
{"id":31922,"date":"2024-05-23T09:52:18","date_gmt":"2024-05-23T14:52:18","guid":{"rendered":"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/?p=31922"},"modified":"2024-05-23T09:52:20","modified_gmt":"2024-05-23T14:52:20","slug":"guatemala-amnistia-internacional-denuncia-sesgo-de-genero-en-la-criminalizacion-sistematica-de-personas-operadores-de-justicia-y-defensoras-de-derechos-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/index.php\/guatemala-amnistia-internacional-denuncia-sesgo-de-genero-en-la-criminalizacion-sistematica-de-personas-operadores-de-justicia-y-defensoras-de-derechos-humanos\/","title":{"rendered":"<strong>Guatemala: Amnist\u00eda Internacional denuncia sesgo de g\u00e9nero en la criminalizaci\u00f3n sistem\u00e1tica de personas operadores de justicia y defensoras de derechos humanos<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n<p>Aspecto de la conferencia en que se present\u00f3 el informe <strong>Todo el sistema en contra: Criminalizaci\u00f3n de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala<\/strong>. En la foto: Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnist\u00eda Internacional M\u00e9xico, Ana Piquer, Directora para Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional y Esteban Beltr\u00e1n, Director Ejecutivo de Amnist\u00eda Internacional Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p>El patr\u00f3n de hostigamiento continuo por medio del abuso del sistema penal llevado a cabo por parte de las autoridades del Ministerio P\u00fablico (MP) y del Organismo Judicial (OJ) para reprimir y desmantelar la lucha contra la corrupci\u00f3n y la impunidad, incorpora varias formas de discriminaci\u00f3n y violencia de g\u00e9nero que exponen a las mujeres criminalizadas a un doble castigo, dijo Amnist\u00eda Internacional hoy al publicar su nuevo informe,&nbsp;\u201c<strong><em>Todo el sistema en contra\u201d, criminalizaci\u00f3n de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEs alarmante ver c\u00f3mo las autoridades del Ministerio P\u00fablico y el Organismo Judicial a cargo de estos casos no solamente han implementado una estrategia perversa de persecuci\u00f3n penal infundada y de intimidaci\u00f3n, sino que adem\u00e1s dan paso libre, con total indiferencia e impunidad, a la discriminaci\u00f3n y la violencia basada en g\u00e9nero en contra de las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos criminalizadas&#8221;. dijo Ana Piquer, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Las personas que participaron profesionalmente en la lucha contra la impunidad y la corrupci\u00f3n enfrentan acciones coordinadas destinadas a perseguirlas judicialmente y encarcelarlas de forma arbitraria, a trav\u00e9s de cargos infundados y presentados en procedimientos penales sin las garant\u00edas de un juicio justo. Estas acciones conforman un patr\u00f3n de criminalizaci\u00f3n y hostigamiento que a su vez constituyen violaciones de derechos humanos atribuibles al MP y el OJ.<\/p>\n\n\n\n<p>Basado en entrevistas y el an\u00e1lisis de una decena de casos, el informe expone las caracter\u00edsticas de este patr\u00f3n y los impactos de estas pr\u00e1cticas ilegitimas bajo el derecho internacional de los derechos humanos. El informe relata en detalle las historias de la exjueza Erika Aif\u00e1n, la exfiscal y presa de conciencia Virginia Laparra, las exauxiliares fiscales Paola Escobar y Aliss Mor\u00e1n, y la abogada y exmandataria de la CICIG, Claudia Gonz\u00e1lez, todas sometidas a procesos injustos s\u00f3lo por haber realizado funciones leg\u00edtimas dentro del sistema de justicia penal.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEn lugar de ser protegidas, estas mujeres est\u00e1n expuestas a un castigo adicional solamente por haberse atrevido a enfrentar la impunidad y los roles de g\u00e9nero tradicionalmente establecidos\u201d, agreg\u00f3 Ana Piquer, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Patr\u00f3n de violaciones de derechos humanos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n evidencia que las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos suelen enfrentar al mismo tiempo numerosas demandas penales, administrativas o disciplinarias. Amnist\u00eda Internacional considera que el n\u00famero extremadamente elevado de denuncias penales simult\u00e1neas y carentes de una base f\u00e1ctica o legal suficiente analizadas en el informe, juntamente con el hecho de que estas denuncias son promovidas por las autoridades con la \u00fanica intenci\u00f3n de castigar y silenciar a personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, convierte