{"id":41675,"date":"2026-02-03T10:02:38","date_gmt":"2026-02-03T16:02:38","guid":{"rendered":"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/?p=41675"},"modified":"2026-02-03T10:02:40","modified_gmt":"2026-02-03T16:02:40","slug":"strongestados-unidos-el-acto-de-agresion-contra-venezuela-debilita-el-orden-internacional-basado-en-normas-y-deja-a-la-poblacion-venezolana-a-la-espera-de-justicia-strong","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/index.php\/strongestados-unidos-el-acto-de-agresion-contra-venezuela-debilita-el-orden-internacional-basado-en-normas-y-deja-a-la-poblacion-venezolana-a-la-espera-de-justicia-strong\/","title":{"rendered":"Estados Unidos: El acto de agresi\u00f3n contra Venezuela debilita a\u00fan m\u00e1s el orden internacional basado en normas y deja a la poblaci\u00f3n venezolana de nuevo a la espera de justicia<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

Foto: \u00a9Luis JAIMES \/ AFP via Getty Images<\/p>\n\n\n\n

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituy\u00f3 un uso ilegal de la fuerza seg\u00fan la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/em> perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano contin\u00faan, ha advertido hoy Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa operaci\u00f3n militar estadounidense en Venezuela<\/a> constituye una clara violaci\u00f3n de la Carta de las Naciones Unidas. Es un acto de agresi\u00f3n que pone en peligro a la poblaci\u00f3n civil y destruye las salvaguardias del derecho internacional. El uso de la fuerza por parte del gobierno de Trump no s\u00f3lo fue ilegal, sino que tambi\u00e9n podr\u00eda tener efectos devastadores sobre los derechos humanos de la poblaci\u00f3n venezolana, alentar acciones il\u00edcitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro\u201d, ha afirmado Agn\u00e8s Callamard, secretaria general de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n

