Foto: \u00a9 Camilo Freedman\/NurPhoto via Getty Images<\/p>\n\n\n\n
El Salvador est\u00e1 experimentando una alarmante regresi\u00f3n en el respeto y la protecci\u00f3n de los derechos humanos, dijo Amnist\u00eda Internacional hoy al publicar su nuevo informe, Detr\u00e1s del velo de la popularidad: represi\u00f3n y regresi\u00f3n en materia de derechos humanos en El Salvador<\/em><\/strong>.<\/a><\/p>\n\n\n\n \u201cEl deterioro en la garant\u00eda de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador durante los \u00faltimos a\u00f1os es sumamente preocupante. La adopci\u00f3n de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al pa\u00eds a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno\u201d,dijo Ana Piquer, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional.<\/em><\/p>\n\n\n\n Basado en tres misiones de investigaci\u00f3n y 83 entrevistas, el informe documenta la instalaci\u00f3n de un contexto marcado por la profundizaci\u00f3n de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad p\u00fablica; la adopci\u00f3n de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso; el uso sistem\u00e1tico de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales; y el despliegue de una serie de acciones gubernamentales que restringen el espacio c\u00edvico. Bajo el derecho internacional de derechos humanos, la prohibici\u00f3n absoluta de tortura y otros malos tratos y del principio de legalidad nunca pueden ser suspendidos, incluso en una situaci\u00f3n excepcional.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n verific\u00f3 la prevalencia de factores que incrementan la situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n de las personas, como el debilitamiento de la independencia del poder judicial; el uso indebido del proceso penal; el ocultamiento de informaci\u00f3n p\u00fablica y la ineficiencia de los mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas e investigaci\u00f3n frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.<\/p>\n\n\n\n La otra cara del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el marco de la aplicaci\u00f3n de una medida de naturaleza extraordinaria y temporal, Amnist\u00eda Internacional ha verificado c\u00f3mo las autoridades salvadore\u00f1as, durante 21 meses consecutivos, han restringido y vulnerado derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibici\u00f3n de la tortura. Las medidas del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n han dado pie a la ejecuci\u00f3n de patrones recurrentes de violaciones durante los ciclos de detenci\u00f3n, procesamiento y encarcelamiento, cuyas principales manifestaciones han sido las detenciones arbitrarias masivas; las desapariciones forzadas, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas en centros de detenci\u00f3n; y las muertes de personas bajo la custodia del Estado \u2013algunas resultantes de tortura u otros malos tratos.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, Amnist\u00eda Internacional ha identificado tres caracter\u00edsticas alarmantes: 1) la masividad con la que se est\u00e1n produciendo las violaciones de derechos humanos; 2) el alto grado de coordinaci\u00f3n estatal en el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de esta medida; y 3) una respuesta estatal que tiende a ocultar y minimizar estos hechos, neg\u00e1ndose a reconocer e investigar diligentemente los abusos.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, los casos documentados dan cuenta de personas detenidas arbitrariamente, proyectos de vida truncados por acusaciones falsas, la promoci\u00f3n de un clima de venganza y desconfianza entre las personas de una misma comunidad, y un sector de la poblaci\u00f3n \u2013la m\u00e1s vulnerable\u2013 que vive bajo temor de ser v\u00edctima de las arbitrariedades y abusos infligidas por las autoridades.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con el an\u00e1lisis de las bases de datos de organizaciones de sociedad civil a las que Amnist\u00eda Internacional ha tenido acceso, las v\u00edctimas de detenciones arbitrarias comparten tres caracter\u00edsticas socioecon\u00f3micas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en \u00e1reas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas.<\/p>\n\n\n\n A la luz de estos hechos, la organizaci\u00f3n alerta sobre una gradual sustituci\u00f3n de la violencia pandilleril por violencia estatal, cuyas principales v\u00edctimas siguen siendo individuos de comunidades en condici\u00f3n de pobreza e hist\u00f3ricamente acechadas por la criminalidad.