estos casos en demandas estrat\u00e9gicas contra la participaci\u00f3n p\u00fablica, tambi\u00e9n conocidas, por sus siglas en ingl\u00e9s, como SLAPP (<em>Strategic Lawsuit Against Public Participation<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>El informe detalla que, a lo largo del proceso penal, las personas criminalizadas enfrentan un sinf\u00edn de violaciones a sus derechos a mano de del MP y del OJ. Amnist\u00eda Internacional ha documentado por ejemplo que las autoridades han abusado de la detenci\u00f3n preventiva, ordenando esta medida sin respetar los est\u00e1ndares internacionales al respecto, y han permitido detenciones prolongadas de personas que no son presentadas ante un juez sino hasta semanas despu\u00e9s de su arresto en violaci\u00f3n de normas nacionales e internacionales. A ello se suman vulneraciones de la presunci\u00f3n de inocencia, al derecho de defensa, repetidas restricciones injustificadas de la publicidad de las audiencias y un patr\u00f3n de retrasos injustificados de los procesos y audiencias. Adem\u00e1s, llama la atenci\u00f3n que algunos tipos espec\u00edficos de delitos se usan con m\u00e1s frecuencia en los procesos de criminalizaci\u00f3n como los de abuso de autoridad, revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n e incumplimiento de deberes y que un n\u00famero significativo de estos casos est\u00e1n siendo conocidos solamente por un reducido n\u00famero de Juzgados de Primera Instancia Penal.<\/p>\n\n\n\n<p>En paralelo, las personas criminalizadas enfrentan un acoso continuo en espacios p\u00fablicos, y en la esfera digital. Los ataques en redes sociales, provenientes de hordas de cuentas coordinadas (<em>Netcenters<\/em>), incluyen insultos, mensajes denigrantes hacia ellas y sus familias, vigilancia, e incluso amenazas de detenci\u00f3n, da\u00f1os o muerte. Estos ataques son activados estrat\u00e9gicamente por sus autores en momentos claves del proceso judicial para incrementar la intimidaci\u00f3n y el hostigamiento hacia las personas criminalizadas.<\/p>\n\n\n\n<p>La informaci\u00f3n recabada por Amnist\u00eda Internacional muestra que las denuncias destinadas a poner fin a estos tipos de hostigamiento est\u00e1n estancadas o desechadas. Adicionalmente,<a> las mismas cuentas que ejecutan los ataques en la esfera digital han filtrado en redes sociales, con plena impunidad, informaci\u00f3n de los casos que s\u00f3lo debe estar en conocimiento de las autoridades, anunciando anticipadamente, por ejemplo, operativos u otras acciones de dichas autoridades.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a>De manera muy preocupante, la organizaci\u00f3n tambi\u00e9n document\u00f3 que estas t\u00e1cticas se han ampliado, fortalecido y repetido de forma tal que han abarcado cada vez a m\u00e1s personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos a lo largo de los \u00faltimos a\u00f1os, generando un profundo efecto inhibidor en las y los profesionales del sector justicia en el pa\u00eds.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Discriminaci\u00f3n y violencia de g\u00e9nero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las personas criminalizadas suelen enfrentar acciones espec\u00edficas de discriminaci\u00f3n, violencia de g\u00e9nero y racismo. Este fen\u00f3meno afecta de manera particular a las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que se han atrevido a luchar contra la corrupci\u00f3n y retar los roles que tradicional y socialmente son asignados a la \u201cmasculinidad\u201d en la procuraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n<p>Los testimonios recibidos por Amnist\u00eda Internacional incluyen gestos y discursos mis\u00f3ginos de las partes que intervienen en el marco de los procesos, as\u00ed como m\u00faltiples mensajes y montajes difundidos en redes sociales, todos destinados a restarles valor como profesionales y como mujeres.<\/p>\n\n\n\n<p>Lamentablemente, la investigaci\u00f3n evidencia que las autoridades han faltado a sus obligaciones con relaci\u00f3n a la prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n y violencia, al no poner fin a estas pr\u00e1cticas que ocurrieron en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n durante las audiencias en el marco de los procesos penales seguidos en contra de las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos criminalizadas, y al no investigar adecuadamente las denuncias relacionadas con la violencia en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201cEl juez hubiera tenido que parar al querellante adhesivo por sus comentarios mis\u00f3ginos, la violencia verbal, o sus cuestionamientos sobre nuestras vidas personales porque el caso no se<\/strong><em> <\/em><strong>relacionaba con esto, pero no lo hizo. Hasta un fiscal se re\u00eda. Nosotras tuvimos que pararles.