Como ha declarado el propio presidente Trump, el control de los recursos y el poder geopol\u00edtico en la regi\u00f3n han sido en gran medida los motivos del ataque del 3 de enero. Desde entonces, ha reivindicado abiertamente su autoridad para dirigir la pol\u00edtica en Venezuela, incluso cuando la presidenta encargada, Delcy Rodr\u00edguez, mantiene una ret\u00f3rica desafiante mientras coopera con Estados Unidos. En medio de la incertidumbre generada por la vol\u00e1til situaci\u00f3n interna y la persistencia del aparato represivo del Estado, la poblaci\u00f3n venezolana se enfrenta a un riesgo adicional: la creciente injerencia de Estados Unidos que, lejos de ofrecer soluciones en materia de derechos humanos, amenaza con infligir un da\u00f1o adicional, potencialmente irreparable, a sus derechos y su seguridad.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa impunidad por los cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/em> cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante m\u00e1s de un decenio contin\u00faa con el gobierno encargado de Delcy Rodr\u00edguez. Las v\u00edctimas siguen esperando; no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garant\u00edas de no repetici\u00f3n. Al mismo tiempo, el espacio de la sociedad civil sigue reduci\u00e9ndose, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones se enfrentan a una persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n persistentes\u201d, ha afirmado Agn\u00e8s Callamard.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSeamos claros: Amnist\u00eda Internacional condena inequ\u00edvocamente tanto el uso il\u00edcito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los m\u00faltiples cr\u00edmenes cometidos por las autoridades venezolanas contra el pueblo de Venezuela. La denuncia de la acci\u00f3n militar ilegal de Estados Unidos no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendici\u00f3n de cuentas y reparaci\u00f3n por las graves violaciones de derechos humanos y los cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUn error no se corrige con otro. Debe haber una rendici\u00f3n de cuentas y una reparaci\u00f3n completas por el ataque ilegal del gobierno de Trump contra Venezuela y por los cr\u00edmenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Las amenazas abiertas del presidente Trump de intensificar la acci\u00f3n militar unilateral en otros lugares, junto con la ret\u00f3rica sobre \u201cdirigir\u201d Venezuela y controlar su petr\u00f3leo, aceleran el desmantelamiento de las normas del derecho internacional destinadas a proteger a la poblaci\u00f3n civil y prevenir los conflictos, lo que amenaza los derechos humanos en todo el mundo. Desde que atac\u00f3 Venezuela, el presidente Trump ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Ir\u00e1n y M\u00e9xico. Mientras tanto, China sigue llevando a cabo acciones amenazadoras contra Taiw\u00e1n y sus vecinos, y Rusia contin\u00faa su agresi\u00f3n contra Ucrania y ha sobrevolado el espacio a\u00e9reo de la OTAN.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo nos equivoquemos, se trata de esfuerzos calculados para normalizar un enfoque de \u2018la fuerza hace el derecho\u2019 en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, los tratados de derechos humanos y otros pilares del orden internacional. Otros Estados deben oponerse a estos esfuerzos imprudentes por desmantelar las normas mundiales dise\u00f1adas para mantener la paz, proteger a la poblaci\u00f3n civil en los conflictos y garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo lugar.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Por qu\u00e9 se trat\u00f3 de un uso il\u00edcito de la fuerza y un acto de agresi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El derecho internacional no puede ser m\u00e1s claro: El art\u00edculo 2, p\u00e1rrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas proh\u00edbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pol\u00edtica de cualquier Estado. El art\u00edculo 2, p\u00e1rrafo 3, exige el arreglo pac\u00edfico de las controversias. La Declaraci\u00f3n sobre Relaciones de Amistad (Resoluci\u00f3n 2625 de la Asamblea General de la ONU) establece la prohibici\u00f3n de la intervenci\u00f3n armada. Por otra parte, la Resoluci\u00f3n 3314 de la Asamblea General de la ONU define la agresi\u00f3n, se\u00f1alando que el primer uso de la fuerza armada por parte de un Estado en violaci\u00f3n de la Carta constituye prueba prima facie<\/em> de un acto de agresi\u00f3n, incluidos el bombardeo o los ataques contra las fuerzas armadas de otro Estado. La operaci\u00f3n del 3 de enero implic\u00f3 precisamente esas modalidades.<\/p>\n\n\n\n

El gobierno de Estados Unidos inici\u00f3 su escalada militar con ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales y llev\u00f3 a cabo la captura ilegal de Nicol\u00e1s Maduro con el pretexto de luchar contra el narcotr\u00e1fico, s\u00f3lo para revelar sin ambig\u00fcedades su verdadera motivaci\u00f3n: el control de los recursos naturales de Venezuela. M\u00e1s all\u00e1 de la justificaci\u00f3n oficial, siempre cambiante, los hechos son inequ\u00edvocos y constituyen graves violaciones del derecho internacional. Incluso si se aceptaran las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que se trata de combatir el narcotr\u00e1fico, seguir\u00eda siendo il\u00edcito ejercer la jurisdicci\u00f3n coercitiva en el territorio de otro Estado sin su consentimiento, lo que constituye una violaci\u00f3n de la soberan\u00eda largamente reconocida en el derecho internacional. Las acusaciones de narcotr\u00e1fico no constituyen un \u201cataque armado\u201d que pueda desencadenar la leg\u00edtima defensa en virtud del art\u00edculo 51 de la Carta.<\/p>\n\n\n\n

