Foto: Hazem Turkia\/Anadolu via Getty Images)<\/p>\n\n\n\n
Quince a\u00f1os despu\u00e9s de que la poblaci\u00f3n libia se levantara contra el r\u00e9gimen represivo de Muamar al Gadafi, la impunidad sist\u00e9mica favorece que milicias y grupos armados cometan cr\u00edmenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos mientras se elude proporcionar justicia y reparaci\u00f3n a sobrevivientes y familiares de v\u00edctimas; as\u00ed lo ha manifestado hoy Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n
En lugar de comparecer ante tribunales en juicios justos, los presuntos autores de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otros cr\u00edmenes de derecho internacional as\u00ed como violaciones de derechos humanos han sido asesinados o contin\u00faan en libertad. Entre ellos hay fugitivos de la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de la positiva medida adoptada en mayo de 2025 por el Gobierno de Unidad Nacional con sede en Tr\u00edpoli de aceptar la jurisdicci\u00f3n de la Corte sobre los presuntos cr\u00edmenes cometidos en Libia de 2011 a 2027.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDurante 15 a\u00f1os, las sucesivas autoridades libias no han desarticulado las redes de abuso que alimentan las violaciones de derechos constantes, sino que han financiado y legitimado a milicias tristemente conocidas por sus abusos y han incorporado a sus miembros en instituciones del Estado sin someterlos a las debidas comprobaciones de antecedentes. Al permitir que los presuntos responsables de cr\u00edmenes de derecho internacional eludan la rendici\u00f3n de cuentas, las autoridades traicionan a las personas sobrevivientes y refuerzan un c\u00edrculo vicioso de violencia y desgobierno que no da se\u00f1ales de acabar\u201d, ha afirmado Mahmoud Shalaby, investigador de Amnist\u00eda Internacional sobre Egipto y Libia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa aceptaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de la CPI por el Gobierno de Unidad Nacional carece de valor si no va acompa\u00f1ada de medidas concretas. El homicidio de Saif al Islam Gadafi este mismo mes pone de manifiesto que la falta de capacidad y de voluntad del sistema de justicia libio para garantizar rendici\u00f3n de cuentas e irreversibilidad despoja a sobrevivientes y familiares de v\u00edctimas de su derecho a obtener verdad y justicia. Las autoridades libias deben cooperar de manera significativa con la CPI, entregar a los individuos buscados por cr\u00edmenes de derecho internacional y garantizar que todas las personas sospechosas de responsabilidad penal comparecen ante la justicia en juicios justos.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Desde que el Consejo de Seguridad de la ONU remiti\u00f3 la situaci\u00f3n de Libia a la Corte Penal Internacional en febrero de 2011, s\u00f3lo uno de 14 sospechosos ha sido entregado a la Corte. El 1 de diciembre de 2025, las autoridades alemanas entregaron a la Corte a Khaled Mohamed Ali El Hishri (conocido como \u201cAl Buti\u201d), miembro veterano y alto cargo del Aparato Disuasorio para Combatir el Terrorismo y la Delincuencia Organizada (DACTO), tambi\u00e9n conocido como Al Radaa, milicia de p\u00e9sima fama con sede en Tr\u00edpoli. La Corte Penal Internacional emiti\u00f3 una orden de detenci\u00f3n contra \u00e9l por cr\u00edmenes de lesa humanidad y cr\u00edmenes de guerra en relaci\u00f3n con incidentes en la prisi\u00f3n de Mitiga de Tr\u00edpoli, controlada por DACTO.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno de Unidad Nacional, as\u00ed como las Fuerzas Armadas \u00c1rabes Libias (LAAF), que son las autoridades de facto<\/em> en el este y sur de Libia, persisten en su negativa a arrestar o entregar a nacionales de Libia contra quienes pesan \u00f3rdenes de detenci\u00f3n de la CPI por cr\u00edmenes de lesa humanidad o cr\u00edmenes de guerra. Ocho ciudadanos libios sujetos a \u00f3rdenes de detenci\u00f3n de la CPI contin\u00faan en libertad.<\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional escribi\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de Libia el 2 de febrero de 2026 para preguntar por el paradero de dos individuos arrestados en Libia y por las actuaciones penales contra ellos, ya que se desconoce su situaci\u00f3n actual y se teme que los est\u00e9n protegiendo de la rendici\u00f3n de cuentas. Son Osama AlMasri Njeem, exjefe del Departamento de Operaciones y Seguridad Judicial (DOJS) y miembro veterano de DACTO, y Abdelbari Ayyad Ramadan al Shaqaqi, miembro destacado del grupo armado Al Kaniat. En el momento de redactarse este comunicado no se hab\u00eda recibido respuesta.