanos en el hemisferio americano. Como todos los a\u00f1os, Amnist\u00eda Internacional hace un llamado a la OEA y a su Secretar\u00eda General a centrar sus esfuerzos para que los derechos humanos gu\u00eden las pol\u00edticas p\u00fablicas a desarrollar por parte del m\u00e1ximo foro multilateral del continente. La organizaci\u00f3n, tiene a bien presentar algunas de sus principales preocupaciones en materia de derechos humanos que requieren una atenci\u00f3n urgente, y, por tanto, hace un llamado a este foro a priorizar su discusi\u00f3n en b\u00fasqueda de soluciones duraderas a nivel regional.<\/p>\n\n\n\n<ol>\n<li><strong><em>Uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>En varios pa\u00edses de la regi\u00f3n, miles de personas se han tomado las calles en ejercicio de su derecho de protesta pac\u00edfica, demandando la rendici\u00f3n de cuentas de sus Estados y la protecci\u00f3n de sus derechos. Sin embargo, en muchos casos, la respuesta estatal ha sido represiva, en un intento por silenciar demandas legitimas. As\u00ed, el uso excesivo e innecesario de la fuerza se ha convertido en una pol\u00edtica de castigo para quienes protestan. Por ejemplo,<br>en Per\u00fa, las fuerzas de seguridad han hecho uso ileg\u00edtimo de la fuerza letal y un uso indiscriminado de armas menos letales con un sesgo racista contra la poblaci\u00f3n Ind\u00edgena y campesina para sofocar las manifestaciones que iniciaron en diciembre del a\u00f1o pasado en el contexto de la crisis pol\u00edtica, lo que ha resultado ya en la muerte de 49 personas y centenares de heridas.<\/p>\n\n\n\n<p>En Colombia, donde la mayor\u00eda de los casos de violaciones de derechos humanos, cometidas por las fuerzas de seguridad, en el contexto de las protestas del Paro Nacional en 2021 siguen en la impunidad, se contin\u00faan documentando casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la polic\u00eda. En 2022, un l\u00edder ind\u00edgena muri\u00f3 por disparos en el marco de una protesta ambiental y, en otra protesta que tuvo lugar en la capital (Bogot\u00e1), un hombre sufri\u00f3 un traumatismo ocular tras ser alcanzado por un proyectil, ambos casos se ha denunciado que los disparos habr\u00edan sido realizados por agentes del Estado.<\/p>\n\n\n\n<p>Las anteriores situaciones, son s\u00f3lo ejemplos emblem\u00e1ticos de c\u00f3mo en muchos pa\u00edses en el continente, las autoridades siguen violando los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, y a un juicio justo de personas que expresan su descontento frente a las pol\u00edticas de gobierno.<\/p>\n\n\n\n<p>Amnist\u00eda Internacional hace un llamado a los Estados de las Am\u00e9ricas a garantizar que las personas puedan ejercer el derecho a la protesta pac\u00edfica y que toda fuerza desplegada por los agentes de seguridad sea necesaria, legitima y estrictamente proporcional en el control de manifestaciones. Asimismo, la organizaci\u00f3n exhorta a los Estados a encontrar caminos de di\u00e1logo con sus ciudadan\u00edas para que sus leg\u00edtimas reivindicaciones sean atendidas.<\/p>\n\n\n\n<p>2. <strong><em>Detenciones arbitrarias, homicidios ileg\u00edtimos y tortura y otros malos tratos<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las detenciones arbitrarias contin\u00faan siendo generalizadas en Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, M\u00e9xico y Venezuela. En Cuba, en donde las personas son detenidas por motivos pol\u00edticos o por ejercer sus derechos humanos, Amnist\u00eda Internacional ha nombrado a Jos\u00e9 Daniel Ferrer Garc\u00eda, Maykel &#8216;Osorbo&#8217; Castillo y Luis Manuel Otero Alc\u00e1ntara como presos de conciencia, como casos emblem\u00e1ticos que representan s\u00f3lo una peque\u00f1a fracci\u00f3n del n\u00famero total de personas que merezcan esa designaci\u00f3n. De acuerdo con organizaciones cubanas de derechos humanos, desde las protestas hist\u00f3ricas en todo el pa\u00eds en julio del 2021, 1,812 personas han sido detenidas arbitrariamente, 768 contin\u00faan en prisi\u00f3n, y muchas m\u00e1s sujetas de procesos judiciales infundados. El nuevo C\u00f3digo Penal que entr\u00f3 en vigor el 1 de diciembre del a\u00f1o pasado, busca consolidar restricciones indebidas a la libertad de expresi\u00f3n y de reuni\u00f3n pac\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<p>En Nicaragua, de acuerdo con las conclusiones del informe de abril de 2023 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, hay evidencia razonable para considerar que las autoridades nicarag\u00fcenses han cometido cr\u00edmenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, encarcelamiento masivo, tortura, violencia sexual, deportaci\u00f3n y persecuci\u00f3n por motivos pol\u00edticos. Estas conclusiones son consistentes con informes de otros mecanismos, incluida la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo de Expertos Independientes (GIEI), y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional por buscar soluciones a la situaci\u00f3n de Nicaragua, el pa\u00eds sigue cerrando espacios al escrutinio internacional, prueba de ello es que esta ser\u00e1 la \u00faltima Asamblea General en que dicho participar\u00e1, pues en noviembre de 2019 el Estado nicarag\u00fcense denunci\u00f3 la Carta de la OEA.