Amnist\u00eda Internacional advierte que el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n prorrogado por el gobierno y las reformas al sistema penal han desvirtuado el Estado de Derecho en El Salvador. Ello, al consolidar un aparato represivo que, en lugar de impartir justicia de manera imparcial, se utiliza como un arma para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y para silenciar las voces cr\u00edticas, exponi\u00e9ndolas a un r\u00e9gimen carcelario que atenta contra su integridad personal y su vida. <\/p>\n\n\n\n
A m\u00e1s de tres a\u00f1os de iniciado, el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, prorrogado ya 42 veces consecutivas, ha consolidado un modelo que le da apariencia de legalidad a la detenci\u00f3n masiva sin pruebas, la suspensi\u00f3n de garant\u00edas judiciales y la imposici\u00f3n de plazos desproporcionados de detenci\u00f3n administrativa. Paralelamente, las reformas legales en materia penal y procesal penal han introducido medidas como el ocultamiento de la identidad de jueces, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de prisi\u00f3n preventiva y el endurecimiento punitivo contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. Estas reformas han sido observadas por organismos regionales<\/a> y universales<\/a> de derechos humanos por concluir que contravienen est\u00e1ndares internacionales. <\/p>\n\n\n\n \u201cEn lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio c\u00edvico. Defender derechos humanos o protestar pac\u00edficamente hoy puede costar la libertad\u201d, se\u00f1al\u00f3 Ana Piquer, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional. <\/p>\n\n\n\n En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio c\u00edvico. Ana Piquer, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional ha documentado<\/a> c\u00f3mo las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos como \u201cagrupaciones il\u00edcitas\u201d u \u201corganizaciones terroristas\u201d, para criminalizar a l\u00edderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente. Por su parte, organizaciones locales contabilizan m\u00e1s de 70<\/a> casos de este tipo en el que las personas han sido v\u00edctimas de detenciones arbitrarias, privadas de su libertad y sometidas a procesos judiciales sin las garant\u00edas propias del Estado de Derecho. <\/p>\n\n\n\n Ante el recrudecimiento de la persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de las personas defensoras, en julio de 2025, Amnist\u00eda Internacional declar\u00f3 personas prisioneras de conciencia<\/a> a Ruth L\u00f3pez, Alejandro Henr\u00edquez y Jos\u00e9 \u00c1ngel P\u00e9rez, al determinar que fueron encarceladas exclusivamente por su labor de defensa de derechos humanos y por ejercer pac\u00edficamente su libertad de expresi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n A pesar de que ni el decreto original del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n ni sus pr\u00f3rrogas contemplan su aplicaci\u00f3n a personas acusadas de delitos comunes, en estos tres casos la organizaci\u00f3n pudo verificar c\u00f3mo el Ministerio P\u00fablico y las autoridades judiciales aplicaron los plazos y la suspensi\u00f3n de garant\u00edas procesales, a pesar de que los cargos que se les imputan no guardan relaci\u00f3n con el accionar de las pandillas. <\/p>\n\n\n\n Tanto Ruth, como Alejandro y Jos\u00e9 \u00c1ngel fueron sometidos a la ampliaci\u00f3n de la detenci\u00f3n administrativa hasta 15 d\u00edas, y la imposici\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva sin fundamentos suficientes ni revisi\u00f3n judicial efectiva. Recientemente, el juzgado que conoce la causa de Alejandro y Jos\u00e9 \u00c1ngel, quienes est\u00e1n siendo procesados por los delitos de resistencia y des\u00f3rdenes p\u00fablicos, resolvi\u00f3 prorrogar por tres meses adicionales la fase de instrucci\u00f3n<\/a>, sin que existan en principio nuevos elementos por investigar. Esta decisi\u00f3n vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y da sustento a la afirmaci\u00f3n de que en El Salvador la prisi\u00f3n preventiva ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en un castigo anticipado, independientemente del delito por el que la persona est\u00e1 siendo procesada. <\/p>\n\n\n\n En el caso de Ruth se verific\u00f3, adem\u00e1s, la modificaci\u00f3n arbitraria de delitos imputados, y la reserva total del proceso. Otras personas defensoras y voces disidentes criminalizadas documentadas por organizaciones locales presentan irregularidades similares. <\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n carcelaria en El Salvador contin\u00faa siendo alarmante: incomunicaci\u00f3n prolongada, el hacinamiento extremo, la falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica oportuna y el riesgo de tortura caracterizan el r\u00e9gimen penitenciario. Esto impacta no solo a las personas criminalizadas, sino tambi\u00e9n a sus familias. El caso del abogado constitucionalista Enrique Anaya evidencia los peligros que enfrenta una persona cuando el sistema limita deliberadamente su derecho a una defensa t\u00e9cnica efectiva, agravando riesgos incluso para su salud<\/a>, cuya condici\u00f3n se ha deteriorado en detenci\u00f3n. Por su parte, Fidel Zavala, vocero de UNIDECH, enfrenta un riesgo real de ser sometido a tortura o tratos crueles<\/a>, inhumanos o degradantes, en un entorno carcelario caracterizado por la opacidad, la impunidad y la ausencia de controles externos.\u202f\u202f\u202f <\/p>\n\n\n\n \u201cLa incomunicaci\u00f3n prolongada y las condiciones inhumanas de detenci\u00f3n son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan. El impacto es devastador: autocensura, reducci\u00f3n de actividades y un espacio c\u00edvico cada vez m\u00e1s asfixiado\u201d, agreg\u00f3 Ana Piquer. <\/p>\n\n\n\n La incomunicaci\u00f3n prolongada y las condiciones inhumanas de detenci\u00f3n son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan.Ana Piquer, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n El 23 de septiembre de 2025, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorg\u00f3 medidas cautelares a Ruth L\u00f3pez<\/a> y Enrique Anaya,<\/a> al advertir que la incomunicaci\u00f3n prolongada y la detenci\u00f3n indefinida a la que est\u00e1n sometidos ponen en grave riesgo su vida, salud e integridad. El organismo exigi\u00f3 al Estado salvadore\u00f1o cesar de inmediato el aislamiento y garantizar condiciones de detenci\u00f3n acordes con los est\u00e1ndares internacionales. <\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional exige a las autoridades salvadore\u00f1as la liberaci\u00f3n inmediata e incondicional de todas las personas detenidas \u00fanicamente por ejercer pac\u00edficamente sus derechos humanos. Asimismo, insta a las autoridades a cumplir cabalmente y de manera inmediata con las medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor de Ruth L\u00f3pez y Enrique Anaya. Finalmente, hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que intensifique su escrutinio sobre las autoridades salvadore\u00f1as, con el fin de frenar el uso indebido del sistema de justicia como herramienta represiva. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Amnist\u00eda Internacional advierte que el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n prorrogado por el gobierno y las reformas al sistema penal han desvirtuado el Estado de Derecho en El Salvador. Ello, al consolidar …<\/p>\n\n
El derecho a defender derechos bajo ataque.<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
C\u00e1rceles como espacios de castigo y tortura<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
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