\u00a9Andina<\/p>\n\n\n\n
Amnist\u00eda Internacional rechaza la promulgaci\u00f3n de la Ley 32735\u00a0que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Polic\u00eda sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las v\u00edctimas sean civiles.\u202f\u00a0<\/p>\n\n\n\n
La referida ley<\/a>, promulgada el 20 de julio, modifica el C\u00f3digo Penal Militar Policial y el Nuevo C\u00f3digo Procesal Penal, y podr\u00eda trasladar o detener investigaciones y procesos judiciales que ya est\u00e1n en curso, incluso algunos que cuentan con una condena en primera instancia. <\/p>\n\n\n\n De acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos, de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano, los tribunales militares no deben juzgar a civiles ni conocer posibles violaciones de derechos humanos o cr\u00edmenes del derecho internacional. Su competencia debe limitarse estrictamente a infracciones de car\u00e1cter militar cometidas por personal militar en el ejercicio de funciones propiamente castrenses. <\/p>\n\n\n\n Esto lo ha se\u00f1alado incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias relacionadas con el Per\u00fa. Derivar estas causas a la justicia militar pone en riesgo el derecho de las v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familias a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener reparaci\u00f3n.\u202f <\/p>\n\n\n\n \u201cEsta ley pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia, al comprometer la independencia judicial y la rendici\u00f3n de cuentas por el uso indebido de la fuerza por parte de polic\u00edas y militares, y pretende reflotar desde los m\u00e1s profundos abismos, la pol\u00edtica de impunidad que por d\u00e9cadas se ha pretendido imponer desde el Estado peruano\u201d, se\u00f1al\u00f3 Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnist\u00eda Per\u00fa. <\/p>\n\n\n\n Esta ley pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia, al comprometer la independencia judicial y la rendici\u00f3n de cuentas por el uso indebido de la fuerza por parte de polic\u00edas y militares, y pretende reflotar desde los m\u00e1s profundos abismos, la pol\u00edtica de impunidad que por d\u00e9cadas se ha pretendido imponer desde el Estado peruano\u201d.Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnist\u00eda Per\u00fa. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La promulgaci\u00f3n de la ley resulta m\u00e1s alarmante en un contexto de debilitamiento de las instituciones, de ataques a los \u00f3rganos de la administraci\u00f3n de justicia, y de la persistencia de un patr\u00f3n de uso indebido, y en algunos casos letal, de la fuerza del Estado frente a movilizaciones, operativos o simples intervenciones policiales, como Amnist\u00eda Internacional document\u00f3 en 2023<\/a> y 2024<\/a>.\u202f <\/p>\n\n\n\n La represi\u00f3n estatal registrada en esos a\u00f1os dej\u00f3 al menos 50 personas muertas; a ellos se suman, por ejemplo, denuncias recientes sobre el fallecimiento de un adolescente de 17 a\u00f1os que habr\u00eda ocurrido bajo custodia policial<\/a>, y el fallecimiento de un ni\u00f1o de 8 a\u00f1os<\/a> que, seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible, ocurri\u00f3 en el contexto de una intervenci\u00f3n policial. Por ello, resulta sumamente preocupante que sea la jurisdicci\u00f3n castrense el espacio donde estos casos sean investigados y sancionados.\u202f <\/p>\n\n\n\n La intervenci\u00f3n de la justicia militar en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual o uso indebido de la fuerza impide garantizar adecuadamente los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n. As\u00ed lo han sostenido el Tribunal Constitucional del Per\u00fa<\/a> y la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/a>. <\/p>\n\n\n\n \u201cEl Estado peruano debe adoptar leyes que contribuyan a prevenir la repetici\u00f3n de violaciones de derechos humanos y eliminar de su marco legal cualquier disposici\u00f3n que irrespete los derechos de las v\u00edctimas. En su lugar, las autoridades est\u00e1n aprobando legislaci\u00f3n que retrocede en la protecci\u00f3n a estos derechos, minando el debido proceso y poniendo en riesgo la justicia\u201d, concluy\u00f3 Ana Piquer, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional. \u202f <\/p>\n\n\n\n El Estado peruano debe adoptar leyes que contribuyan a prevenir la repetici\u00f3n de violaciones de derechos humanos y eliminar de su marco legal cualquier disposici\u00f3n que irrespete los derechos de las v\u00edctimas. En su lugar, las autoridades est\u00e1n aprobando legislaci\u00f3n que retrocede en la protecci\u00f3n a estos derechos, minando el debido proceso y poniendo en riesgo la justicia\u201d.Ana Piquer, directora para las Am\u00e9ricas de Amnist\u00eda Internacional. \u202f <\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00a9Andina Amnist\u00eda Internacional rechaza la promulgaci\u00f3n de la Ley 32735\u00a0que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Polic\u00eda sean investigados y juzgados por …<\/p>\n\n
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