<\/p>\n\n\n\n \u201cEstos casos no son aislados, sino parte de un patr\u00f3n de abuso sistem\u00e1tico y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas. Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetici\u00f3n tr\u00e1gica de la historia, donde la violencia del Estado est\u00e1 reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza\u201d, dijo Ana Piquer.<\/p>\n\n\n\n El informe hace hincapi\u00e9 sobre el peligro que representan las reformas legales de car\u00e1cter permanente que se han aprobado bajo el pretexto de facilitar la implementaci\u00f3n del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, las cuales permiten y otorgan apariencia de legalidad a la suspensi\u00f3n de un conjunto de derechos y garant\u00edas al debido proceso.<\/p>\n\n\n\n Los principales cambios introducidos incluyen: el ocultamiento de la identidad de los jueces; la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de la detenci\u00f3n preventiva a delitos ligados a maras o pandillas, sin an\u00e1lisis individual sobre la necesidad de esta medida para \u2013por ejemplo, evitar la comisi\u00f3n de un delito grave o el riesgo de fuga\u2013; y la eliminaci\u00f3n de l\u00edmites de tiempo de la prisi\u00f3n preventiva para delitos asociados a grupos terroristas o ilegales. Esto \u00faltimo habilita su uso por un tiempo indefinido y atenta contra el derecho a ser juzgados o liberados en un plazo razonable.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con declaraciones p\u00fablicas de funcionarios estatales, m\u00e1s de 7,000 personas detenidas bajo sospecha de pertenecer a estructuras pandilleriles y procesadas bajo estas reformas, han sido \u201cliberadas\u201d mediante medidas alternativas a la detenci\u00f3n provisional. Muchas de ellas permanecieron encarceladas por m\u00e1s de un a\u00f1o, y han sido reconocidas p\u00fablicamente como parte de un margen de error. En este sentido, Amnist\u00eda Internacional advierte que, aunque la Asamblea Legislativa decida no prolongar el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, el riesgo de la profundizaci\u00f3n de la crisis de derechos humanos y la situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n de las personas persistir\u00e1 si no se revierten las reformas que socavan las garant\u00edas al debido proceso.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, a partir de an\u00e1lisis de las declaraciones p\u00fablicas que han brindado las m\u00e1s altas autoridades estatales, informes de sociedad civil, as\u00ed como de los testimonios y la documentaci\u00f3n recabada, el reporte concluye que, respecto a la situaci\u00f3n de las personas privadas de libertad y las condiciones de los centros de detenci\u00f3n, el Estado salvadore\u00f1o ha adoptado una pol\u00edtica de tortura sistem\u00e1tica hacia todas las personas detenidas bajo el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n con la sospecha de ser miembros de pandillas. Entre las consecuencias m\u00e1s graves de la aplicaci\u00f3n de esta pol\u00edtica destacan las muertes bajo custodia del Estado, algunas con evidentes signos de violencia, y muchas otras como resultado de las condiciones inhumanas de reclusi\u00f3n o la negaci\u00f3n de atenci\u00f3n en salud y la privaci\u00f3n de medicamentos.<\/p>\n\n\n\n Hasta octubre de 2023, movimientos de v\u00edctimas y organizaciones de derechos humanos locales registraban m\u00e1s de 73,800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad \u2013lo que coloca a El Salvador como el pa\u00eds con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial\u2013 una situaci\u00f3n de hacinamiento carcelario del 236% aproximadamente, y m\u00e1s de 190 muertes bajo custodia del estatal.<\/p>\n\n\n\n El espacio c\u00edvico bajo ataque<\/strong><\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n verific\u00f3 un aumento de acciones estatales que atentan contra la libertad de expresi\u00f3n y asociaci\u00f3n y obst\u00e1culos al ejercicio del derecho de reuni\u00f3n pac\u00edfica, la participaci\u00f3n en asuntos p\u00fablicos y el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Entre las principales t\u00e1cticas que las autoridades han utilizado para estos fines est\u00e1n: 1) un discurso medi\u00e1tico gubernamental, orientado a la estigmatizaci\u00f3n de la labor de defensa y promoci\u00f3n de los derechos humanos y la transparencia; 2) el acoso al oficio del periodismo y a cualquier forma de disidencia o cr\u00edtica; 3) el ocultamiento y manipulaci\u00f3n de informaci\u00f3n