<\/p>\n\n\n\n<p>En El Salvador, ha transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o de la implementaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, bajo el cual se han cometido m\u00faltiples violaciones de derechos humanos. Hasta abril del 2023, el gobierno registraba la detenci\u00f3n de 68,200 personas, elevando la poblaci\u00f3n carcelaria del pa\u00eds a m\u00e1s de 100 mil personas. Desde el inicio del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, Amnist\u00eda Internacional ha recibido m\u00faltiples denuncias de graves violaciones a los derechos humanos incluyendo detenciones arbitrarias, en las que se reportan cientos de menores de edad, casos de tortura u otros malos tratos, y la muerte de al menos 132 personas bajo custodia del Estado en diversos centros penales, y que al momento de su fallecimiento no hab\u00edan sido declaradas culpables de ning\u00fan delito. A la fecha, se desconoce de la existencia de investigaciones imparciales y expeditas sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia y la identificaci\u00f3n de presuntos responsables. En muchas ocasiones, las familias ni siquiera han sido informadas adecuadamente por las autoridades de los decesos, solo reciben informaci\u00f3n de centros hospitalarios o funerarios.<\/p>\n\n\n\n<p>En Venezuela, organizaciones de derechos humanos calculan que entre 240 y 310 personas contin\u00faan detenidas arbitrariamente por motivos pol\u00edticos. Entre enero y septiembre del 2022, las fuerzas de seguridad cometieron presuntamente 488 ejecuciones extrajudiciales. Entre las personas detenidas se encuentran personas defensoras de los derechos humanos, como el preso de conciencia Javier Tarazona, l\u00edder de la organizaci\u00f3n Fundaredes. Los<br>informes de la Misi\u00f3n de la ONU de Determinaci\u00f3n de los Hechos sobre Venezuela han profundizado sobre la responsabilidad de las autoridades y los \u00f3rganos de justicia venezolanos en la comisi\u00f3n de posibles cr\u00edmenes de lesa humanidad, y en la ausencia de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre violaciones de derechos humanos en este pa\u00eds. Asimismo, la Fiscal\u00eda de la Corte Penal Internacional abri\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre los presuntos cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la primera de ese tipo que se llevaba a cabo en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los homicidios ileg\u00edtimos por parte de las fuerzas de seguridad son pr\u00e1cticas extendidas en la regi\u00f3n, y con frecuencia se dirig\u00edan contra personas que viven en barrios de ingresos bajos y poblaci\u00f3n racializada en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, M\u00e9xico, la Rep\u00fablica Dominicana y Venezuela, entre otros pa\u00edses. Durante 2022, en Ecuador, un total de 146 personas privadas de libertad fueron asesinadas en un contexto de crisis del sistema penitenciario, mientras en Brasil, las operaciones policiales causaron la muerte de cientos de personas, especialmente de j\u00f3venes negros.<\/p>\n\n\n\n<p>Las autoridades de los Estados de las Am\u00e9ricas deben abordar la impunidad emprendiendo sin demora investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre todos los cr\u00edmenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos, incluyendo a toda la cadena de mando, as\u00ed como la posible motivaci\u00f3n racista, a fin de garantizar justicia, verdad y reparaci\u00f3n para v\u00edctimas y sobrevivientes. Asimismo, la organizaci\u00f3n urge a los Estados de las Am\u00e9ricas a no hacer uso del sistema penal para realizar detenciones arbitrarias por motivos pol\u00edticos, y a liberar a dichas personas de manera inmediata e incondicional.