<\/p>\n\n\n\n En Libia se ha observado un patr\u00f3n de homicidios de personas sospechosas de participar en violaciones de derechos humanos que niegan a las v\u00edctimas la verdad y justicia que merecen.<\/p>\n\n\n\n El m\u00e1s reciente fue el 3 de febrero, cuando Saif al Islam Gadafi fue asesinado por agresores no identificados en circunstancias desconocidas. La Fiscal\u00eda de la CPI lo hab\u00eda acusado en 2011 de cr\u00edmenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato y persecuci\u00f3n. En 2017, un tribunal libio lo conden\u00f3 a muerte in absentia<\/em> en un juicio incompatible con las normas internacionales. En julio de ese a\u00f1o, un grupo armado de la ciudad occidental de Zintan que lo manten\u00eda recluido desde 2011 hab\u00eda anunciado su liberaci\u00f3n con motivo de una amnist\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades libias deben cooperar de manera significativa con la CPI, entregar a los individuos buscados por cr\u00edmenes de derecho internacional y garantizar que todas las personas sospechosas de responsabilidad penal comparecen ante la justicia en juicios justos.Mahmoud Shalaby, Amnist\u00eda Internacional<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Otro de los individuos buscados por la CPI que ha sido asesinado es Mahmoud al Werfalli, excomandante de la Brigada de las Fuerzas Especiales (Al Saiqa), afiliada a las Fuerzas Armadas \u00c1rabes Libias. En 2017, la CPI emiti\u00f3 una orden de detenci\u00f3n contra \u00e9l por cr\u00edmenes de guerra. En 2021, Mahmoud al Werfalli fue abatido a tiros en Bengasi, segunda ciudad m\u00e1s importante de Libia, que est\u00e1 bajo la autoridad efectiva de las Fuerzas Armadas \u00c1rabes Libias.<\/p>\n\n\n\n Otro conocido comandante de milicia, Abdel Ghani al Kikli, o \u201cGheniwa\u201d, fue asesinado en circunstancias poco claras en Tr\u00edpoli el 12 de mayo de 2025, lo que desat\u00f3 enfrentamientos armados entre milicias rivales en Tr\u00edpoli. Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 cr\u00edmenes de derecho internacional<\/a> y violaciones graves de derechos humanos perpetradas por milicias bajo su mando \u2014como la milicia Fuerzas de Seguridad Central\/Abu Salim y la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA)\u2014 contra personas de nacionalidad libia as\u00ed como refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Los cr\u00edmenes documentados incluyen detenci\u00f3n arbitraria, tortura y otros malos tratos, desaparici\u00f3n forzada, violencia sexual y homicidio il\u00edcito. Adem\u00e1s, Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 que las interceptaciones de personas refugiadas y migrantes en el mar por miembros de la milicia SSA desde septiembre de 2021 se han caracterizado por denuncias de violencia que han causado muertes en el mar.<\/p>\n\n\n\n El sistema de justicia de Libia sigue demostrando que no quiere ni puede investigar<\/a> eficazmente los cr\u00edmenes cometidos por poderosas milicias<\/a> y grupos armados. Adem\u00e1s, las actuaciones judiciales all\u00ed se han visto empa\u00f1adas por graves violaciones del derecho a un juicio justo, que incluye el derecho a una defensa adecuada, a no autoinculparse y a recibir protecci\u00f3n frente a la tortura, mientras contin\u00faan los juicios de civiles ante tribunales militares. La propia fiscal\u00eda, en abril de 2025, calific\u00f3 p\u00fablicamente de \u201cpr\u00e1cticamente ineficaces\u201d a los organismos responsables de perseguir los casos y recopilar y preservar las pruebas debido a la injerencia de partidos influyentes afiliados a organismos de seguridad o grupos armados.<\/p>\n\n\n\n Pese a ello, las autoridades libias se niegan a entregar a la CPI a individuos sobre quienes pesan \u00f3rdenes de detenci\u00f3n de la Corte. En noviembre de 2025, la fiscal\u00eda orden\u00f3 la detenci\u00f3n de Osama AlMasri Njeem en relaci\u00f3n con casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas recluidas en la prisi\u00f3n de Mitiga y con una muerte bajo custodia. No hay disponible m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el lugar de su detenci\u00f3n ni sobre la situaci\u00f3n de las actuaciones judiciales, en un contexto de profunda preocupaci\u00f3n sobre s\u00ed comparecer\u00e1 ante la justicia dado que la milicia DACTO, de la que ha sido un miembro destacado durante mucho tiempo, sigue ejerciendo el poder de facto<\/em> en Tr\u00edpoli. Las autoridades italianas lo hab\u00edan arrestado en enero de 2025 en aplicaci\u00f3n de una orden de detenci\u00f3n de la CPI, pero ese mismo mes lo trasladaron en avi\u00f3n a Libia.