El Comit\u00e9 Jur\u00eddico Interamericano ha afirmado igualmente que, para los Estados miembros de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), las \u00fanicas excepciones a la prohibici\u00f3n del uso de la fuerza son la leg\u00edtima defensa y la autorizaci\u00f3n del Consejo de Seguridad de la ONU, l\u00edmites cuyo objetivo es precisamente salvaguardar la paz y los derechos humanos en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El ataque de Estados Unidos cumple claramente tres de los siete actos prohibidos que la Resoluci\u00f3n 3314 define como actos de agresi\u00f3n: \u201cLa invasi\u00f3n o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado\u201d; \u201cel bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado\u201d; y \u201cel ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o a\u00e9reas de otro Estado, o contra su flota mercante o a\u00e9rea\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento. La Observaci\u00f3n general n\u00fam. 36 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deja claro que los actos de agresi\u00f3n que provocan la privaci\u00f3n de la vida violan el art\u00edculo 6 del PIDCP ipso facto<\/em>, y que no resolver las controversias por medios pac\u00edficos puede suponer un incumplimiento del deber de proteger la vida.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNinguna etiqueta puede convertir un bombardeo en \u2018hacer cumplir la ley\u2019. Son los hechos, y no la ret\u00f3rica pol\u00edtica, los que determinan el derecho aplicable. Sin la autorizaci\u00f3n del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de leg\u00edtima defensa, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela fue il\u00edcito y constituy\u00f3 un acto de agresi\u00f3n. El derecho a la vida no se suspende cuando un gobierno decide ignorar la Carta de las Naciones Unidas\u201d, ha afirmado Agn\u00e8s Callamard.<\/p>\n\n\n\n

Dentro de Venezuela: una maquinaria de represi\u00f3n que no se detuvo el 3 de enero<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Durante a\u00f1os, Amnist\u00eda Internacional y m\u00faltiples investigaciones internacionales han documentado la pol\u00edtica sistem\u00e1tica de represi\u00f3n, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, dirigidos especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, personas opositoras pol\u00edticas, personas manifestantes, periodistas y cr\u00edticas \u2014reales o percibidas\u2014 del gobierno.<\/p>\n\n\n\n

En 2019, Amnist\u00eda Internacional estableci\u00f3 la existencia de un ataque generalizado y sistem\u00e1tico<\/a> por parte de las autoridades venezolanas bajo el mandato de Nicol\u00e1s Maduro contra la poblaci\u00f3n civil, y concluy\u00f3 que se hab\u00edan cometido cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/em> al menos desde 2014. Desde entonces, la organizaci\u00f3n ha publicado nuevas pruebas de persecuci\u00f3n<\/a> y desapariciones forzadas<\/a>, as\u00ed como otros cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/em>, al tiempo que ha pedido y respaldado las investigaciones de la Misi\u00f3n Internacional Independiente de determinaci\u00f3n de los hechos sobre la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela<\/a> y la Fiscal\u00eda de la Corte Penal Internacional (CPI)<\/a>, as\u00ed como las investigaciones penales en curso en virtud del principio de jurisdicci\u00f3n universal en Argentina<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/em> no terminan con la destituci\u00f3n de Maduro. Los cr\u00edmenes contin\u00faan cometi\u00e9ndose, las v\u00edctimas venezolanas, las personas sobrevivientes y sus familias conservan las cicatrices f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas, y la maquinaria estatal responsable de esos cr\u00edmenes sigue firmemente en su lugar, ahora exacerbada por el involucramiento de las autoridades estadounidenses\u201d, ha afirmado Agn\u00e8s Callamard.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAunque, d\u00edas despu\u00e9s de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, el gobierno venezolano anunci\u00f3 la liberaci\u00f3n de un n\u00famero significativo de personas detenidas por razones de motivaci\u00f3n pol\u00edtica, s\u00f3lo una peque\u00f1a proporci\u00f3n ha sido realmente puesta en libertad. Las personas excarceladas siguen sometidas a procesos penales arbitrarios, lo que convierte la medida en un gesto cruel para las v\u00edctimas de detenciones por motivos pol\u00edticos y sus familias. Existe un alto riesgo de que la agresi\u00f3n de Estados Unidos haga que las autoridades venezolanas impongan graves consecuencias a quienes consideren que critican al gobierno o apoyan las acciones de Estados Unidos. Es probable que se ampl\u00ede significativamente el espectro de qui\u00e9nes se consideran personas cr\u00edticas o partidarias, lo que expondr\u00eda a muchas m\u00e1s personas a la pol\u00edtica de represi\u00f3n del gobierno.<\/p>\n\n\n\n