<\/p>\n\n\n\n<p>3. <strong><em>Movilidad humana y necesidad de protecci\u00f3n internacional<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las crisis humanitarias y de derechos humanos que tienen lugar en el continente han provocado aumentos en el n\u00famero de personas que abandonaban su pa\u00eds en b\u00fasqueda de protecci\u00f3n. A marzo de 2023, la Plataforma de Coordinaci\u00f3n Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela calculaba que 7.23 millones de personas venezolanas hab\u00edan abandonado el pa\u00eds y el 84% de ellas buscaba protecci\u00f3n en 17 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe. En el 2022, el movimiento de personas que abandonaban Hait\u00ed y Cuba aument\u00f3, lo que se sumaba al flujo constante de poblaci\u00f3n que hu\u00eda de pa\u00edses centroamericanos. Las pol\u00edticas restrictivas de migraci\u00f3n y asilo, as\u00ed como la recurrente militarizaci\u00f3n de fronteras han generado una crisis de derechos humanos y humanitaria en todo el continente, en la que personas en necesidad de protecci\u00f3n se encuentran expuestas a altos \u00edndices de violencia, discriminaci\u00f3n, racismo, y otras violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>Las pol\u00edticas migratorias de Estados Unidos han puesto a las personas en necesidad de protecci\u00f3n internacional en situaciones que ponen en riesgo a su vida, adem\u00e1s de otras violaciones a derechos humanos, haciendo casi imposible el acceso al derecho a solicitar asilo y obligando a las mismas a buscar rutas m\u00e1s peligrosas y que las ponen en una mayor situaci\u00f3n de vulnerabilidad. Si bien la aplicaci\u00f3n de Titulo 42 termin\u00f3 el 11 de mayo del presente a\u00f1o, las nuevas medidas migratorias implementadas contin\u00faan limitando dr\u00e1sticamente el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y M\u00e9xico. As\u00ed, Amnist\u00eda Internacional observa con preocupaci\u00f3n el uso obligatorio de la aplicaci\u00f3n para tel\u00e9fonos celulares (CBP One) c\u00f3mo \u00fanico medio de agendar una cita en Estados Unidos para solicitar protecci\u00f3n internacional, lo cual limita seriamente las posibilidades de quienes solicitan asilo, pues supone un obst\u00e1culo importante para las personas que no tienen acceso a dispositivos m\u00f3viles ni a internet o que, por otras circunstancias, no pueden acceder a la aplicaci\u00f3n o usarla. La aplicaci\u00f3n en ning\u00fan caso debiera ser la \u00fanica forma de solicitar asilo en Estados Unidos. Adem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n ha presentado m\u00faltiples fallas,<br>obligando a las personas solicitantes de asilo a esperar en M\u00e9xico cerca de la frontera por periodos prolongados de tiempo, donde corren peligro de sufrir graves actos de violencia y no existen condiciones de habitabilidad m\u00ednimas. Asimismo, CBP One tambi\u00e9n plantea serios motivos de preocupaci\u00f3n en materia de privacidad, discriminaci\u00f3n y vigilancia. A Amnist\u00eda Internacional le preocupa que las tecnolog\u00edas de reconocimiento facial y GPS, junto con el almacenamiento en la nube, se usen para recabar datos sobre las personas solicitantes de asilo, y que la tecnolog\u00eda de reconocimiento facial, en concreto, se utilice de forma indiscriminada y discriminatoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Todo lo anterior se suma a la investigaci\u00f3n ya realizada anteriormente por Amnist\u00eda Internacional en la que se constat\u00f3 de manera espec\u00edfica la existencia de un trato discriminatorio por motivos raciales por parte de Estados Unidos en contra de personas Negras haitianas que buscan refugio en el pa\u00eds, las cuales han sido expulsadas del pa\u00eds en condiciones que pueden constituir tortura.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, M\u00e9xico otorg\u00f3 facultades a la Guardia Nacional en materia migratoria y militariz\u00f3 las fronteras. Adicionalmente, han utilizado la detenci\u00f3n migratoria de manera sistem\u00e1tica. Una prueba de ello es el incendio en Estancia Provisional de Ciudad Ju\u00e1rez la madrugada del 28 de marzo de este a\u00f1o, en el cual al menos 40 personas migrantes fallecieron. Entre las personas fallecidas y heridas hab\u00eda 28 guatemaltecas, 13 hondure\u00f1as, 12 venezolanas, 12 salvadore\u00f1as, una ecuatoriana y una colombiana. S\u00f3lo en el 2022, las autoridades migratorias mexicanas recluyeron al menos a 318,660 personas en estaciones migratorias y expulsaron a m\u00e1s de 106,000, entre las que se siguen encontrando ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. Dichas detenciones se realizan sin cumplir con los est\u00e1ndares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la detenci\u00f3n, ni con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares relativos a condiciones de detenci\u00f3n dignas, incluyendo la prohibici\u00f3n de hacinamiento y el contar con agua y alimentos suficientes.