\u201d <\/strong>dijo una abogada y defensora de derechos humanos entrevistada para este informe.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta desprotecci\u00f3n, junto con otros aspectos relacionados con los roles de g\u00e9nero y de cuidado que asumen, tambi\u00e9n ha tenido impactos diferenciados para las mujeres criminalizadas, que afectan diversos aspectos de sus vidas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Justicia descarrilada, sociedad en riesgo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El patr\u00f3n de criminalizaci\u00f3n analizado revela, de manera inquietante, no solamente retrocesos en la lucha contra la impunidad, sino el descarrilamiento de la justicia en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto la ley guatemalteca como las normas internacionales de derechos humanos establecen que las y los jueces y fiscales deben de poder ejercer sus labores sin presiones. Sin embargo, en los casos analizados el Ministerio P\u00fablico y el Organismo Judicial no han protegido la independencia de sus funcionarios, a pesar de que se trata de un elemento fundamental para garantizar el adecuando funcionamiento de la justicia y los derechos humanos de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La organizaci\u00f3n observa con suma preocupaci\u00f3n que los cuatro casos de criminalizaci\u00f3n expuestos en el informe derivan de se\u00f1alamientos e investigaciones de hechos de corrupci\u00f3n en el seno mismo del sistema de administraci\u00f3n de justicia, incluyendo el nombramiento de magistrados.<\/p>\n\n\n\n<p>Amnist\u00eda Internacional considera que la criminalizaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que han fortalecido la lucha contra la corrupci\u00f3n es peligrosa en cuanto pone en entredicho el correcto desarrollo de las funciones judiciales y fomenta la impunidad, lo cual a su vez pone en riesgo el acceso a la justicia de las personas v\u00edctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. Adem\u00e1s, tiene un efecto amedrentador que va m\u00e1s all\u00e1 del foro jur\u00eddico, e impacta negativamente en la libertad de expresi\u00f3n y el derecho de defender derechos humanos de la sociedad en su conjunto.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl hecho de que las mujeres que han denunciado, investigado o conocido de estos casos de corrupci\u00f3n son las que est\u00e1n hoy en el banquillo de las acusadas e incluso hayan enfrentado la c\u00e1rcel, es sintom\u00e1tico de un sistema de justica enfermo. Urge que las autoridades guatemaltecas cambien el rumbo para sanar sus instituciones, colocando en su centro los derechos de todas las personas en Guatemala, de acuerdo con el derecho internacional, y pongan fin a esta persecuci\u00f3n penal por motivos pol\u00edticos\u201d, agreg\u00f3 Ana Piquer.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre sus recomendaciones, Amnist\u00eda Internacional insta a las autoridades a desestimar las denuncias penales infundadas y que tengan como objetivo o resultado menoscabar el trabajo de las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, atemorizarlas o castigarlas por su labor, e investigar el hostigamiento judicial, as\u00ed como todas las formas de acoso, discriminaci\u00f3n y violencia de g\u00e9nero descritos en el informe.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, es fundamental que las autoridades adopten pol\u00edticas y medidas para identificar, evitar y sancionar la discriminaci\u00f3n y la violencia de g\u00e9nero en contra de mujeres operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso en entornos digitales.<\/p>\n\n\n\n<p>La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n recomienda adoptar medidas para facilitar la reintegraci\u00f3n del personal del MP forzado a renunciar, despedido arbitrariamente o sancionado injustamente en el contexto descrito antes, as\u00ed como velar porque que los procesos de selecci\u00f3n de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones se basen en la idoneidad, m\u00e9ritos e independencia de las y los aspirantes al cargo y sean transparentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aspecto de la conferencia en que se present\u00f3 el informe Todo el sistema en contra: Criminalizaci\u00f3n de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala. 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