Durante el gobierno encargado de Delcy Rodr\u00edguez, las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia (el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de car\u00e1cter civil, y la Direcci\u00f3n General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, de car\u00e1cter militar) y los grupos armados progubernamentales han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero, entre otras cosas mediante el establecimiento de puestos de control y obligando a las personas a desbloquear su tel\u00e9fono para revisiones arbitrarias. Los reportes desde el terreno tambi\u00e9n confirman nuevas detenciones arbitrarias \u2014entre ellas, la de 14 periodistas que cubr\u00edan una rueda de prensa oficial y que ya han sido puestos en libertad\u2014, amenazas y represalias, lo que se hace eco de los patrones bien documentados del \u00faltimo decenio.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas autoridades de Venezuela deben poner en libertad inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, poner fin a las desapariciones forzadas y la tortura de inmediato, y garantizar los derechos a la libertad de expresi\u00f3n, asociaci\u00f3n y reuni\u00f3n pac\u00edfica. Medidas que no alcancen estos cambios perpet\u00faan nuevos ciclos de violaciones, afianzan la impunidad y niegan a las v\u00edctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n\u201d, ha afirmado Agn\u00e8s Callamard.<\/p>\n\n\n\n

En 2020, la Fiscal\u00eda de la CPI declar\u00f3 que cre\u00eda que hab\u00eda \u201cmotivos razonables para concluir\u201d que se hab\u00edan cometido cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/em> en Venezuela desde al menos abril de 2017, y en noviembre de 2021 la Fiscal\u00eda abri\u00f3 formalmente una investigaci\u00f3n. Desde entonces, la Sala de Cuestiones Preliminares I y la Sala de Apelaciones de la CPI han autorizado la continuaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, pese a los intentos de Venezuela de detenerla, se\u00f1alando que las autoridades nacionales no han demostrado que existan procedimientos genuinos contra las mismas categor\u00edas de responsables, a saber, altos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.<\/p>\n\n\n\n

Ante estos consistentes hallazgos, incluida la cadena de mando documentada, el papel central de la presidencia en el aparato de seguridad e inteligencia de Venezuela, y la magnitud y el car\u00e1cter sistem\u00e1tico de las violaciones, Nicol\u00e1s Maduro es una de las personas con m\u00e1s probabilidades de entrar en el \u00e1mbito de investigaci\u00f3n y enjuiciamiento de la CPI, si las pruebas alcanzan el umbral establecido en el Estatuto de Roma para la responsabilidad penal individual.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas v\u00edctimas venezolanas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n por los cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/em> sufridos. Instamos a la Corte Penal Internacional a que agilice su trabajo, incluida la emisi\u00f3n de \u00f3rdenes de detenci\u00f3n cuando se cumpla el umbral probatorio. La justicia demorada es justicia negada, especialmente para la poblaci\u00f3n venezolana que ha esperado a\u00f1os para ser escuchada. Sin embargo, las acciones del gobierno de Estados Unidos actualmente hacen que la perspectiva de cualquier posible proceso judicial contra Nicol\u00e1s Maduro sea mucho m\u00e1s dif\u00edcil y compleja\u201d, ha afirmado Agn\u00e8s Callamard.<\/p>\n\n\n\n

Un peligroso precedente m\u00e1s all\u00e1 de Venezuela<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Desde que tom\u00f3 esta medida, el presidente Trump ha afirmado que no se considera obligado por el derecho internacional y que el hemisferio occidental es una regi\u00f3n que Estados Unidos tiene derecho a controlar, incluso mediante la fuerza armada, seg\u00fan considere oportuno, posici\u00f3n que se conoce cada vez m\u00e1s como \u201cdoctrina Don-roe\u201d. No es la primera vez que Estados Unidos recurre al uso unilateral de la fuerza, pero s\u00ed puede ser la primera vez que intenta justificar sus acciones de una manera que contraviene flagrantemente los principios del derecho internacional. En cambio, el presidente Trump y sus principales asesores parecen decididos a declararse libres de las restricciones del marco jur\u00eddico internacional que su propio pa\u00eds contribuy\u00f3 a dise\u00f1ar despu\u00e9s de la Segunda Guerra Mundial.<\/p>\n\n\n\n