<\/p>\n\n\n\n<p>En el sur del continente, las personas solicitantes de asilo tampoco corren con mayor suerte. Por ejemplo, las medidas implementadas en Chile y Per\u00fa han desatado una crisis humanitaria en la frontera entre ambos pa\u00edses, donde se estima que alrededor de 300 personas, en su mayor\u00eda venezolanas, as\u00ed como personas haitianas y de otras nacionalidades, se encontraron varadas. En Chile, el Decreto para el resguardo de las \u00e1reas de zonas fronterizas N\u00b01 de febrero del presente a\u00f1o, otorg\u00f3 a las fuerzas militares las facultades de control de identidad, registro y detenci\u00f3n, adem\u00e1s de la colaboraci\u00f3n con la polic\u00eda para controlar el ingreso y egreso de personas extranjeras del territorio nacional, y para fiscalizar la legalidad de la estad\u00eda de personas extranjeras en el pa\u00eds. Estas medidas, vigentes por el plazo de 90 d\u00edas en determinadas zonas fronterizas del Norte de Chile, tienen como prop\u00f3sito \u201ccontribuir en el control migratorio y en la detecci\u00f3n de cr\u00edmenes, simples delitos y faltas\u201d. Mientras que en Per\u00fa, en abril de 2023, se declar\u00f3 un estado de emergencia que restringe la libertad de tr\u00e1nsito, reuni\u00f3n y la seguridad personal por 60 d\u00edas en determinados distritos de siete departamentos fronterizos de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, Piura, Tacna y Tumbes. Adem\u00e1s, se faculta a la Polic\u00eda Nacional para mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Amnist\u00eda Internacional recuerda a los Estados de las Am\u00e9ricas que tienen la obligaci\u00f3n de garantizar que las personas con necesidades de protecci\u00f3n internacional tengan acceso al territorio y a procedimientos para el reconocimiento de la condici\u00f3n de refugiado, y a que no se las rechace en frontera en vulneraci\u00f3n del principio de no devoluci\u00f3n. De igual forma, la organizaci\u00f3n urge a los Estados americanos a suspender de manera inmediata las expulsiones ilegales, as\u00ed como a abstenerse de detener a refugiadas y migrantes, y garantizar su atenci\u00f3n y derechos.<\/p>\n\n\n\n<p>4. <strong><em>Militarizaci\u00f3n y Seguridad Ciudadana<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad ciudadana no s\u00f3lo se ha ido acentuando en el control de las fronteras, como los casos ya mencionados de M\u00e9xico, Chile y Per\u00fa, sino tambi\u00e9n en el incremento de su intervenci\u00f3n en pol\u00edticas de seguridad p\u00fablica, en muchas ocasiones con intentos de perpetuar pol\u00edticas de militarizaci\u00f3n que est\u00e1n generando situaciones de violaciones a los derechos humanos, sin que los Estados atiendan las causas ra\u00edz de la violencia criminal. As\u00ed, por ejemplo, Ecuador y M\u00e9xico han adoptado decisiones legislativas, judiciales y\/o administrativas para ampliar la funci\u00f3n de las fuerzas armadas en tareas de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e9xico tambi\u00e9n ha afianzado la participaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad p\u00fablica mediante diversas acciones, como la reforma constitucional de 2019 mediante la cual se cre\u00f3 la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad de facto militar. Si bien la reforma constitucional permiti\u00f3 el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad p\u00fablica solamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, un acuerdo presidencial de 2020 facult\u00f3 la participaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad p\u00fablica hasta 2024, periodo posteriormente extendido hasta 2028, el cual fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN). Adicionalmente, en septiembre de 2022 el Congreso aprob\u00f3 que la Guardia Nacional pasara bajo el control administrativo y operativo de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que fue invalidado recientemente por la SCJN.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2022, la Guardia Nacional se hizo cargo de 227 \u00e1reas que normalmente eran competencia de organismos civiles, y de las cuales 148 no guardaban relaci\u00f3n con la seguridad p\u00fablica, como la construcci\u00f3n de aeropuertos y autopistas, la gesti\u00f3n de la vacunaci\u00f3n contra la COVID-19 y el control migratorio.<\/p>\n\n\n\n<p>La militarizaci\u00f3n en dicho pa\u00eds se da en el contexto de d\u00e9cadas de graves violaciones a los derechos humanos. A finales del 2022, la cifra de personas desaparecidas se elev\u00f3 a m\u00e1s de 109,000, con una impunidad casi absoluta. Seg\u00fan la Comisi\u00f3n Nacional de B\u00fasqueda s\u00f3lo se han dictado 36 sentencias condenatorias por el delito de desaparici\u00f3n. En 2022, el Comit\u00e9 de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas public\u00f3 un informe que expuso la crisis forense existente en el pa\u00eds; las autoridades siguen teniendo bajo custodia m\u00e1s de 52,000 cad\u00e1veres pendientes de identificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Amnist\u00eda Internacional urge a los Estados de las Am\u00e9ricas a asegurar que la participaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad ciudadana sea genuinamente excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias particulares, adem\u00e1s de ser subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y exhorta a llevar a cabo una revisi\u00f3n de la participaci\u00f3n gradual y ordenada, bajo mandos civiles, y asegurar el fortalecimiento de las capacidades de sus cuerpos policiales.