p\u00fablica; 4) el uso de tipolog\u00edas penales vagas que podr\u00edan poner en riesgo a personas defensoras de derechos humanos y\/o periodistas; 5) la exhortaci\u00f3n, por parte de instituciones estatales, de razones de orden p\u00fablico o de seguridad nacional, para violar o impedir el ejercicio de derechos humanos; y 6) la instrumentalizaci\u00f3n de las facultades de algunos ministerios, y la aplicaci\u00f3n de controles excesivos hacia medios de comunicaci\u00f3n y organizaciones de sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n Los principales blancos de estas t\u00e1cticas han sido personas defensoras de derechos humanos, los medios de comunicaci\u00f3n y periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas y operadores de justicia que han mostrado independencia y apego a los principios de legalidad y respeto al Estado de Derecho. Los incidentes m\u00e1s alarmantes en un contexto de suspensi\u00f3n de derechos han involucrado el uso del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n para criminalizar voces cr\u00edticas, hasta la fecha aquellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio, los recursos naturales, los derechos laborales y con el fortalecimiento de la cohesi\u00f3n social a nivel comunitario.<\/p>\n\n\n\n Todos estos elementos han generado un entorno que favorece un incremento de la desinformaci\u00f3n y de un discurso institucional que promueve la discriminaci\u00f3n, la hostilidad y la violencia como respuestas a la mera cr\u00edtica y a la disidencia. Adem\u00e1s, est\u00e1 aumentando la adopci\u00f3n de patrones de autocensura y autoexilio de quienes, al ser v\u00edctimas de violaciones a sus derechos, no encuentran en las instituciones estatales una respuesta para garantizar su protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Entre sus recomendaciones, Amnist\u00eda Internacional insta al Estado salvadore\u00f1o a poner fin a las pol\u00edticas de seguridad represivas. Esto incluye cesar las violaciones de derechos humanos resultantes de la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n y derogar las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan garant\u00edas judiciales. La organizaci\u00f3n recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida tomada en situaciones excepcionales que amenacen la independencia o seguridad del Estado debe estar estrictamente limitada a las necesidades de la situaci\u00f3n y respetar el principio de no discriminaci\u00f3n. Derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibici\u00f3n de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la libertad y seguridad personal son inalienables y nunca pueden ser suspendidos.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se recomienda garantizar un retiro ordenado de las fuerzas armadas en labores de seguridad p\u00fablica y fortalecer las capacidades de la Polic\u00eda Nacional Civil. Amnist\u00eda Internacional recuerda al Estado la necesidad de garantizar que las instituciones judiciales operen con plena independencia y autonom\u00eda, asegurar los derechos a la libertad de expresi\u00f3n y reuni\u00f3n pac\u00edfica, y cesar cualquier forma de restricci\u00f3n, estigmatizaci\u00f3n o criminalizaci\u00f3n de voces cr\u00edticas y disidentes.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la organizaci\u00f3n llama a la comunidad internacional a mantener una posici\u00f3n firme y sostenida respecto a los retrocesos que en materia de derechos humanos se est\u00e1n registrando en El Salvador, instando a las autoridades a acatar las recomendaciones emitidas por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Detr\u00e1s del velo de la popularidad: represi\u00f3n y regresi\u00f3n en materia de derechos humanos en El Salvador (Investigaci\u00f3n, 5 de diciembre de 2023) https:\/\/www.amnesty.org\/es\/documents\/amr29\/7423\/2023\/es\/<\/a><\/p>\n\n\n\n El Salvador: El presidente Bukele sumerge al pa\u00eds en una crisis de derechos humanos luego de tres a\u00f1os de gobierno (Noticias, 2 de junio de 2022) https:\/\/www.amnesty.org\/es\/latest\/news\/2022\/06\/el-salvador-president-bukele-human-rights-crisis\/<\/a><\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n o solicitar una entrevista, por favor contacten a Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Foto: \u00a9 Camilo Freedman\/NurPhoto via Getty Images El Salvador est\u00e1 experimentando una alarmante regresi\u00f3n en el respeto y la protecci\u00f3n de los derechos humanos, dijo Amnist\u00eda Internacional hoy al publicar …<\/p>\n