El ataque del 3 de enero culmina tambi\u00e9n meses de ataques letales de Estados Unidos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pac\u00edfico oriental, conducta que Amnist\u00eda Internacional y numerosos expertos jur\u00eddicos han denunciado como constitutiva de ejecuciones extrajudiciales<\/a>. Se ha producido al menos un ataque adicional desde el acto de agresi\u00f3n.<\/a> La acumulaci\u00f3n de recursos navales estadounidenses en el Caribe y la intenci\u00f3n declarada de utilizar la fuerza contra los grupos criminales han difuminado a\u00fan m\u00e1s la l\u00ednea entre la aplicaci\u00f3n de la ley y la guerra, alimentando los temores de una escalada regional.<\/p>\n\n\n\n

Qu\u00e9 debe suceder ahora: nuestras demandas de protecci\u00f3n y justicia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Todos los Estados deben reafirmar la primac\u00eda de la Carta de las Naciones Unidas y el consenso mundial sobre el car\u00e1cter imperativo de la prohibici\u00f3n del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En los foros multilaterales y los compromisos bilaterales, los gobiernos deben rechazar la normalizaci\u00f3n del uso unilateral de la fuerza como herramienta pol\u00edtica y centrarse en la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n civil y los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl silencio de hoy ser\u00e1 el permiso de ma\u00f1ana. Los Estados deben trazar una l\u00ednea clara, aqu\u00ed y ahora. El sufrimiento de las personas perjudicadas por el uso il\u00edcito de la fuerza y el sufrimiento de quienes sufren la brutalidad de sus propias autoridades no son tragedias que compitan entre s\u00ed. El \u00fanico camino que respeta su dignidad es el que se basa en el derecho: cumplir el derecho internacional, proteger a la poblaci\u00f3n civil, investigar las violaciones y garantizar la justicia\u201d, ha declarado Agn\u00e8s Callamard.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos debe cesar cualquier uso o amenaza de fuerza contra Venezuela. Cuando existan pruebas cre\u00edbles que demuestren la muerte de civiles u homicidios il\u00edcitos, debe investigar de forma r\u00e1pida, independiente e imparcial, y proporcionar reparaciones. Estas medidas son esenciales no s\u00f3lo en virtud del derecho internacional, sino tambi\u00e9n para restablecer la confianza m\u00ednima de que la poblaci\u00f3n civil no es moneda de cambio en una estrategia geopol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades venezolanas deben poner fin a los cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/em>: garantizar el derecho a la vida y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente; acabar con las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos; desmantelar los grupos armados progubernamentales, que tambi\u00e9n son responsables de graves violaciones de los derechos humanos; y garantizar los derechos a la libertad de expresi\u00f3n, asociaci\u00f3n, participaci\u00f3n pol\u00edtica y reuni\u00f3n pac\u00edfica. Las autoridades deben desmantelar la pol\u00edtica de represi\u00f3n en su conjunto y establecer garant\u00edas de no repetici\u00f3n, comenzando por reforzar la independencia del poder judicial y otras instituciones del Estado. Los responsables de estos cr\u00edmenes deben rendir cuentas. Se deben cumplir los derechos de las v\u00edctimas a la justicia, la reparaci\u00f3n y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n. Este contexto de emergencia renovado no puede servir de pretexto para afianzar la maquinaria de la represi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Estados Unidos: El acto de agresi\u00f3n contra Venezuela debilita a\u00fan m\u00e1s el orden internacional basado en normas y deja a la poblaci\u00f3n venezolana de nuevo a la espera de justicia<\/strong><\/span> Leer m\u00e1s »<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":41676,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[9],"tags":[248],"acf":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nEstados Unidos: El acto de agresi\u00f3n contra Venezuela debilita a\u00fan m\u00e1s el orden internacional basado en normas y deja a la poblaci\u00f3n venezolana de nuevo a la espera de justicia - 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