<\/p>\n\n\n\n<p>5. <strong><em>Personas defensoras de derechos humanos<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El continente americano, contin\u00faa siendo el m\u00e1s peligroso para la defensa de los derechos humanos. Las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente enfrentan graves contextos de violencias, desde asesinatos, hasta criminalizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de sus propios Estados.<\/p>\n\n\n\n<p>Tan solo en 2022, en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Per\u00fa y Venezuela se asesinaron a personas defensoras de derechos humanos a consecuencia de su trabajo. Adem\u00e1s, en pa\u00edses como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Nicaragua, Paraguay, Per\u00fa y Venezuela, entre otros, se han documentado casos de amenazas, hostigamiento y detenciones arbitrarias y juicios injustos. Frontline Defenders report\u00f3 en su informe de 2022 que, en Colombia, al menos 186 l\u00edderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos fueron v\u00edctimas de homicidio, lo que ubica al pa\u00eds como el m\u00e1s peligroso para la defensa de derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo. El mismo informe report\u00f3 que en M\u00e9xico hubo 45 asesinatos a personas defensoras, mientras que Brasil registr\u00f3 26 v\u00edctimas fatales el a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n<p>En Venezuela, en el primer trimestre del 2023 al menos 226 personas defensoras de los derechos humanos han sido objeto de intimidaci\u00f3n, estigmatizaci\u00f3n y amenazas, adem\u00e1s autoridades de la Asamblea Nacional en Venezuela han anunciado propuestas de ley que buscan aumentar el escrutinio y fiscalizaci\u00f3n de las organizaciones de sociedad civil, lo cual las pondr\u00eda en alto riesgo de ser ilegalizadas y que sus miembros sean sancionados.<\/p>\n\n\n\n<p>En Nicaragua, hasta diciembre del 2022, el gobierno del presidente Ortega hab\u00eda cancelado la personer\u00eda jur\u00eddica de al menos 3,144 organizaciones, cerrado al menos 12 universidades, encarcelado a periodistas y hostigado a personas que ejercen el activismo pol\u00edtico. En febrero de 2023, el gobierno tambi\u00e9n someti\u00f3 a exilio forzado a 222 personas detenidas arbitrariamente por motivos pol\u00edticos, entre ellas prominentes personas defensoras de derechos<br>humanos y l\u00edderes de la oposici\u00f3n, y adem\u00e1s a est\u00e1s y 94 m\u00e1s les ha despojado de su nacionalidad, como una nueva forma de represi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En Paraguay, quienes ejerc\u00edan el activismo segu\u00edan haciendo frente a cargos falsos por participar en protestas contra las pol\u00edticas de salud p\u00fablica. Mientras en Bolivia, personas defensoras de los derechos humanos fueron sometidas a actuaciones judiciales por criticar al gobierno.<\/p>\n\n\n\n<p>En varios pa\u00edses de la regi\u00f3n las autoridades tambi\u00e9n utilizaron leyes ambiguas o demasiado amplias para silenciar las voces cr\u00edticas. En El Salvador se modific\u00f3 el C\u00f3digo Penal para estipular penas de entre 10 y 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n para quienes generaran \u201cansiedad\u201d o \u201czozobra\u201d por informar sobre las pandillas. En Nicaragua se aprob\u00f3 la Ley General de Regulaci\u00f3n y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la \u00faltima de una serie de leyes votadas desde<br>la represi\u00f3n de 2018 que debilitaban a las organizaciones de la sociedad civil. En Cuba, en diciembre pasado entr\u00f3 en vigor un nuevo C\u00f3digo Penal que pod\u00eda consolidar las limitaciones a la libertad de expresi\u00f3n y reuni\u00f3n pac\u00edfica ya habituales. En Argentina, el gobierno provincial de Jujuy present\u00f3 un proyecto de ley para reformar la Constituci\u00f3n de la provincia y limitar las protestas mediante la prohibici\u00f3n del bloqueo de carreteras y de la \u201cusurpaci\u00f3n del espacio p\u00fablico\u201d. En Guatemala, ha existido un aumento de los ataques a operadores de justicia involucrados en destacados casos de corrupci\u00f3n a gran escala y violaciones a derechos humanos. La persecuci\u00f3n penal infundada contra la exfiscal Virginia Laparra, ahora presa de conciencia, es prueba de ello, insert\u00e1ndose en un contexto de uso indebido del sistema de justicia penal para hostigar y castigar a jueces, fiscales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han protagonizado esta lucha.