{"id":42425,"date":"2026-03-23T09:39:29","date_gmt":"2026-03-23T15:39:29","guid":{"rendered":"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/?p=42425"},"modified":"2026-03-23T09:44:28","modified_gmt":"2026-03-23T15:44:28","slug":"americas-estados-intensifican-ofensiva-contra-la-sociedad-civil-mediante-leyes-anti-ong","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amnistia.org.mx\/contenido\/index.php\/americas-estados-intensifican-ofensiva-contra-la-sociedad-civil-mediante-leyes-anti-ong\/","title":{"rendered":"Am\u00e9ricas: Estados intensifican ofensiva contra la sociedad civil mediante \u201cleyes anti-ONG”<\/em><\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

Aspecto de la conferencia de medios en la que fue presentado hoy, en Paraguay, el informe Rompiendo el tejido social. <\/p>\n\n\n\n

Varios pa\u00edses de las Am\u00e9ricas est\u00e1n adoptando marcos legales restrictivos para debilitar, controlar e incluso desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil, advirti\u00f3 hoy Amnist\u00eda Internacional al presentar su nuevo informe Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Am\u00e9ricas<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Entre 2024 y 2025, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Per\u00fa y Venezuela aprobaron o reformaron marcos normativos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), afectando directamente su capacidad para apoyar y acompa\u00f1ar comunidades, defender derechos humanos, operar, y acceder a recursos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLo que estamos viendo es un preocupante patr\u00f3n regional. Las llamadas \u2018Leyes anti-ONG’<\/em> reflejan el avance de pr\u00e1cticas autoritarias que buscan silenciar las voces cr\u00edticas y consolidar el poder a cualquier costo\u201d afirm\u00f3 Ana Piquer, Directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n

Un patr\u00f3n regional para silenciar voces cr\u00edticas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis comparado de Amnist\u00eda Internacional identific\u00f3 elementos comunes en las legislaciones adoptadas en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En todos los pa\u00edses analizados, la aprobaci\u00f3n de estas leyes estuvo precedida por campa\u00f1as de estigmatizaci\u00f3n contra organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos. Autoridades, legisladores y vocer\u00edas afines describieron a las organizaciones de la sociedad civil como \u201cenemigos internos\u201d, \u201cagentes extranjeros\u201d, o \u201cantipatrias\u201d, alimentando la desconfianza social hacia dichas organizaciones, y generando un clima de intimidaci\u00f3n que, en algunos casos \u2014como en Paraguay\u2014, incluy\u00f3 expresiones racistas y mis\u00f3ginas, promoviendo un entorno de miedo y autocensura.<\/p>\n\n\n\n

Las leyes, adem\u00e1s, fueron aprobadas sin procesos adecuados de consulta p\u00fablica ni di\u00e1logo. Aunque se justificaron en nombre de la transparencia o la prevenci\u00f3n de delitos financieros, en la mayor\u00eda de los casos ya exist\u00edan mecanismos regulatorios suficientes para cumplir con estos fines. La rapidez legislativa, la falta de evidencia sobre los riesgos alegados, y la ausencia de an\u00e1lisis de impacto revelan que su verdadero prop\u00f3sito es ampliar el control estatal sobre la sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n

Disposiciones vagas, controles arbitrarios y sanciones desproporcionadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las normas analizadas contienen definiciones amplias y ambiguas como \u201corden p\u00fablico\u201d, \u201cactividad pol\u00edtica\u201d, \u201cinter\u00e9s social\u201d o \u201cdesnaturalizaci\u00f3n de objetivos\u201d que permiten interpretaciones discrecionales y habilitan la aplicaci\u00f3n selectiva de estas leyes contra personas u organizaciones cr\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

Las leyes incluyen registros administrativos y condicionan el funcionamiento de una organizaci\u00f3n a la aprobaci\u00f3n estatal, sin plazos claros y bajo criterios opacos. Estos son mecanismos de autorizaci\u00f3n previa que est\u00e1n prohibidos por est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, las organizaciones deben presentar requisitos reiterativos o excesivos, entre otros, informes financieros y operativos exhaustivos, inventarios, notificaciones previas sobre el uso de fondos. Estas obligaciones no solo duplican requisitos existentes, sino que desv\u00edan recursos humanos y financieros de su labor principal. <\/p>\n\n\n\n

