Foto: Swe Lin Tun\/SOPA Images\/LightRocket via Getty Images<\/p>\n\n\n\n
Desde que se hizo con el poder el 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar<\/a> ha ejercido una represi\u00f3n generalizada y ha cometido abusos en todas las facetas de la vida del pa\u00eds. As\u00ed lo han manifestado hoy Amnist\u00eda Internacional, Fortify Rights y Human Rights Watch. Las atrocidades cometidas por el ej\u00e9rcito desde el golpe de Estado, que incluyen cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes de lesa humanidad, han ido en aumento durante el \u00faltimo a\u00f1o a medida que la junta ha tratado de afianzar su gobierno mediante operaciones militares abusivas y elecciones orquestadas.<\/p>\n\n\n\n Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los gobiernos de la regi\u00f3n y otros Estados interesados deber\u00edan brindar m\u00e1s apoyo a la poblaci\u00f3n de Myanmar y hacer que la junta rinda cuentas de sus cr\u00edmenes. Las elecciones, fuertemente controladas y celebradas en tres fases entre el 28 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, han sido ampliamente descalificadas<\/a> por considerarse fraudulentas y organizadas para garantizar la victoria del partido respaldado por el ej\u00e9rcito.<\/p>\n\n\n\n \u201cNo es un accidente que estas elecciones hayan sido posibles mediante un aumento de los abusos contra los derechos humanos, que van desde la detenci\u00f3n arbitraria hasta los ataques ileg\u00edtimos contra la poblaci\u00f3n civil, en lo que ha sido el modus operandi<\/em> del ej\u00e9rcito durante decenios\u201d, ha manifestado Ejaz Min Khant, especialista en derechos humanos de Fortify Rights. \u201cA medida que esta crisis se adentra en su sexto a\u00f1o, el gobierno debe centrarse en las iniciativas de rendici\u00f3n de cuentas y justicia por los numerosos cr\u00edmenes cometidos por el ej\u00e9rcito de Myanmar, unas iniciativas sin las que el pa\u00eds no puede avanzar.\u201d<\/p>\n\n\n\n Desde el golpe de Estado, la junta ha prohibido sistem\u00e1ticamente decenas de partidos pol\u00edticos y ha detenido a m\u00e1s de 30.000 personas por motivos pol\u00edticos<\/a>. En enero, la junta inform\u00f3 de que hab\u00eda emprendido acciones legales contra m\u00e1s de 400 personas en virtud de una ley de \u201cprotecci\u00f3n de las elecciones\u201d aprobada en julio<\/a>, en la que se tipificaban como delito las cr\u00edticas<\/a> a las elecciones y se prohib\u00edan los discursos y la organizaci\u00f3n o celebraci\u00f3n de protestas que alteraran cualquier parte del proceso electoral. China y Rusia, principales suministradores de aviones y armas para la junta, enviaron observadores electorales a los comicios. Los dos pa\u00edses llevan mucho tiempo apoyando a la junta mientras bloquean en el Consejo de Seguridad de la ONU la acci\u00f3n internacional sobre las atrocidades cometidas por el ej\u00e9rcito. Malasia, que el a\u00f1o pasado presidi\u00f3 la Asociaci\u00f3n de Naciones del Sudeste Asi\u00e1tico, ha declarado que el bloque no ha enviado observadores para certificar las votaciones.<\/p>\n\n\n\n En una ampliaci\u00f3n de las operaciones militares en v\u00edsperas de las elecciones, en 2025 la junta intensific\u00f3<\/a> sus ataques a\u00e9reos, incluidos ataques deliberados e indiscriminados<\/a> contra personas e infraestructuras civiles, en lo que constituye una violaci\u00f3n del derecho internacional humanitario. Los ataques a\u00e9reos han alcanzado escuelas, hospitales, lugares de culto religioso y campos de personas desplazadas, y han matado a miles de personas durante el \u00faltimo a\u00f1o. \u201cLos cinco \u00faltimos a\u00f1os son una sombr\u00eda ilustraci\u00f3n de la estrategia militar fallida de Myanmar de afianzar el control matando y aterrorizando a civiles\u201d, ha manifestado Joe Freeman, investigador de Amnist\u00eda Internacional sobre Myanmar. \u201cLos ataques militares a\u00e9reos y con drones alcanzaron nuevas cotas en 2025, cuando la junta intensific\u00f3 su ya de por s\u00ed brutal campa\u00f1a contra las zonas de oposici\u00f3n; cada vez m\u00e1s personas viven con miedo a que caigan bombas desde el cielo.