<\/p>\n\n\n\n<p>El uso indebido de la tecnolog\u00eda tambi\u00e9n se ha hecho presente para atacar a quienes defienden derechos humanos, prueba de lo anterior es la comprobaci\u00f3n del uso del programa esp\u00eda Pegasus para vigilar ileg\u00edtimamente a activistas y periodistas en El Salvador, M\u00e9xico y Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n<p>Amnist\u00eda Internacional urge a los Estados de las Am\u00e9ricas a garantizar el derecho a defender derechos humanos, lo que incluye garantizar que las personas que ejercen el periodismo, defienden los derechos humanos o son consideradas adversarias pol\u00edticas pueden llevar a cabo su labor y ejercer sus derechos en un entorno seguro y propicio sin sufrir hostigamiento, violencia ni vigilancia ilegal.<\/p>\n\n\n\n<p>6. <strong><em>Crisis clim\u00e1tica<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En todo el continente, los esfuerzos de los Estados todav\u00eda son insuficientes pues, no se ha abordado la dependencia de los combustibles f\u00f3siles, principal factor de la crisis clim\u00e1tica que amenaza la vida tal como la conocemos. Pese a su ret\u00f3rica en favor de la reducci\u00f3n de las emisiones globales, muchos Estados no han pasado de las palabras a los hechos, y el avance de los impactos del cambio clim\u00e1tico en comunidades rurales e hist\u00f3ricamente marginalizadas es cada vez m\u00e1s notoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas para la Alimentaci\u00f3n y a Agricultura (FAO), Am\u00e9rica Latina sigue siendo, despu\u00e9s de \u00c1frica, la regi\u00f3n del mundo con mayor tasa de p\u00e9rdida neta de superficie forestal. En Brasil, el ritmo de deforestaci\u00f3n de su cuenca amaz\u00f3nica alcanz\u00f3, entre enero y octubre del 2021, su nivel m\u00e1s alto desde 2015. En el 2022 en Bolivia, pese al compromiso de las autoridades de conservar su cobertura forestal y luchar contra la deforestaci\u00f3n ilegal, se quem\u00f3 m\u00e1s de un mill\u00f3n de hect\u00e1reas de tierra, fundamentalmente para ampliar la actividad agr\u00edcola.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien varios Estados de las Am\u00e9ricas han asumido compromisos y aprobado legislaci\u00f3n sobre el cambio clim\u00e1tico, Amnist\u00eda Internacional estima que a\u00fan no est\u00e1 a la altura de la magnitud de la crisis que se planteaba. En 2022, muy pocos Estados de la regi\u00f3n presentaron nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) para la reducci\u00f3n de emisiones, en cumplimiento al pedido de la 26 Conferencia de la Naciones Unidas sobre Cambio Clim\u00e1tico (COP26). Estados Unidos, pa\u00eds que hist\u00f3ricamente ha sido uno de los principales emisores globales de Gases Efecto Invernadero (GEI), y Canad\u00e1, que forma parte de las principales naciones emisoras de la regi\u00f3n, se cuentan entre los pa\u00edses que no presentaron nuevos compromisos. Mientras, Brasil y M\u00e9xico presentaron CDNs insuficientes en relaci\u00f3n con la contribuci\u00f3n de estos pa\u00edses al cambio clim\u00e1tico y al objetivo mundial de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 \u030aC.<\/p>\n\n\n\n<p>Adicionalmente, la mayor\u00eda de los Estados de la regi\u00f3n no han cumplido los compromisos que ya hab\u00edan suscrito como Partes en el Acuerdo de Par\u00eds y, en algunos casos, siguen apoyando de forma activa proyectos de combustibles f\u00f3siles. Para mediados del 2022, el organismo de fomento de las exportaciones de Canad\u00e1 hab\u00eda financiado el sector del petr\u00f3leo y el gas, dentro y fuera del pa\u00eds, con 3,400 millones de d\u00f3lares canadienses (2,500 millones de d\u00f3lares estadounidenses); al mismo tiempo, ese mismo pa\u00eds puso en marcha un plan para eliminar de forma gradual la financiaci\u00f3n p\u00fablica de nuevos proyectos de combustibles f\u00f3siles.<\/p>\n\n\n\n<p>Amnist\u00eda hace un llamado a los Estados de las Am\u00e9ricas a tomar medidas urgentes para frenar sus emisiones de carbono y dejar de financiar proyectos de combustibles f\u00f3siles, realizando una transici\u00f3n justa y conforme a los derechos humanos. Los Estados con mayores recursos del continente deben realizar esta transici\u00f3n de forma r\u00e1pida y adem\u00e1s aumentar con urgencia la financiaci\u00f3n clim\u00e1tica para los pa\u00edses de ingresos bajos y comprometerse a proporcionar fondos adicionales espec\u00edficos para p\u00e9rdidas y da\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>7. <strong><em>Pueblos Ind\u00edgenas<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En el \u00faltimo a\u00f1o, Amnist\u00eda Internacional ha documentado casos de asesinatos de personas lideresas Ind\u00edgenas, en pa\u00edses como Brasil, Colombia, Ecuador y M\u00e9xico, en el marco de conflictos relacionados con la tierra. En Colombia, personas lideresas y defensoras de derechos humanos Ind\u00edgenas han sido objeto de agresiones y asesinatos y, en zonas del pa\u00eds donde a\u00fan operan grupos armados, los pueblos Ind\u00edgenas y las comunidades afrodescendientes siguen sometidas al desplazamiento forzado y, en algunos casos, afrontaron crisis humanitarias.