En Venezuela, por ejemplo, la discrecionalidad administrativa y requisitos imposibles han obstaculizado la labor de organizaciones de derechos humanos, al imponer registros bajo criterios opacos, exigir informaci\u00f3n sensible y amenazar con sanciones.<\/p>\n\n\n\n

El control sobre el financiamiento es otro elemento central. Las restricciones al acceso a cooperaci\u00f3n internacional, los impuestos abusivos, como en El Salvador, y los requisitos previos para recibir fondos han dificultado la sostenibilidad de proyectos esenciales, particularmente aquellos vinculados a derechos humanos, g\u00e9nero, medioambiente y pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n\n\n\n

En algunos contextos, bancos y donantes han condicionado sus relaciones al cumplimiento de estas leyes, lo que ha provocado la reducci\u00f3n o cancelaci\u00f3n de programas que atienden a poblaciones vulnerables.<\/p>\n\n\n\n

Riesgos para la seguridad y criminalizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las leyes tambi\u00e9n obligan a divulgar informaci\u00f3n detallada sobre donantes, beneficiarios y personal, sin garant\u00edas efectivas de protecci\u00f3n de datos. En contextos de hostilidad estatal, esto expone a personas defensoras, personas LGBTIQ+, v\u00edctimas de violencia y pueblos ind\u00edgenas a mayores riesgos de persecuci\u00f3n y vigilancia.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, varios marcos normativos contemplan sanciones desproporcionadas y con un amplio margen de discrecionalidad que incluyen multas exorbitantes, congelamiento de cuentas bancarias, confiscaci\u00f3n de bienes, suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica e incluso sanciones penales.<\/p>\n\n\n\n

En Per\u00fa, una organizaci\u00f3n de la sociedad civil podr\u00eda ser disuelta \u00fanicamente por representar legalmente a v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos en un litigio contra el Estado.<\/p>\n\n\n\n

En Nicaragua, estas disposiciones han resultado en el cierre masivo de miles de organizaciones. En otros pa\u00edses, como Ecuador, se han documentado casos de suspensi\u00f3n, intervenci\u00f3n o bloqueo de cuentas como mecanismos de presi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Un impacto que va m\u00e1s all\u00e1 de las organizaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel fundamental en el tejido social y en la protecci\u00f3n cotidiana de los derechos humanos. En muchos casos son quienes documentan abusos estatales, apoyan jur\u00eddicamente a v\u00edctimas ante los tribunales, acompa\u00f1an la defensa de territorios ind\u00edgenas frente a proyectos extractivos, brindan soporte a sobrevivientes de violencia de g\u00e9nero, promueven la transparencia p\u00fablica o monitorean procesos electorales y judiciales.<\/p>\n\n\n\n

Cuando estas organizaciones son silenciadas o desmanteladas, las comunidades pierden aliados fundamentales para exigir justicia, acceder a informaci\u00f3n y defender sus derechos.<\/p>\n\n\n\n

Las personas defensoras entrevistadas por Amnist\u00eda Internacional describen un deterioro profundo en su capacidad de actuar, incidir en pol\u00edticas p\u00fablicas y acompa\u00f1ar a comunidades.<\/p>\n\n\n\n

Muchas reportan agotamiento emocional, reducci\u00f3n de actividades, migraci\u00f3n forzada o autocensura. En algunos casos, el hostigamiento prolongado ha derivado en exilio.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa libertad de asociaci\u00f3n es un puente para el ejercicio de otros derechos. Cuando se desmantelan organizaciones de la sociedad civil, comunidades enteras pierden apoyo, representaci\u00f3n y mecanismos para exigir justicia. Sin una sociedad civil fuerte e independiente, la gente no puede disfrutar ni defender los derechos humanos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Rosal\u00eda Vega, directora de la Secci\u00f3n de Paraguay de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n\n\n\n

Un llamado urgente a revertir el cierre del espacio c\u00edvico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Amnist\u00eda Internacional concluye que las leyes analizadas no cumplen con las obligaciones internacionales en materia de libertad de asociaci\u00f3n, libertad de expresi\u00f3n, privacidad y el derecho a defender derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

Lejos de fortalecer la transparencia, estas normativas contribuyen al cierre del espacio c\u00edvico y consolidan pr\u00e1cticas autoritarias.<\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n insta a los gobiernos de la regi\u00f3n a:<\/p>\n\n\n\n