<\/p>\n\n\n\n El 13 de julio de 2025, el Ministerio de Justicia del Gobierno de Unidad Nacional public\u00f3 una declaraci\u00f3n en su p\u00e1gina de Facebook en la que anunciaba su negativa a entregar a Osama AlMasri Njeem a la CPI, aunque la retir\u00f3 enseguida. En ella dec\u00eda que \u201cLibia no ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, por tanto, ning\u00fan ciudadano libio ser\u00e1 entregado fuera de la jurisdicci\u00f3n del territorio libio, y el poder judicial nacional es plenamente competente para considerar tales casos\u201d.<\/p>\n\n\n\n En octubre de 2024, la CPI anunci\u00f3 \u00f3rdenes de detenci\u00f3n contra seis dirigentes, miembros destacados y afiliados de Al Kaniat, grupo armado que cometi\u00f3 cr\u00edmenes de derecho internacional durante su reinado del terror en la ciudad libia de Tarhuna, incluidos homicidios il\u00edcitos masivos, tortura, desaparici\u00f3n forzada y desplazamiento forzado. Los seis contin\u00faan en libertad o a\u00fan no han sido entregados a la Corte, o ambas cosas.<\/p>\n\n\n\n Uno de ellos es Abdelbari Ayyad Ramadan al Shaqaqi, quien permanece bajo la custodia de DACTO desde 2024. En agosto de 2025, la fiscal\u00eda anunci\u00f3<\/a> que hab\u00eda ordenado la detenci\u00f3n preventiva de un miembro de Al Kaniat; aunque no revel\u00f3 su nombre, s\u00ed proporcion\u00f3 credenciales que encajaban con los de Abdelbari Ayyad Ramadan al Shaqaqi. La acusaci\u00f3n no aclar\u00f3 los cargos en su contra y s\u00f3lo manifest\u00f3 que estaba siendo investigado por un presunto secuestro y homicidio cometido antes de 2020. No se ha publicado informaci\u00f3n sobre si ha sido remitido a juicio.<\/p>\n\n\n\n Los sucesivos gobiernos libios han seguido introduciendo a miembros de milicias y grupos armados en las instituciones del Estado sin comprobar sus antecedentes para excluir a los presuntos autores de cr\u00edmenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos. Incluso en los casos excepcionales en que el gobierno ha desarticulado algunas milicias o apartado a sus l\u00edderes, no se han abierto investigaciones penales sobre ellos ni se han comprobado los antecedentes de sus miembros.<\/p>\n\n\n\n Muy recientemente, en mayo de 2025, el Gobierno de Unidad Nacional disolvi\u00f3 el grupo DOJS, encabezado por Osama AlMasri Njeem, e incorpor\u00f3 a sus miembros al Ministerio del Interior sin hacer comprobaciones de antecedentes individuales para excluir a aquellos de los que fuera razonable sospechar su participaci\u00f3n en cr\u00edmenes de derecho internacional y obligarlos a rendir cuentas.<\/p>\n\n\n\n El mismo mes, el gobierno destituy\u00f3 a Lotfi al Harari, exjefe de la Agencia de Seguridad Interna (ISA) en Tr\u00edpoli. Amnist\u00eda Internacional ha documentado<\/a> casos de decenas de mujeres y hombres sometidos a detenci\u00f3n arbitraria, tortura y otros malos tratos, y desaparici\u00f3n forzada por parte de miembros de la ISA. No hubo investigaciones penales sobre las denuncias de cr\u00edmenes de derecho internacional cometidos bajo su mando en dependencias de la Agencia de Seguridad Interna.<\/p>\n\n\n\n En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un jefe militar u otra persona que act\u00fae en la pr\u00e1ctica como jefe militar ser\u00e1 penalmente responsable de los cr\u00edmenes cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo si ese jefe militar tiene conocimiento de los cr\u00edmenes, o deber\u00eda haberlo tenido, y no los ha impedido ni ha castigado a nadie por ellos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Foto: Hazem Turkia\/Anadolu via Getty Images) Quince a\u00f1os despu\u00e9s de que la poblaci\u00f3n libia se levantara contra el r\u00e9gimen represivo de Muamar al Gadafi, la impunidad sist\u00e9mica favorece que milicias …<\/p>\nHomicidios en lugar de justicia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Negativa a entregar sospechosos buscados por la CPI<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Falta de medidas para investigar o procesar a los l\u00edderes de milicias<\/strong><\/h2>\n\n\n\n