<\/p>\n\n\n\n<p>En varios pa\u00edses \u2014como Argentina, Brasil, Canad\u00e1, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Paraguay, Per\u00fa y Venezuela\u2014 los Estados llevan a cabo o han otorgado concesiones a empresas nacionales y multinacionales para la realizaci\u00f3n de proyectos extractivos, agr\u00edcolas y de infraestructura sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos Ind\u00edgenas afectados. El uso indebido del derecho penal tambi\u00e9n se ha hecho presente en contra de<br>los pueblos ind\u00edgenas. En Canad\u00e1 los cinco clanes wet\u2019suwet\u2019en que se han opuesto a la construcci\u00f3n de un gasoducto en su territorio ancestral, han sufrido continua vigilancia y criminalizaci\u00f3n por medio de \u00f3rdenes judiciales, y han sido hostigados, expulsados por la fuerza y encarcelados.<\/p>\n\n\n\n<p>Amnist\u00eda Internacional exhorta a las autoridades de los Estados del hemisferio a respetar el derecho de los pueblos ind\u00edgenas a la libre determinaci\u00f3n y obtener su consentimiento libre, previo e informado para llevar a cabo proyectos en su territorio. Los homicidios de personas ind\u00edgenas deben ser investigados de forma inmediata, imparcial y efectiva y debe detenerse y repararse el uso indebido del derecho penal en su contra.<\/p>\n\n\n\n<p>8. <strong>Violencia y discriminaci\u00f3n contra mujeres, ni\u00f1as y personas LGBTI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La violencia de g\u00e9nero contin\u00faa siendo uno de los m\u00e1s grandes desaf\u00edos en materia de derechos humanos en el continente. Los Estados de la regi\u00f3n contin\u00faan sin atender adecuadamente los alt\u00edsimos niveles de violencia de g\u00e9nero, incluidos los feminicidios. Los \u00edndices de violencia sexual contra mujeres y ni\u00f1as contin\u00faan al alza, siendo particularmente desproporcional contra mujeres Ind\u00edgenas en pa\u00edses como Estados Unidos y Canad\u00e1. Adem\u00e1s, se<br>siguen registrando centenares de femicidios en pa\u00edses como Argentina, Honduras, Venezuela y M\u00e9xico.<br>Por otro lado, varios Estados de las Am\u00e9ricas han tomado medidas que ponen en peligro los derechos sexuales y reproductivos. El a\u00f1o pasado, en Estados Unidos, la Corte Suprema anul\u00f3 la garant\u00eda constitucional de acceso al aborto, consagrada en Roe v. Wade. En El Salvador continua vigente la prohibici\u00f3n total del aborto, y al menos dos mujeres permanecen encarceladas por cargos relacionados con emergencias obst\u00e9tricas, una de ellas cumpliendo una pena de prisi\u00f3n de 50 a\u00f1os. En otros pa\u00edses como Nicaragua, Hait\u00ed, Honduras y Rep\u00fablica Dominicana se mantiene tambi\u00e9n la prohibici\u00f3n total del aborto, y en otros, las restricciones hacen casi imposible que mujeres, y ni\u00f1as accedan a sus derechos sexuales y reproductivos. A pesar del adverso contexto, en Colombia, la perseverancia del activismo en favor de los derechos de las mujeres y una sofisticada acci\u00f3n judicial impulsada por el movimiento Causa Justa, contribuyeron a la decisi\u00f3n de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. Ese mismo tribunal reconoci\u00f3 tambi\u00e9n un marcador de g\u00e9nero no binario en el documento nacional de identidad, estableciendo un precedente jur\u00eddico en favor de la diversidad de g\u00e9nero<br>en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, la poblaci\u00f3n LGBTI de varios pa\u00edses contin\u00faa expuesta a homicidios, ataques, discriminaci\u00f3n y amenazas, y enfrenta enormes dificultades para conseguir su reconocimiento de identidad legal. En Paraguay, las personas transg\u00e9nero siguen sin tener el derecho a cambiar legalmente sus nombres de acuerdo con su identidad de g\u00e9nero. En Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y M\u00e9xico, las personas transg\u00e9nero corren especial peligro de ser asesinadas. Brasil contin\u00faa siendo el pa\u00eds m\u00e1s mort\u00edfero del mundo para las personas transg\u00e9nero, a pesar de que dos mujeres transg\u00e9nero fueron elegidas diputadas federales por primera