\u201d<\/p>\n\n\n\n Desde que en febrero de 2024 se promulg\u00f3 una ley de reclutamiento, la junta ha utilizado t\u00e1cticas abusivas como el secuestro de j\u00f3venes y muchachos y la detenci\u00f3n como rehenes de familiares de reclutas en paradero desconocido. Desde el golpe de Estado, el ej\u00e9rcito ha aumentado<\/a> el reclutamiento y uso de ni\u00f1os soldados.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n desde el golpe, m\u00e1s de 2.200 personas han muerto, seg\u00fan los informes,<\/a> bajo custodia de la junta, aunque la cifra real es probablemente m\u00e1s alta. La tortura, la violencia sexual y otros malos tratos imperan<\/a> en las prisiones, los centros de interrogatorio, las bases militares y otros lugares de detenci\u00f3n, con informes sobre violaci\u00f3n sexual, palizas, mantenimiento prolongado de posturas en tensi\u00f3n, descargas el\u00e9ctricas y quemaduras, negaci\u00f3n de la atenci\u00f3n m\u00e9dica y privaci\u00f3n de la comida, el agua y el sue\u00f1o. En julio, Ma Wutt Yee Aung, activista de 26 a\u00f1os, muri\u00f3<\/a> en la prisi\u00f3n de Insein a causa de una presunta falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica para las lesiones sufridas hac\u00eda tiempo en la cabeza a consecuencia de torturas.<\/p>\n\n\n\n Tras el terremoto de marzo de 2025 que azot\u00f3 el centro de Myanmar<\/a>, la junta obstaculiz\u00f3 el acceso a servicios vitales en zonas controladas por la oposici\u00f3n. Los a\u00f1os de ataques ileg\u00edtimos lanzados por la junta contra centros m\u00e9dicos y personal sanitario dificultaron seriamente la respuesta de emergencia<\/a>. A pesar del anuncio de un alto el fuego, el ej\u00e9rcito lanz\u00f3<\/a> m\u00e1s de 550 ataques<\/a> en los dos meses siguientes al terremoto. Desde finales de 2023, la poblaci\u00f3n civil rohiny\u00e1 se ha visto atrapada en los combates entre la junta y las fuerzas \u00e9tnicas del Ej\u00e9rcito de Arak\u00e1n, que ha impuesto medidas opresivas<\/a> contra la poblaci\u00f3n rohiny\u00e1 en el norte del estado de Rajine, medidas que incluyen trabajos forzados y detenci\u00f3n arbitraria<\/a>. Los abusos generalizados y sistem\u00e1ticos cometidos por el ej\u00e9rcito se han visto alimentados por decenios de impunidad<\/a> e insuficientes iniciativas internacionales para ponerles fin. El Consejo de Seguridad de la ONU permanece b\u00e1sicamente bloqueado, sin poder hacer un seguimiento<\/a> de su resoluci\u00f3n de diciembre de 2022 \u2014en la que denunciaba los abusos cometidos por el ej\u00e9rcito despu\u00e9s del golpe de Estado\u2014, a causa de medidas tangibles debidas a la oposici\u00f3n de China y Rusia.<\/p>\n\n\n\n Los miembros del Consejo de Seguridad deben exponer las medidas espec\u00edficas de rendici\u00f3n de cuentas que se tomar\u00e1n contra la junta por su negativa a cumplir con la resoluci\u00f3n del Consejo y otros numerosos llamamientos internacionales. La celebraci\u00f3n de reuniones abiertas peri\u00f3dicas sobre Myanmar pueden ayudar a impulsar una resoluci\u00f3n de seguimiento para remitir a la CPI toda la situaci\u00f3n del pa\u00eds y dictar un embargo global de armas y de combustible para aviones.