vez en la historia del pa\u00eds el a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n<p>Amnist\u00eda Internacional urge a los Estados de las Am\u00e9ricas adoptar medidas urgentes para atender todas las formas de violencia de g\u00e9nero, as\u00ed como investigar de forma seria, exhaustiva e imparcial, los asesinatos de las personas LGBTI, los feminicidios y feminicidios, a fin de llevar a quienes sean responsables de esos cr\u00edmenes ante la justicia y garantizar que se establecen garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>9. <strong><em>Elecci\u00f3n de las y los miembros de la CIDH<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Este a\u00f1o, la Asamblea General de la OEA tendr\u00e1 que elegir a cuatro personas para conformar la CIDH. Para Amnist\u00eda Internacional, el Sistema Interamericano de Protecci\u00f3n a Derechos Humanos (SIDH), conformado por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es un patrimonio a resguardar en las Am\u00e9ricas, siendo con frecuencia la \u00fanica esperanza de justicia para muchas v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n<p>Para que la CIDH contin\u00fae siendo una pieza vital dentro del engranaje del SIDH, y \u00f3ptima para realizaci\u00f3n de los derechos humanos en las Am\u00e9ricas, necesita estar conformada por personas con las m\u00e1s altas credenciales, cumpliendo con los principios de idoneidad, imparcialidad, independencia y reconocida competencia en materia de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>Este a\u00f1o, diez candidaturas fueron presentadas por los Estados para cuatro puestos vacantes en la CIDH. Sin embargo, Estados Unidos, Brasil, Honduras y Per\u00fa retiraron las candidaturas de sus nacionales. En el caso de Brasil, Honduras y Per\u00fa, estas candidaturas fueron retiradas despu\u00e9s del 23 de marzo, fecha en que hab\u00eda concluido el plazo para nominar. En ese sentido, Amnist\u00eda Internacional ve con especial preocupaci\u00f3n el retiro de las mismas, sin que los Estados expliquen el porqu\u00e9 del retiro o en su defecto c\u00f3mo estas personas no cumpl\u00edan con los requisitos de idoneidad, independencia, imparcialidad y reconocida competencia en materia de derechos humanos necesarios para conformar este tipo de mecanismo de protecci\u00f3n a derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>La organizaci\u00f3n resalta el llamado hecho por el Panel Independiente para evaluar candidaturas a los \u00f3rganos pol\u00edticos del SIDH en el sentido que la reducci\u00f3n del n\u00famero de candidaturas implica una menor posibilidad de lograr un proceso abierto, donde se pueda discutir la idoneidad de las y los aspirantes. No ser\u00eda en ning\u00fan caso deseable que fueran propuestas el mismo n\u00famero de candidaturas que vacantes a los \u00f3rganos del [SIDH]. Esto dar\u00eda margen a una elecci\u00f3n altamente politizada\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Por \u00faltimo, Amnist\u00eda Internacional urge a los Estados de las Am\u00e9ricas a asegurarse que la nominaci\u00f3n y retiro de candidaturas al SIDH est\u00e9 basado firmemente en el marco jur\u00eddico interamericano, en particular en lo establecido en la Resoluci\u00f3n AG\/RES 2991 (LII-O\/22) \u201cParidad de g\u00e9nero y representatividad geogr\u00e1fica y de los diferentes sistemas jur\u00eddicos en la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos\u201d en el sentido de garantizar la transparencia en los procesos y \u201csostener la paridad de g\u00e9nero, observando siempre el cumplimiento de los requisitos de independencia, imparcialidad, alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2015\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol>\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol start=\"8\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA), en ocasi\u00f3n de su 53\u00b0 Sesi\u00f3n Ordinaria de la Asamblea General los Estados de las Am\u00e9ricas, ha llamado discutir a sobre la necesidad del &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"> <a class=\"\" href=\"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/index.php\/carta-abierta-a-los-jefes-y-las-jefas-de-estado-de-estados-americanos-en-ocasion-de-la-liii-sesion-ordinaria-de-asamblea-general-de-la-oea\/\"> <span class=\"screen-reader-text\">Carta abierta a los jefes y las jefas de Estado de Estados Americanos en ocasi\u00f3n de la LIII sesi\u00f3n ordinaria de Asamblea General de la OEA<\/span> Leer m\u00e1s &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":24734,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[9],"tags":[161],"acf":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v14.5 - 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