<\/p>\n\n\n\n \u201cCinco a\u00f1os despu\u00e9s del golpe, la cat\u00e1strofe humanitaria y de derechos humanos de Myanmar se enfrenta a una disminuci\u00f3n de la atenci\u00f3n y la asistencia extranjera\u201d, ha manifestado Shayna Bauchner<\/a>, investigadora sobre Asia de Human Rights Watch. \u201cPara poner fin a esta crisis se necesitan una presi\u00f3n internacional sostenida, una rendici\u00f3n de cuentas significativa y un apoyo humanitario, pol\u00edtico y t\u00e9cnico concreto para las personas que permanecen en Myanmar y los millones que se han visto obligadas a huir.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Foto: Swe Lin Tun\/SOPA Images\/LightRocket via Getty Images Desde que se hizo con el poder el 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha ejercido una represi\u00f3n generalizada y …<\/p>\n
Las elecciones han sido una pieza central<\/a> de los intentos de la junta de sofocar toda la oposici\u00f3n pol\u00edtica, hacer descarrilar las iniciativas para restaurar el gobierno civil y afianzar el sistema de Estado controlado por el ej\u00e9rcito. Tal como se esperaba, y por dise\u00f1o, los resultados electorales indican una victoria aplastante del representante del ej\u00e9rcito, el Partido para la Solidaridad y el Desarrollo de la Uni\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El ej\u00e9rcito tambi\u00e9n ha intensificado su uso de<\/a> drones armados, paramotores y autogiros en ataques il\u00edcitos, que han representado nuevas amenazas para la poblaci\u00f3n civil. El 6 de octubre, un ataque militar con paramotor<\/a> contra un festival budista en la regi\u00f3n de Sagaing mat\u00f3 al menos a 24 personas, tres de ellas menores de edad. Desde diciembre de 2024 se ha informado de m\u00e1s de 135 ataques con paramotor. Myanmar es uno de los poqu\u00edsimos pa\u00edses que siguen utilizando munici\u00f3n de racimo y minas terrestres antipersonal<\/a>, prohibidas internacionalmente.<\/p>\n\n\n\n
Los abusos cometidos por los militares y la escalada de combates han obligado al menos a 3,6 millones de personas a desplazarse internamente. Los recortes<\/a> de la ayuda exterior<\/a>, la subida vertiginosa de los precios y las restricciones a la atenci\u00f3n m\u00e9dica y los suministros humanitarios han agravado la malnutrici\u00f3n, las enfermedades transmitidas por el agua y las muertes evitables. M\u00e1s de 15 millones de personas se enfrentan<\/a> a una inseguridad alimentaria aguda, que afecta especialmente al estado de Rajine<\/a>.
<\/strong>Millones de personas que han huido del pa\u00eds sufren crecientes amenazas<\/a> y corren peligro de devoluci\u00f3n forzada<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Desde el golpe de Estado han proliferado la trata de seres humanos, los centros de estafas, la extracci\u00f3n de recursos no regulada<\/a>, la producci\u00f3n de drogas<\/a> y otras operaciones il\u00edcitas. Los centros de estafa<\/a> online a lo largo de la frontera de Myanmar con Tailandia \u2014gestionados por sindicatos criminales globales dirigidos por ciudadanos chinos<\/a>\u2014 dependen principalmente de la trata de seres humanos, el trabajo forzado y la tortura para poder llevar a cabo sus estafas, que forman parte de un negocio que mueve miles de millones de d\u00f3lares en toda la regi\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Las medidas de rendici\u00f3n de cuentas que se est\u00e1n tomando en la Corte Internacional de Justicia<\/a> y en la Corte Penal Internacional (CPI)<\/a> son vitales, pero siguen limit\u00e1ndose a las atrocidades cometidas antes del golpe de Estado. En noviembre de 2024, el fiscal de la CPI solicit\u00f3<\/a> una orden de detenci\u00f3n contra el general Min Aung Hlaing, comandante en jefe del ej\u00e9rcito, por presuntos cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos en 2017; los jueces a\u00fan no han emitido una decisi\u00f3n p\u00fablica sobre esa solicitud.<\/p>\n\n\n\n